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1.6. Bultos secretos en un vapor alemán
El 27 de febrero de 1978 el embajador de Estados Unidos en Chile, George Landau, entregó a la Cancillería un exhorto de la justicia norteamericana relativo al asesinato de Orlando Letelier. El documento venía acompañado de las fotografías de dos hombres jóvenes y de pelo corto. A comienzos de marzo periódicos de Estados Unidos y de Chile publicaron cuatro fotografías, que correspondían a tres oficiales de Ejército y al ciudadano estadounidense Michael Townley, identificado como un militante del desaparecido Frente Nacionalista Patria y Libertad.
En las semanas siguientes, los nuevos mandos de la CNI y las jefaturas de la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, conocieron la verdad del asesinato de Letelier.
El 2 de marzo de 1978 Manuel Contreras habló con Townley. “El gringo” estaba inquieto; temía ser traicionado y desaparecer en manos de ejecutores enviados a cerrar sus labios para siempre. Tres días después, hizo lo mismo con Fernández Larios, al que convocó a su casa en las Rocas de Santo Domingo. El capitán también se veía nervioso. Las instrucciones para ambos fueron perentorias: nieguen los viajes al extranjero.
Contreras intentaba tapar todos los orificios que dieran origen a una posible filtración. En eso estaba cuando el 20 de marzo de 1978, el vicecomandante del Ejército, el general Carlos Forestier, lo convocó a su oficina y le comunicó que Pinochet había decidido cursar de inmediato su baja del Ejército. El exjefe de la DINA recibió la noticia como un martillazo en mitad de la frente.
Aquella noche todas las luces de la residencia de la avenida Príncipe de Gales se encendieron para recibir a quienes llegaban a solidarizar con Contreras. A los oficiales de la DINA se sumaron mandos de la FACh, de Carabineros e incluso el ministro de Defensa, el general Herman Brady. Cerca de las 22 horas hizo su entrada la esposa del general Pinochet, Lucía Hiriart, que abrazó efusivamente al general en desgracia.
Los nombres de los generales Sergio Covarrubias, René Vidal y René Escauriaza sonaron en los pasillos y en los jardines. Los amigos de Contreras lo culpaban de haberse aliado con los ministros civiles y con Jaime Guzmán, el influyente líder gremialista que se había transformado en uno de los principales asesores de Pinochet.
En las dos semanas siguientes los acontecimientos se precipitaron. Townley, arrinconado por todos, decidió ponerse a disposición de Odlanier Mena; mientras, en Estados Unidos, emisarios de Pinochet acordaban los términos para la entrega del agente de la DINA que aparecía como el autor material del asesinato de Letelier. Una de las exigencias chilenas era que las confesiones de Townley no se emplearan para investigar otros episodios donde estuviera involucrada la policía política que había dirigido Contreras, especialmente el asesinato del general Carlos Prats en Buenos Aires.
En la noche del viernes 7 de abril del 78 Townley fue llevado al cuartel central de la Policía de Investigaciones convencido de que sería enviado a Concepción, donde tenía un juicio pendiente12. En la madrugada siguiente, al llegar a la losa del aeropuerto y ver a dos agentes del FBI parados junto a la escalerilla de un avión de Ecuatoriana de Aviación, “El gringo” percibió que había sido traicionado y que su única salida era hablar, contarlo todo.
En medio de esos turbulentos días, el general Contreras llevó del brazo a su hija camino al altar para ser desposada por el subteniente Carlos Moller. Al término de la ceremonia religiosa, varios jóvenes oficiales desnudaron sus sables y se sumaron al tradicional arco nupcial que los militares realizan en esas ocasiones. Contreras estaba radiante.
Sin embargo, habituado a leer los pequeños indicios que revelan la cercanía de acontecimientos mayores, Contreras sentía el peligro. Si era eliminado se borraría para siempre cualquier vestigio que pudiera incriminar al régimen militar. Decidió ser precavido y con algunos de sus hombres más cercanos, optó por sumergirse en un seguro refugio en el litoral central.
Reapareció el jueves 20 de abril para dirigirse por vía aérea a Punta Arenas y embarcar 23 maletas en el carguero alemán “Badenstein” rumbo al puerto de Hamburgo. Otros bultos misteriosos los envió a través de Lufthansa con destino Nueva York-Frankfurt. Ese despacho, que Contreras ha negado hasta hoy, fue confirmado por fuentes seguras a la revista Qué Pasa y al vespertino La Segunda, medios que dejaron constancia del hecho en sus páginas. Versiones posteriores indicaron que la carga que iba en Lufthansa fue transferida a Braniff e interceptada en Nueva York por el FBI.
