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CLAUDIA LÓPEZ PRETENDE EXPONER GRUPOS DE CIVILES A LA VIOLENCIA DE LOS VÁNDALOS
21 de enero de 2020
LA ALCALDESA CLAUDIA LÓPEZ ES LA máxima autoridad y jefe de la policía en Bogotá. Ello es así pues en Colombia los alcaldes tienen, en principio, esa atribución. Deberíamos saber que darles ese enorme poder a los alcaldes no es una marca de democracia. Hay repúblicas muy civilizadas donde los alcaldes no tienen ese derecho. El orden público de las grandes ciudades es algo tan complicado hoy en día que no se puede dejar en manos de un solo funcionario pues entre los alcaldes, ungidos por el voto ciudadano, pueden haber politiqueros inexperimentados, cuando no demagogos irresponsables y hasta extremistas con agenda secreta.
Un ejemplo: el alcalde de París tiene muy pocos poderes de policía. Quien dispone de esos poderes es el Prefecto de París y su región. Este es nombrado por el gobierno y es el único representante del Estado. El alcalde se encarga de los servicios para los habitantes de la capital. En Francia hubo y hay tantas revueltas urbanas, que a veces se transforman en revoluciones, que la contención de multitudes agresivas no es dejada en manos del alcalde.
Lo que acaba de hacer Claudia López respecto del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), una fuerza antimotines de la Policía Nacional, es absurdo, irresponsable y peligroso. Ello debe ser objeto de reflexión. Una primera conclusión podría ser: en Colombia deberíamos modificar la Constitución para retirarle al alcalde de Bogotá esa enorme responsabilidad.
El estatuto de los alcaldes en Colombia es ambiguo. No se sabe bien hasta dónde van sus facultades en materia de orden público. La legislación es defectuosa pues la conservación y restablecimiento del orden público es asunto del presidente de la República pero en esa labor pueden intervenir también los gobernadores y los alcaldes (artículos 296, 303 y 315 de la CN) y eso se presta a malentendidos, abusos y errores.
Claudia López con su injusta hostilidad contra el ESMAD está dispuesta a jugar con la vida de los bogotanos. El transporte urbano, los edificios públicos y privados, los comercios y viviendas de la capital también están en peligro si los prejuicios anti policía y anti represión de la alcaldesa llegan a imponerse. Ella decidió, por ejemplo, que su administración no admitirá el uso de las escopetas calibre 12 mm y que el ESMAD no «hará presencia en las calles» a menos de que sea necesario «por un disturbio de importancia» y que «en caso de ser necesario intervendrá la Fuerza Disponible de la Policía, no el ESMAD». Ella reitera que éste, «no volverá a salir como recurso de primera instancia durante movilizaciones». ¿Qué tiene que decir al respecto el presidente de la República? ¿Él está de acuerdo con eso?
El amateurismo de la alcaldesa es evidente: no intervenir, o intervenir mal y tarde o en «segunda instancia», como quiere ella, contra incursiones masivas, violentas y coordinadas, como las que vimos en 2019, es cooperar con los vándalos y llevar al sacrificio inútil a los miembros de la fuerza pública y a los civiles.
El ESMAD es injustamente acusado por la alcaldesa. Sin embargo, esa fuerza es la que ha impedido hasta ahora que los devastadores consigan destruir a Bogotá como lo hicieron sus émulos pro chavistas en Santiago de Chile. ¿Quiere alguien a estas alturas que haya un nuevo Bogotazo como el del 9 de abril de 1948?
Claudia López no admite que lo ocurrido en 2019 encierra un peligro para el país. Ella utiliza un lenguaje especial para disimular el potencial negativo de las acciones destructoras. No ve lo que está en juego. ¿Esa actitud de dónde viene? ¿Es signo de ineptitud o de obsesión ideológica? Por ahora lo que cuenta son sus increíbles planes para hacerle frente a los desmanes en la capital del país.
La alcaldesa está inventando una táctica de combate antidisturbios inédita y ridícula: contener a manifestantes violentos con grupos de civiles desarmados. Ella advirtió que la «primera línea de defensa» contra los desbordamientos populares serán «los gestores de paz de la alcaldía»; que, en segundo lugar, estará el grupo de las «madres gestoras de paz», y las «mamás de los estudiantes de universidades públicas». En última instancia, ella enviará «los policías de la Fuerza Disponible con casco y escudo, pero no el ESMAD».
