Читать книгу: «Poder Judicial y conflictos políticos. Volumen I. (Chile: 1925-1958)», страница 6

La Sublevación: 31 de agosto- 7 de septiembre de 1931

El movimiento empezó en el acorazado Latorre que se encontraba en la bahía de Coquimbo¹²⁷. Los oficiales fueron encerrados en sus camarotes. Un radiograma informó al Gobierno de los planteamientos de los amotinados en el acta siguiente:

En la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre de 1931, las tripulaciones de la Armada, que hasta aquí han sido esencialmente obedientes, y que no han deliberado jamás ante los flujos y reflujos de los apasionamientos políticos, sino que por el contrario han sido juguete de los mismos, empleándoseles para levantar y derrocar gobiernos, han visto que todas esas maniobras no han hecho otra cosa sino que hundir cada día más al país, en la desorganización, en el descrédito e insolvencia.

Hoy, inspiradas las Tripulaciones de la Armada, en los más nobles propósitos de bien nacional, impulsados por un fervor incontenible, sin desconocer sus deberes indiscutibles de trabajo en tiempo de paz, y defensa de la patria en caso de guerra exterior, hace uso de su sagrado derecho de pensar y deliberar y manifiesta a la faz del país los siguientes acuerdos, previa la siguiente declaración:

Las Tripulaciones se levantan, no antes sus Jefes a los que respetan, no ante la disciplina que la mantendrán férreamente, no ante el país que debe confiar en ella, sino ante la incapacidad de la hora y ante el apasionamiento político y fratricida próximo a desbordarse.

Considerando:

1º Que un deber de patriotismo obliga a las Tripulaciones de la Armada a no aceptar dilapidaciones ni depreciaciones en la Hacienda del país, por la incapacidad imperante del gobierno actual y la falta de honradez de los anteriores.

2º Que aceptarles inconcebibles rebajas de sueldos sería acatar la política de bandidaje gubernativo, seguida hasta la fecha.

3º Que los actuales gobernantes para solucionar la situación económica solo han recurrido a la misma política de sus antecesores, con una falta absoluta de iniciativa y comprensión.

Por lo tanto, acuerda:

1º No aceptar por ninguna causa que los elementos modestos que resguardan la Administración y la paz del país sufran cercenamiento y el sacrificio de su escaso bienestar para equilibrar situaciones creadas por malos gobernantes y cubrir déficits producidos por los constantes errores y falta de probidad de las clases gobernantes.

2º Los Poderes competentes pedirán la extradición de los políticos ausentes y para deslindar responsabilidades, se les juzgue y sancione conforme a derecho.

3º Que el Gobierno, en su deber de velar por los derechos sagrados de todos los ciudadanos, civiles, militares o navales, por un principio de prestigio de la Libertad que defiende, debe evitar que se forme un ambiente hostil a las fuerzas armadas.

4º Que las Tripulaciones de la Armada, en su propósito firme de que se consideren sus aspiraciones y derechos exige que las Escuadras se mantengan al ancla en esta bahía, mientras no se solucionen satisfactoriamente los problemas que presentaremos a la consideración del Gobierno.

5º Que jamás, mientras haya a bordo un solo individuo de tripulación, los cañones de un barco de guerra chileno serán dirigidos contra sus hermanos del pueblo.

6º A objeto de prolongar situaciones molestas para el país, las Tripulaciones de la Armada dan un plazo de 48 horas para que se conteste satisfactoriamente a las aspiraciones que se contemplan en esta nota.

7º Queremos dejar constancia que no hemos sido influenciados por ninguna idea de índole anárquica, y que no estamos dispuestos a tolerar tendencias que entreguen al país en un abismo de desorientación social. No hay el anhelo de defendernos, exclusivamente, sino y en forma especial, de ayudar también a nuestros conciudadanos que actualmente sufren la privación de trabajo y ser la culpa de la incapacidad gubernativa¹²⁸.

Conocido este planteamiento, las autoridades de la Armada analizaron las consecuencias que tendría reprimir el movimiento o negociar con ellos. Inicialmente optaron por negociar. El mismo dilema se le planteó al Gobierno el que, finalmente, fue de la opinión de enviar un mediador a Coquimbo, designándose al almirante Edgardo von Schroeders. A menos de dos días, los planteamientos de los sublevados variaron, incluyendo temas nacionales de orden económico y político.

