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Estas terribles condiciones de habitabilidad eran compartidas por los habitantes modestos tanto del mundo rural como del urbano. De hecho, a menudo quienes huían de su miserable cotidianeidad en el pueblo, donde habitaban espacios insalubres y reducidos, eran los mismos que acababan instalándose en una de las barriadas chabolistas que crecieron en los extrarradios de las grandes ciudades. Ante las terribles condiciones en que vivían las clases humildes, no es de extrañar que la mayor parte del –poco– tiempo que destinaban a la sociabilidad cotidiana transcurriera, más que en el ámbito privado del hogar, en espacios públicos como la fuente y el lavadero, en el caso de las mujeres, la taberna en el de los hombres, o la plaza en el de los niños. La mayoría de las familias modestas no acudían a la habitación, ridícula, insalubre, fría y abarrotada, más que para dormir.

1.2 «Hogares alegres, modernos e higiénicos». La política de construcción franquista

No se trata de edificar casas ramplonas, como en las que hasta ahora han vivido los obreros, sino de levantar hogares alegres, modernos e higiénicos.

Folleto propagandístico del bando rebelde lanzado

en cohetes sobre los frentes republicanos en 1938⁶⁸

El hogar no es tan solo un refugio destinado a evitar los rigores del clima, sino también y sobre todo el santuario que forma a la familia, la fragua que funde y modela el corazón de sus miembros.

Palabras de José Luis de Arrese,

ministro de la Vivienda, el 2 de octubre de 1959⁶⁹

Desde los primeros años tras el golpe el partido del difunto José Antonio, FET de las JONS, canalizó el discurso social de la dictadura.⁷⁰ Según la ideología del nacionalsindicalismo la familia era crucial en el sistema de valores que había de regir la vida de los españoles, y esta a su vez no se concebía sin un hogar. Para falangistas como Raimundo Fernández Cuesta, a diferencia de la noción marxista de vivienda, entendida únicamente como «refugio para ampararse y defenderse contra ineludibles necesidades materiales de la vida», la concepción nacionalsindicalista hacía referencia a «un centro de expansión del espíritu, el marco que encuadra la familia, la que hace posible su existencia».⁷¹ Además, como ocurriera con otros graves problemas como el desabastecimiento de posguerra, la FET de las JONS se mostró desde el principio preocupada por la dramática escasez de alojamientos en buenas condiciones de habitabilidad, temerosa de que pudiese mermar su popularidad. Así lo expresaba la propia Pilar Primo de Rivera en un parte interno de diciembre de 1941 en el que se refería a la cuestión de la vivienda como «un problema que como a todo falangista nos tiene que doler». Además, la delegada nacional de la Sección Femenina recordaba al vicesecretario general del Movimiento que «nosotros como falangistas debemos de preocuparnos y ayudarles [a quienes vivían en cuevas] a salir de esta miseria e inmoralidad».⁷²

En consecuencia, y como explicara Fernández Cuesta, se hacía necesario «destruir esas guaridas infectas de pueblos y ciudades y construir, no edificios, sino hogares». Se trataba de dar a los hombres casas dignas «con un mínimum de comodidades y de atractivos y, sobre todo, de cualidades que permitan convertirlas en algo cálido, familiar y hogareño».⁷³ En esta misma línea se pronunciaba Serrano Súñer al describir el ideal de vivienda falangista durante la inauguración en 1940 de la Exposición de la reconstrucción de España, organizada por la Dirección de Regiones Devastadas. El entonces ministro de la Gobernación afirmó que las nuevas casas cumplirían «las exigencias de los hogares higiénicos y alegres, para que los hijos de los que se sacrificaron aprecien el fruto de tanto esfuerzo».⁷⁴

Pronto surgieron, por tanto, organismos vinculados al falangismo encargados de acometer aquella vasta misión de construir viviendas «sanas» para los «productores» españoles. Las dos principales instituciones constructoras fueron la Obra Sindical del Hogar (OSH) y el Instituto Nacional de la Vivienda (INV), creadas en 1939 como parte de la Organización Sindical Española (OSE). Ambas, que actuaban conjuntamente, pasaron a depender en 1957 del recién creado Ministerio de la Vivienda. Su labor fue complementada por otras entidades como la Dirección General de Regiones Devastadas (DGRD) (1938) o el Instituto Nacional de Colonización (INC) (1939), que desarrollaron una importante actividad en las zonas rurales. Además, la acción pública estatal liderada por estos organismos fue complementada con la iniciativa privada, que trató de estimularse desde mediados de los años cincuenta con la aprobación de las leyes de Viviendas de Renta Limitada (1954) y de Viviendas Subvencionadas (1957).⁷⁵