El 2 de agosto de 1978 se ordenó el arresto de Contreras junto al capitán Armando Fernández Larios, y los coroneles Pedro Espinoza y Vianel Valdivieso. Todos fueron instalados en el Hospital Militar.
Muchos de los hombres de Contreras le seguían fieles, pero el general sabía que Odlanier Mena era un peligroso enemigo. Ordenó entonces a algunos de sus hombres de mayor confianza que quemaran los archivos de la DINA.
Al promediar 1978 el coronel Pedro Espinoza cumplía una de las misiones más importantes de su carrera militar como comandante del Regimiento de Infantería N°10 “Pudeto”, en Punta Arenas. Las relaciones con Argentina empeoraban y la frontera se calentaba por la disputa de tres islas en el canal Beagle. Espinoza diseñó una cuidadosa red de servicio secreto que se extendió hasta Río Turbio y Río Gallegos, en territorio argentino, y que entregaba un permanente flujo de datos sobre las fuerzas aéreas y militares trasandinas que, desde abril de ese año, crecían progresivamente en el denominado Teatro de Operaciones Austral.
A fines de julio, cuando supo que sería detenido, Espinoza debió hacer rápida entrega de la comandancia del “Pudeto” y antes de salir hacia la capital, reunió a su plana mayor y le dijo:
–Señores, estamos en presencia de una hábil maniobra de la CIA para perjudicar a nuestro gobierno.
Espinoza había llegado a comandar el “Pudeto” tras desempeñarse como agregado militar en Brasil, con asiento en Brasilia, junto a otro oficial que había sido miembro de la DINA, el mayor Marcelo Moren Brito.
El exagente de la DINA, Osvaldo Romo Mena, refugiado varios años en Brasil, relató más tarde en los tribunales de justicia chilenos que uno de los departamentos que ocupó en los inicios de su estadía en el país carioca, se lo arrendó personalmente al coronel Espinoza.
Hijo de un suboficial de Infantería, Espinoza egresó de la Escuela Militar en 1953 como alférez de la misma arma en que había servido su padre. En la Academia de Guerra se especializó en Inteligencia, llegando a ser profesor del ramo en ese instituto superior castrense. De su primer matrimonio, tuvo dos hijos, ambos militares y también del arma de Infantería.
Amigo cercano de la agente DINA conocida como Liliana Walker, la eligió personalmente para cumplir una misión en Washington junto al capitán Armando Fernández Larios, oficial con prestigio de seductor impenitente y el que habría recibido la imperativa orden de Espinoza de “no tocarle ni un pelo” a la mujer.
Su gran ambición era llegar a ser general de Ejército y muchas de sus acciones –según algunos de sus cercanos– las emprendió sin vacilar, suponiendo que el acatar y cumplir en la mejor forma las mismas, lo conduciría hacia las tan ansiadas presillas de cuatro estrellas, deseo que finalmente no pudo lograr.
Desde comienzos de 1987 Espinoza –en comisión de servicios del Ejército– estuvo destinado en Sudáfrica, cumpliendo funciones administrativas con el rango de consejero de la embajada chilena. En aquel tiempo, informes de prensa argentinos lo sindicaron como el contacto chileno con la empresa Anglo American Corporation, AAC, transnacional sudafricana que intensificó en esa época su presencia en Chile y en Brasil para la extracción de oro, mineral del cual se extraen porcentajes no despreciables de uranio. La AAC era una de las principales explotadoras del uranio de Namibia, motivo por el cual las Naciones Unidas acusaron a Sudáfrica de expoliar económicamente a ese territorio, ocupado ilegalmente.
1.7. Arrivederci Chile
A comienzos de abril de 1978 los neofascistas italianos que colaboraban con la DINA, encabezados por Stefano Delle Chiaie, decidieron abandonar Chile. Ellos habían sido confirmados como asistentes de la CNI por el general Odlanier Mena, sobre todo en tareas de análisis de inteligencia, aspecto en que el aparato represivo presentaba deficiencias. Un día impreciso de aquel mes, en condiciones bastante precarias, uno de los militantes de Acción Nacionalista Revolucionaria, Pedro Medina Murúa13, sacó a los italianos apresuradamente del país por el paso fronterizo de Puyehue, en Osorno.
