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5. ECONOMÍA Y ECOLOGÍA: DOS CARAS DE LA INVOLUCIÓN SOCIAL Y CIVILIZATORIA

El capitalismo es aquel titánico brujo que, unificando el planeta en nombre y bajo el signo de la ganancia, ha suscitado y desencadenado fuerzas que no sabe ni puede dominar. Estas fuerzas [...] son las heridas irreparables infligidas al planeta, abocado al desastre bioambiental porque el «brujo» no está dispuesto a dar marcha atrás a sus decisiones miopes y devastadoras⁷³.

Más allá del problema de la individualización y de la consiguiente resignación ante los problemas complejos del presente, en los apartados anteriores se han podido ver algunos factores que explican la vitalidad de un conflicto social que puede apreciarse actualmente en muchas partes del planeta: esencialmente, el aumento de la distribución desigual de la riqueza, de la pobreza y de la precariedad, el adelgazamiento de los mecanismos públicos de protección social, y la aceleración del desastre medioambiental. Aunque de momento estos motivos de insatisfacción y sufrimiento apenas gocen de expresión democrática en las instituciones políticas, la experiencia histórica anterior al neoliberalismo muestra que no es imposible la construcción de un programa capaz de canalizarlos y traspasarlos a la política en términos democráticos⁷⁴, a partir del cúmulo ya existente de saberes y prácticas críticos con este estado de cosas.

En lo que respecta al factor ecológico, la ciencia social es cada vez más consciente de que el pésimo estado de salud del planeta es la otra cara de la moneda de la desigualdad. El filósofo Bruno Latour llega incluso a sostener en su última obra la hipótesis de que el prolongado desmantelamiento del asistencialismo y la negación, durante largo tiempo, del cambio climático obedecerían a una consciencia de las élites sobre la inviabilidad de la vida futura en el planeta, lo que explicaría la indiferencia de estas ante la bomba de la desigualdad. Prueba de ello es, en su opinión, la negativa general a contemplar otra alternativa económica a la del desarrollo destructivo, plasmada en los constantes desacuerdos globales sobre el clima. Para Latour, «las clases dirigentes están comprendiendo que el naufragio es inevitable; se adueñan de los botes salvavidas y le piden a la orquesta que siga tocando para disfrutar de la noche antes de que la agitación excesiva alerte a otras clases»⁷⁵.

En el plano empírico, el carácter nihilista de la oligocracia revestida de formas democráticas se pone de manifiesto, en efecto, en la retirada de los países más contaminantes de las rondas intergubernamentales sobre el cambio climático conocidas como COP. Pero también en el incremento del gasto militar de las grandes potencias —con un llamativo cambio de estrategia en los planes de seguridad estadounidenses—, que ya están tomando en consideración la necesidad de controlar los recursos naturales aún disponibles⁷⁶. La posibilidad de que la implosión de la globalización evolucionada termine en autoritarismos parece cierta tanto externamente, en vista de los vientos de repliegue nacionalista en Europa, EE UU, la India, Rusia, Brasil o China, como internamente, a tenor del creciente rechazo por amplias franjas de la población mundial de un horizonte que ha acabado arrojándolas a la cuneta de un mundo cada vez más inhabitable.

Sin embargo, como ya se ha señalado, también es posible que la bomba explosiva de la desigualdad y del desastre ecológico pueda generar algún tipo de salida organizada y no autoritaria a estos procesos, y para ello se precisa que la economía y el clima, con el resto de problemas relacionados que se han ido viendo, dejen de ser abordados por separado. En este sentido, economistas con conciencia ecológica como José Manuel Naredo vienen insistiendo hace tiempo en la necesidad de abandonar el razonamiento monetario como guía del proceso económico si se quiere atender a las dimensiones físicas y sociales del mismo⁷⁷. Lo que tiene que ver con la naturaleza esencialmente especulativa del capitalismo financiero que hoy domina el indebidamente llamado «sistema económico». La propiedad financiera pasiva se basa en un modelo de propiedad sin función social que solo invierte allí donde puede obtener mayor rentabilidad, poniendo en riesgo no solo las propias relaciones industriales, sino también las bases ecológicas del planeta.