El modelo arquitectónico seguido por estas entidades franquistas en sus construcciones fue, según algunos autores, el propio de la Segunda República –aunque las autoridades no lo reconociesen–, y habría respondido a criterios de modernidad y racionalismo –pese a los cánones franquistas–.⁷⁶ Respecto a la distribución del presupuesto total de las nuevas viviendas, por lo general un 10 % era aportado por el beneficiario de la vivienda, si bien esta cantidad solía ser adelantada por la OSH, en ocasiones a fondo perdido. Entre un 40 y un 60 % corría a cargo del inv, que proporcionaba el importe en concepto de préstamo sin intereses o de donativo. La suma restante corría a cargo de los ayuntamientos o de instituciones benéficas como los patronatos, cuyos fondos procedían principalmente del Ministerio de la Vivienda y, complementariamente, de donaciones y actividades caritativas como la Campaña de Invierno o la de Navidad y Reyes.⁷⁷

Entre los principales objetivos de la política de construcción franquista estuvieron remoralizar a la población, acabando con la promiscuidad a la que conducía el hacinamiento; embellecer los pueblos y ciudades, eliminando las dantescas estampas de miseria que ofrecían muchas barriadas españolas; y, sobre todo, mejorar la imagen proyectada por la dictadura tanto en el exterior como en el interior, recabando nuevos apoyos sociopolíticos. En el caso de las viviendas erigidas en el mundo rural, habría existido también una decidida voluntad de fijar a la población en el campo y evitar su éxodo a las grandes urbes. Respecto al primer propósito, desde los primeros días tras el golpe las nuevas autoridades aspiraron a purificar la sociedad tras los «excesos» cometidos durante el periodo «marxista».⁷⁸ En esta suerte de «cruzada moral» el hacinamiento en que vivían numerosas familias que se veían obligadas a compartir casa y hasta habitación constituía uno de los principales escollos que había que salvar. Y es que, según los postulados higienistas de desinfección, redención y regeneración propios del nacionalcatolicismo, la convivencia de personas de distinto sexo y edad en una misma estancia entrañaba un evidente riesgo de promiscuidad que ponía en entredicho los valores espirituales de la patria y amenazaba las «buenas costumbres» españolas.⁷⁹ Así se ponía de manifiesto en diversos informes de moralidad sobre las provincias andaluzas del año 1952. En el referente a Almería, se lamentaba que aún quedasen cuevas en las afueras de la ciudad habitadas por gentes «muy humildes» que vivían «en completa promiscuidad». Y en otro informe sobre la provincia de Córdoba se decía que la escasez de viviendas incidía negativamente sobre la moralidad porque abocaba «a familias enteras a vivir en una sola habitación o choza».⁸⁰

En cuanto al segundo objetivo, las autoridades franquistas no renunciaron a mejorar la imagen ofrecida por las barriadas chabolistas en las que se hacinaban hombres, mujeres y niños hambrientos y harapientos, pues les restaba popularidad entre la población. Así lo expresaba en 1943 el secretario del Ayuntamiento de Baeza (Jaén) al defender la necesidad de construir un grupo de viviendas protegidas para albergar a las familias humildes y menesterosas de la localidad «en lugar que embellezca y urbanice la ciudad».⁸¹ Y similares argumentos se ofrecieron en 1954 para justificar la edificación de trescientas viviendas en Almería, a decir, que dignificaría y embellecería la zona de su emplazamiento, próxima a la Escuela de Formación Profesional de la ciudad.⁸²

En tercer lugar, mediante la construcción de viviendas sociales la dictadura buscó mejorar su imagen de cara al exterior, sobre todo a partir de 1945, cuando, tras la derrota de los fascismos en la Segunda Guerra Mundial, vio peligrar su estabilidad debido al ostracismo internacional al que quedó condenada. Así lo expresaba en aquel año el jefe de FET de las JONS en la provincia de Cádiz al referirse a los réditos políticos que podría reportar al régimen la edificación del barrio de La Atunara (La Línea de la Concepción) dada su proximidad a Gibraltar. El falangista estimaba que la construcción de viviendas baratas en esta zona, además de «cumplir una misión cristiano-social», tendría «resultados muy positivos», dado que «serviría para demostrar a los pueblos extranjeros (…) que, a pesar de las dificultades existentes, el Estado Español ataca y resuelve problemas que durante siglos no han intentado resolver otros Gobiernos».⁸³

