Читать книгу: «El derecho ya no es lo que era», страница 5

3.7. La financiarización de las empresas no financieras

La financiarización de las empresas no financieras o, dicho de otro modo, su sometimiento a la lógica financiera se realiza por diversas vías. Ya hemos visto que estas compañías pueden dedicar recursos y obtener beneficios de operaciones financieras, como en el caso de General Electric, algo que resulta propiciado por el hecho de que estas actividades sean más rentables que la producción manufacturera. Esta incursión en actividades financieras determina automáticamente que una parte de la actuación de las compañías se rija por la lógica que les es propia, lo que necesariamente condiciona el funcionamiento de las demás divisiones, pues, cuando menos, disminuye el volumen de recursos que se invierten en actividad «productiva».

Con la financiarización se adopta un nuevo principio rector de la gobernanza corporativa, inicialmente en los países anglosajones y que posteriormente, con el impulso de la OCDE y el Banco Mundial va extendiéndose a las empresas de otros países. La noción de «gobernanza corporativa» suele resultar extraña a los alumnos de las facultades jurídicas, quienes solo estudian Derecho de sociedades, que es únicamente uno de sus aspectos. Entendida en toda su dimensión, la gobernanza corporativa comprende:

[...] todo el conjunto de disposiciones jurídicas, culturales e institucionales que determinan lo que pueden hacer las empresas que cotizan en bolsa, quién las controla, cómo se ejerce ese control y cómo se asignan los riesgos y los beneficios de las actividades que realizan⁴⁰.

El nuevo principio de la gobernanza corporativa exige maximizar la riqueza de los accionistas (Maximizing Shareholder Value o MSV), lo que significa que el objetivo prioritario perseguir por las empresas es el beneficio de los titulares de sus acciones, debiendo amoldarse a él la organización y las estrategias de actuación de la compañía. Preocuparse por los intereses de los trabajadores, de los proveedores o de otros stakeholders, no es tarea de la empresa, sino, en todo caso, de las entidades públicas, del derecho o de las asociaciones como los sindicatos. Como Milton Friedman escribió en 1970, la única responsabilidad social de las empresas es aumentar sus beneficios⁴¹. En contraposición a esta orientación exclusiva hacia los intereses de los accionistas se encontraría la gobernanza corporativa alemana que prima la orientación hacia los stakeholders⁴², en virtud de la cual, entre otras cosas, los trabajadores están representados en el consejo de administración de las empresas.

La implantación del MSV exige solventar un problema heredado de la etapa anterior: la separación entre la propiedad y el control de las empresas. En la época del capitalismo competitivo el dueño y el gerente de la empresa solía ser la misma persona. La situación cambia con la creación de grandes sociedades anónimas en las que los gestores son ejecutivos profesionales contratados por la empresa. Los propietarios (accionistas) de la compañía pueden carecer de mecanismos efectivos de control sobre los ejecutivos, que son quienes manejan la información y conocen el día a día de la empresa. El problema resultó ser especialmente grave en EE UU, donde el accionariado tradicionalmente se encuentra muy disperso. En Alemania, generalmente los mayores accionistas de las grandes empresas son bancos y para estas entidades resulta más fácil hacer un seguimiento del funcionamiento de la empresa que para pequeños accionistas desperdigados.

Por eso, el problema principal que debe solucionar la gobernanza corporativa de acuerdo con esta nueva filosofía es el establecimiento de mecanismos que permitan a los accionistas controlar la actuación de los ejecutivos. La MSV es una manifestación de la importancia primordial de esa cuestión⁴³.

Para alinear la actuación de los gestores con los intereses de los accionistas, se utilizan diversas estrategias, una de las cuales se refiere a las modalidades de la retribución de aquellos. Los ingresos percibidos por los directivos pasan a depender en mayor medida de la «buena marcha» de la empresa⁴⁴. Un ejemplo de estas nuevas formas de remuneración es el pago en forma de stock options un tipo de derivados que pueden otorgar el derecho de comprar acciones en el futuro al mismo precio que tienen en el presente. Obviamente, si a los ejecutivos se les remunera con estos instrumentos financieros tendrán un gran interés en que la cotización de las acciones de su empresa suba, pues cuanto más lo haga más beneficio obtendrán de la realización de sus opciones sobre acciones. Las stock options pueden representar hasta una tercera parte de la remuneración de un ejecutivo estadounidense, aunque en Europa la proporción es bastante menor (1/10). A pesar de que no hay suficiente evidencia de que estas estrategias de remuneración hayan servido para mejorar realmente la marcha de las empresas⁴⁵, sí han tenido como consecuencia, paradójicamente, un drenaje de sus beneficios hacia los altos ejecutivos que ha permitido que muchos de ellos ingresaran en el «selecto» grupo del 1 % más rico de la población⁴⁶, ese centil que en EE UU concentra en sus manos el 20 % de la renta nacional y casi el 40 % de la riqueza⁴⁷. También han provocado un incremento espectacular de las diferencias retributivas dentro de las empresas, pues los ingresos percibidos por un gerente pueden llegar a ser 50 o 100 veces superiores al salario medio de los trabajadores del país⁴⁸.