El periodo de revisión de este libro ha coincidido con la extensión de la pandemia de Covid-19, que acentúa aún más el carácter acuciante del cambio de orientación que se propone aquí. Si los problemas ecológicos, a pesar de su gravedad, no parecen haber despertado todavía el necesario sentido de la urgencia para emprender ese giro, puede que la crisis sanitaria y económica en que nos hallamos inmersos despierte por fin la consciencia sobre la importancia de limitar la propiedad y preservar los bienes públicos, empezando por la reconstrucción de un sistema sanitario coordinado y al alcance de todos que opere como límite a la privatización y al sistema actual de patentes. Enfrentarse a peligros visiblemente mortales parece facilitar la recuperación del sentido colectivo de la protección.

Ahora bien, si adoptamos la perspectiva histórica, los problemas analizados nos sitúan más cerca de una competición local por el rearme securitario que saque partido del miedo generalizado. La imposición de políticas autoritarias en aras de la eficiencia, como ilustra el ascenso del control digital-policial de las personas que ha acompañado a los estados de alarma, es la otra posibilidad que se abre en este presente incierto.

Todo este haz de problemas, en definitiva, pone a los juristas ante la tesitura de replantear enteramente la actual configuración conceptual y regulatoria de un sistema social que gira en torno a la propiedad. De ello, y de la capacidad que se tenga para tejer alianzas amplias que empujen decididamente hacia una organización de la economía más solidaria fiscal, social y medioambientalmente, dependerá la posibilidad de salir del embudo cada vez más ancho de la sociedad de la exclusión.

1. Un cuadro amplio de las transformaciones tecnológicas, sociales, políticas y jurídicas que han dado lugar a este «cambio de época» (en relación al intervencionismo keynesiano y asistencial precedente), del que aquí se parte, en J. R. Capella, Fruta prohibida. Una aproximación histórico-teorética al estudio del derecho y del estado, Trotta, Madrid, ⁵2008, caps. VII y VIII.

2. Este es el punto de vista, por ejemplo, de G. Zagrebelsky, lo que en su opinión permite referirse a una oligarquía «cuyo único impulso es la autoconservación mediante cooptaciones como forma de autodefensa» (L. Canfora y G. Zagrebelsky, La máscara democrática de la oligarquía. Un diálogo, al cuidado de G. Preterossi, trad. de J. R. Capella y V. M. Vassallo, Trotta, Madrid, 2020, p. 38).

3. El estudio más reciente de T. Piketty, que se toma como referencia en este trabajo, da buena cuenta del peso acumulado del sector financiero en relación al productivo. En 2018, el total de activos y pasivos financieros en poder de los distintos agentes institucionales (sociedades financieras y no financieras, hogares y administraciones públicas) dentro de la zona euro se situaba en el 1100 % del PIB (frente al 300 % en las décadas de 1970 y 1980). A su vez, los bancos nacionales de Suiza y Japón habían superado el 100 % del PIB en términos de balance (Capital e ideología, Deusto, Barcelona, 2019, p. 838).

4. Vid. nota 7, infra.

5. Aspecto en el que M. Barcellona sitúa prospectivamente el principal problema de la economía (Tra impero e popolo. Lo stato morente e la sinistra perduta, Castelvecchi, Roma, 2017, vid. en particular las secc. 4.8 y 4.9).

6. Sobre la pérdida de puestos de trabajo que acarrea la robotización, vid. nota 57, infra.

7. «Se observan aumentos [de los grandes patrimonios] a ritmos mucho más elevados que el crecimiento de la economía mundial, alrededor de 3-4 veces más rápidos que el crecimiento económico registrado durante el periodo 1980-2018» (Capital e ideología, cit., p. 44). Actualmente, el 5 % del patrimonio privado total estaría en manos del 50 % más pobre, frente al 50-60 % en manos del más rico (ibid., p. 781).

