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3.4. La actividad financiera sumergida
El análisis del sector financiero no puede ser completo si no se tienen en cuenta las actividades bancarias que se realizan de forma oculta, clandestina o eludiendo los mecanismos de control.
Las dimensiones del sector financiero son desproporcionadas en relación con el tamaño de la economía real. Más arriba se han dado algunas cifras que lo demuestran. A ese problema se añade que una parte de la actividad financiera se realiza «en la sombra». Eso quiere decir, en términos generales, que no es llevada a cabo por bancos, aunque después será necesario introducir algunas precisiones. El adjetivo shadow que se aplica a esta actividad de banking no bancario pone de manifiesto que se trata de operaciones ocultas en mayor o menor medida. Eso no significa necesariamente que sean ilegales, sino que escapan al radar de las instituciones encargadas del control de la actividad financiera. En un sentido muy amplio, puede decirse que la «banca en la sombra» o shadow banking está integrada por entidades que no son bancos en el sentido estricto del término, aunque operen como tales. También podría decirse que se trata de un «universo» de intermediación financiera que no está formado por bancos. Este sector realiza actividades parecidas o que tienen efectos equiparables a la concesión de créditos por los bancos.
Tras la crisis de 2008, el G20 creó una institución encargada de la monitorización de la actividad financiera a nivel mundial, el Consejo de Estabilidad Financiera (Financial Stability Board, FSB en sus siglas en inglés). Una de las fuentes de conocimiento de la banca en la sombra es el «Informe mundial de seguimiento de la intermediación financiera no bancaria» (Global Monitoring Report on Non-Bank Financial Intermediation), que elabora esta entidad. La última edición de este informe fue la de 2019, publicada en febrero de 2020 y referida a datos de 2018.
Para tener una idea de la envergadura y composición de la banca en la sombra, es necesario introducir brevemente tres categorías utilizadas por el FSB para el análisis de este sector de actividad. En primer lugar, está el MUNFI (Universo de vigilancia de la intermediación financiera no bancaria, en sus siglas en inglés) que es la medida global de la actividad de todos los intermediarios financieros no bancarios (NBFI en sus siglas inglesas). Comprende todas las instituciones financieras que no son bancos centrales, bancos o instituciones financieras públicas. En segundo lugar, se encuentran los Otros Intermediarios Financieros (OFI en sus siglas inglesas), que es un subconjunto de las NBFI y comprende todas las instituciones financieras que no son bancos centrales, bancos, instituciones financieras públicas, empresas de seguros, fondos de pensiones o auxiliares financieros. En tercer lugar, encontramos la «medición restringida» (o «medición restringida de la intermediación financiera no bancaria») que está integrada por instituciones financieras no bancarias que las autoridades han considerado que realizan actividades peligrosas para la estabilidad financiera de tipo bancario.
De acuerdo con los datos del informe de 2019, la envergadura de estos sectores de la banca sumergida vendría dada por las siguientes cifras: el total de activos financieros mundiales suman 379 billones de dólares. La banca en la sombra entendida en sentido amplio abarca casi la mitad: 184 billones. Los OFI acumulan 114 billones y la «medida estricta» suma 51 billones. Es decir que, dentro de este universo sumergido, la actividad considerada como peligrosa para la estabilidad del sistema financiero se calcula en 51 billones de dólares. De acuerdo con los datos del Banco Mundial, el PIB mundial de 2018 fue de unos 86 billones de dólares y la actividad que supervisa el FSB se refiere a un conjunto de países cuya producción representa el 80 % de esa cantidad, es decir, unos 69 billones de dólares. Esas cifras ponen de manifiesto que la actividad financiera en la sombra y, especialmente la de mayor riesgo, constituye una amenaza de enormes dimensiones al estar poco o nada sometida a control.