La financiarización de las empresas por medio de la gobernanza corporativa basada en la MSV conlleva convertir a los mercados de valores en el juez más importante para valorar la buena marcha de la empresa. Como otras veces que se ha hablado de los «mercados», es importante resaltar que no estamos frente a unos mecanismos automáticos, sino que detrás de esta abstracción se esconden actores con un gran poder económico que pueden determinar la evolución de los precios cuando actúan de consuno. Los agentes más poderosos que operan en las bolsas del mundo de la globalización son los inversores institucionales, especialmente grandes gestores como los fondos de pensiones. Estas entidades están fundamentalmente interesadas, como ya se señaló, en el alza del precio de las acciones y en el reparto de la mayor cantidad posible de dividendos. Esta «miopía»⁴⁹ impone a las empresas un punto de vista cortoplacista, que no tiene en cuenta la viabilidad de la compañía a largo plazo, sino solo la obtención de la mayor cantidad de plusvalías y réditos en el periodo más corto posible.

Los inversores institucionales no solo influyen indirectamente en la gestión de las empresas por medio de su política de inversiones en los mercados de valores, sino también directamente en su calidad de accionistas de las empresas. Con la implantación del principio de la maximización de la riqueza de los accionistas (MSV) se refuerzan los mecanismos de control internos de los accionistas sobre la actuación de los gerentes. La participación de los fondos de pensiones y otros grandes gestores de títulos valores en los organismos encargados de ejercer este control les permite orientar la estrategia de la empresa en favor de sus intereses.

Un síntoma de la prevalencia de la perspectiva a corto plazo sobre el horizonte de futuro de las empresas es el incremento de la litigiosidad entre firmas. El caso de Japón es especialmente significativo, pues tradicionalmente los litigios empresariales eran desconocidos y ni siquiera había abogados o firmas especializadas en ese tipo de pleitos. La situación cambió radicalmente tras la crisis de los noventa que abrió las empresas niponas a la inversión extranjera. Con esos capitales foráneos, especialmente estadounidenses, llegaron también las Law Firms y los litigios. Las facultades de Derecho se vieron entonces obligadas a crear programas de especialización en Derecho corporativo⁵⁰.

En muchas ocasiones, los litigios se han convertido hoy en día en un fin en sí mismos. Esto es así, por ejemplo, en el caso de los trolls que se dedican a comprar patentes sin propósito alguno de desarrollar los productos objeto de las mismas, sino con la finalidad exclusiva de pleitear con otras compañías en cuanto surja la posibilidad de acusarlas de vulnerar sus derechos de propiedad intelectual. Su objetivo es obtener indemnizaciones o el pago de royalties utilizando una práctica que resulta muy disruptiva tanto para la investigación científica como para el desarrollo tecnológico empresarial.

La MSV ha fomentado la tendencia a repartir una gran proporción de dividendos en detrimento de la reinversión, como lo muestra el hecho de que las empresas no financieras norteamericanas repartieran 280 mil millones en dividendos en 2002 habiendo obtenido un total de 330 mil millones de beneficios de acuerdo con los datos de la Reserva Federal. En estos últimos años, las compañías no financieras norteamericanas han venido repartiendo dividendos por un montante equivalente a la mitad de sus beneficios brutos, con excepción del ejercicio de 2018 en que el volumen de los dividendos pagados fue mucho menor. Estos datos revelan que la disminución de los beneficios no se traduce necesariamente en una mengua del volumen de los dividendos repartidos⁵¹.

La velocidad de giro o turnover ratio es otro indicador del horizonte temporal de los agentes a la hora de invertir en acciones. La velocidad de giro es una medida que se obtiene comparando el volumen de transacciones bursátiles en un año con la capitalización bursátil. Se trata de ver qué proporción existe entre el volumen de las compraventas de acciones en un año y el total del valor de las acciones cotizadas de las compañías nacionales. Si esta proporción alcanza o supera el 100 %, eso indica que las acciones cambian frecuentemente de manos, lo que constituye un indicio de una tendencia cortoplacista de los inversores.

