Читать книгу: «Las letras del horror. Tomo II: La CNI»
© LOM Ediciones Primera edición, 2012 Segunda edición, 2013 ISBN Impreso: 9789560003881 ISBN Digital: 9789560013330 RPI: 223.189 Fotografía de Portada: © Vicente Vergara P. Diseño, Edición y Composición LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago Teléfono: (56-2) 688 52 73 | Fax: (56-2) 696 63 88 lom@lom.cl | www.lom.cl Tipografía: Karmina Impreso en los talleres de LOM Miguel de Atero 2888, Quinta Normal Impreso en Santiago de Chile
A Vanessa Tobar Leighton, en su camino a las estrellas.
Índice
A modo de presentación
Capítulo I. La derrota de Manuel Contreras
Capítulo II. El MIR inicia su retorno
Capítulo III. Balas, tortura y dinamita
Capítulo IV. Combates en el llano y en la montaña
Capítulo V. El duro inicio de los años 80
Capítulo VI. Las brigadas de exterminio
Capítulo VII. La cofradía de los impunes
Anexo I. Cronología analítica del período 1977-1990
Bibliografía
A modo de presentación
Con la publicación del segundo volumen de Las letras del horror, esta vez enfocado en la Central Nacional de Informaciones, CNI, el periodista Manuel Salazar da un paso más en la tarea de develar los entretelones y el modus operandi de la maquinaria de violencia y muerte utilizada por el régimen en contra de gran parte de la población del país, durante los diecisiete años que duró la dictadura militar en Chile tras el derrocamiento de Salvador Allende en 1973.
A la persecución indiscriminada de los primeros tiempos –emanada principalmente de las direcciones de inteligencia de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas–, la sucede una represión articulada en una estructura monolítica y, en los hechos, autónoma de cualquier supervisión institucional, a no ser la del propio Augusto Pinochet: la DINA. Dirigida por el entonces coronel Manuel Contreras, las repercusiones internacionales de las operaciones de esta en el exterior –como los atentados en contra de Carlos Prats, Orlando Letelier y Bernardo Leighton, y los constantes reclamos de organismos de derechos humanos y de gobiernos democráticos de todo el mundo– obligaron al régimen a cancelar su existencia. Sin embargo, su disolución no significaría un cese de la violencia de Estado, sino que esta tendría su particular aggiornamento en el nuevo organismo que se caracterizó por un trabajo represivo de mayor especificidad, lo que significó la creación de diferentes brigadas encargadas de perseguir a los militantes de los distintos partidos en la clandestinidad y de una “profesionalización” de sus miembros y métodos, si un término como este le cabe al vil oficio del exterminio programado. En esta nueva etapa de operaciones de la CNI, y que se prolongó hasta el momento de la vuelta a la democracia en 1990, innumerables seguirían siendo los casos de violación a los derechos humanos, algunos de ellos de los más emblemáticos de que se tenga memoria en el trágico compendio del horror en nuestra historia política.
A partir de la investigación de este período particular y su agenda de imposición de un modelo neoliberal extremo, resulta imprescindible tener en cuenta que como sustento de los regímenes totalitarios y sus estructuras represivas (la DINA y la CNI), existió la Doctrina de Seguridad Interior del Estado, cuya verdadera función no era otra que la de cautelar los intereses del capital económico y que indefectiblemente se aplicaba allí en donde este se sintió amenazado por demandas y pretensiones de justicia e igualdad social.
En el caso de estas dos entidades chilenas de triste memoria, ambas fueron los medios de aplicación de estas políticas de guerra antisubversiva, que el Ejército chileno y su Academia de Guerra adoptaron en la Latin American Ground School y luego en la Escuela de las Américas o Instituto de Cooperación para la Seguridad del Hemisferio Occidental, SOA, como se conoce hoy; pero de igual modo en Brasil, en el Centro de Instruçao de Guerra na Selva –el Centro de Entrenamiento de las Fuerzas Especiales de Manaos–, donde muchos oficiales latinoamericanos, entre ellos militares chilenos que tendrían activa participación en el Golpe de Estado y la represión posterior, recibieron instrucción de parte de exmiembros franceses de los servicios de inteligencia. Estos, que durante la guerra de Argelia en la década del 50 del siglo pasado sistematizaron por vez primera los métodos de tortura y desaparición de los adversarios, tuvieron en una parte de la oficialidad chilena adiestrada en Inteligencia, alumnos aventajados.