Eso de constituir grupos de madres de familia para disolver o frenar las acciones de gente brutal y, en muchos casos, drogada, es totalmente inhumano e ilegal. Sería bueno saber qué otras ciudades utilizan grupos de madres de familia en tales circunstancias. ¿Qué tiene que decir de todo eso el presidente de la República? ¿Iván Duque está de acuerdo con ese invento? Y no solo el Presidente. El Procurador General que tiene por misión, entre otras, la defensa de los intereses de la sociedad y proteger los derechos humanos, no puede seguir silencioso ante ese proyecto de Claudia López.
¿Claudia López vive fuera de la realidad? Ella ve, en todo caso, esas cosas a través de un filtro extraño. Habla de simples «movilizaciones» y de «marchas» angelicales. López pretende que olvidemos lo que ocurrió, al decir: «Una marcha no es un problema de orden público. Hacer grafitis no atenta contra la vida». Lo que hubo en Bogotá y otras ciudades fue mucho más que eso. Hubo disturbios estructurados donde agresores políticamente motivados emplearon gasolina, explosivos y todo tipo de armas contra la fuerza pública y contra civiles, razón por la cual el ESMAD tuvo que intervenir. Ello dejó decenas de heridos, entre miembros de la fuerza pública y «manifestantes». Y hubo hasta muertos, y no solo por culpa del ESMAD. Contra esa cruzada de brutalidades que hubo, y que van a seguir, la alcaldesa pretende anteponer y sacrificar grupos de civiles desprotegidos y sin experiencia, sobre todo mujeres, contra vándalos y energúmenos. ¿No sabe acaso ella en qué consiste «la brisita» que el dúo Maduro-Cabello quieren reanudar en 2020? Todo eso es locura furiosa.
En lugar de pedirle a Iván Duque que se entienda y se mantenga «alineado con los gobiernos municipales» y viceversa, como sugería un columnista de El Tiempo en estos días(6), habría que pedirle al jefe de Estado que trace una orientación clara sobre la política destinada a desarticular a tiempo la ola de manifestaciones teledirigidas por dictaduras enemigas de Colombia.
Se equivocan quienes pretenden que las protestas que se avizoran no conciernen al país sino que «pertenecen a cada una de las ciudades» y que según eso «los alcaldes [son] los principales responsables de contener brotes de violencia y tramitar inteligentemente esas movilizaciones». En otras palabras, la línea es dejar en manos de madres de estudiantes la contención de los vándalos. Ello equivale a cruzarse de brazos y abrirle avenidas a la violencia «de masas» como dicen los mamertos. Hay que dejar de ser tontos ante los enemigos bestiales. Después de la tragedia veremos a esos columnistas llorar ante la leche derramada. Lo que nunca ha servido de nada.
¿A QUIÉN LE SIRVE CLAUDIA LÓPEZ?
26 de enero de 2020
LOS BOGOTANOS ESTÁN COMO LOS ARGENTINOS: eligen a los más ineptos y corruptos y después se quejan de las barbaridades que comete esa gente. Después de haber elegido alcaldes como Antanas Mockus, Luis Eduardo Garzón, Samuel Moreno Rojas y Gustavo Petro, los bogotanos volvieron a dejar que este último, el señor de los talegos, accediera de nuevo a la alcaldía, a través de otra persona. Claudia López no es un clon de Petro pero es la continuidad de Petro, ideológicamente hablando. Ella viene para lo mismo: no a servirle a la ciudad sino a imponerle un programa no enunciado. La barbarie de la lucha de clases, la creencia de que la revuelta anticapitalista y la ecología irracional harán feliz al pueblo. Es lo que ella llama hacer «el cambio de historia».
Por más de que esos dos hayan protagonizado una comedia para exhibirse como adversarios, ellos tienen la misma agenda. Ambos están convencidos de que hay que cambiar la democracia. Claudia López desliza eso en su frase enigmática sobre la «democracia inclusiva». La democracia a secas, la auténtica, según ella, es «excluyente». Es lo que proponía Marx. Los derechos humanos y la democracia deben ser abolidos pues protegen el individualismo, el egoísmo y la sociedad civil. La democracia totalitaria, en cambio, es la única que alcanza el control de la voluntad colectiva sobre la voluntad de los individuos. Tal es el núcleo secreto de esos dos activistas. Según ellos, hay que ir hacia el socialismo que «incluirá a todos». En realidad, ello conduce al Terror como sistema, algo que esas eminencias se empeñan en ocultar.
Lo ocurrido el pasado 21 de enero fue la primera muestra de la contradicción que hay entre lo que dice y hace la alcaldesa.