En el caso de EE UU, la velocidad de giro fue de 69 % en 1984 y en el 2000 se había disparado hasta el 197 %, alcanzando un pico de 407 % en 2008. Estos incrementos se produjeron a pesar de que el volumen total de la capitalización bursátil también aumentó durante el periodo 1981/2000 de 12,6 a 15 billones de dólares. En 2008 esa cifra había descendido a 11,5 billones. Según los últimos datos del Banco Mundial, la capitalización bursátil de EE UU ascendía a 30 billones en 2018, habiendo descendido la velocidad de giro al 104 %. El incremento de la velocidad de giro como consecuencia de la financiarización de la economía puede observarse en todos los países. Así, Alemania pasó de una velocidad de giro de solo el 20 % en 1975 al 143 % en el año 2000 y al 377 % en 2008. Su capitalización bursátil se incrementó enormemente entre 1975 y el año 2000 pasando de 51 400 millones de dólares a 1,270 billones. Tendencias similares se dan en el resto de los países desarrollados como puede comprobarse consultando las cifras proporcionadas por el Banco Mundial⁵².

El torbellino de transacciones de acciones que expresan estas cifras es una buena muestra de la falta de compromiso a largo plazo de los grandes inversores con las empresas. Además, hay que tener en cuenta que una parte relevante de ellas son operaciones de autocartera, por las que las empresas compran sus propias acciones con el objetivo de aumentar su cotización. Estas operaciones, así como los procesos de reconversión o las fusiones y adquisiciones de empresas van dirigidos en muchas ocasiones a generar plusvalías y dividendos a corto plazo. Ese objetivo no coincide necesariamente con la buena marcha de la empresa, si entendemos esta como sus perspectivas de futuro a largo plazo. El balance de la MSV como estrategia de mejora de la eficiencia de la empresa debe considerarse negativo desde el punto de vista de su capacidad de crear «valor social»⁵³. La MSV ha servido fundamentalmente para redistribuir los riesgos y los beneficios en favor de los accionistas y los «superejecutivos» en perjuicio de los trabajadores cuyos salarios se han congelado y para quienes la seguridad en el empleo ha desaparecido.

3.8. La financiarización de las familias

Las privatizaciones han transformado unos bienes y servicios distribuidos gratuitamente —o con precios «políticos»— y financiados por medio de impuestos progresivos en mercancías vendidas por empresas con fines de lucro, es decir, los han «mercantilizado». Si antes eran un derecho, ahora solo se los pueden permitir quienes pueden pagar su precio, igualándose el criterio de acceso a determinados servicios con el de la adquisición de coches de lujo. La financiarización de las familias es algo así como el «último estadio» de la mercantilización que han traído consigo los procesos privatizadores.

Las privatizaciones que han tenido mayor incidencia en la financiarización de las economías familiares han sido las de las pensiones y las de la vivienda.

La privatización del sistema de pensiones supone un cambio radical del derecho a la jubilación. Recibir esta prestación por parte de un sistema público es una forma de reconocimiento de una vida de trabajo, aunque, sin embargo, no contempla las tareas domésticas. Las cotizaciones son una manera de financiar el sistema, pero no el fundamento del derecho a recibir una pensión, como lo demuestra la existencia de un tope máximo que es independiente de las cantidades que se hayan cotizado. En la práctica, son las contribuciones que pagamos hoy las que financian la jubilación de nuestros padres, así como serán las futuras generaciones quienes paguen nuestras pensiones. Es un sistema que cuenta con mecanismos de justicia distributiva intra- e intergeneracional.

Cuando se afirma que el sistema de pensiones colapsará por el aumento del número de jubilados y la consiguiente disminución de la proporción de trabajadores activos, se confunde la disponibilidad de recursos con el mecanismo de financiación. Así, por ejemplo, si el PIB de un país es hoy el doble que hace veinte años y la población se ha incrementado en un 20 %, el PIB per capita de ahora equivaldrá a 1,6 veces el de hace dos décadas. Si la riqueza se distribuyese igualitariamente, todas las personas «tocarían» ahora a más con independencia de que tuviesen o no un empleo o de que fueran estudiantes o jubilados. El problema no es el volumen de recursos disponibles, sino la forma como se reparten. Los mecanismos de financiación y asignación del sistema de pensiones condicionan el modo como se distribuye la riqueza social y, particularmente, la porción que va a los jubilados. Si las pensiones se financiaran íntegramente por medio de impuestos progresivos y se contabilizaran los años que las mujeres han dedicado a las tareas domésticas, l@s jubilad@s recibirían en su conjunto una porción mayor de la riqueza generada socialmente.