Antes, hicieron una escrupulosa entrega a Medina de gran parte del material que les había confiado la DINA y la CNI: seis equipos de radio VHF-UHF, varios sets de fotografías aéreas de instalaciones de radar en el sector sur del territorio peruano, fotografías de bases móviles de misiles tierra-aire y un número impreciso de carpetas con antecedentes misceláneos.
Medina tomó contacto con un oficial de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes y le consultó acerca del mejor destino posible para ese material. El oficial le sugirió que lo más lógico era ponerlo a disposición del general Manuel Contreras. Medina accedió de inmediato.
Poco después, en altas horas de la noche y con el mayor de los sigilos, el teniente coronel Rolf Wenderoth, entonces subdirector de la Escuela de Ingenieros, concurrió a la casa del oficial contactado por Medina e incautó todo el material abandonado por los italianos.
Oficialmente no se supo más de ellos. Tan solo el abogado Guido Poli afirmaría más tarde haber seguido teniendo contacto epistolar con Delle Chiaie.
Al promediar el otoño de 1978 Pinochet empezó a enfrentar un creciente deterioro en su gobierno. A la condena de la ONU se sumó la creciente tensión con Argentina, el impacto del caso Letelier y la ruptura de relaciones con Bolivia. Decidió entonces cambiar la imagen de su régimen otorgando un papel preponderante a los civiles, la mayoría de ellos vinculados al movimiento gremialista.
El primer ministro del Interior civil fue el abogado Sergio Fernández, el mismo que hacía poco más de tres meses había sido nombrado Contralor de la República para que aprobara la realización de una Consulta Nacional. Una de las primeras tareas de Fernández fue promulgar una Ley de Amnistía para cubrir los crímenes de la DINA, quedando al margen solo el caso Letelier.
En una entrevista concedida a la revista Qué Pasa, en tanto, el nuevo jefe de la CNI, Odlanier Mena, marcó el rumbo de sus pretensiones.
–Usted, como director del organismo máximo de inteligencia del país, debe manejar un cúmulo de información y de personal. ¿Podría ocurrir que, sin su conocimiento, alguno de sus funcionarios se “arranque con los tarros” y se extralimite en sus funciones? –preguntó la periodista.
–Absoluta y categóricamente no. La CNI está conformada como una unidad militar, con procedimientos normales de relaciones entre las personas al uso de las unidades militares. Hechos como detenciones no pueden pasar inadvertidos por el director. De eso puedo dar fe. En cualquier momento me pueden preguntar cuántos detenidos hay, en qué lugar, en qué circunstancias y por qué razones…
–¿Cuántos hay actualmente?
–Ninguno. El sábado pasado entregamos cinco a la justicia. No puede ser que alguien corra con colores propios. Esta es una organización jerarquizada, disciplinada, con valores éticos y morales propios como cualquier unidad militar. Y todos los procedimientos son absolutamente legales.
A comienzos del mes de julio, en la ciudad de La Serena, los máximos dirigentes del Frente Juvenil de Unidad Nacional, controlado por el gremialismo, llamaron a los chilenos a crear un movimiento cívico, “el pinochetismo”, el que debería transformarse, según ellos, “en una fuerza arrolladora que consolide la nueva institucionalidad democrática”.
El comandante de la Fuerza Aérea, el general Gustavo Leigh, envió entonces una carta a Pinochet cuyos principales contenidos hizo trascender concediendo una entrevista al periódico italiano Il Corriere della Sera.
En ella, Leigh reveló que había solicitado a Pinochet la ejecución de cinco medidas inmediatas. Ellas eran: la normalización del país en un plazo de cinco años, la redacción de estatutos para el funcionamiento de los partidos políticos, la restauración de los registros electorales, una ley de elecciones y la preparación de una nueva Constitución.
La sola mención de un itinerario para devolver la democracia a Chile fue considerado por Pinochet y sus asesores más cercanos como un gesto de alta traición a la Patria.
Seis días después de conocerse las declaraciones del general Leigh, Pinochet ordenó la ocupación militar del Ministerio de Defensa y de los alrededores del Edificio Diego Portales. Simultáneamente, decretó la destitución de Leigh de la Junta Militar de Gobierno. De los 20 generales de la Fuerza Aérea, solo uno decidió seguir en servicio activo14.