Hay un esfuerzo tenaz para golpear y humillar a la policía de la capital. Para desestabilizarla y acabarla, para dejar a Bogotá sin seguridad. Esa estrategia abrió una fase nueva el 17 de enero de 2019, cuando un elemento del Eln le quitó la vida a 22 jóvenes cadetes de la Escuela de Policía General Santander al detonar una bomba de 80 kilos de pentolita.
La opinión pública olvida que la destrucción de la Policía Nacional fue teorizada por un miembro de la dirección del PCC, en septiembre de 2010, luego de la muerte del jefe militar de las Farc, Víctor Julio Suárez Rojas, alias «Jorge Briceño Suárez», alias «Mono Jojoy». Ese directivo decidió que la inteligencia de la Policía había descubierto el lugar donde se escondía ese verdugo, lo que habría facilitado el ataque aéreo de las fuerzas militares, la Operación Sodoma, contra el búnker y los túneles de «Jojoy», en la zona «la Escalera» de La Macarena, Meta.
Es obvio que esa campaña sigue y se oculta detrás de diferentes formas para desgastar, desacreditar y apartar a la policía de los asuntos de la seguridad urbana. La decisión de Claudia López de estigmatizar y marginalizar al ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) emerge en un contexto muy curioso.
La política de terror directo está siendo combinada con otras técnicas de terror de baja intensidad. La aparición de «marchas de protesta» sobre todo desde 2018, que se dicen «pacíficas» pero que culminan en orgías de destrucción contra la sociedad civil y contra la fuerza pública, encajan, quiéranlo o no los miembros del «comité del paro cívico», en esa estrategia de tensión.
Aunque no representa nada, ni fue elegido por nadie, ese «comité», donde hay agentes de las Farc y de los sindicatos FECODE y CUT, lanza cuando quiere, en medio de la indiferencia del gobierno de Iván Duque, marchas ruidosas pero poco nutridas. Y los encapuchados que emergen de la masa son los que dirigen el baile: hieren brutalmente a los uniformados, incendian, destruyen lo que pueden, siembran el pánico, roban y destruyen buses y estaciones de transporte, agreden a los usuarios, saquean tiendas y supermercados y degradan edificios públicos y privados. El 21 de noviembre pasado, los vándalos golpearon, en especial, en diez ciudades: Bogotá, Cali, Neiva, Medellín, Manizales, Popayán, Pamplona, Bucaramanga, Cartagena y Santa Marta. Ese día fueron heridos 37 policías y 42 civiles. 420 amotinados fueron detenidos. Sumando las marchas anteriores, hasta ese día los civiles heridos por los brotes de violencia subieron a 177 y a 271 policías (26 de ellas mujeres) y dos militares heridos(7). Julián Andrés Orrego, un encapuchado, murió en Medellín, el 2 de diciembre, al estallar los explosivos que llevaba.
En noviembre de 2018, un manifestante arrojó una bomba incendiaria que causó quemaduras graves a los policías que custodiaban la sede de RCN Radio, en Bogotá. Todo eso justificado con la mentira de un supuesto «derecho a la protesta». Ese «comité» llega al cinismo de incluir en su programa los gritos de guerra de la banda que ordenó el atentado contra los cadetes de la Policía. Ese «comité» dice tener una meta a corto plazo: obtener que el gobierno de Duque realice la totalidad de las concesiones hechas por Santos a las Farc. Ello equivaldría a completar la infiltración de las Farc en las instituciones y a poner a la subversión narco-comunista a las puertas del poder.
El 21 de enero vimos lo que buscaba Claudia López: hacer el simulacro de contener a los violentos mediante grupos de uniformados aislados y protegidos con láminas de plástico. Ella quería ver en acción su gran invento: las «madres gestoras de paz». El resultado no pudo ser más patético: tuvo que admitir la intervención del ESMAD en cuatro puntos de la ciudad y aún así once policías fueron heridos, 37 buses y 15 estaciones de Transmilenio fueron averiados. Sólo dos vándalos fueron acusados por un fiscal.
La orden irresponsable de la señora López de marginalizar al ESMAD no es un error de cálculo. Es un acto consciente destinado a debilitar a la policía de la capital, aunque en sus discursos ella promete «construir una ciudad cuidadora» (sic).
¿Cómo puede ella afirmar eso si su plan para reprimir a los violentos es substituir la policía profesional por grupos de madres de familia? Ese modelo demente es, además, inconstitucional. Si tuviéramos una Corte Constitucional ésta ya se habría pronunciado contra eso. Pero no. No hay nada de eso.