Por último, y quizá más importante, el impulso dado por el régimen de Franco a la edificación de casas económicas respondía a su voluntad de consolidar sus apoyos sociales y generar otros nuevos. Y es que la dictadura era consciente de la impopularidad que le reportaba el terrible problema de la infravivienda que asolaba el país y de las adhesiones que podían granjearle tanto las entregas de llaves a los beneficiarios como la disminución del paro obrero por el empleo generado en la construcción.⁸⁴ Para lograr este ambicioso objetivo, el régimen intensificó sus esfuerzos propagandísticos tanto por prensa como por radio.⁸⁵ Encontramos una muestra de esta preocupación por el consenso de la población en Asturias en 1941. Aquel año el jefe provincial expresó su inquietud ante la demora en la aprobación de instancias para la edificación de viviendas protegidas por parte de la OSH, al estimar que aquel retraso comprometía la credibilidad de esta institución falangista. El prohombre aseguraba que

de no procederse con rapidez en la tramitación de las mismas, los camaradas a quienes alcanzan los beneficios prometidos dudarán de la eficacia de la Obra [Sindical del Hogar], ya que hasta la fecha no se ha construido en Asturias ninguna vivienda en las condiciones señaladas.⁸⁶

Si hacemos balance de la política de vivienda franquista, no podemos obviar que presentó desde el principio toda una serie de déficits y carencias. En primer lugar, la labor de construcción de la dictadura, aunque importante, resultó a todas luces insuficiente para solucionar un problema que se antojaba inabarcable. Al inaugurar la década de los sesenta, la crisis de abastecimientos había quedado superada y las autoridades hablaban de un «evidente mejoramiento» de las condiciones de vida de las clases humildes y presumían de haber «elevado» sus «necesidades elementales». Sin embargo, esas mismas autoridades reconocían que en aquel momento «la presión gravita en el problema de la vivienda», que seguía sin resolverse.⁸⁷ Como muestra la persistencia de la infravivienda en los últimos años de la dictadura, el régimen no logró acabar con aquella lacra, sino que siguieron faltando casas para los grupos más desfavorecidos durante todo el periodo. En 1967, por ejemplo, el párroco de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios de Estepona (Málaga), Manuel Sánchez Ariza –uno de los muchos eclesiásticos que a aquellas alturas se habían «desenganchado» de la dictadura y habían pasado a criticar abiertamente las injusticias sociales que perpetuaba–, se hizo eco durante la misa de las ocho de la tarde del domingo 29 de las palabras del arzobispo de Sevilla sobre las numerosas familias sevillanas que continuaban habitando en chabolas. El clérigo lamentaba que en la provincia de Málaga hubiese «un número ilimitado de pisos y apartamentos de lujo» deshabitados, mientras faltaban alojamientos para pobres, acusando a las autoridades de no prestar la debida atención al problema.⁸⁸