8. El estudio de Piketty sobre la desigualdad mundial por regiones refleja que, en la India, EE UU, Rusia, China y Europa (la UE y los países ligados a ella, como Suiza o Noruega), la participación del decil superior de la población (el 10 % con mayores ingresos) en la renta nacional (la que realmente está en manos de los habitantes de un país teniendo en cuenta impuestos y transferencias, y la totalidad del gasto público, incluidas transferencias en especie, como la educación, sanidad o seguridad) se situaba entre el 25-35 % en 1980, mientras que ha alcanzado el 35-55 % en 2018. Por el contrario, la participación del 50 % más pobre ha pasado del 20-25 % al 15-20 % (el 10 % en EE UU) (Capital e ideología, cit. pp. 36-37). En otras regiones, esta evolución de la desigualdad se dispara aún más (54 % de la renta total en manos del decil superior en África subsahariana, 56 % en Brasil, 64 % en Oriente Próximo) (ibid., p. 37). De suerte que «a lo largo del periodo 1980-2018, la parte del crecimiento mundial captada por el 1 % más rico de la población es del 27 %, frente al 13 % en el caso del 50 % más pobre» (ibid., pp. 42-43).

9. Ibid., p. 44.

10. T. Piketty, El capital en el siglo XXI, RBA, Barcelona, 2013, p. 585.

11. Vid. F. Tréguer, «La “ciudad segura” o la gobernanza por los algoritmos», en Le Monde Diplomatique, 284, junio de 2019, pp. 26-27.

12. Vid. S. Todd, El pueblo. Auge y declive de la clase obrera (1910-2010), Akal, Madrid, 2018, p. 469; y más específicamente, O. Jones, El Establishment. La casta al desnudo, Seix Barral, Barcelona, 2015, p. 14.

13. Vid. nota 2, supra.

14. M. Barcellona, Tra impero e popolo, cit., p. 124. A este respecto, el último estudio de Piketty revela que los niveles de renta comprendidos entre los percentiles 60 y 90 de la distribución mundial han sido «los grandes olvidados» del crecimiento registrado entre 1980 y 2018 (Capital e ideología, cit., p. 40).

15. Un desarrollo teorético de esto en A. Giménez Merino, «De la excepcionalidad persistente a la normalización de la plutocracia», en J. A. Estévez y G. Messina (coords.), La democracia en bancarrota, Trotta, Madrid, 2015, pp. 27-39.

16. Frente a lo cual, como es sabido, sostiene la supraordenación constitucional de «la obligación de las prestaciones objeto de los derechos sociales» dimanante del «paradigma» constitucional de la segunda posguerra mundial (L. Ferrajoli, Constitucionalismo más allá del Estado, Trotta, Madrid, 2018, p. 14).

17. Tanto por el lado de la exhumación de la doctrina de la guerra justa como por el de la penalización de las clases peligrosas, como por el de las sanciones derivadas de la guerra comercial entre EE UU y China. Se asiste así al surgimiento de nuevos enemigos internos y externos con los que justificar soluciones antidemocráticas garantizadoras del statu quo (una ampliación de esto en A. Giménez Merino, «El miedo como factor de legitimación del desgobierno neoliberal»: Oxímora. Revista internacional de ética y política, 10 [2017], pp. 34-47).

18. Vigilada, en el caso de España, mediante el mecanismo europeo de control presupuestario introducido en 2012 a través del Tratado sobre Estabilidad, Cooperación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (vid. J. L. Gordillo, «Rescate financiero y pobreza en la Unión Europea», en A. Giménez Merino [ed.], La lucha contra la pobreza en el laberinto de la gobernanza, Bomarzo, Albacete, 2018, pp. 31-34).

19. Una radiografía de esto en J. R. Capella, Fruta prohibida, cit., pp. 307-312; e Íd., Entrada en la barbarie, Trotta, Madrid, 2007, pp. 167-178.