En el intertanto, el movimiento se había propagado a los buques que estaban en Talcahuano, Valparaíso, Quintero y Coquimbo¹²⁹. En Valparaíso la Escuela de Comunicaciones, la radio estación naval de Playa Ancha, la base aeronaval de Quintero y los regimientos Arica (La Serena) y Maipo (Valparaíso) del Ejército de Chile fueron tomados por suboficiales y tropas. En Talcahuano estaba la Escuadra del Sur. Se sumaron al movimiento la Base Naval, el personal del Apostadero Naval, las Escuelas Politécnicas Navales, la artillería costera, la radio estación naval, la Escuela de Grumetes de la Isla Quiriquina y los obreros de los astilleros fiscales¹³⁰.

El 4 de septiembre de 1931 se produjo en Quintero el alzamiento del Grupo 2 de la Fuerza Aérea, adhiriendo al movimiento de las tripulaciones. Los sargentos Manuel Poblete y Reinaldo Meneses ocuparon la base y detuvieron a los oficiales. Poco después ocuparon Quintero, controlaron las comunicaciones y cerraron los bares. Hicieron una proclama y un conjunto de demandas transmitida por radio, expresando su apoyo al movimiento de la marinería. Los sublevados les prometieron enviar el destructor Aldea para proteger su posición¹³¹.

La FOCH, dirigida por Elías Lafferte, decidió en esos días efectuar una huelga general en apoyo del movimiento. El 4 de septiembre las ciudades de Santiago y Valparaíso amanecieron sin transporte colectivo. No hubo servicio de extracción de basura en varias ciudades. Los huelguistas exigían solidaridad con los tripulantes amotinados y hacían una demanda explícita para que se derogaran las medidas de reducciones salariales¹³². Se inició también una huelga ferroviaria y los trabajadores del carbón de Lota y Coronel se unieron a los amotinados de Talcahuano.

En Coquimbo, una delegación de los comités locales de la FOCH concurrió hasta los buques en la bahía, para solidarizar con el movimiento de las tripulaciones. En Talcahuano, varios piquetes de obreros se sumaron a los marineros que tenían en sus manos el apostadero, el puerto y los arsenales, además de los destructores Riveros y Prat, sumando aproximadamente 500 hombres armados. En Valparaíso, varios obreros del Partido Democrático hicieron lo propio, vinculándose incluso con suboficiales del regimiento Maipo, el cual se insubordinó a favor del alzamiento de la Armada¹³³. Entre tanto, el Gobierno había solicitado al Congreso la declaración de estado de sitio en todo el territorio de la República por 30 días. Promulgada la ley de estado de sitio, se restringieron las libertades individuales, el derecho de reunión y la libertad de prensa. Bajo esas condiciones algunas ciudades fueron ocupadas por las Fuerzas Armadas para garantizar el orden público.

Ante la inminente huelga en Ferrocarriles del Estado, el 3 de septiembre, el Gobierno había dictado el decreto 1.361 que autorizaba a los Comandos de División para tomar el control de Ferrocarriles, disponiendo que la superioridad de ese servicio quedara a las órdenes del jefe de plaza respectivo. Disponía además que el personal de la empresa puesto a disposición de los Comandos de División o Comandantes de Plaza, quedaría sometido a la jurisdicción militar en cuanto a la secuela o juzgamiento, y al Código Penal en cuanto a la sanción que correspondiera¹³⁴.

Después del segundo manifiesto de las tripulaciones, la negociación se endureció. El almirante Edgardo von Schroeders debió subir al acorazado Latorre, ya que los sublevados se negaron a que la reunión tuviera lugar en tierra. Von Schroeders no les garantizó a los amotinados que serían amnistiados, pero les aseguró que la Armada no los sancionaría hasta que no se investigara exhaustivamente lo sucedido. El 5 de septiembre el Gobierno informó a la opinión pública que las negociaciones habían fracasado y que se veía en la necesidad de adoptar otras medidas para someter a los amotinados: «El Gobierno sobre el cual pesa el deber supremo de salvar las instituciones y la cultura del país, solicita la cooperación patriótica de todos los chilenos. La hora es solemne. Debemos afrontarla con serenidad, resolución y confianza»¹³⁵. Después de ello, el Gobierno envió un ultimátum conminando a la rendición incondicional de los sublevados:

Diga U.S. tripulaciones escuadra que agotados ayer los medios conciliatorios y comenzadas las operaciones de fuerza, se exige ahora rendición incondicional, desembarcando inmediatamente las tripulaciones desarmadas y sometiéndose a las órdenes del comandante de la plaza. Si así lo hicieron Gobierno atenuará rigor de las sanciones; de otro modo aplicará ley marcial en toda su fuerza. Conceda U. S. dos horas de plazo para contestar y comuniquemos hora en que se vencerá dicho plazo. Vicepresidente y Ministros¹³⁶.