En segundo lugar, esta política franquista resultó muy deficitaria desde el punto de vista cualitativo, pues las casas construidas adolecieron a menudo de falta de espacio y de unas calidades deplorables. En Torrox (Málaga), por ejemplo, se recogieron en 1958 «innumerables quejas» entre los beneficiarios de las viviendas recientemente construidas por la demora en la instalación del fluido eléctrico.⁸⁹ Como denunciaba en los años sesenta un vecino de Marbella (Málaga) en su carta a La Pirenaica, después de las promesas del régimen a «esas criaturas que en tanto peligro vivían» y de la construcción de un grupo de sesenta alojamientos en la localidad, «ahora resulta que en cada vivienda tienen que entrar dos casas de familia, casa que para una es chica». El hombre concluía su escrito lamentando que «esas casas son las de este querido gobierno», si bien cuesta creer su afirmación acerca de que «muchos están entregando [devolviendo] la llave» movidos por el descontento.⁹⁰ Otro caso significativo fue el de las viviendas subvencionadas construidas en el barrio de la Concepción de Huércal Overa (Almería) que, en 1969, aquejaban numerosas deficiencias.⁹¹ Las carencias de las nuevas construcciones son recordadas aún hoy por algunos vecinos. Es el caso de Antonio Murcia, que acabaría siendo el primer alcalde de Estepona (Málaga) en democracia por el Partido de los Trabajadores (pt). Según su testimonio, la barriada Solís levantada en la localidad era en realidad un grupo de infraviviendas. Y es que algunas de las casas apenas tenían «veintitantos metros útiles». Allí fueron a parar los pescadores que vivían en las chozas y en el Saladillo, un humilde barrio próximo a la playa que en los años del «boom» urbanístico y especulativo en la Costa del Sol acabó convirtiéndose en una zona de urbanizaciones turísticas, mediante una operación en la que algunos hicieron un lucrativo negocio.⁹² En consecuencia, con el tiempo algunos de los beneficiarios acabaron haciendo modificaciones en las casas recibidas para adaptarlas mejor a sus necesidades o para solventar alguna de sus carencias constructivas.⁹³ Fue lo que ocurrió con las viviendas sindicales levantadas en la parte alta del pueblo de Órgiva (Granada). Se trataba de unas casas «muy pequeñitas» que tenían «sus deficiencias porque tenía unas vigas de madera muy malas», por lo que «todos los vecinos que las compraron terminaron poniéndoles cemento y quitando las vigas».⁹⁴

Otro de los problemas fue, en tercer lugar, que los grupos más modestos a los que teóricamente iban destinadas las nuevas viviendas sociales difícilmente podían pagar las cantidades inicialmente exigidas, generalmente un 10 % del importe total, ni las cuotas mensuales («por las nubes», según denunciaba un malagueño en los sesenta),⁹⁵ pese a que las casas estaban calificadas como «ultrabaratas».⁹⁶ En esta situación se vieron algunos de los beneficiarios de un grupo de viviendas construido por la OSH en Andújar que en 1944, un año después de haber recibido las llaves, tuvieron que solicitar una prórroga para hacer efectivo el pago. Como reconocían años después algunas autoridades locales de Santa Fe (Granada) la edificación de viviendas no solucionaba el problema de las clases más marginales, que no podían hacer frente a la entrada exigida.⁹⁷ En consecuencia, en los proyectos para la construcción de viviendas económicas solía hacerse hincapié en que las mensualidades no debían sobrepasar una cierta cantidad que debía estar en relación con el jornal de la localidad. Así ocurrió con el de Begíjar (Jaén) de 1946, en el que se especificó que la cuota mensual de amortización habría de estar entre 15 y 150 ptas., según los tipos. En Santa Fe (Granada), por ejemplo, la cuota mensual de alquiler de las dieciocho viviendas de renta reducida alzadas en 1948 en el camino de Belicena, en la entrada del pueblo, se fijó en 90 ptas. Se trataba de una cantidad equivalente a seis jornales medios en la localidad, de unas 15 ptas. cada uno.⁹⁸

En cuarto lugar, la política de vivienda franquista fue enormemente selectiva. Las prioridades de la dictadura, que decidió qué edificar y con cuánto apremio, estuvieron centradas en los primeros años en la construcción de casas para sus propios apoyos sociales, caso de los mutilados de guerra. Encontramos un ejemplo en Jaén, donde en noviembre de 1939 se proyectaron cien viviendas de renta reducida dirigidas preferentemente «a los excombatientes, excautivos, empleados y obreros militantes».⁹⁹ Asimismo, el régimen dirigió sus esfuerzos iniciales hacia la reconstrucción de las poblaciones y los monumentos de mayor importancia simbólica destruidos durante la guerra. Fue el caso de Andújar (Jaén), que gracias a su condición de pueblo adoptado por el Caudillo disfrutó de mejoras urbanísticas y nuevos bloques de viviendas desde los años cuarenta. O el del Alcázar de Toledo, donde se reutilizaron algunos materiales de las ruinas y se logró «un conjunto austero y serio en consonancia con el espíritu de la raza».¹⁰⁰

La nueva plaza de Andújar (Jaén) tras la reconstrucción. Fuente: Reconstrucción, 49, 1945, p. 4.

