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1.2 Definiendo el espacio público

El espacio público es un subtipo de lo que se denomina el dominio público y se caracteriza por su carácter libre y no-excluyente, de uso común y abierto, gratuito, impersonal e ilimitado (Dromi, 2005). Su uso, no obstante ser libre, siempre se encuentra enmarcado dentro de la normatividad vigente, que justo permite una utilización variada, pero respetuosa de las múltiples necesidades que convocan a los habitantes de la ciudad. Según Grant y Curran (2007), el tipo de propiedad, el relativo acceso y la función del espacio son los elementos que determinan cuán privado o público llega a ser un espacio. El grado de privacidad o publicidad es un continuo que responde a cómo definimos y qué consideramos apropiado para la satisfacción de las diversas necesidades culturales y fisiológicas que tiene el ser humano en una sociedad; surgen así los espacios públicos (parques, calles), cuasipúblicos (centros comerciales), semiprivados (condominios), privados e íntimos (Formiga, 2007).

Las características del espacio público son múltiples, como se puede verificar al examinar la tabla 1.1, en la cual sintetizo las propuestas de varios estudiosos del tema.

Tabla 1.1

Características del espacio público, según autores diversos

Esta variedad de definiciones y caracterizaciones se puede resumir en tres aspectos principales: el acceso universal, la transparencia y la multifuncionalidad (diversidad de usos y usuarios), que se explicarán a continuación.

1.2.1 Acceso libre (universal)

Al crecer y densificarse la ciudad, aumenta significativamente el proceso inmobiliario de especulación y el costo de la tierra. Esto, por un lado, lleva a una clara diferenciación entre la propiedad privada en cuanto espacio controlado por el individuo –sea como actor económico en la empresa o como actor social en su vivienda– y el espacio público en cuanto lugar de encuentro y vida colectiva. El espacio privado residencial, no obstante, va reduciéndose, lo que provoca que los habitantes se vuelquen hacia las calles. Como resultado, aumenta la «publicidad» de la vida urbana al jugar, comer, pasear, ejercitarse, leer, cantar y protestar a la vista y paciencia (no siempre) de los demás. Una primera característica del espacio público, entonces, es su libre accesibilidad.

En el espacio privado –sea residencial o empresarial–, el control social nace del poder que otorga la propiedad o posesión sobre ese territorio particular. En algunos casos, la estructura de poder familiar es la que determina el uso del espacio, las costumbres y las reglas que gobiernan la conducta de sus miembros, y establece quiénes tienen acceso al espacio y con qué derechos. En otros casos, son los documentos de constitución, estatutos y reglamentos los que fijan las conductas y usos apropiados del espacio, sea en la empresa, iglesia, museo o restaurante. En cambio, en el espacio público el control social es más complejo porque requiere de voluntades colectivas, siendo la más importante la tolerancia y la capacidad de construir consensos entre los habitantes y con las autoridades. Para el reconocido urbanista catalán Jordi Borja (2001):

El espacio público es un concepto jurídico: un espacio sometido a una regulación específica por parte de la Administración Pública, propietaria o que posee la facultad de dominio de suelo, y que garantiza su accesibilidad a todos y fija las condiciones de su utilización y de instalación de actividades. El espacio público moderno proviene de la separación formal (legal) entre la propiedad privada urbana […] y la propiedad pública […], que normalmente supone reservar este suelo libre de construcciones (excepto equipamientos colectivos y servicios públicos) y cuyo destino son usos sociales característicos de la vida urbana (esparcimiento, actos colectivos, movilidad, actividades culturales y a veces comerciales, referentes simbólicos monumentales, etc.). (pp. 12-13)

El mismo autor, sin embargo, enfatiza que el espacio público también tiene una dimensión sociocultural, porque es el lugar de contacto, de expresión de la comunidad, de encuentro entre conocidos y extraños. De ahí que pueda existir y crearse espacio público sin que lo sea jurídicamente, como cuando los ciudadanos se apropian de algún local abandonado, del espacio entre edificios, de las estaciones de buses, trenes o subterráneos, lo cual muestra que «l o público es el uso y no el estatuto jurídico» (Borja, 2001, p. 13)⁵. Es por ello que Loukaitou-Sideris y Ehrenfeucht (2012) recomiendan que la «publicidad» debe ser evaluada en el transcurso del tiempo, porque las actividades que ocurren en un determinado espacio pueden variar y con ello aumenta o disminuye la función pública. Por ejemplo, como se verá más adelante, el espacio del centro comercial es de acceso público, pero las actividades están restringidas por un reglamento interno (no se puede montar bicicleta, hacer una demostración, filmar, entre otros). Sin embargo, los púberes, adolescentes y adultos jóvenes han estado apropiándose de sus pasillos, alamedas, escaleras, patios de comida, y transformándolos en lugares de encuentro alternativos a los parques.