20. La propia Comisión Europea, encargada de controlar férreamente las cuentas de los estados, en el documento «Proyecto de informe conjunto de la Comisión y del Consejo que acompaña a la Comunicación de la Comisión relativa al Estudio prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2018» (COM/2017/0674 final), describía una situación «crítica» en España en términos de ensanchamiento de la desigualdad económica (con unos ingresos 6,6 veces superiores del 20 % más rico respecto al 20 % más pobre), así como de abandono temprano de los estudios (el 19 % de la población de entre 18 y 24 años), y cifraba la disminución global de las rentas familiares en un 8 % en relación a 2008 (en línea con países como Portugal —6 %— e Italia —11 %—). El informe también situaba a España «bajo vigilancia» en lo concerniente al riesgo de pobreza o exclusión (el 28 % de la población) y a la eficacia del gasto social en la reducción de la pobreza, y apuntaba otro dato importante: la tendencia al alza de los trabajadores pobres (13,1 %), aquellos que pese a estar ocupados, no llegan con su salario a fin de mes, lo que habla a las claras de la falacia del discurso que focaliza en la creación de empleo, aunque sea barato y precario, la recuperación económica. Todos estos indicadores tendrán un empeoramiento significativo una vez se ponga fin a la crisis desatada por la pandemia de Covid-19, por lo que seguramente exigirán revisar la política común que ha regido hasta ahora.

21. J. Butler, «Prefacio», en I. Lorey, Estado de inseguridad. Gobernar la precariedad, Traficantes de Sueños, Madrid, 2016, p. 13.

22. Capital e ideología, cit., p. 13.

23. I. Lorey, Estado de inseguridad, cit., p. 18.

24. G. Messina, «De la gobernabilidad a la gobernanza: los caminos del vaciamiento de la democracia», en La democracia en bancarrota, cit., pp. 89-105.

25. Se estima que la aportación española entre 2008 y 2018 disminuyó un 55,7 %, quedando en torno al 0,2 del PIB (Oxfam Intermón, De la década perdida a la agenda 2030, 2019, p. 14, en http://www.realidadayuda.org).

26. E. Hobsbawm, Historia del siglo XX. 1914-1991, Crítica, Barcelona, 1995, pp. 309-311.

27. Sobre el papel jugado por el crédito en la fase de crecimiento que arranca de esa época y en particular sobre el impacto del mismo en el consumo y la inversión, vid. M. A. Lorente y J. R. Capella, El crack del año ocho. La crisis. El futuro, Trotta, Madrid, 2009, pp. 32-43.

28. L. Zuloaga, El espejismo de la seguridad ciudadana. Claves de su presencia en la agenda política, Catarata, Madrid, 2014, p. 20.

29. La situación de estados de excepcionalidad generalizados para afrontar la crisis sanitaria de la Covid-19 podría estar acentuando este rasgo, en la medida en que existe el riesgo de que el control de los movimientos y los datos de las personas a través del big data y la inteligencia artificial, justificado por el estado de emergencia, no termine con el final de la situación de emergencia y acabe siendo interiorizado socialmente como una necesidad para afrontar nuevas crisis de este tipo o derivadas de los desastres ecológicos previsibles.

30. Capital e ideología, cit., pp. 848-851.

31. Puede dar la medida de esto el que «la renta media de los padres de los estudiantes de la Universidad de Harvard corresponde actualmente a la renta media del 2 % de estadounidenses más ricos» (T. Piketty, Hacia una economía política e histórica. Reflexiones sobre El capital en el siglo XXI, RBA, Barcelona, 2015, p. 26).

32. Como bien saben las grandes fortunas, «que por regla general gastan la mayor parte de sus recursos en comprar influencia, prestigio y poder» (ibid., p. 40).

33. P. Bourdieu, Poder, derecho y clases sociales, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2010, p. 148.

34. Constitucionalismo más allá del Estado, cit., p. 36.

35. T. Piketty, Hacia una economía política e histórica, cit., p. 25.

36. Vid. M. L. Maqueda Abreu, «La criminalización del espacio público. El imparable ascenso de las “clases peligrosas”»: Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 17 (2015), pp. 1-56.