A todo ello habría que añadir que tanto el proceso de construcción como el de adjudicación de las viviendas estuvieron muy a menudo salpicados por la corrupción característica de la dictadura.¹⁰¹ Estas corruptelas eran conocidas por buena parte de la población, sobre todo en las zonas rurales, donde se hacía patente el meteórico enriquecimiento de algunos de sus más notables vecinos. Algunos se atrevieron a denunciar estas prácticas, aunque fuera clandestinamente a través de la emisora La Pirenaica, como hizo en noviembre de 1963 una mujer de Maracena (Granada). En la misiva, esta granadina que firmaba como «Rita» se refería a los lucrativos negocios que en los últimos años traían entre manos el alcalde, el jefe de los municipales y el secretario del Ayuntamiento. Y añadía que «el “alcaldillo” se ha metido a contratista y valiéndose de su autoridad e impunidad comete cuantos latrocinios están a su alcance», explicando que «las casas que construyen por su cuenta son de la peor calidad, calándose los tejados y rezumando aguas los tabiques». La carta concluía con un elocuente: «Sin embargo, a pesar de ser contratista, las calles del pueblo las tienen en el peor abandono».¹⁰²

Además, la capacidad de la política de vivienda franquista para ampliar el consentimiento y reducir la hostilidad pudo verse mermada por las resistencias de algunos vecinos a abandonar su barrio de toda la vida –por muy ruinoso que estuviera– para instalarse en otro nuevo –aunque estuviese dotado de mayores comodidades–. Fue el caso de muchos de los moradores de las cuevas del Sacromonte (Granada) que fueron forzados a desalojar sus hogares tras las terribles inundaciones del invierno de 1963. Algunos opusieron resistencia a la orden de desalojo y lograron permanecer en las cuevas, pese al evidente riesgo que representaba aquella decisión. Así lo hicieron Isabel García Jiménez y su marido, que se negaron a marcharse de la cueva, él plantando cara a la Guardia Civil y ella encaramándose al poste de la luz. La mujer conserva un agrio recuerdo de los términos en que se llevó a cabo la evacuación y del trato dispensado por las autoridades a los vecinos: «Y ya vino Franco y nos echó a todos. Venga, venga, fuera, fuera. Ponían los camiones, los montaban a la gente como si fueran a la guerra». Finalmente, el matrimonio logró permanecer en su cueva, donde estuvo «una pila de años y no ha pasado nada». Otros reprochan aún hoy a las autoridades que no apostaran por la rehabilitación del Sacromoente y facilitaran el regreso de los vecinos. Es el caso de Curro Albaycín, que tenía entonces 14 años y que lamenta que dejaran morir el barrio al no dotarlo de las necesarias infraestructuras. Según su testimonio, el deseo de su familia y de otros vecinos evacuados por el temporal era volver al Sacromonte. Si la mayoría no lo hizo fue porque allí «no teníamos agua, no teníamos casi luz. Esto era un desastre. No teníamos servicios, no había wáter, teníamos que hacerlo en las calles, en las pencas», mientras que en las casitas que les entregaron en el barrio de La Virgencica «tenían agua, y una bañera y luz». Para Curro aquello fue «como cuando arrancas un árbol de su sitio y lo llevas a otro que ya nunca vuelve a florecer igual». No obstante, los servicios con que contaban las nuevas viviendas en las que fueron instalados no siempre fueron valorados y apreciados por los beneficiarios, al no ajustarse a sus modos tradicionales de vida en la cueva, lo que limitó su potencial como mecanismo de consentimiento.¹⁰³ Así lo recuerda Natividad Heredia Cortés, cuya familia se mostraba recelosa a hacer uso de la bañera:

Yo no quería meter a mis niñas ahí, porque me daba mucho miedo de la bañera. Yo digo, vaya que se me resbalen mis niñas y se me mata una niña aquí. ¿Y yo qué hacía? Calentaba agua, ponía aquí una tina, que compré una tina de esas grandes, y ahí las bañaba. Y la bañera ahí sola. Y mi marido se ha metido en la bañera por lo menos a los tres años. «¿Yo qué me voy a meter en la bañera, para que digan que un gitano se ha matado en una bañera?».¹⁰⁴