Mucha razón tuvo la Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda, al denunciar las graves fallas del protocolo de intervención de la policía inventado, sin consulta alguna, por Claudia López. A su vez, Alberto Brunori, representante en Bogotá de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, mostró su asombro por lo ocurrido el 21 de enero: «Veo con preocupación que algunos individuos, afortunadamente una minoría, atacaron violentamente y hostigaron a miembros de la Policía Nacional», además de atacar a «manifestantes e infraestructura pública y privada».
La alcaldesa envió piquetes de policías inexpertos para que fueran cercados y salvajemente lapidados. Es un milagro que ninguno de ellos haya muerto en la emboscada de Suba. López justifica el retiro del ESMAD diciendo que la muerte de Dylan Cruz se debe exclusivamente al ESMAD, descartando la responsabilidad del «comité» que lanzó la violenta «protesta». Claudia López no cesa de acusar al ESMAD de practicar el «abuso de autoridad» y de ir «contra la legítima expresión ciudadana».
Los vándalos no son manifestantes, ni son una «expresión ciudadana». Ni son la punta de un movimiento social. Son antisociales. Sus desmanes son de tipo criminal. La policía le incautó a uno de ellos una libreta con notas y dibujos. Ese documento revela que la subversión intoxica con mentiras a sus tropas y les dice cómo armar bombas Molotov y otros elementos letales. Les dice, además, qué atuendos llevar a los ataques y cómo formar líneas de defensa y repliegue. ¿Ese adiestramiento en técnicas del combate urbano indica que hay una guerrilla en formación?
Claudia López trata de esquivar lo que ocurrió el 21 de enero. ¿Lo logrará? Algunos juristas han hecho un llamado de atención. Uno de ellos, Francisco Bernate, experto en derecho penal, definió como «intento de homicidio agravado» los actos de los encapuchados en sus ataques contra la policía. El vio en eso no unos actos de «protesta» sino intentos de matar seres humanos. «No son vándalos, son asesinos», remató Bernate. Esos hechos deben ser investigados. Realmente investigados. Sin embargo, la alcaldesa se abstiene de dar instrucciones al respecto, y la Fiscalía, organismo llamado a hacer eso de oficio, sigue acéfala pues la Corte Suprema ha sido incapaz de designar un nuevo fiscal general.
En las redes sociales muchos están pidiendo la destitución de la alcaldesa de Bogotá por lo ocurrido el 21 de enero. Dicen que no se puede tolerar que sigan esas «marchas de protestas». La Casa de Nariño y los servicios del Estado deben parar la dinámica de desestabilización recurrente. La seguridad de Bogotá y de Colombia está en juego. A las alcaldías de las grandes ciudades, comenzando por Bogotá, hay que retirarles los poderes de policía. En los tiempos que corren esa alta tarea debe recaer en manos del Jefe de Estado y de los organismos especializados.
El papel del «comité de paro» en los disturbios sangrientos es cada vez más obscuro. Dice condenar la acción vandálica pero no hace nada para retirarle el piso a los violentos y las «marchas de protesta» siguen generando revueltas. Ese «comité» debe ser disuelto.
Bogotá ha sido víctima en años recientes de atentados monstruosos. La capital no puede habituarse ahora a una ola de violencias de nuevo tipo con el pretexto de que hay un «derecho a la protesta». Ese derecho no existe, si la protesta consiste en utilizar la fuerza contra las personas y los bienes públicos. Esas marchas deben ser prohibidas. La opinión sabe que esas destrucciones responden a dictados de Nicolas Maduro quien intenta castigar a Colombia por recibir la emigración venezolana y por ayudar diplomáticamente al pueblo venezolano a liberarse de esa abyecta dictadura.
EL LENGUAJE MAMERTO
31 de enero de 2020
ESTAMOS EN MORA DE HACER UN diccionario del lenguaje comunista. Son tantas las palabras de nuestra bella lengua española que los mamertos han pervertido para disfrazar sus mentiras y embellecer sus acciones, que podríamos hacer no solo un lexicón sino un abultado volumen de consulta para que el público en general, pero sobre todo para que las nuevas generaciones y algunos periodistas puedan reapropiarse el significado auténtico de miles de palabras que fueron desfiguradas y alteradas por los propagandistas de esas bandas criminales.
El trabajo debería extenderse a ciertas fórmulas, sintagmas, dichos y maneras de hablar de los mamertos que la opinión, a fuerza de tanto oírlas, termina por aceptarlas como si su sentido fuera justo y reflejara la realidad.