Blakely (2006) insiste en la centralidad del acceso universal. Considera que, en una ciudad, la élite no solo se distingue por quienes la conforman, sino también por aquellos a los que logra excluir. Ocurre así porque el carácter excluyente nace del estatus social que detenta, pero asociado a la distancia físico-social que establece con respecto a los demás. Esto es inevitable en cualquier ciudad democrática, en la cual las personas pueden decidir con quiénes se juntan y asocian. No obstante, la ciudad moderna también se construyó sobre procesos que han debilitado y parcialmente diluido esta distancia, siendo uno de los esenciales la conformación del espacio público; aspecto que cobra, además, enorme importancia al disminuir el espacio privado del que se dispone (fenómeno que afecta a todos los sectores). Como se mencionó antes, las personas se vuelcan hacia la calle y a compartir bienes públicos. En el proceso de compartir se vuelven parte de la comunidad, se transforman en ciudadanos (Blakely, 2006).

La accesibilidad característica del espacio público no se limita a poder llegar y entrar a él, o sea, no se define en términos puramente físicos. También tiene que estar acompañada de lo que Akkar (2005) denomina el acceso «simbólico»: hasta qué punto el tipo de personas presentes, la disposición del espacio, los signos, las señales, las ordenanzas y el mobiliario resultan ser un estímulo o impedimento al uso por parte de los diversos grupos que conforman la ciudad. Por ejemplo, en muchas ciudades están aumentando, como mobiliario, bancas diseñadas de tal manera que las personas no puedan sentarse cómodamente o que limitan enormemente la posición del cuerpo y el poder compartir el espacio con otra persona.

1.2.2 Visibilidad y transparencia

Una segunda característica de lo público es su visibilidad y transparencia (Rabotnikof, 2008), mientras que lo privado y, más aún, lo íntimo, tiende a estar parcial o totalmente oculto de la mirada del resto de la sociedad. Por esta razón, el espacio público es el ámbito donde los ciudadanos formulan asuntos de interés general (Iazzetta, 2008) y también es el escenario propicio para expresar preocupaciones y demandas políticas. La línea divisoria entre la esfera privada y la pública es tenue y se encuentra en constante debate y conflicto político. Un ejemplo claro al respecto fue la intensa lucha de los grupos feministas para que el ámbito doméstico (espacio privado familiar-conyugal) estuviera abierto al escrutinio y debate público. Estudios y testimonios mostraban que, detrás de la privacidad doméstica, se encontraban casos frecuentes de abusos, maltratos y violencia intrafamiliar. Su ocultamiento era refrendado por la inacción de las instituciones estatales y las culturas complacientes que repetían que los «trapitos sucios se lavan en casa». De ahí que surgieran iniciativas e instituciones que hicieron «públicos» los derechos de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes como espacios de defensa y promoción del bienestar de todos los integrantes de la familia.

En cuanto a la política, el espacio ha resultado esencial en las luchas democráticas. La burguesía y los trabajadores se adueñaron de calles y plazas en su enfrentamiento contra la aristocracia. Le arrebataron a la monarquía el espacio público, el cual, según Foucault (2002), era el ámbito donde esta expresaba su poder y lo ejercía⁷. Para Salcedo (2002):

En la sociedad renacentista la idea de una esfera pública estaba incompleta. La burguesía estaba aún integrada a la estructura tradicional del poder y acomodaba sus demandas a las condiciones políticas de la sociedad. La aparición de la esfera pública requería del cuestionamiento burgués a la forma de gobierno. Una vez que este desafío se presenta, aparecen nuevas instituciones (y también espacios), que se convierten en centros de poder democrático y ciudadanía: conferencias, espectáculos públicos, salones y prensa escrita. (p. 5)

El espacio público, que los monarcas ilustrados construyeron, embellecieron y expandieron como parte del discurso modernizador que buscaba legitimarlos ante la burguesía, terminó siendo un lugar de encuentro, discusión y consolidación de voluntades democráticas. Las fuerzas democráticas, entonces, se apropiaron del espacio y ello fue fundamental en el derrocamiento de las monarquías. Sin embargo, los gobiernos burgueses pronto descubrirían que las calles y los parques también podían ser apropiados por otros sectores, continuando así los conflictos de poder sobre la base de las diferencias de clase social. En términos políticos, las calles se transformaron en el espacio de la política de oposición manifestada por el proletariado y otros sectores excluidos. Según Salcedo (2002), ahí nace un acuerdo implícito entre la burguesía y las organizaciones obreras, por el cual las calles se constituyeron en parte de la estrategia política de los sectores menos favorecidos. A pesar de que esto podría generar conflictos, en términos generales, favorecía una forma de expresión democrática que en la mayoría de los casos no significaba un peligro para el poder, sino que brindaba legitimidad al sistema democrático.