Por último, otro factor que limitó la capacidad de la política de vivienda franquista para ampliar el consenso tuvo que ver con las actitudes –no tan positivas– que generó entre los no beneficiarios. A diferencia de los nuevos propietarios, que recibieron su nuevo estatus con optimismo e incluso entusiasmo, aquellos que vieron cómo a sus convecinos les entregaban las llaves de unas casas nuevas y bonitas sintieron a menudo reparos. A algunas de estas personas las movía un sentimiento de envidia. Otras tendieron a poner el acento en el mal uso que se daba a los hogares y en lo descuidados que se tenían. Así lo hizo Margarita Cabezas al referirse a las familias gitanas que pasaron de vivir en las chozas de Santa Fe a estrenar casa: «Luego empezaron a arrancar las cosas del cuarto de aseo para meter animales, un disparate. Yo decía que veía bien que les dieran casa, pero que les dijeran que todos los meses iban a visitarlas, para ver si estaban limpias o no. Hubo de todo».¹⁰⁵

Todo aquello coadyuvó a que el descontento calara entre algunos sectores de la población, que acabaron por traducir aquel sentimiento de malestar en pequeñas acciones de resistencia contra la política de vivienda de la dictadura. Uno de estos gestos críticos, en esta ocasión de carácter meramente simbólico, tuvo lugar en Santa Fe (Granada) en la segunda mitad de la década de los cincuenta, cuando el gobernador civil de Granada, Francisco Summers, acudió a la localidad para inaugurar un grupo de casas construido por la Delegación Nacional de Sindicatos. Cuando, durante el transcurso del acto, el político franquista empleó la expresión «obro muy duro», algunos vecinos lo apodaron ingeniosamente «Paco el estreñido».¹⁰⁶ De mayor entidad fue lo ocurrido en la Málaga de mediados de los años sesenta, donde un grupo de vecinos de la barriada 25 Años de Paz se movilizó, con ayuda del párroco de la iglesia de San Patricio, contra la exigencia de pagar 10.000 ptas. por la ocupación de sus nuevas viviendas y ante el rumor de que iban a ser desahuciados. Alegaban que si abandonaron su anterior barriada de El Perchel fue porque iban a demoler sus casas para construir el polígono Alameda, por lo que consideraban que las cantidades reclamadas debían ser abonadas por el Ayuntamiento con los ingresos que iba a obtener de la venta de los solares.¹⁰⁷ El irresuelto problema de la vivienda acabaría convirtiéndose, de hecho, en una de las cuestiones cardinales del movimiento vecinal que surgió con fuerza a mediados de los sesenta y estaría en la base de numerosos episodios de conflicto.¹⁰⁸ Uno de ellos tuvo lugar en Cataluña entre 1969 y 1973, cuando los vecinos de diferentes barriadas de Barcelona, Sabadell, Tarrasa, Manresa, Hospitalet y Prat de Llobregat decidieron dejar de pagar a la OSH las cuotas en concepto de mantenimiento y reparación en protesta por el estado de desperfecto y abandono en que se encontraban las edificaciones como consecuencia de la mala calidad de las construcciones.¹⁰⁹

GRÁFICO 2

Viviendas construidas en España con la protección del Estado (1960-1969)

Fuente. Elaboración propia a partir de los Anuarios Estadísticos del INE.

Sin embargo, lo cierto es que, a pesar de todos estos importantes límites inherentes a la política de construcción franquista, la dictadura logró cosechar unos espectaculares resultados, teniendo en cuenta el terrible punto del que se partía. Como explicaba el jefe de Falange de Sevilla en un parte interno de enero de 1946 la «infinidad de casas baratas» que estaban construyendo el inv y la OSH en la provincia estaban permitiendo hacer frente «en gran parte» al grave problema de la vivienda. Según este cargo, la política de edificación del régimen estaba logrando «que muchas familias humildes, que vivían en chozas y lugares inmundos puedan tener habitación, aunque modesta, higiénica y ventilada».¹¹⁰ Como muestra el gráfico 2, en el periodo 1960-1969, el de mayor intensidad constructiva, se edificaron en España 1.691.033 viviendas de protección estatal, a las que habría que sumar las de iniciativa privada. El año en que más se construyó fue 1965, con 240.904 casas. Además, estas nuevas viviendas contaban con más y mejores servicios que las existentes hasta la fecha, teniendo prácticamente todas ellas agua corriente, retrete y electricidad, la mayoría también lavadero (65 %) y ducha (52 %) y casi la mitad (45 %), baño (tabla 1).