Los bancos en la sombra están sumergidos a diferentes niveles de profundidad. Algunos de ellos solo están cubiertos en parte por las aguas, mientras que el resto de su estructura es visible por encima de la superficie. Así, la mayoría de las compañías que se dedican a la manufactura obtienen una parte de sus beneficios de operaciones financieras. Estas no son meros medios para alcanzar el objetivo final, la producción, sino que forman parte del negocio y son fines en sí mismos. Muchas operaciones que implican la movilización de grandes cantidades de capital y que resultaban absolutamente extraordinarias en otras épocas se han convertido en relativamente habituales e incluso banales en el mundo de la globalización. Basta pensar en las reestructuraciones, las fusiones y las adquisiciones. El director financiero se ha convertido en una figura clave para el funcionamiento de la empresa.
Las empresas manufactureras también tienen sus carteras de valores a modo de inversión y sus emisiones de bonos pueden representar un gran negocio. Pero algunas de ellas han llegado al extremo de que su división financiera se ha convertido en la fuente principal de beneficios para la compañía. Un caso especialmente significativo es General Electric, una empresa que asociamos con los orígenes de la producción y distribución de la energía eléctrica y que los norteamericanos relacionan con todo tipo de electrodomésticos, aunque también es uno de los mayores fabricantes de motores de avión y tiene en el Pentágono uno de sus mejores clientes.
Pues bien, se da el caso de que General Electric (GE) era el octavo banco en el ranking estadounidense antes de la crisis de 2008 y, sin embargo, no tenía la consideración legal de entidad bancaria ni estaba sometida a la supervisión y reglamentaciones de este tipo de compañías financieras. El secreto del éxito de su división financiera consistía en la concesión de créditos a sus clientes para la compra de sus propios productos (como hacen hoy en día todas las compañías de automóviles) y el haber inventado las tarjetas de fidelización: tarjetas de crédito que solo se pueden utilizar en una determinada cadena comercial o que proporcionan beneficios exclusivos a sus titulares.
La división financiera de GE (GE Capital) llegó a contabilizar el 51,7 % de las ventas de la compañía el año 2000. Esa cifra se redujo al 40 % en 2005 y en 2010 todavía representaba un 34 %. Solo en fecha tan tardía como 2015 adoptó la Reserva Federal la decisión de someter a GE Capital a los mismos controles y requisitos a que están sujetos los grandes bancos. La tardanza resulta más significativa por el hecho de que el gobierno federal había garantizado más de 139 mil millones de dólares de deuda de GE Capital durante la crisis debido a los problemas que tuvo que enfrentar por los impagos de los créditos concedidos no solo para adquirir sus productos, sino también de las deudas de las tarjetas de crédito o, incluso, préstamos para locales comerciales. Estas restricciones solo debían entrar en vigor en 2018, a pesar de que ya en 2013, la división financiera de GE había sido declarada una amenaza sistémica para el sector financiero. General Electric se fue deshaciendo de GE Capital debido, probablemente, a que la división financiera dejaría de ser un buen negocio si tenía que someterse a las mismas reglas que los bancos. A modo de ejemplo, el diario Expansión publicó el 27 de junio de 2016 que «El fondo español de deuda Incus Capital se ha quedado con prácticamente el único activo que le quedaba a GE Capital en la Península Ibérica, tras adjudicarse una cartera hipotecaria de 85 millones en Portugal».
Las empresas manufactureras que obtienen beneficios de sus actividades financieras constituyen la parte de la actividad sumergida más próxima a la superficie. Las aguas profundas están pobladas por los llamados «paraísos fiscales» o Tax Havens en inglés. Se pueden definir los paraísos fiscales de forma simplificada como «jurisdicciones especializadas en atraer la inversión extranjera utilizando para ello el secreto bancario, tipos impositivos muy bajos o inexistentes para los no residentes, la falta de cooperación con las administraciones fiscales de otros países y la desregulación»30. La baja o nula tributación, especialmente para los ciudadanos y empresas extranjeras (unidas a otros tipos de beneficios), la opacidad con la que ayudan a recubrir las actividades de los inversores y las dificultades puestas a otros países para acceder a la información sobre las operaciones que se llevan a cabo en su territorio son, pues, características propias de un paraíso fiscal, aunque no existe una definición única y unánimemente aceptada para este tipo de territorios. Se habla de jurisdicciones y no de países porque, en ocasiones, el paraíso fiscal solo comprende una parte del territorio nacional, como ocurre en el caso de algunos estados de EE UU.