Al hacerse público el fracaso de las negociaciones, las tripulaciones radicalizaron sus planteamientos y calificaron la respuesta del Gobierno como «[...] intransigencia antipatriótica, [...] y al considerar que el único remedio para la situación es el cambio de régimen social hemos decidido unirnos a las aspiraciones del pueblo y zarpar junto con nosotros una comisión de obreros que representen el sentir del proletariado de la Federación Obrera de Chile y del Partido Comunista. La lucha a que nos ha inducido el Gobierno se transforma en estos momentos en una revolución social»¹³⁷.

El ministro de Guerra, general Carlos Vergara Montero, movilizó tropas a los puntos críticos: Valparaíso, la base de Quintero y la base de Talcahuano. Bajo el mando del general Guillermo Novoa, Talcahuano fue atacado el 5 de septiembre por dos regimientos del Ejército y una compañía de oficiales navales y fue capturada después de una lucha corta. En algunos escritos se le menciona como «Combate de la Puerta de Los Leones». Diversos autores, incluidos algunos de los protagonistas de los acontecimientos, han detallado los combates relatando las circunstancias en las que se produjo la derrota¹³⁸. Finalmente, el 7 de septiembre, los sublevados depusieron el movimiento y hubo más de mil detenidos. Los comandantes y oficiales de los barcos fueron reinstalados en sus puestos. Astica y otros dirigentes del movimiento fueron desembarcados en Tongoy, lugar donde se rindió el Latorre. El 9 de septiembre los buques terminaron de regresar a Valparaíso con sus respectivas oficialidades al mando.

La sublevación provocó (o más bien, exacerbó) divisiones internas de la Armada y también del Ejército, dejando como saldo, según varias fuentes, desde centenas hasta menos de dos decenas (el número nunca fue revelado) de muertos, heridos, además de los daños de barcos e instalaciones militares, como ocurrió en el combate en Talcahuano, donde el general Guillermo Novoa comandó la fuerza militar que atacó a la base naval¹³⁹.

Desde 1891, existían amenazas de una nueva guerra civil con enfrentamientos entre las fuerzas de mar y tierra, e incluso, entre facciones internas de ambos. Desde 1924 esta posibilidad se había intensificado con los movimientos militares asociados con las Juntas militares de 1924-25 y luego la caída de la dictadura de Ibáñez¹⁴⁰. La sublevación de la Escuadra pudo haber hecho realidad esta pesadilla; de hecho, los sublevados amenazaron el 6 de septiembre con destruir con los cañones de los barcos las ciudades de La Serena y Coquimbo si el Gobierno no aceptaba sus demandas. La reacción de la oficialidad institucional fue casi unánime: había que castigar a los rebeldes.

El proceso judicial

Los tripulantes y suboficiales fueron sometidos a consejos de guerra en Talcahuano, Valparaíso, San Felipe y La Serena, de acuerdo al Código de Justicia Militar adoptado en 1926 por el Ejército y 1927 por la Armada. La Corte Marcial de La Serena enjuició a la tripulación del O’Higgins. La Corte Marcial establecida en San Felipe procesó a la tripulación del Latorre y la Corte Marcial de Valparaíso enjuició al resto de los detenidos provenientes de los barcos, submarinos y destructores y de las instalaciones en tierra que participaron en el motín¹⁴¹. Los líderes y participantes de la sublevación fueron condenados a diferentes penas, incluyendo sentencias de muerte; otros fueron absueltos¹⁴². Estando el país bajo estado de sitio, declarado el 5 de septiembre y de acuerdo al Código de Justicia Militar, se trataba de delitos «en tiempo de guerra». Los sublevados fueron acusados por los siguientes delitos:

1 Levantarse en armas contra los oficiales y después contra el país.

2 Apresar a los jefes y oficiales, incomunicándolos en sus camarotes.

3 Tomar el mando de los buques, designando individuos de la tripulación como comandantes, llegando hasta constituir un Estado Mayor.