37. Vid. G. Portilla Contreras, «Rebelión ciudadana y Derecho penal. Sobre la conversión del ejercicio de derechos en delitos e ilícitos administrativos», en A. Medina Cuenca (coord.), Luces y sombras de la reforma penal y procesal penal en Iberoamérica, Unijuris, La Habana, 2017, pp. 383-422.

38. El pueblo, cit., p. 489.

39. Refugiados frente a la catástrofe humana, una solución real, Crítica, Barcelona, 2016.

40. Nuestro mal viene de más lejos, Traficantes de Sueños, Madrid, 2016.

41. L. Ferrajoli, Constitucionalismo más allá del Estado, cit., p. 43.

42. Un dato significativo lo menciona Todd en su estudio sobre la evolución de los trabajos en el siglo XX: entre 1993 y 2013, se triplicó la proporción de mujeres entre los 16 y los 24 años que realizan un trabajo de baja remuneración, como la limpieza de hoteles y oficinas, pasando del 7 al 21 % (El pueblo, cit., p. 491).

43. «La violencia contra las mujeres y sus usos políticos»: Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 48 (2014), p. 22.

44. L. Zuloaga, El espejismo de la seguridad ciudadana, cit., p. 189.

45. V. Sizaire, «Reprimir la delincuencia de los poderosos», en Le Monde Diplomatique, 292, febrero de 2020, pp. 4-5. A la par que el fraude fiscal genera una pérdida de decenas de miles de millones de euros, en Francia, de 2013 a 2017, se redujeron el número de efectivos policiales especializados en investigación económica y financiera, ya de por sí muy bajo, y en 2016 este tipo de delitos solo representaron el 3 % de los enjuiciamientos penales.

46. L. Zuloaga, El espejismo de la seguridad ciudadana, cit., p. 24.

47. El pueblo, cit., pp. 473-474.

48. Al menos mientras se mantenga la financiarización de la extracción de combustibles fósiles, cuyo buen estado de salud (anterior a la crisis de la Covid-19) queda ejemplificado por el éxito de la salida a bolsa del 1,5 % del capital de la petrolera saudí Aramco, con una cotización de 1,5 billones de euros en diciembre de 2019, superior a las grandes empresas tecnológicas.

49. El pueblo, cit., p. 501.

50. A ese respecto es significativa la voz de alerta de la OIT, que desde hace tiempo viene reivindicando políticas de «trabajo decente». Vid. P. Poschen, Trabajo decente, empleos verdes y economía sostenible. Soluciones para el cambio climático y el desarrollo sostenible, Plaza y Valdés-OIT, Madrid, 2017.

51. Es importante insistir en ello en una época como la actual en que, desdibujado el sentido de clase que otorgaba la continuidad de las relaciones laborales, se da tanta importancia a la identidad personal —como si esta pudiera decidirse al margen de la experiencia realmente compartida con otras personas—.

52. Tal como muestra Richard Sennett en La corrosión del carácter, Anagrama, Barcelona, 2000.

53. M. Crozier, S. P. Huntington y J. Watanuki, The Crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Comission, New York University Press, Nueva York, 1975.

54. Un buen relato sobre el abismo entre el significado del trabajo en el periodo del «obrero-masa» de la producción taylorista y en la actualidad en M. Tronti, La política contra la historia, Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador/Traficantes de Sueños, Madrid, 2016.

55. M. Tronti, Volevo la luna, Einaudi, Turín, 2006, pp. 358-359.

56. Recientemente, la OCDE (Employment Outlook 2019: The Future of Work, https://doi.org/10.1787/9ee00155-en) ha señalado el elevado riesgo en que se encuentran el 21,7 % de los empleos actuales en España (y el riesgo de cambios significativos en otro 30,2 %) como consecuencia de los cambios tecnológicos, destacando el aumento del empleo temporal (26,7 %), del autoempleo (10,1 %) y del empleo de menos de 20 horas semanales (5,3 %).