En las zonas abisales se localizan las entidades que se dedican al blanqueo del dinero procedente de la trata de personas, el tráfico de drogas o la venta ilegal de armas, y que utilizan profusamente las ventajas que ofrecen los paraísos fiscales. De acuerdo con las estimaciones de la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, la cantidad de dinero blanqueado globalmente en un año oscila entre el 2 % y el 5 % del PIB mundial, lo que equivaldría a una suma de 800 mil millones a 2 billones de dólares. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un cuerpo intergubernamental establecido en 1989, cuyo objetivo es combatir el lavado de dinero elaborando normativas adecuadas y monitorizando su implementación y eficacia. De acuerdo con los análisis de este organismo las puertas traseras que se utilizan para introducir los flujos de dinero en el sistema financiero sin importar su procedencia son los paraísos fiscales. Obviamente, las cifras que se manejan ponen de manifiesto que ese lavado de dinero negro no puede ser realizado únicamente por entidades marginales. Tienen que estar implicados grandes bancos cuando nos movemos en ese orden de cifras.
Entre las profundas simas donde se blanquea el dinero procedente de la droga, la trata de personas y el tráfico de armas y las zonas próximas a la superficie donde las entidades industriales obtienen beneficios de la realización de operaciones financieras encontramos diversas actividades económicas sumergidas a distintos niveles de profundidad.
Muy cerca del fondo, se encuentran las operaciones que se llevan a cabo en los paraísos fiscales cuyo objetivo es la evasión de impuestos. Dejar de cumplir con las obligaciones tributarias puede constituir un delito en función de la cantidad defraudada y cuando hablamos de paraísos fiscales, generalmente estamos refiriéndonos a grandes sumas. Estos tax havens sirven para ocultar grandes fortunas por medio de diversos procedimientos. El más utilizado es el fideicomiso (traducción aproximada del término inglés trust), en virtud del cual un fideicomisario o trustee administra el capital en beneficio del titular del fideicomiso. En estas operaciones se encuentran involucrados grandes despachos de abogados especializados que pueden ser titulares formales de miles de fideicomisos y que utilizan mecanismos complementarios para hacer más opaca la identidad de sus clientes. El escándalo de los Papeles de Panamá puso de manifiesto que, para gran cantidad de políticos, deportistas, hombres de negocios y personas del mundo artístico la utilización de los tax haven con el objetivo de ocultar sus fortunas al fisco constituye una práctica rutinaria. De acuerdo con un informe de 2018 hecho público por la Tax Justice Network, los activos no declarados en el extranjero oscilan entre los 8 y los 32 billones de dólares.
Los paraísos fiscales realizan funciones sistémicas en el mundo de la globalización. Estas no tienen que ver solo con la evasión de capitales, sino, sobre todo, con la «elusión» fiscal. Son un componente fundamental de la ingeniería financiera de las empresas transnacionales, uno de cuyos objetivos estratégicos es pagar la menor cantidad posible de impuestos. La forma más eficaz de conseguirlo es hacer aflorar sus beneficios en un paraíso fiscal, es decir, manipular sus operaciones de manera que sean las filiales situadas en esos territorios las que obtengan la mayor parte de las ganancias de la empresa. La posibilidad de realizar este tipo de maniobras deriva del carácter transnacional de la economía. Así, la gran mayoría del comercio global de mercancías está constituida por transacciones intrafirmas, es decir, se realiza entre filiales de una misma compañía o entre estas y la empresa matriz. Al tratarse de operaciones internas pueden manipularse los precios de transferencia, inflándolos o rebajándolos, de forma que unas filiales parezcan obtener beneficios, aunque no sea así, y otras sufrir falsas pérdidas. Existen diversos tipos de técnicas que permiten llevar a cabo estas maniobras de elusión fiscal.