Aun cuando en los años que siguieron a la dictadura distintas entidades e investigadores se dieron a la tarea de indagar en los hechos de violencia dirigida desde el Estado, muchos casos siguen, cuarenta años después, en la más absoluta oscuridad y otros apenas cuentan con algunos antecedentes que solo permiten vislumbrar los padecimientos y destino de miles de nuestros compatriotas. Sin embargo, nos asiste la mayor de las convicciones de que un texto de esta naturaleza, con su duro estatuto de documento de un difícil período de la historia chilena reciente, es capaz de inscribir a fuego en nuestras conciencias el hecho indesmentible de que no se trató de un mal sueño colectivo, sino de una realidad demasiado escabrosa como para, simplemente, dejarla pasar.
Para Lom ediciones, la publicación de los dos volúmenes de Las letras del horror es una forma de contribuir a la construcción de una memoria del país, en el entendido de que esta no es una operación que pueda cerrarse sin más al cabo de un determinado tiempo, sino que cada testimonio, cada evidencia e investigación permite un acercamiento más detallado y fiel a los sucesos del pasado y se constituyen como un manifiesto moral ofrecido a las generaciones chilenas actuales y futuras.
Capítulo I. La derrota de Manuel Contreras
1.1. El frustrado secuestro del director de Qué Pasa
La Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, comandada por el coronel Manuel Contreras Sepúlveda, impuso el terror a partir de fines de 1973. En sus cuarteles secretos las diversas brigadas de la DINA torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer a decenas de prisioneros del Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR; del Partido Comunista, PC; del Partido Socialista, PS; y de ciudadanos de diversos orígenes y procedencias que habían sido partidarios del presidente Salvador Allende y del gobierno de la Unidad Popular.
El coronel Contreras, que solo obedecía al general Augusto Pinochet, extendió sus actividades represivas hacia Argentina, Uruguay, Brasil y otros países de América y Europa. Los agentes de la DINA asesinaron al general Carlos Prats en Buenos Aires; intentaron matar al dirigente demócrata cristiano Bernardo Leighton en Roma; y atentaron contra algunos de los principales líderes de la Unidad Popular en el exilio. En septiembre de 1976, volaron de un bombazo el automóvil del excanciller Orlando Letelier en el centro de Washington, en Estados Unidos, acabando con la vida del exministro y de su secretaria, Ronnie Moffitt.
Al iniciarse 1977 las actividades de la DINA complicaron cada vez más a la dictadura militar y, en especial, a los civiles que colaboraban con los uniformados y trataban de imponer el modelo económico neoliberal en Chile. El fiscal estadounidense Eugene Propper empezó a aproximarse a los asesinos de Orlando Letelier y, paralelamente, los organismos de derechos humanos, las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, la Iglesia Católica y la solidaridad internacional, aumentaron las presiones en contra de la Junta Militar que encabezaba Pinochet.
Así, al promediar 1977 el coronel Contreras redoblaba sus esfuerzos para mantenerse al frente de la DINA, mientras el general Pinochet medía cuidadosamente el nuevo escenario que comenzaba a enfrentar.
En la tarde del martes 28 de junio de 1977 el director de la revista Qué Pasa, el abogado Jaime Martínez Williams, salió de la sede de la publicación luego de un intenso día de trabajo. Subió a su automóvil, se acomodó en el asiento del conductor y cuando se disponía a encender el motor un hombre escondido en el asiento trasero le puso una pistola en la nuca. Un segundo sujeto abrió la puerta lateral y se sentó a su lado. Martínez saltó del vehículo y empezó a gritar pidiendo ayuda. De la revista salieron varios empleados que rodearon al abogado y uno de ellos anotó el número de la patente de un automóvil Fiat 125 que velozmente se acercó al vehículo de Martínez y recogió a los frustrados secuestradores; más tarde se sabría que el móvil pertenecía a la Municipalidad de Quinta Normal, cuyo alcalde se negó a proporcionar cualquier antecedente, invocando una orden superior del Ministerio del Interior.