Para Iazzetta (2008), lo público no solo consiste en ser el ámbito de expresión y encuentro ciudadano, sino que también se construye sobre las capacidades colectivas que el Estado debe garantizar para conformar un espacio común y compartido⁸. Además de la universalidad en el acceso y uso de lo público, la acción estatal tiene que garantizar la igualdad ante la ley y la equidad en oportunidades. Pero estas garantías no son suficientes si los mismos ciudadanos y ciudadanas no tienen la capacidad de ejercerlos. Por eso, otra importante capacidad colectiva está relacionada con la vigencia de los derechos y el potencial de ejercerlos, lo cual implica que el Estado debe ser un promotor activo de las condiciones que fortalecen la democracia vía la educación de calidad, el funcionamiento apropiado de sus instituciones y una renovada capacidad de sanción cuando fuera necesaria. Akkar (2005) denomina esto como el «acceso a la información y a la discusión» en la determinación de los espacios públicos.

1.2.3 Multifuncionalidad

Una tercera característica del espacio público es su multifuncionalidad. Como se explicó antes, el espacio público es determinado por el uso que le dan los ciudadanos y ciudadanas, dentro de los límites impuestos por la normatividad. En espacios clásicos como el Central Park en Nueva York, los usos son múltiples y dependen del deseo y disposición de los que acuden al parque. Se encuentra a quienes se ejercitan, juegan, enamoran, comen, pasean a su perro, toman una siesta, alimentan a las palomas, hacen turismo o solo transitan. También están los que exhiben sus artes por unas monedas y los que venden diarios, comida o curiosidades.

Esta concepción de multifuncionalidad se convierte, en la práctica, en una crítica al modernismo, movimiento de gran influencia en el urbanismo de la primera mitad del siglo XX, que intentó separar las funciones urbanas en espacios autorreferenciales y segregados: autopistas para coches; bloques residenciales para vivienda; centros empresariales y fábricas para el trabajo, áreas verdes para la recreación (Akkar, 2007). En el caso de Lima, las residenciales como San Felipe, en el distrito de Jesús María, representan el ideal del modernismo al separar al peatón y residente del tráfico, del comercio y de la producción. Esto es muy diferente de lo que ocurre en las ciudades antiguas y densas, en las cuales las calles eran compartidas por el peatón, el motorista y el comerciante.

Las residenciales seguían los dictados de Le Corbusier, que planteaban abolir el sistema tradicional de cuadras y manzanas en las calles de la ciudad, ya que este solo había generado tugurización, suciedad y sufrimiento para todos, especialmente para los más pobres. Le Corbusier proponía segregar las cuatro principales funciones de la ciudad (residencia, transporte, producción, recreación). Por ejemplo, recomendaba entregar al transporte el dominio de sistemas modernos de autopistas y recluir a los habitantes en zonas residenciales de superbloques rodeados de un mar de verde (parques), sol y aire, y así lograr que estén más cerca de la naturaleza. Sugirió demoler París y construir un gran número de edificios de sesenta pisos para albergar a sus tres millones de habitantes, interconectados por zonas peatonales y rodeados de enormes parques y jardines.

El habitante de la ciudad, no obstante, rara vez transita para cumplir una sola función (trabajo, diversión, descanso), sino que combina varias de ellas y, por eso, prefiere tenerlas cercanas. Más allá de la legítima preocupación del modernismo por el habitante de la ciudad, en el fondo, lo estaba condenando a una ciudad estandarizada que reflejaba la eficiencia de la fábrica u oficina burocratizada. Los superbloques, con sus líneas arquitectónicas sobrias-rectas-limpias, a veces reflejaban el tedio y la monotonía de la vida moderna.

El espacio público multifuncional es lo que permite que cada comunidad pueda expresar sus prioridades y significados. Esta le otorga un carácter muy propio, que frecuentemente se ha cristalizado en términos étnicos, como son los famosos barrios Little Italy (en Nueva York), Chinatown (San Francisco) y la Pequeña Habana o Calle Ocho (Miami). Las personas se apropian del ambiente y controlan así los usos y el desarrollo de actividades. Por el contrario, cuando no lo hacen, se pueden producir dos resultados negativos: (a) otros se apropian del espacio (gobierno, grupos de interés), y/o (b) es abandonado y entonces ocupado por delincuentes, narcotraficantes, mendigos, entre otros.