Veamos, por ejemplo, un sintagma muy conocido y utilizado por ellos en estos momentos: «paro cívico».
Ese término fue inventado por los marxistas criollos para darle una connotación positiva a una de sus «formas de lucha» más vengativas y destructoras.
La frase «Paro cívico» es, en realidad, un oxímoro, es decir una figura de estilo que acerca sintácticamente dos términos que se oponen en circunstancias normales. Por ejemplo, la frase «la soledad sonora» (de San Juan de la Cruz) es el más bello oxímoro de la lengua española. También son oximoros frases como «docta ignorancia», o «hielo abrazador», «el sol de medianoche». Incluso la frase «ciencias ocultas» es un oxímoro.
«Paro cívico» es, también, un oxímoro. Es una expresión que encierra una contradicción fundamental, pues «paro» y «cívico» son dos términos antagónicos. Un «paro» nada tiene de «cívico». Un paro no puede ser cívico. Cívico quiere decir de ciudadanos, de gente educada y civilizada. En un paro la violencia está siempre presente, luego un «paro» no merece el calificativo de «cívico».
En el hablar colombiano, un paro es una huelga intempestiva y hasta ilegal. En castellano un paro es otra cosa: es «una interrupción o cese de una actividad laboral, particularmente la realizada por los patronos, en contraposición a la huelga de los empleados» (Santillana).
En Colombia la izquierda logró convertir la palabra «paro» en sinónimo de huelga, es decir, en un acto que puede ser legítimo y legal (si la huelga no es violenta), en un derecho obtenido por el mundo sindical y por los trabajadores. En cambio, en la acepción colombiana de «paro» está presente la noción de suspensión violenta de las actividades de una sociedad, o de una ciudad, o de una región. Peor: se supone que en un «paro» deben participar, voluntariamente o por la fuerza, todas las capas y clases de la sociedad, no solo los obreros y los trabajadores.
El invento de la fórmula «paro cívico» fue muy hábil. Un paro, es decir una huelga ilegal, nunca puede ser «cívica». Es un acto contrario al derecho y repudiable. Sin embargo, en la fórmula «paro cívico» esa connotación negativa desaparece o es neutralizada. Es más, aparece como una acción justificada, necesaria, disculpable y legítima. El alcance desinformador de esa fórmula es vastísimo.
Recordemos el paro cívico del 14 de septiembre de 1977. Los aparatos de entrismo del PCC en el mundo sindical lograron arrastrar a esa aventura sangrienta a las otras centrales sindicales. Ese paro dejó un saldo de 23 muertos, un número indeterminado de heridos y 400 detenidos. Los desórdenes en varias ciudades duraron dos días. Pero ahí no terminó en tal paro cívico: un año después, el 12 de septiembre de 1978, un comando comunista asesinó a balazos al exministro del Gobierno que le había hecho frente al paro insurreccional, Rafael Pardo Buelvas, en su propio domicilio, delante de su esposa. Ese fue el fin del paro cívico de 1997.
Luego los «paros cívicos» no tienen nada de «cívicos»: son, por el contrario, una pavorosa arma criminal de la subversión comunista.
Los «paros cívicos» que decretan y dirigen hoy los jefes de las Farc-partido, junto con los caciques de FECODE y de la CUT contra el gobierno, son de la misma naturaleza de aquel paro de 1977: producen muertos, heridos, detenidos y destrucciones de todo tipo. No ha acarreado el asesinato de un ministro, pero el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha sido amenazado de muerte por una banda narco-terrorista. Esos elementos, apartemente inconexos, hacen parte de un mismo proyecto. ¿Cómo es posible que sigamos creyendo que en esas revueltas sangrientas hay algo de «cívico»?
Orwell decía que es ilusorio creer que bajo un gobierno totalitario (comunista o fascista) se podría permanecer interiormente libre, que en sus buhardillas los enemigos clandestinos de ese régimen podrían anotar sus pensamientos. Parafraseando a Orwell podríamos decir que en Colombia sería ilusorio creer que bajo la cascada diaria de propaganda permanente comunista, vertida de manera directa o indirecta, e inconsciente a veces, por la prensa y por los demás medios de comunicación, podríamos seguir, en el fondo de nosotros mismos, seguir pensando como hombres libres.
Para serlo debemos repudiar y denunciar el uso del lenguaje totalitario que le roba a las palabras su relación íntima con las cosas y que es explotado para disimular el verdadero carácter de las atrocidades.