El intento de secuestro del director de Qué Pasa conmocionó aquella noche a varios de los ámbitos más influyentes del país. Martínez Williams era un abogado estrechamente ligado a prominentes miembros de la derecha criolla1. A través de Hernán Cubillos y Roberto Kelly, Martínez se vinculaba con el diario El Mercurio y con la Armada, promotores del modelo económico neoliberal y de los principales empresarios y ejecutivos que estaban asesorando a los militares desde los ministerios de Hacienda, Economía, Oficina de Planificación Nacional (Odeplan), del Banco Central, de la Dirección de Presupuesto y desde todas las principales entidades de control financiero y económico.
Los gremialistas, que dirigía Jaime Guzmán, y los “Chicago boys”, que encabezaban Roberto Kelly, Sergio de Castro y Miguel Kast, habían logrado finalmente coincidir en un modelo de desarrollo económico, político y social que pretendían imponer en Chile a través del régimen militar. Y lo estaban consiguiendo, pese a los esfuerzos de algunos nacionalistas –militares y civiles– que se les oponían tenazmente, entre ellos el coronel Manuel Contreras, cabeza de la DINA.
El fallido secuestro de Jaime Martínez tuvo su origen en un intento por intimidar a las revistas informativas Qué Pasa y Ercilla –las únicas dos existentes– que investigaban el confuso rapto del joven Carlos Veloso Reidenbach, de 16 años, hijo de un empleado de la Fundación Cardjin, muy cercana a la Vicaría de la Solidaridad, quien había sido sometido a torturas e incluso violado por una banda de cuatro sujetos relacionados con “grupos terroristas de la oposición”, según la versión entregada por el gobierno.
Periodistas de ambos semanarios publicaron las numerosas discrepancias entre los dichos oficiales y los testimonios de los familiares de los supuestos autores y de testigos de los hechos, además de antecedentes incluidos en los recursos de amparo presentados a favor del muchacho y de los acusados como responsables del crimen.
Lo que realmente había ocurrido era un burdo pero dramático montaje de la DINA para comprometer a la Iglesia Católica en acciones subversivas y en la incipiente reorganización de sectores laborales que poco a poco se atrevían a levantar la voz para reclamar por sus derechos.
El proceso contra los acusados de tenencia ilegal de armas, asociación ilícita, organización para derrocar al gobierno constituido, incitación a la formación de grupos armados, atentados o privación de libertad a las personas, usurpación de funciones, abusos deshonestos y lesiones se inició por un requerimiento del Ministerio del Interior, firmado por su titular, el general César Benavides, que señaló:
Los hechos delictivos que habrían cometido las personas mencionadas y que al parecer serían sus responsables directos, se inician con su relación con la Fundación Cardjin, organismo dependiente de la Vicaría de la Solidaridad, y en consecuencia, en forma indirecta del Arzobispado de Santiago; las señaladas personas formaban parte de un grupo subversivo de aquellos que se han formado en esta fundación y cuyo objetivo fundamental consiste en cumplir labores subversivas al amparo de una actividad eclesiástica y religiosa, tendiente a socavar el actual gobierno del país2.
Los cuatro sujetos detenidos –William Zuleta Mora, Osvaldo Figueroa Figueroa, Humberto Drouillás Ortega y Luis Mardones Geza– en verdad fueron capturados por agentes de las DINA entre el 9 y el 12 de mayo y sometidos a golpizas y duros apremios antes de ser acusados y puestos a disposición de la justicia militar, tras obligarlos a firmar confesiones falsas. El joven Veloso, en tanto, fue secuestrado por dos agentes de la DINA a la salida de la Fundación Cardjin, en calle Cienfuegos al llegar a Erasmo Escala, un barrio situado al poniente del centro de Santiago donde se ubican la sede del arzobispado y otras dependencias de la Iglesia Católica.