Según Francis (1991), es en la diversidad donde se debe buscar un equilibrio mixto de usos y usuarios, en el que se intente respetar los derechos y deseos de todos ellos. Estos lugares de libre acceso, transparencia y diversidad solo pueden sobrevivir si la mayoría de sus usuarios se comprometen a defenderlos y a limitar las ansias desmesuradas de control social. Normalmente, esto se logra si las personas se apropian de los espacios (sus calles, parques, veredas), porque es una forma de involucrarse en su uso y destino. Este autor señala que la apropiación ciudadana, habitualmente, se nota en pequeños actos que reflejan el apego al lugar: plantar árboles y flores, mantener las viviendas limpias y pintadas, salir y conversar con vecinos en la vereda o cómodamente sentados en sillas mientras se observa a los niños y niñas jugar, entre otros. En estos espacios es más difícil que avance la delincuencia y la peligrosidad, aunque es imposible erradicarla por completo, pues el riesgo siempre está latente.

Las preocupaciones sobre la protección y la seguridad son las que han llevado a que el espacio público sea entregado a la decisión y arbitrariedad de autoridades y funcionarios gubernamentales, quienes con frecuencia concesionan estos lugares al sector privado para que dejen de ser públicos. Pero el énfasis puesto para que el gobierno o la empresa controlen los espacios públicos, como mecanismo para protegernos de un «otro» considerado peligroso, tiene un costo alto. Según Francis (1991):

En las calles democráticas, no obstante, se debe lograr un acuerdo apropiado entre la protección y las cualidades negadas por la privatización, como son el descubrimiento y el reto. Esto es particularmente importante para los niños y niñas. El riesgo y el descubrimiento contribuyen a su desarrollo individual y competencia ambiental, y un sentido de protección puede mantenerse sin eliminar los retos de la calle. (p. 31)⁹

El respeto a lo multifuncional hace más complejo el control social y la armonía en los usos, lo cual con frecuencia se traduce en conflictos, pero que en la mayoría de los casos se pueden resolver con la participación y negociación. El ejercicio de la tolerancia y la negociación convierte a los espacios públicos en escuelas prácticas de la democracia. También, de acuerdo con Francis (1991), llevan al amor por las calles, los parques y por la misma ciudad.

Más allá de las connotaciones idealistas –y hasta románticas– del espacio público y su importancia en la conformación de la ciudadanía (Salcedo, 2002), diversos estudios muestran que su pérdida implica una lenta, pero inexorable transición hacia ciudades más fragmentadas y segregadas, lo cual magnifica las diferencias sociales y económicas existentes entre sus pobladores. Como resultado, salvo en pequeños territorios y en reducidas geografías, el habitante de la urbe siente que la ciudad le es «extraña», «foránea» y, en muchas ocasiones, «peligrosa» (Dammert, 2004). Este hecho plantea considerables cambios en cómo visualizamos a la ciudad misma –y a los que habitan en ella– y en las formas como construimos nuestra identidad territorial y ciudadana.

El limeño de clase media de hace cuatro décadas transitaba por el Centro Histórico, el Rímac, Barrios Altos y La Victoria, al mismo tiempo que podía hacerlo por Miraflores y San Isidro. De esta manera, se apropiaba de un sector importante de la ciudad, a pesar de las marcadas diferencias en la conformación física, social y económica de estos ámbitos. Reconocía así al otro, a su conciudadano, y compartía con él un bien común y público: el parque, la playa, el café, lo monumental. No siempre lo hacía en paz y, muchas veces, buscaba controlar o desalojar al pobre o diferente (ambulantes y mendigos, por ejemplo), pero de una forma u otra el espacio se transformaba en un lugar de intercambio y de expresión, de vivencia de nuestra diversidad y diferencias.

Actualmente, vivimos en una ciudad que ha pasado de tener un centro multifuncional que concentraba la economía y finanzas, la burocracia estatal, la oferta cultural y vida social, a ser una ciudad distinta, caracterizada por nuevas y múltiples centralidades y jerarquías que dependen más del flujo de la información que de la ocupación de un territorio determinado (Vega Centeno, 2007). Hasta cierto punto, esta evolución nos ha separado porque no han surgido otras centralidades transversales, es decir, capaces de cruzar barreras de clase, etnia, raza, género. Aunque hay algunos candidatos que quizás logren esta integración –como son el mar, el malecón y la Costa Verde–, todavía es temprano para asegurar que las fuerzas integradoras superen a la tentación de la privatización. Los mayores peligros para el espacio público no provienen de la falta de una centralidad, sino más bien de procesos que se han acelerado en los últimos años, como el incremento de la inseguridad, el dominio del parque automotor y, finalmente, el imperio del liberalismo como ideología dominante detrás de las propuestas urbanas. Examinaré cada uno de estos procesos a continuación.