El carácter sistémico de los paraísos fiscales se pone de manifiesto en algunos datos que muestran que la elusión fiscal constituye una práctica generalizada en el mundo de las transnacionales. El informe Offshore Shell Games de 201731, título que podría traducirse como «Trucos de trileros en los paraísos fiscales» fue publicado conjuntamente por el Institute on Taxation and Economic Policy y el U.S. PIRG Education Fund. Su subtítulo indica claramente cuál es su objeto de investigación: The Use of Offshore Tax Havens by Fortune 500 Companies («El uso de paraísos fiscales offshore por parte de las empresas de la lista Fortune 500»). Bastan dos datos para poner de relieve la magnitud del fenómeno: al menos 366 empresas, o el 73 % de las que figuran en la lista Fortune 500, tienen una o más subsidiarias en un paraíso fiscal. En total, estas 366 compañías mantienen al menos 9755 subsidiarias en paraísos fiscales.
Para citar un nombre y cifrar una cantidad, señalaremos que el informe afirma que Apple ha contabilizado la obtención de 246 mil millones de dólares en el extranjero, una suma mayor que la de cualquier otra empresa. Obviamente, las empresas financieras también hacen un uso intensivo de los paraísos: Citigroup reporta oficialmente 47 mil millones de dólares ganados en el extranjero y Goldman Sachs declara tener 905 filiales en paraísos fiscales de las que 511 están en las islas Caimán, aunque la entidad financiera no tiene ninguna oficina en ese país.
De acuerdo con los datos contenidos en este informe de 2017 y en sus ediciones anteriores los autores concluyen que las ganancias declaradas en el extranjero con fines fiscales por las multinacionales de EE UU casi se duplicaron entre 2010 y 2016. El estudio también señala que Holanda es el paraíso fiscal preferido por las empresas de la Fortune 500. Esta afirmación es congruente con el hecho de que los Países Bajos ocupen el cuarto lugar en el ranking mundial de paraísos fiscales (Corporate Tax Haven Index) elaborado por la Tax Justice Network en 2019.
La expresión inglesa Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), que se podría traducir en español como «Erosión de la base imponible y traslado de beneficios» se utiliza para referirse a las diferentes estrategias fiscales que usan las transnacionales a fin de hacer aflorar sus beneficios en países de baja o nula fiscalidad. En 2013, la OCDE elaboró un plan para hacer frente a estas trampas denominado precisamente «Proyecto BEPS» que preveía una serie de acciones contra la elusión fiscal. En 2015, la organización estimó que su costo global para los estados en términos de ingresos tributarios no percibidos se situaba entre 100 000 y 240 000 millones de dólares.
A los beneficios de la elusión fiscal hay que añadir los que se derivan de la reducción de los impuestos a las empresas. En la primera edición del Corporate Tax Statistics publicado por la OCDE, se proporcionan informaciones sobre la evolución de los tributos que gravan a las compañías privadas y que cubren el periodo 2010-2018 comprendiendo 94 países. En términos generales, la carga tributaria de las empresas disminuyó un 7,2 % en esos ocho años: desde el 28,6 al 21,4 %. Dos países implementaron grandes rebajas en 2018 con respecto a 2017: el gobierno federal estadounidense presidido por Trump rebajó un 14 % el impuesto de sociedades, con lo que la presión fiscal sobre las empresas disminuyó un 13,07 % y Francia derogó una sobretasa excepcional sobre los beneficios corporativos que había sido establecida en 201732.
La disminución de la carga fiscal que se ejerce sobre las empresas es uno de los factores que ha provocado el desmesurado incremento de la desigualdad en el mundo de la globalización que ha sido tan minuciosamente analizado en los libros de Piketty.
