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Capítulo 2

Ciudadanía y diplomacia

Exequatur: autoridad conferida formalmente a un cónsul extranjero por el país al que es enviado y en virtud de la cual puede ejercer sus funciones oficiales dentro de los límites territoriales.

James A. Ballantine, Diccionario legal con pronunciaciones

Tras la independencia de México, su cercanía a los Estados Unidos se convirtió en crucial porque México oficialmente sancionó el comercio extranjero. Esta nueva política abrió la puerta a la influencia anglo americana en el departamento norte de México. En 1840, la zona se había convertido en un elemento importante del plan de los Estados Unidos para la expansión al océano Pacífico¹ y México se había vuelto desconfiado en sus puestos fronterizos. Nuevo México también tenía que enfrentarse a Texas y, atrapado en el medio, iba a sentir pronto la presión: primero llegaron las demandas fronterizas de Texas y después la invasión.

Por su situación geopolítica, Nuevo México y especialmente Santa Fe y Taos, se convirtieron en ciudades cosmopolitas. Como puestos fronterizos tanto para la sociedad mexicana como la anglo-norteamericana, estas ciudades del norte de México llegaron a ser centros comerciales que representaban importantes entidades políticas y resultaron vitales para la expansión estadounidense en un momento en el que el destino manifiesto se puso de moda. En medio de tales desarrollos históricos, la ciudadanía se convirtió en algo extremadamente importante, sin embargo, la ciudadanía de un país o de otro podía ser tanto una ventaja o un impedimento dependiendo de las circunstancias. Los comerciantes anglo-norteamericanos intentaron resolver este problema de varias maneras: algunos se hicieron ciudadanos naturalizados de México o intentaron mantener la doble ciudadanía. Otros se casaron con mujeres mexicanas con la esperanza de establecer comunicaciones con funcionarios mexicanos. Algunos de los ejemplos más famosos de aquellos que tomaron esta alternativa son Charles Bent y Christopher “Kit” Carson, quienes se casaron con dos mujeres que eran hermanas. Durante el tiempo que estuvieron prometidos, Carson se convirtió a la fe católica y fue bautizado por el sacerdote local padre Antonio José Martínez². Finalmente, estaban aquellos que aparentaron ser ciudadanos nacionalizados: dejaron que los funcionarios del gobierno mexicano creyeran que eran residentes legales mientras que, al mismo tiempo, seguían siendo ciudadanos de los Estados Unidos.

Muchos comerciantes actuaban bajo la “protección” de la ciudadanía mexicana aunque en ocasiones el gobierno mexicano eligiera ignorar dicha protección como cuando el gobernador Armijo rehusó prestar ayuda a los estadounidenses capturados en la expedición de Texas que invadió Nuevo México en 1841. El gobernador al menos fue consecuente: tampoco hizo nada por Thomas Falconer, que era inglés. Ni siquiera aquellos residentes anglonorteamericanos de la zona que habían sido nacionalizados mexicanos recibieron el favor político del gobernador. En enero de 1841, Armijo envió una circular criticando a los extranjeros que “pasaban de un lado a otro” bajo la protección de las leyes estadounidenses sin prestar ninguna atención a las leyes locales³. Alrededor de una semana más tarde, Álvarez recibió una carta que le notificaba una orden oficial de deportación de todos los extranjeros que no tuvieran sus papeles en regla⁴. El efecto de esta nueva política resultó evidente cuando tres días después, Álvarez recibió una carta de un estadounidense, Simeon Turley, en Taos. Turley había sido interrogado acerca de su nacionalidad y acosado, o eso alegó, por las autoridades locales. Solicitó a Álvarez, quien en 1839 había sido nombrado cónsul de los Estados Unidos “conseguirle… una carta o algo que le proporcionara seguridad”⁵.