4 Proclamar radio telegráficamente ante el país la revolución social.

5 Provocar al Gobierno por medio de un radio firmado «Jefe del Estado Mayor».

6 Disparar con todo el armamento disponible contra las fuerzas del Gobierno.

7 Ordenar a los destructores Blanco y O’Higgins el bombardeo de La Serena, bombardeo que no se realizó por oposición de la tripulación de este último buque, y

8 Ejercer la piratería apresando al vapor Flora143.

Ante la Corte Marcial de San Felipe la acusación solicitó condenas a muerte para los dirigentes del movimiento y 20 años de reclusión para otros involucrados. Los hechos estaban probados. La Corte Marcial deliberó por tres días y pidió la pena de muerte para seis de los procesados; presidio perpetuo para los despenseros Manuel Astica y Augusto Zagal, quienes, a pesar de su responsabilidad en los hechos recibieron una pena menor porque no formaban parte de la planta de la Escuadra. Se solicitaron quince años de prisión para Manuel Bastías, cabo; Moisés Pino, sargento; René Jara y Juan B. Méndez, cabos; y diez años de prisión para los cabos Heliodoro Labra y José González. Guillermo Steembecker fue absuelto a pesar de que se le atribuyeron funciones de dirigente en la sublevación¹⁴⁴.

En el proceso de la tripulación del Latorre, los abogados defensores argumentaron al inicio, que los tribunales establecidos al efecto no tenían jurisdicción; también algunos de los procesados alegaron haber sido forzados a unirse al motín, pero ninguno de estos esfuerzos dio resultado y el juicio se desarrolló como se había previsto. La sentencia del consejo de guerra de San Felipe se dictó el 17 de septiembre. Al conocer la sentencia, el vicepresidente Trucco y los ministros deliberaron hasta altas horas de la madrugada y enviaron un oficial para comunicar que se postergaba la ejecución de dicha sentencia¹⁴⁵.

El juicio en la Fuerza Aérea empezó después que el juicio en San Felipe había terminado. Los acusados tenían poco que alegar en su favor. La abogada Fanny Leibovich argumentó que sus defendidos se alzaron para apoyar a los sublevados de la Escuadra. No obstante, la Corte condenó a muerte a los cabecillas y a los otros a largas condenas de prisión y censuró la conducta del comandante Humberto Marín, que no evitó la insubordinación ni actuó eficazmente cuando el motín se había desencadenado¹⁴⁶.

En el Ejército se enjuició a los hombres del regimiento Maipo. El consejo de guerra tuvo lugar en San Bernardo. Juan B. Rossetti, uno de los abogados defensores, argumentó que los acusados habían ejercido únicamente el derecho ciudadano a petición, al enviar el telegrama. No obstante, aunque no pudo probarse que habían participado en el motín, el consejo de guerra y el Comando de la Segunda División de Ejército condenó a separación y expulsión del servicio a 28 miembros del Ejército y al comandante del regimiento, Ernesto García Fernández, quien fue remplazado por Ariosto Herrera (quien conspiraría contra el Presidente Pedro Aguirre Cerda algunos años más tarde). El gobierno cambió el nombre del regimiento que pasó a llamarse regimiento de infantería Valparaíso¹⁴⁷.

Como resultado de los juicios se dictaron 16 condenas a muerte, entre ellas la de Ernesto González Brion, suboficial escribiente; Lautaro Silva, despensero; Víctor Villalobos, cabo artillero; Luis Pérez, cabo primero, Victorino Zapata, sargento, así como para otros. A presidio perpetuo se condenó a los despenseros Manuel Astica y Augusto Zagal. A quince años de prisión a Manuel Bastías, cabo; a Moisés Pino, sargento; René Jara y Juan B. Méndez, cabos; y diez años de prisión para los cabos Heliodoro Labra y José González. Se dictaron diez condenas a presidio perpetuo, ciento veinte penas de presidio desde más de cien días hasta 15 años y se dispuso la exoneración de 865 tripulantes y obreros del Arsenal Naval de Talcahuano¹⁴⁸. Muchos fueron sentenciados por las Cortes Marciales y otros fueron sancionados por comisiones administrativas. El número de sancionados era equivalente al 23 % del personal en servicio en 1931¹⁴⁹.

Las sentencias despertaron una reacción pública muy crítica. Numerosas orga-nizaciones y personas solicitaron la conmutación de las penas de muerte y la reducción de las otras penas. En la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de acuerdo intentando evitar el fusilamiento de los condenados solicitando al Presidente de la República que lo evitara a toda costa «aun usando de las facultades privativas que le otorga la Constitución del Estado»¹⁵⁰.