El menor llevó ese día un recado de su padre, Carlos Veloso Figueroa, a un compañero de trabajo, luego de enterarse de que era buscado por civiles desconocidos. Veloso Figueroa había sido coordinador de la Central Única de Trabajadores, CUT, y dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores del Plástico. Tras dos años de cesantía, finalmente consiguió un trabajo en la Fundación Cardjin y en ella ayudó a escribir a máquina una declaración emitida por 126 federaciones de sindicatos el primero de mayo.
Los agentes de la DINA subieron al muchacho a un automóvil Chevy negro y de inmediato lo empezaron a golpear y a interrogar sobre las labores de su padre. Lo vendaron y llevaron a una casa donde lo siguieron castigando, le apagaron cigarrillos en las manos y en el cuerpo, lo condujeron a una pieza cercana donde le mostraron a un hombre que sangraba profusamente y lo amenazaron con que le pasaría lo mismo.
Luego le exhibieron fotografías de algunos vecinos en la Villa México y acusaron a su padre de ser colaborador de la DINA. Más tarde, tras advertirle que su progenitor corría serio peligro, lo liberaron cerca de la medianoche a pocas cuadras de la casa de su abuela.
En los días siguientes la familia Veloso Reidenbach y las de los otros secuestrados por la DINA acudieron a la Vicaría de la Solidaridad y recurrieron de amparo ante los tribunales. El caso inquietó a los obispos, algunos de los cuales incluso fueron a entrevistarse con el general Augusto Pinochet. El asunto siguió agravándose hasta fines de ese mes de mayo. El día 23 dos sujetos a bordo de un automóvil Ford Falcon blanco esperaron a la salida de la Fundación Cardjin al sacerdote Luis Antonio Díaz Herrera, asesor de la entidad y exsecretario del cardenal Raúl Silva Henríquez. El religioso abordó su vehículo Volkswagen y se percató de que era seguido; intentó eludirlos, pero los hombres de la DINA le lanzaron el Ford Falcon encima en repetidas oportunidades. El cura logró escapar de sus perseguidores y refugiarse en la iglesia de los Ángeles Custodios, en la comuna de Providencia, desde donde pidió ayuda.
En cosa de semanas el caso sufrió un vuelco espectacular. Todos los acusados recuperaron su libertad y fueron sacados del país. Luego del intento de secuestro del director de Qué Pasa, el escándalo llegó a los medios de prensa y a los tribunales. El diario El Mercurio editorializó en duros términos y afirmó que “la acción de ciertos sectores extremistas está ahora revestida de características que no se ajustan a los moldes habituales del comunismo o la ultraizquierda marxista”. Al mismo tiempo, los comentarios de repudio de los mismos partidarios del gobierno militar llegaron rápidamente a oídos de Pinochet.
Por esos días se efectuaba el Curso Básico en la Escuela de Inteligencia de Nos, donde el jefe del Departamento de Servicio Secreto del Cuerpo de Inteligencia del Ejército, CIE, el teniente Julio Corbalán Castilla, asistido por el sacerdote español Felipe Gutiérrez, exhibía a sus alumnos un video ilustrativo sobre la estructura de la Iglesia Católica chilena. El entonces teniente del Servicio Religioso del Ejército, Felipe Gutiérrez, al culminar su curso básico de Inteligencia, escribió la correspondiente memoria de requisito sobre el tema “Aspectos Éticos de la Inteligencia Militar”. En los días y semanas siguientes le ayudaría al teniente Corbalán a penetrar algunos de los más delicados archivos del Arzobispado de Santiago.
Subrepticiamente, la DINA intentaba en aquellos meses cazar a los integrantes de la nueva dirección del Partido Socialista. El 2 de mayo fue capturado Jaime Troncoso Valdés, 27 años, apodado “Iron”, miembro suplente de la Comisión Política clandestina del PS. Una docena de agentes lo atraparon en la esquina de las calles Diez de Julio con Arturo Prat cuando intentaba establecer contacto con uno de sus enlaces en el partido. Troncoso caminaba apoyado por muletas desde que una poliomielitis fulminante lo dejara inválido cuando apenas tenía un año de edad. Acosado por los agentes, solo alcanzó a lanzar al aire sus muletas y gritar desesperadamente su nombre por si alguien lo escuchaba y daba cuenta de su captura.