Si jugar con la ciudadanía era un método de supervivencia para los residentes no mexicanos, Manuel Álvarez era un maestro en el juego. Demostró capacidad para enfrentar los derechos de ciudadanía de un país contra los de otro en muchas ocasiones. Sin embargo, este juego crearía problemas y existía la posibilidad de fracasar. Hasta 1842, la cuestión del estatus legal de Álvarez fue uno de los mayores misterios que rodearon su vida. Solicitó la nacionalidad mexicana en tres ocasiones distintas entre 1825 y 1826. Desafortunadamente surgieron problemas con su pasaporte, el que el gobernador McNair de Missouri había redactado, porque Álvarez estaba incluido entre aquellos referidos como ciudadanos estadounidenses. Esto les parecía, evidentemente, sospechoso a los funcionarios del gobierno mexicano. Sin duda, algunos levantaron la ceja sorprendidos cuando el nombre de Álvarez apareció en la lista de ciudadanos españoles a deportar en 1829.

Se duda sobre si a Álvarez alguna vez se le concedió la ciudadanía mexicana aunque él afirmaba constantemente que tenía derecho a ella. Muchos documentos se refieren a él como “natural de España y ciudadano mexicano”, tuvo pasaportes mexicanos⁶ y el gobernador Armijo corroboró los argumentos de Álvarez cuando lo empleó como justificación para utilizar arbitrariamente la propiedad del español⁷. Las peticiones que Álvarez presentó contienen pruebas abundantes diseminadas en el texto que indican su determinación de ser nacionalizado mexicano⁸. Quizás una de las razones de su tenacidad fuera su entusiasmo probado por la fe católica⁹. En otro contexto, Álvarez argumentó que bajo la constitución mexicana él tenía “los derechos de ciudadanía… por estar viviendo en el país cuando logró la independencia”. Aunque en realidad siguió siendo súbdito español, aparentemente se las arregló para convencer a las autoridades mexicanas y mucha otra gente de su estado como nacionalizado¹⁰.

Resulta evidente por documentos relacionados con su ciudadanía estadounidense que Álvarez no estaba más que poniéndose una máscara que permitiera que otros, por error, supusieran cuál era su estatus. Muchos ejemplos demuestran adecuadamente su laxitud en mantener su documentación en regla. En cada caso, la suposición de su nacionalización estadounidense resultaba una ventaja que deseaba alcanzar. En su petición de ciudadanía estadounidense el 16 de octubre de 1834, Álvarez fundamentó que no era todavía ciudadano estadounidense y que no quería ser considerado ciudadano de México o de España. Renunció en una declaración frente al Tribunal Supremo (Circuit Court) de San Luis¹¹, “a toda lealtad y fidelidad hacia cualquier príncipe extranjero… en particular a Isabel II, reina de España, de quien he sido súbdito hasta el momento”. La incapacidad de cumplir el requerimiento de cinco años de residencia condujo al rechazo de su petición y no se convirtió en ciudadano estadounidense hasta el l9 de abril de 1842, cuando repitió su declaración ante el mismo tribunal¹².

Álvarez había adoptado con despreocupación el estatus de ciudadano estadounidense ya en 1824 cuando recibió su pasaporte estadounidense. Es posible que creyera que el hecho de ser español no le bastaría para volver a México ya que ese país había salido recientemente con éxito de una revolución en la cual España y los españoles peninsulares habían sido el enemigo. Fuera como fuese, su nueva “identidad” fue suficiente para lograr su objetivo. El 4 de marzo de 1839, Álvarez consiguió otro pasaporte estadounidense que le proclamaba “ciudadano de los Estados Unidos” expedido en Washington y firmado por el secretario de Estado John Forsyth. De nuevo Álvarez demostró ser un experto en el juego de la multinacionalidad; quizá para evitar problemas innecesarios, nunca firmó el documento en el espacio habilitado para ello¹³. El astuto comerciante pudo tener otro motivo para no hacerlo, ya que el 21 de marzo fue nombrado cónsul de los Estados Unidos en Santa Fe por el mismo Forsyth¹⁴.