Los sistemas privados de pensiones se basan en una filosofía completamente diferente mucho más insolidaria e injusta. El derecho a percibir una pensión de jubilación nace de las aportaciones que el trabajador haya hecho durante los años en que ha estado en activo, siendo administrado ese capital por «fondos» que manejan enormes volúmenes de dinero como vimos más arriba. Las aportaciones realizadas son las que fundamentan el derecho a percibir una pensión, así como su cuantía, la cual no tiene un tope máximo. El trabajador tiene una jubilación no porque haya trabajado, sino porque ha podido acumular un fondo para ello. La implantación de un sistema privado de pensiones supone, por consiguiente, una «mercantilización» de la jubilación: las personas percibirán ese tipo de rentas en el futuro en función exclusivamente de lo que vayan aportando en el presente. Se trata del rendimiento de una inversión y no de una prestación derivada de un derecho.

La privatización del sistema de pensiones conduce a la financiarización de la economía familiar, pues los fondos que gestionan los capitales ahorrados invierten en acciones u otro tipo de títulos, lo que deja el cobro de las jubilaciones al albur de las oscilaciones de los mercados financieros y al mayor o menor acierto de los gestores a la hora de invertir. Los riesgos recaen exclusivamente sobre los clientes, y si se produce una debacle financiera, los futuros pensionistas verán esfumarse los capitales que deberían proporcionarles las rentas una vez jubilados. Así, la crisis de 2008 privó de todo o parte de sus pensiones a millones de norteamericanos: los fondos privados estadounidenses cuyo patrimonio superaba los siete billones de dólares, perdieron el 20 % de su valor⁵⁴.

Otro factor capital de financiarización de la economía familiar ha sido el giro privatizador de la política de vivienda. Muchos países abandonaron el sistema de viviendas públicas en régimen de alquiler e incentivaron la compra de viviendas en propiedad, financiadas mediante créditos hipotecarios. Margaret Thatcher vendió las viviendas sociales a sus inquilinos. En Francia se produjo un giro en los años ochenta y el estado empezó a fomentar la adquisición de viviendas en propiedad en detrimento de los alquileres sociales⁵⁵.

La «privatización» de la política de la vivienda ha sido la principal causa del creciente endeudamiento de las familias. La hipoteca en sí misma constituye una carga económica de gran magnitud, que resulta asumible para la mayoría únicamente por la duración de los plazos. Es un compromiso arriesgado, especialmente si se opta por un interés variable. Por otro lado, la capacidad de ahorro de las familias promedio disminuyó con la globalización, debido al estancamiento o descenso de los salarios, lo que obligó a las familias a endeudarse para financiar su consumo. La privatización de los servicios públicos supuso, además, un recorte del salario indirecto. Entre los años noventa y la crisis de 2008, la deuda familiar creció significativamente en todos los países de la OCDE pasando de un 90 % a un 140 % de la renta disponible en EE UU (y de un 60 % a un 150 % en España)⁵⁶.

El incremento del precio de los inmuebles hipotecados debido a las burbujas inmobiliarias permitió contratar segundas hipotecas. Estos préstamos se utilizaron para refinanciar los créditos al consumo y para comprar bienes y servicios. El porcentaje de hipotecas no destinadas a la compra de inmuebles en EE UU lo pone claramente de manifiesto: en 2003 se produjo un «pico» de más de 15 millones de hipotecas destinadas a refinanciar deudas, frente a poco más de 6 millones cuyo objetivo era la compra de una vivienda⁵⁷. Antes de la crisis, las familias norteamericanas consideraban la vivienda como una especie de stock option, es decir, decidían comprar o no una determinada casa en función de sus perspectivas de revalorización⁵⁸.

Otra forma de financiarizar a las familias ha sido el fomento de la llamada «ciudadanía financiera», una expresión acuñada por los laboristas de Blair en Inglaterra (no se sabe si con un cierto regusto sarcástico)⁵⁹. La ciudadanía financiera significa que todo el mundo debe tener acceso a los servicios bancarios, y empieza por que todas las personas tengan una cuenta corriente o libreta de ahorro. El sobre con el salario semanal o el cheque pasan a la historia. Los recibos de suministros o las cuotas de la hipoteca también se pagan a través del banco. No es necesario ya ir a la oficina de la compañía del agua o la electricidad a abonar los recibos. Las compras se abonan crecientemente mediante tarjetas de débito y especialmente de crédito. Hace una década podía encontrarse en las tiendas un cartel advirtiendo que no admitían tarjetas (especialmente en época de rebajas). Hoy en día es difícil encontrar una tienda de ropa en París donde admitan efectivo. En el mundo de la banca online, de Paypal y Bizum, parece increíble que hace poco más de veinte años muchos británicos no tuvieran una cuenta corriente. Hoy en día quien no usa tarjetas de crédito o no está devolviendo un préstamo al banco es considerado una persona sospechosa.