En el Senado se levantaron distintas voces que buscaban detener el fusilamiento de los sublevados y enfrentar la compleja situación política¹⁵¹. El senador radical Augusto Rivera Parga comentó el descontento existente en el país sobre las condiciones económicas y afirmó que el amotinamiento de la marinería se inscribía en tal contexto. Señaló que era necesario reconocer que las responsabilidades que pudiesen recaer sobre las tripulaciones de los buques de la Armada y sobre las instituciones armadas en general «debemos compartirlas todos los habitantes del país», recordando la instigación de los civiles, desde 1924, a la «indisciplina y a la rebelión» y esa instigación daría como resultado el movimiento en los buques de la Armada¹⁵². Hizo presente que en lugar de reconocerse el proceso que había originado el movimiento,

se ha procedido a aplicar en todo su rigor las penas que para tales casos consulta el código de justicia militar. Es cierto que hay derecho para exigir el sacrificio de su vida a los individuos que se han alistado en las filas de la Armada Nacional; pero también es efectivo que hay que pesar cada una de las determinaciones que se tomen. Si existe el derecho a exigir a la marinería como a cada ciudadano, el sacrificio que impone el patriotismo; si es efectivo que la idea de patria, si bien envuelve la idea de sacrificio, también envuelve la idea de bienestar, de derecho a la vida, y entre tanto, la disminución de sueldos que se proyectaba importaba poco menos que negar el derecho a la vida a innumerables familias de chilenos¹⁵³.

El senador Manuel Hidalgo (P. Radical Socialista, Trotskista/4ª Internacional) dijo que era «mejor, para el bien de la República, que a los marineros se les trate con la misma consideración con que se trató a los sublevados del 5 de septiembre y del 23 de enero [de 1924-25], para que no tengamos que lamentar mañana sucesos aún más dolorosos»¹⁵⁴.

Pero los ministros en el Gobierno tenían opiniones divididas. Algunos apoyaban las medidas de clemencia y otros esperaban que se aplicara un castigo ejemplar. El Gobierno buscó dilatar el cumplimiento de las sentencias. Al mismo tiempo, en esos días, el Ejecutivo envió un mensaje de extrema urgencia por el que se declaraba beneméritos de la patria al personal de Ejército, de la Aviación, de la Armada, y de Carabineros, caídos en defensa del gobierno constitucional durante los sucesos de septiembre¹⁵⁵. El análisis de dicho mensaje generó una ácida discusión sobre los acontecimientos, la que continuó en las sesiones siguientes¹⁵⁶. Finalmente la propuesta fue aprobada por 51 votos contra 7¹⁵⁷.

El ministro de Marina, el contraalmirante Enrique Spoerer Jardel, fue reintegrado al servicio después de haber sido exonerado por el gobierno de Ibáñez, siendo capitán de navío y director de la Escuela Naval. A él le correspondió la tarea de reorganizar la Armada. Muchos jefes y oficiales fueron exonerados. A inicios de noviembre se derogó el decreto de medidas disciplinarias que afectó a diversos oficiales, reincorporándose a algunos, entre ellos al comandante del Latorre, contraalmirante Abel Campos.

El proceso judicial reconstituyó los hechos, permitió identificar las distintas influencias ideológicas y políticas, así como las motivaciones particulares que contribuyeron a desencadenar el movimiento. Mostró también la veloz evolución de las demandas iniciales sobre condiciones laborales hasta las proclamas políticas de los últimos días, que exigían, incluso, un proceso de reforma agraria, rechazando la negociación iniciada con la Armada. Los amotinados no contaban con apoyo externo efectivo y parecían no haber previsto la sustentabilidad del movimiento si sus demandas no eran satisfechas de manera inmediata. El examen de los antecedentes y de los procesos judiciales deja en claro que los amotinados carecían de una perspectiva estratégica y de un plan compartido, más allá de haberse propuesto controlar la Escuadra mediante el alzamiento, y lograrlo en los primeros días.

El proceso interno que se fue desarrollando a partir del día 4 de septiembre condujo a la imposibilidad de sostener el movimiento, al constatar que el Gobierno estaba dispuesto a utilizar toda la fuerza necesaria para retomar el control de la Escuadra. La derrota fue completa. Los juicios condenaron a un gran número de los participantes y a los dirigentes, además de aplicarles medidas administrativas. Sin embargo, varios tripulantes fueron absueltos en los consejos de guerra. A pesar del procesamiento de los involucrados y de las sanciones aplicadas, las consecuencias judiciales para los condenados se diluyeron a los pocos meses.