1.8. Espías en Argentina
El 1 de agosto el fiscal estadounidense Eugene Propper acusó a ocho personas ante un juez federal por el asesinato de Orlando Letelier. Cinco eran cubanos y tres, chilenos. Una semana más tarde, el 10 de agosto de 1978, un incesante repiquetear de cacerolas se escuchó en las poblaciones mineras de Chuquicamata. Aquella célebre forma de protesta que había impuesto la oposición al gobierno de la Unidad Popular, retornaba para manifestarse en contra de la dictadura militar. Pinochet decretó el Estado de Sitio y relegó a diez dirigentes de la División Chuquicamata a la localidad de Chonchi, en los confines de Chiloé.
El 16 de agosto se concluyó la redacción del anteproyecto de reforma constitucional. En sus páginas nada se mencionó sobre el proceso de transición a la democracia. Casi un mes más tarde, el 11 de septiembre, durante la celebración de un aniversario más del golpe militar, Pinochet informó que el anteproyecto de reforma constitucional sería estudiado por el Consejo de Estado. Luego sería examinado por la Junta de Gobierno para enseguida ser plebiscitado. Si llegaba a promulgarse, se iniciaría una transición de seis años. En ese período se instalaría un Parlamento enteramente designado por la Junta de Gobierno. En ningún caso, agregó, habría elecciones antes de 1985. Catorce meses antes, en el discurso de Chacarillas, Pinochet se había comprometido a realizar elecciones libres en 1985.
A fines de septiembre del 78 Pinochet anunció la creación de un nuevo rango en el Ejército, el de teniente general, otorgándoselo a los generales Herman Brady, César Benavides y Carlos Forestier, que habían cumplido ya 41 años de servicio.
Simultáneamente envió al general Sergio Covarrubias, hasta entonces jefe del Estado Mayor Presidencial, a la jefatura de la Quinta División en Punta Arenas, nombrando en su reemplazo al general René Escauriaza. Otro cambio importante en el Ejército fue la remoción del general Héctor Orozco desde la jefatura de la Dirección de Inteligencia.
El 18 de octubre del 78 el ministro del Interior Sergio Fernández anunció nuevas facultades extraordinarias para reorganizar la administración pública y la proscripción de siete confederaciones y federaciones de trabajadores que agrupaban a más de 150 mil obreros y empleados.
En los primeros días de noviembre los servicios de inteligencia argentinos detuvieron a varios exagentes de la DINA que operaban en el país trasandino, acusándolos de espionaje. Entre ellos figuraban algunos hombres que habían tenido una relevante participación en los preparativos para asesinar al general Carlos Prats y en la desaparición de numerosos chilenos. Los arrestados eran Enrique Arancibia Clavel, Mario Igualt Pérez, Nicolás Díaz Pacheco, Germán Vogel Blaya, Jaime Patricio Arrau y Eduardo Segundo Quilodrán, todos chilenos, además de los argentinos Eladio Vicuña y Humberto Zanelli15.
En Santiago, mientras, las investigaciones realizadas por obispos y vicarios sobre las violaciones a los derechos humanos durante la existencia de la DINA llevó a la Conferencia Episcopal a emitir una severa declaración el 9 de noviembre de 1978. En ella, los obispos expresaron que “las personas detenidas desaparecidas deben, a nuestro parecer, darse por detenidas por los servicios de seguridad del gobierno”. Y agregaron: “Hemos llegado a la conclusión de que el gobierno no realizará una investigación a fondo de lo ocurrido”.
Entretanto, los continuos atropellos cometidos en contra de los derechos laborales, decidió a la central sindical estadounidense AFL-CIO a presentar una moción ante la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, ORIT, para declarar un boicot en contra del gobierno de Pinochet. Similar actitud se tomó en contra del régimen de Anastasio Somoza, en Nicaragua, y de Fidel Castro, en Cuba.
1.9. La esposa que pudo dormir tranquila
A fines de julio del 78 la justicia chilena ordenó el arresto de Contreras, Pedro Espinoza, Armando Fernández Larios y Vianel Valdivieso. La resistencia fue mínima y solo verbal. El 2 de agosto los cuatro se instalaron en el Hospital Militar. Contreras se puso a escribir un “Ayudamemoria” de lo ocurrido, provocando el nerviosismo entre sus partidarios y enemigos.
Cierta mañana Contreras recibió en su habitación del sexto piso del Hospital Militar al que había sido uno de sus más enconados adversarios: el prefecto de Carabineros de Santiago, el general Germán Campos.