3.5. Especulación: el casino global
El enorme volumen de los productos derivados o la desmesurada magnitud del mercado de divisas dan plausibilidad a la tesis de que buena parte de la actividad del sector financiero tiene una finalidad meramente especulativa. Para precisar qué se entiende por «especulación» nos remitimos a una definición clásica formulada por Michael Kaldor en 1939:
Es la compra (o la venta) de mercancías para su reventa (o su recompra) en una fecha posterior, allí donde el móvil de dicha acción es la anticipación de un cambio de los precios vigentes y no un beneficio resultante de su empleo, o una transformación, o una transferencia de un mercado a otro33.
Esta caracterización permite diferenciar con bastante nitidez la compra de bienes con fines productivos o comerciales de la especulación. La visión del sistema financiero de la globalización como un gran casino global es la imagen que se suele utilizar para representar la lógica que preside sus actividades y permite afirmar que no ha cumplido con la que debería ser su función básica en una economía capitalista: canalizar el ahorro de la población hacia la inversión en actividades productivas.
3.6. La financiarización de los estados y de los servicios públicos
El campo político ha experimentado una profunda transformación como consecuencia de la globalización, cuyos componentes han sido analizados por Juan Ramón Capella en su libro Fruta prohibida. Capella caracteriza el nuevo poder político como un «campo» en el sentido de que no está monopolizado por una institución que pueda ser presentada como una unidad, como en el caso del estado. En realidad, está constituido por un conjunto de actores de diverso tipo y su funcionamiento viene determinado por las correlaciones de fuerza existentes en cada momento. En el campo global se sitúan las organizaciones internacionales, las empresas transnacionales y los estados hegemónicos como EE UU o instituciones regionales como la UE. Un rasgo esencial de la transformación del poder político es la «apertura» que experimentan los estados respecto de las exigencias de los poderes globales, especialmente de las multinacionales.
Aquí señalaremos algunas formas como los estados se «abren» ante los poderes globales, especialmente subordinándose al poder y a la lógica del sector financiero34.
La manifestación más palmaria de esta supeditación consiste en que los estados asumen la función de «garantes» de la integridad del sistema financiero35. Este papel se puso claramente de manifiesto en la crisis financiera de 2008 y en la desestabilización de la eurozona. Sin embargo, el «rescate» de las entidades financieras no empezó en 2008. Ya en los años ochenta EE UU sacó a flote numerosas cajas de ahorro que se encontraban al borde de la quiebra. Los estados ejercen esta función de garantes tanto a nivel nacional como internacional. El Fondo Monetario Internacional ha intervenido en repetidas ocasiones para evitar la quiebra de los bancos como consecuencia de las crisis de la deuda de los estados, iniciando esa práctica en 1982 debido a la falta de solvencia de México para saldar sus obligaciones con las entidades financieras transnacionales. El mecanismo utilizado por el FMI ha consistido en la concesión de préstamos dirigidos a que los estados deudores puedan pagar a sus acreedores, que generalmente son bancos privados. Como el Fondo Monetario Internacional se nutre de fondos públicos aportados por sus países miembros, ese tipo de actuaciones tiene, entre otras consecuencias, un trasvase de fondos públicos a manos privadas. Todas las crisis financieras han puesto de manifiesto que el interés de los bancos está por encima de cualquier otro, incluido el bienestar de las poblaciones, las cuales han sido repetidamente sometidas a severos planes de ajuste para satisfacer las exigencias del sector de las finanzas.
La independencia de los bancos centrales es una de las garantías más importantes de esta subordinación. Esto se puso de manifiesto en 1979, año en que tuvo lugar un cambio radical en la política monetaria de la Reserva Federal estadounidense. El objetivo de la política monetaria pasó a ser exclusivamente el control de la inflación, dejando de lado el pleno empleo. Eso se tradujo en un incremento de las tasas reales de interés que incrementó el peso de las deudas tanto públicas como privadas. Durante los años setenta, las tasas de interés real habían disminuido enormemente debido a la inflación, perjudicando los intereses del sector financiero. Tasas de interés cercanas a cero o, incluso, negativas, permitían a los estados incrementar su endeudamiento. En el momento en que se produjo el giro copernicano en la política monetaria norteamericana, países como México se vieron ahogados por una deuda cuyos intereses se incrementaron bruscamente. Los beneficios obtenidos del cobro de intereses por las entidades financieras aumentaron sustancialmente en la década de los ochenta. Si las tasas reales de interés en EE UU llegaron a ser negativas a mediados de los años setenta, durante la década siguiente alcanzaron un pico del 9 % o más36.