En este momento Álvarez disponía de una próspera y bien establecida tienda (almacén), propiedades de terreno y muchos contactos en la red de comercio de Santa Fe. El hecho de que fuera natural de España presagiaba un desastre: si perdía su ciudadanía mexicana, su origen daría todas las facilidades a las autoridades mexicanas para destruirle económicamente. Así que, recibido el nombramiento, decidió intentar persuadir a las autoridades mexicanas de que podía actuar en los aparentemente contradictorios papeles de ciudadano mexicano y cónsul de los Estados Unidos, una hazaña de protesta que no sería fácil de llevar a cabo.

Armijo, quien ocupó el puesto de gobernador casi todo el tiempo en que Álvarez tuvo su mandato diplomático, era un político experto y podría no querer que este español peninsular defendiera de manera oficial los derechos de todos los estadounidenses¹⁵. Lo que es más, Álvarez debía actuar con rapidez: México tenía una ley que eliminaba los derechos de ciudadanía para cualquier persona que desempeñara un puesto para un país extranjero. Esto quería decir que si todavía no había perdido sus derechos él iba a perderlos tan pronto como se enteraran de su nombramiento en Ciudad de México. El reconocimiento formal a través de la concesión de “exequátur” podía ciertamente significar el final de su ciudadanía adquirida, al menos a ojos de la burocracia mexicana. Álvarez, aparentemente, habría expresado al gobernador su deseo de nacionalizarse mexicano porque Armijo escribió a Luis G. Guevas, ministro mexicano del interior a principios de agosto de 1839 recomendando su aprobación¹⁶. Habría sido inútil pedir a Forsyth o al ministro estadounidense que se retrasara el proceso; después de todo, Álvarez había hecho creer al secretario de Estado que era ciudadano de los Estados Unidos.

A finales de agosto de 1839, Álvarez informó oficialmente al gobierno de Nuevo México, expresamente a Armijo que deseaba continuar disfrutando sus derechos bajo la constitución mexicana. Expuso con detalle el dilema creado por el reciente honor de su nombramiento por el “Señor Presidente de los Estados Unidos” y sobre el hecho de que las leyes de México podrían retirarle la nacionalidad de la que había disfrutado hasta el momento: ¿le ayudaría el gobernador a mantener su ciudadanía mexicana mientras desempeñaba su función como cónsul de los Estados Unidos, solicitándolo al Supremo Congreso Mexicano en su nombre? Armijo respaldó la inusual petición del español enviando la carta de Álvarez junto con otra carta expresando sus recomendaciones personales y reiteró su informe en otra carta una semana más tarde¹⁷. Indudablemente, la subsiguiente lluvia de correspondencia complicó el proceso de otorgar a Álvarez el cargo de “exequátur”. Aunque a Ellis se le hizo saber de forma oficial que eran las condiciones inestables en Nuevo México las que estaban causando el retraso¹⁸, la controversia sobre la ciudadanía de Álvarez pudo haber sido parte del problema.

No parece que ni el gobierno mexicano ni Álvarez hubieran informado a las autoridades de Washington DC de que estaba intentando mantener los derechos de ciudadanía mexicana, sin embargo, los trabajadores del gobierno dudaron en darle reconocimiento oficial. El certificado de Álvarez no fue firmado hasta el 12 de febrero de 1840. Forsyth escribió una carta en la que se informaba oficialmente al cónsul de la confirmación de su puesto por el Senado, no obstante, la carta nunca se llegó a firmar porque Ellis comunicó al departamento de Estado que el gobierno mexicano había rehusado reconocer a Álvarez como cónsul¹⁹.