TABLA 1

Servicios de las viviendas construidas con la protección del Estado en 1964

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico de 1965 del INE.

1.3 Las entregas de llaves: ¿un mecanismo de generación de consentimiento?

Conversó detenidamente con los vecinos interesándose por sus problemas y escuchando de todos que actualmente viven en mejores condiciones que las modestas viviendas que han abandonado.

Crónica de la visita del ministro Gual Villalbí

a Sevilla en 1962¹¹¹

A la hora de estudiar la política de construcción franquista, parte de la historiografía ha puesto el acento en su pretensión de controlar socialmente a la población y en el triunfalismo de que hizo gala la propaganda a la hora de publicitar los nuevos grupos de viviendas.¹¹² Sin embargo, aun siendo ello cierto y a pesar de sus importantes limitaciones, esta política social del régimen habría logrado mejorar la imagen de la dictadura entre la población e incluso extender las actitudes consentidoras más allá de su caladero habitual de apoyos.¹¹³ A ello contribuyó, en primer lugar, la magnitud del problema de la infravivienda que venía padeciendo buena parte de la sociedad desde hacía varios lustros y que representaba una de las preocupaciones centrales de los españoles a mediados de los sesenta.¹¹⁴ El partir de un punto tan miserable facilitó que cualquier mejora, por tímida y modesta que fuera, fuese percibida en términos positivos y esperanzadores. Segundo, el despegue, durante los años del «desarrollismo» –los más intensos en cuanto a edificación–, de una incipiente clase media que estimaba el acceso a la vivienda en propiedad –incentivada por las autoridades frente al alquiler– como un signo de promoción social y a la que pudo resultar atractiva la política de construcción franquista.¹¹⁵ En tercer lugar, el hecho de que los beneficios de esta política alcanzaran directa o indirectamente a amplios sectores de la población, no ya solo a los destinatarios de las llaves, sino también a los obreros que trabajaron en la construcción e incluso a quienes venían habitando en las inmediaciones de las zonas chabolistas, que padecían la insalubridad y la mala imagen proyectada por estas barriadas. En cuarto lugar, la materialidad de las viviendas, que constituían una realidad tangible y en cuyas fachadas lucía una placa con el emblema del inv, facilitó un consentimiento a largo plazo. Por último, la intensa propaganda que hizo el régimen de su particular «cruzada de la vivienda», que comenzaba por la propia elección del nombre de las nuevas barriadas, caso de la del «Generalísimo Franco» inaugurada en Granada en 1955.¹¹⁶ La dictadura no desaprovechó la oportunidad de publicitar los logros de su política de edificación y puso en marcha campañas publicitarias que apelaban a lo emocional, como la que promocionaba la OSH como un organismo para «ayudarte en tus propósitos y convertir en realidad tus deseos de conseguir para ti la vivienda que necesitas».¹¹⁷ Todo ello le permitió forjar el exitoso mito de la dictadura como tenaz constructora de viviendas protegidas que todavía hoy perdura en la memoria popular.¹¹⁸

Ya durante el proceso de construcción las autoridades acostumbraban a visitar las obras en marcha. E incluso, a menudo, aprovechaban los derrumbes ocasionados por tragedias naturales como pretexto para visitar las zonas afectadas y hacer un ejercicio de propaganda, como ocurrió con la visita de Franco a Granada con motivo de las terribles inundaciones de 1963.¹¹⁹ Pero fueron las inauguraciones de las viviendas los actos que más y mejor nutrieron a la maquinaria propagandística del régimen. Las entregas de llaves y títulos de propiedad a los beneficiarios de los nuevos hogares solían celebrarse en fechas coincidentes con alguna efeméride de la dictadura y estaban rodeadas de una fastuosa pompa. A ellas asistían importantes autoridades tanto civiles, que –en un acto de populismo– solían adentrarse en algunas de las casas, como religiosas, que se encargaban de esparcir agua bendita sobre las construcciones. A menudo los actos contaban con la presencia de importantes personalidades del régimen e incluso del jefe de Estado, que en ocasiones asistía acompañado de su esposa Carmen Polo, como sucedió en 1966 en Jaén con motivo de la entrega de ciento seis viviendas del Patronato Benéfico Niño Jesús a obreros agrícolas de la ciudad.¹²⁰