Durante 1977 ambos se enfrentaron en ásperas disputas. El jefe policial recibía diarios informes recogidos de los siete mil carabineros distribuidos en las calles de la capital. Una oleada de bombazos sacudía los barrios y los uniformados habían observado sospechosos movimientos.
En las horas previas a las explosiones se habían visto los mismos tipos de vehículos, la misma rubia bonita que ya era conocida y las mezclas de los detonantes eran similares, entre otros numerosos y repetidos indicios. Campos concluyó que los atentados los efectuaban los mismos agentes de la DINA.
El ministro del Interior, el general Herman Brady, había enfrentado a Contreras y Campos ante la presencia del jefe de la Guarnición y del Intendente de Santiago, los generales Enrique Morel Donoso y Rolando Garay. No obstante, pese a las advertencias, el prefecto no se había dejado intimidar.
Uno de los episodios más oscuros se registró cuando una patrulla de carabineros detuvo a tres sujetos por el robo de una renoleta, propiedad de un ciudadano francés. En una rápida investigación, los policías ubicaron a los ladrones y cayeron repentinamente sobre ellos. La sorpresa fue mayúscula: los arrestados eran el cabo de Carabineros Emilio Troncoso, el cabo de Ejército Manuel Leyton Robles y el sargento de Carabineros Heriberto Acevedo, todos adscritos a la DINA.
El grupo había recibido una orden del capitán de Ejército Germán Barriga Muñoz, “Don Jaime”, miembro de la plana mayor de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, uno de los encargados de ubicar y detener a los dirigentes del Partido Socialista. Barriga les había encargado que “consiguieran” una renoleta porque estaban “faltos de repuestos”.
Cerca de la medianoche del 24 de marzo de 1977 Campos recibió un llamado telefónico:
–Campos, tengo perdida una patrulla. Probablemente los secuestraron o los mataron. ¿Puedes ayudarme?
–Voy a poner a 400 hombres de las fuerzas especiales a buscarlos. Avísame si querís más.
Contreras se enteró en los minutos siguientes que sus hombres estaban en poder de Carabineros. Tomó el teléfono y llamó nuevamente a Campos.
–Campos, ¿me estái hueveando…?
–No, Contreras. No puedo hacer nada. Están detenidos y van a ser puestos a disposición de la justicia militar.
–Qué huevá estái haciendo, Campos. No me arrastrís el poncho…, podís cagar –respondió el jefe de la DINA.
Contreras ordenó que se alistara la guardia del cuartel central. Minutos después en varios automóviles salió rumbo a la comisaría donde estaban detenidos los tres agentes de la DINA.
–¡Vengo a buscar a mi gente! –dijo Contreras al ingresar con sus hombres al recinto policial. Portaba en sus manos una metralleta.
–Un oficial intentó oponerse.
–¡Hácete a un lado, concha de tu madre! ¡Ya, entréguenmelos! ¡Si no, aquí queda la cagá!
Contreras salió con los tres agentes de la DINA, rodeado por su guardia. Los carabineros no se atrevieron a reaccionar.
La investigación siguió su curso en la justicia militar. El día 30 de marzo del 77, Leyton debía presentarse a declarar. La DINA informó que había muerto de un infarto al corazón, producto de los apremios ilegítimos a que había sido sometido por carabineros. Años después, Michael Townley reveló en Estados Unidos que el cabo había sido asesinado con gas sarín por sus propios compañeros luego de comprobarse que había declarado en contra de su jefe, el capitán Barriga.
Leyton era el mismo que años atrás, a instancias del capitán Miguel Krassnoff, había contactado a Osvaldo Romo para que colaborara con la DINA.
Poco antes de que Contreras tuviera que internarse bajo arresto en el Hospital Militar, el jefe de la Guarnición Militar de Santiago, el general Enrique Morel, recibió una sorpresiva visita del prefecto Campos.
–Tu general Contreras corre peligro de muerte –dijo Campos secamente.
Morel esbozó una sonrisa.
–Lo van a matar y no son extremistas –agregó el prefecto.
–¿De qué mierda estás hablando? –preguntó el general mientras el semblante de su cara cambiaba bruscamente.
–Te estoy diciendo que van a matar a Contreras. Pero esa es una cuestión de ustedes. Yo no me voy a meter.
–¿Estás seguro de lo que estás diciendo?