Varios sujetos lo levantaron del suelo y lo introdujeron a un vehículo de color plateado, sin placa, que enfiló hacia el poniente. Lo apretaron en el piso del automóvil y le pusieron una capucha. Intentó protestar, pero lo callaron metiéndole el cañón de una pistola en la boca.
Media hora más tarde sintió la vibración del vehículo sobre un suelo empedrado y los cerrojos de un portón que se abría. Era el cuartel secreto de calle Borgoño, muy cerca del río Mapocho, al norte del centro de la ciudad. Lo arrastraron hasta una sala subterránea donde le quitaron la capucha y le vendaron los ojos. En ese breve instante se percató de que estaba en una habitación amarillenta y sucia, habilitada como recinto de primeros auxilios, con una camilla, un armario blanco, un mesón con instrumental de cirugía, jeringas y apósitos, y unos frascos con lo que parecía eran órganos humanos.
Mientras el terror lo invadía, lo esposaron a una silla y empezaron a golpearlo. Luego lo trasladaron a otra pieza, lo dejaron en el suelo y le pusieron electrodos en diversas partes del cuerpo. Una magneto rudimentaria empezó a girar y sintió las descargas eléctricas en la boca, en los genitales y en el aparato ortopédico de su pierna derecha. Perdió la noción del tiempo hasta que lo dejaron tranquilo. Pudo escuchar el movimiento de mucha gente, la emisión de una radio que transmitía música de moda e incluso a un agente prometerle por teléfono a una hija que le llevaría chocolates en la noche.
En las ocho jornadas siguientes Jaime Troncoso fue torturado tres veces al día en sesiones que se prolongaban por más de una hora. Pudo oler el hálito alcohólico de sus interrogadores y el aroma a colonia Flaño en algunos. Al noveno día, ya exánime, lo trasladaron a una habitación más pequeña y a través de los bordes de la venda vio un sillón de dentista empotrado en el suelo y un lavatorio. Cada cierto tiempo sus captores lo tomaban en vilo y lo arrojaban por unas escaleras. Un día lo envolvieron en una frazada y lo metieron a una camioneta donde lo trasladaron a Villa Grimaldi. Allí estuvo dos días encerrado en una jaula de concreto de un metro por lado hasta que lo devolvieron a Borgoño.
Durante una nueva sesión de tortura, al recuperarse de un desmayo, se encontró rodeado por varios médicos que lo examinaban y le ponían una máscara de oxígeno. La pesadilla parecía interminable, hasta que el 23 de mayo, tres semanas y un día después de su arresto, lo subieron a un vehículo y lo condujeron hacia un destino indefinido. Pensó lo peor, pero de pronto se detuvieron, lo bajaron y los agentes le dijeron que no se sacara la venda de los ojos hasta que ellos estuvieran lejos. Esperó un par de minutos y al descubrirse la vista, se encontró en un sitio baldío. A lo lejos divisó las luces del Estadio Nacional.
Jaime Troncoso permaneció ocho meses oculto en un convento de monjas en Puente Alto hasta que tras varios intentos fallidos logró abandonar el país rumbo a Suecia.
Su enlace en el PS, el estudiante Vicente Israel García Ramírez, con quien debía reunirse el día de su detención, había caído tres días antes en manos de la DINA junto a su esposa y varios familiares. García extravió una correspondencia que Troncoso le había pedido que enviara a miembros de la dirección del PS en el exterior, pero un descuido hizo que esos mensajes fueran sustraídos por colaboradores del servicio de seguridad, quienes aparentemente estaban infiltrados entre sus conocidos. La cónyuge y los parientes de García recuperaron la libertad; el estudiante socialista, en tanto, permanece desaparecido hasta hoy3.
El 18 de junio de 1977, luego de tres años en prisión sin que se formularan acusaciones formales en su contra, el exsenador comunista Jorge Montes fue canjeado por 13 presos de la República Democrática Alemana, RDA, tras lo cual la dictadura declaró que “no quedaba en Chile ningún detenido en virtud de la ley de Estado de Sitio”. Ese mismo mes un grupo de familiares de detenidos desaparecidos inició una huelga de hambre en la Cepal pidiendo saber el paradero de sus parientes.