57. Resulta todavía muy cuestionable que la llamada «cuarta revolución industrial» (K. Schwab, La cuarta revolución industrial, Debate, Barcelona, 2016) esté en condiciones de aumentar el empleo y los salarios. La robótica y la inteligencia artificial, en tanto que terrenos explorables de inversión tras la crisis de 2008, han sido promovidas a través de una gran campaña de marketing de las empresas del sector, el Foro Económico Mundial de Davos y ferias tecnológicas industriales (P. Staab y F. Butollo, «El robot, el culpable perfecto»: Le Monde Diplomatique, 290, diciembre de 2019, pp. 2-3). Pero su impacto redistributivo está condicionado a un cambio sustancial en la orientación política de la regulación de los salarios no solo directos, sino indirectos, si se tiene en cuenta la ínfima tributación a la que están sometidas las empresas tecnológicas en la actualidad. En el mismo sentido escéptico, vid. M. Ford, El auge de los robots. La tecnología y la amenaza de un futuro sin trabajo, Paidós, Barcelona, 2016; D. Acemoglu y P. Restrepo, Robots and Jobs: Evidence from US Labor Market, MIT Economics, Cambridge, Mass., 2017; Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, Trabajar para un futuro más prometedor, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2018.

58. Vid. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2018. El poder, las plataformas y la quimera del libre comercio, documento UNCTAD/TDR/2018. Durante los primeros meses de la crisis de la Covid-19, favorecido por la prohibición de apertura de tiendas físicas, Amazon España prácticamente ha monopolizado la mayoría de ventas, lo que se ha traducido en un importante aumento de sus precios. Por otro lado, el principal servicio de comidas a domicilio, la empresa británica Just Eat, ha experimentado un incremento de un 65 % en su recaudación en horario de comida (vid. M. A. Mayo, «Covid-19: ¿Un mal sueño o una nueva realidad?»: mientrastanto.e, 190 [mayo 2020], http://www.mientrastanto.org/boletin-190/notas/covid-19-un-mal-sueno-o-una-nueva-realidad).

59. AA.VV., Las plataformas digitales y el futuro del trabajo. Cómo fomentar el trabajo decente en el mundo digital, OIT, Ginebra, 2019, p. xv.

60. De momento, los sectores intensivos de capital más importantes siguen siendo los bienes inmuebles y la energía (T. Piketty, Hacia una economía política e histórica, cit., p. 41). Por otro lado, en 2018, en España, no hubo crecimiento de la productividad por puesto de trabajo a tiempo completo (https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=32938), lo que apunta a que la recuperación moderada del empleo ha obedecido al crecimiento de sectores que no requieren de mano de obra cualificada.

61. Vid. notas 48, supra y 76, infra.

62. Dando lugar a una gran disputa geopolítica por su control en la República Democrática del Congo y en Bolivia (vid. M. Mariette, «En Bolivia, el sector del litio a subasta», en Le Monde Diplomatique, 291, enero de 2020, pp. 26-28).

63. Un punto de vista compartido por los historiadores J. Fontana (El siglo de la revolución. Una historia del mundo desde 1914, Crítica, Barcelona, 2017, pp. 618-621) y P. Anderson («Agitación antisistema en Europa y en Estados Unidos», en Le Monde Diplomatique, 257, marzo de 2017, p. 18).

64. J. E. Stiglitz llama a esto «déficit de dignidad», lo que explica su escepticismo hacia la renta básica (Capitalismo progresista. La respuesta a la era del malestar, Taurus, Madrid, 2020). Lo que no quita que, considerada como mecanismo de protección pública en contextos de crisis social aguda como el actual, constituya un recurso vital necesario para cubrir situaciones de pobreza y exclusión (vid. A. Antón, «Rentas básicas garantizadas»: mientras tanto, 190 [mayo 2020]).