El 18 de febrero de 1840, el día después de que se hubiera redactado la carta nunca enviada, a Álvarez se le comunicó, para preservar la tranquilidad interna, de parte del secretario del departamento de Nuevo México, Guadalupe Miranda, que el gobierno local le había reconocido como cónsul²⁰. Armijo debía recibir todavía una respuesta de las autoridades centrales a la petición de Álvarez de conservar su ciudadanía mexicana. Aunque Álvarez lo desconocía por completo, su petición había impedido su reconocimiento diplomático tanto por el gobierno de los Estados Unidos como por el de México. Álvarez sólo era reconocido oficialmente dentro del departamento de Nuevo México. Poco después, sin embargo, el gobernador Armijo recibió un despacho oficial del ministro Guevas. El presidente de México, decía Guevas, concedía permiso a Álvarez para “administrar y realizar las obligaciones” de cónsul “sin perjudicar sus derechos de ciudadanía”. Guevas solicitó entonces que el ministro de asuntos exteriores agilizara los trámites del “exequátur” de Álvarez tan pronto como el certificado de nombramiento del español le fuera presentado²¹. Armijo cumplió con rapidez el deseo de Guevas e hizo saber a Álvarez que el gobierno central había respondido afirmativamente a su petición y ahora esperaba que les presentara su comisión. El gobernador también había enviado una circular anunciando el reconocimiento oficial de Álvarez²².

El nombramiento de Álvarez como cónsul no era inusual dentro de las sucursales diplomáticas del gobierno de los Estados Unidos. Servía la necesidad lógica de tener en el cargo a alguien familiarizado con las circunstancias locales. La costumbre también dictaba que el cargo no llevaba retribuciones dinerarias. El certificado de nombramiento oficial de Álvarez estipulaba que realizaría el servicio sin sueldo aunque recibiría una pequeña cuenta para gastos²³. Esta política tan miserable arriesgaba el desarrollo de una diplomacia inactiva y con intereses personales en la zona fronteriza, como había sido cierto en el caso de los predecesores de Álvarez en el cargo, Augustus Storrs y Ceran St. Vrain, ninguno de los cuales, supuestamente, residía en Santa Fe²⁴; la inactividad, sin embargo, no iba a ser una característica del mandato de Álvarez. El prestigio oficial de Álvarez se convirtió en un asunto complicado, puesto que el gobierno de Estados Unidos y el de México sostenían puntos de vista contrarios en cuanto a su reconocimiento oficial. Situación tal sólo podía dejar perplejo al hombre involucrado en el asunto y la confusión se vio acrecentada por el contexto histórico. Al estar en el punto de mira de dos países, Nuevo México, proporcionaba un problema difícil para el representante principal de los gobiernos involucrados.

El gobernador Armijo, adversario de Álvarez, también tenía problemas. Nuevo México, puesto fronterizo tradicionalmente pobre, algunas veces esperaba hasta tres años hasta el siguiente tren de provisiones del sur. Al darse cuenta de que este departamento colindaba con la rebelde Texas, Armijo intentaba constantemente conseguir provisiones y hombres de sus superiores. Tales intentos casi siempre resultaron inútiles. Aunque estadounidenses y texanos consideraron la separación de Texas de México completa con el tratado de Velasco en 1836, el gobierno mexicano continuó viendo a los texanos como súbditos en conflicto con su gobierno legítimo. La amenaza de una invasión, realizada en 1841, además de las demandas de Texas de la frontera oeste, basadas en el Tratado de Velasco, que incluían no sólo Santa Fe sino la mitad de Nuevo México, acrecentaron la ansiedad de Armijo. Armijo fue un administrador eficaz y capaz durante tiempos difíciles y no gobernó de forma independiente de Ciudad de México. Entendía a su gente y gobernaba con sensibilidad y, lo que es más importante, según las costumbres de su tierra. Los Estados Unidos eran una sociedad agresiva en expansión y este hecho no era un secreto para el gobernador nuevomexicano sobre todo, desde que los comerciantes anglonorteamericanos locales le habían proporcionado periódicos de su país. Podía leer sobre el desarrollo, prejuicios y ambiciones de la “joven América”. Armijo no recibía ayuda del gobierno central y se encontró, en 1839, obligado a tolerar a un cónsul enérgico en la persona del recién nombrado Álvarez que representaba a la misma gente que Armijo sospechaba que, en el peor de los casos, eran agentes de Texas o, en el mejor de los casos gente posiblemente problemática²⁵.