–Mi información es firme. Te advierto, voy a impedir que maten a Contreras. Yo soy el responsable de lo que pase en Santiago y no voy a aceptar que ocurra esto.
–¿Qué más sabes?
–Lo van a matar en su casa, en Príncipe de Gales. Le van a disparar cuando vaya saliendo. Con tu apoyo o sin tu apoyo, voy a poner a cien carabineros de las fuerzas especiales frente al equipo militar que tienes ahí.
–¡No puede ser! ¡Tus fuentes están equivocadas!
–Averigua tú mismo. Llama a inteligencia militar…
–¡Pero esta es una cagá muy grande! ¡Es muy jodido! Dame un poco de tiempo. Tengo que preguntar.
Cuando Campos se retiró, el “Tigre” Morel hizo tres llamados telefónicos. El cuarto fue al mismo Campos.
–Tienes razón. Procede no más y pon a tu gente. Desde este momento no hay más soldados frente a la casa de Contreras. Y si aparece uno, dispárale.
Dos unidades de las fuerzas especiales de Carabineros, de 50 hombres cada una, se apostaron rodeando la casa del general Contreras. Los comandos del Ejército que permanecían allí abandonaron el lugar poco después.
El mayor a cargo de la fuerza policial se presentó ante la señora María Teresa Valdebenito para comunicarle que desde ese instante estaba a cargo de la seguridad de su casa.
La esposa del exjefe de la DINA agradeció. Los carabineros, fuertemente armados, tomaron posiciones dentro y fuera de la propiedad.
Permanecieron allí durante más de dos meses.
Por eso aquel día, en la pequeña habitación de Contreras, ambos hombres se miraron a la cara y el jefe de la DINA estiró su brazo estrechando la mano del prefecto Campos.
–Gracias, mi general. Mi esposa ahora duerme tranquila.
En los minutos siguientes los dos oficiales analizaron la salida del general Gustavo Leigh de la Junta de Gobierno y de la comandancia de la FACh a fines de julio. Coincidieron en que Pinochet recibía muy malos consejos16.
Llegó la primavera de 1978. El general Contreras seguía escribiendo y leía mucho: novelas de espionaje y lo que le llevaran sobre los servicios de inteligencia del mundo, su tema preferido.
En noviembre empezaron a formarse, primero tímidamente y luego incluso con publicaciones en los diarios, los Comités de Ayuda para la Defensa de Manuel Contreras. El primero en aparecer públicamente fue el de Osorno. Lo integraban Gustavo Galdámez, Ricardo Schilling, Gustavo Ellwanger, Marta de Hamann, Germán Waeger, Hernán Follert, Estanislao Vásquez, Harry Jürgensen, Roberto Vicenzio y Jorge Butte.
A fines de 1978 los chilenos se vieron enfrentados a dos momentos dramáticos. El 30 de noviembre quedaron en evidencia los métodos utilizados para hacer desaparecer a los disidentes. En la localidad rural de Lonquén, a unos pocos kilómetros al oeste de Santiago, sepultados en unos antiguos hornos de ladrillos, fueron encontrados los cadáveres de 15 hombres asesinados después del golpe militar. En su interior, con sus manos atadas con alambres de púas a la espalda, se hallaron 15 cuerpos cubiertos con cal. Varios de esos hombres, en su mayoría campesinos, habían sido detenidos y sepultados vivos en los últimos meses de 1973.
Todos los antecedentes fueron puestos a disposición de los tribunales. El juez Adolfo Bañados estableció la verdad, identificó a los culpables y luego se declaró incompetente. En la justicia militar el caso fue prontamente amnistiado17.
Por esos mismos días la guerra estuvo a las puertas de las fronteras. El 20 de diciembre de 1978 iba a iniciarse la invasión militar argentina18.
A fines de año un capitán que prestaba servicios en la Escuela Militar fue destinado a la CNI para integrarse a la brigada encargada de combatir al MIR. Su nombre era Carlos Herrera Jiménez19.
A fines de 1978 el director de la CNI, el general (r) Odlanier Mena, ordenó al coronel Fernando Suau Baquedano, un destacado oficial de inteligencia, crear un Estado Mayor de Inteligencia (EMI) “para reorganizar y centralizar el análisis de la información política de todo orden”. De ese Estado Mayor dependieron todas las divisiones, departamentos y brigadas operativas que siguieron los pasos de los líderes de oposición, escucharon y grabaron sus conversaciones instalando micrófonos en sus casas y oficinas.