65. Vid. A. Giménez Merino, «El miedo como factor de legitimación del desgobierno neoliberal», cit., pp. 43-44; y «Huelga general en Brasil»: mientrastanto.e, 157 (mayo 2017). Y más específicamente: M. Choussudovsky, «Wall Street Behind Brazil Coup d’Etat. The Impeachment of Dilma Rousseff»: Global Research, 1.09.2016, https://www.globalresearch.ca/wall-street-behind-brazil-coup-d-etat/5526715.

66. O Estado e o Direito depois da Crise, Saraiva, São Paulo, 2011, cap. VI.

67. Constitucionalismo más allá del Estado, cit., p. 34.

68. Para lo cual, como sugiere Piketty, sería preciso primero de todo sacar a la luz la información sobre el origen de determinadas rentas financieras (como los intereses y dividendos generados por los contratos de seguros de vida) e inmobiliarias (como las cobijadas bajo las sociedades de inversión colectiva) que se benefician de regímenes fiscales excepcionales, a través de un registro financiero público que permitiera el intercambio de información entre las administraciones fiscales de los países (Capital e ideología, cit., p. 1174). Y a continuación, implementar un impuesto progresivo sobre el patrimonio (que afectara a todos los activos inmobiliarios, profesionales y financieros de cada individuo), y no solo sobre la renta (que debería incluir no solo la del trabajo —salarios, pensiones, rentas de los trabajadores por cuenta propia, etc.—, sino también la del capital —dividendos, intereses, beneficios, alquileres, etc.—) (ibid., p. 1171).

69. Como las exploradas por Piketty en Capital e ideología, cit., pp. 1150-1167.

70. Lo que a su vez pasa por medidas como computar a las empresas el valor de la inversión pública en educación incorporada en sus trabajadores; romper el monopolio de las farmacéuticas a la hora de imponer precios sobre medicinas esenciales; garantizar públicamente el acceso a ciertos bienes culturales cuyo precio no es asumible para una gran parte de la población; impedir que la posesión de una patente frene el avance de una investigación beneficiosa socialmente; o incluir el genoma humano o principios activos de plantas y animales con capacidad para curar enfermedades dentro del patrimonio común de la humanidad: aspectos cuya apropiación privada con fines lucrativos es permitida por la legislación vigente.

71. José Manuel Naredo, Economía, poder y política. Crisis y cambio de paradigma, Díaz y Pons, Madrid, 2013, pp. 52-53.

72. Un modelo técnicamente posible, como se prospecta en el libro de J. Sempere, Las cenizas de Prometeo: transición energética y socialismo, Pasado & Presente, Barcelona, 2018, cap. 4.

73. L. Canfora, La schiavitù del capitale, Il Mulino, Bolonia, 2017, pp. 81-82.

74. Sobre este asunto de fondo gira precisamente el libro de M. Barcellona, Tra impero e popolo, cit.

75. Dónde aterrizar. Cómo orientarse en política, Taurus, Barcelona, 2019, p. 35.

76. Pere Ortega, «Militarismo y ecofascismo»: mientrastanto.e, 178 (abril 2017), http://www.mientrastanto.org/boletin178/notas/millitarismo-y-ecopacifismo. Otro indicador que va en la misma dirección es el respaldo por parte de la banca de inversión a la financiación de la extracción de combustibles fósiles —que ya se benefician de ayudas anuales por valor de 5 billones de dólares al año, según el FMI—, con 700 000 millones de dólares destinados a nuevos proyectos desde la firma del Acuerdo de París sobre cambio climático en 2015 (según datos de The Guardian y de la ONG estadounidense Rainforest Action Network, en El País, «Negocios», 8 de diciembre de 2019, p. 6). Lo cual es coherente con el valor de las compañías de hidrocarburos: vid. nota 48, supra.

77. Economía, poder y política, cit., pp. 50-51. También del mismo autor, vid. Raíces económicas del deterioro ecológico y social: más allá de los dogmas, Siglo XXI, Madrid, 2006.