Como señala Saskia Sassen37, el banco central de un país tiene una relación muy estrecha con los de los otros estados. Esos vínculos son más intensos que los que tiene con las instituciones del estado al que pertenece. Un buen ejemplo de ello es el Comité de Basilea, que reúne a representantes de los bancos centrales de los países más ricos del planeta. Este ente no es una organización internacional, sino una especie de foro en el que se reúnen las autoridades de supervisión bancaria de los estados con más peso en el sector financiero. El comité hace «recomendaciones» que no son jurídicamente obligatorias, pero que son «interiorizadas» por los estados a través de la vía de sus bancos centrales que actúan independientemente. De esa manera, los bancos centrales se convierten en reguladores de las finanzas globales prescindiendo de las exigencias de representatividad y transparencia propias de las organizaciones internacionales.
En el caso del Banco Central Europeo (BCE), el estatuto regulador consagra su independencia, así como el objetivo de contener la inflación como finalidad única de su actuación. El BCE no puede prestar dinero a los estados. Bajo la presidencia de Draghi la institución pudo sortear esta prohibición comprando bonos soberanos en los mercados secundarios para aliviar la deuda de los países más afectados por la crisis de la eurozona. Pero, recientemente, el Tribunal Constitucional alemán ha considerado inválida esta política abriendo así un conflicto con las instituciones europeas cuyo alcance y consecuencias son difíciles de predecir en este delicado momento en el que estamos ahora (mayo de 2020).
Los mercados financieros han adquirido una especie de poder de «veto» sobre las decisiones estatales en materia de política económica. Pueden boicotear las decisiones gubernamentales de muy diversas formas. Pueden retirar los capitales invertidos en sus bolsas de valores o lanzar ataques especulativos contra su moneda. Como los estados dependen de los mercados de capitales para su financiación, pueden encontrarse con que la adopción de determinadas políticas conlleve un incremento de los intereses que deben pagar por la deuda pública. La existencia de un poder global situado por encima de los estados, al que Capella denomina «soberano supraestatal difuso»38, tiene en la actuación de los mercados financieros una de sus más claras manifestaciones. No obstante, la expresión «mercados financieros» puede conducir al equívoco de que nos estamos refiriendo a mecanismos de carácter automático. En realidad, detrás de ese concepto abstracto se encuentran grandes inversores, como los diferentes tipos de fondos, que pueden poner a un país en una situación extraordinariamente difícil si actúan contra él de consuno.
La privatización de los servicios públicos ha conducido en muchos casos a «financiarizarlos», subordinando en última instancia su funcionamiento a la lógica y los intereses de las entidades financieras. Este fenómeno es consecuencia de la utilización de operaciones de titulización por parte de las compañías que adquieren o asumen los servicios privatizados. Así, las concesionarias privadas del servicio de suministro de agua en Gran Bretaña generan títulos respaldados por los pagos de las futuras facturas por parte de los usuarios. En el sector sanitario británico se titulizan las cuotas que deben pagar los entes públicos por la utilización y mantenimiento de instalaciones hospitalarias financiadas y construidas por entidades privadas. Estos títulos acabarán en manos de entidades inversoras como los fondos soberanos de los países de Oriente Medio que no tienen ningún tipo de relación ni interés en el buen funcionamiento de los servicios. Su objetivo es asegurarse una determinada rentabilidad e impondrán ese interés a los gestores de dichos servicios39.
