Читать книгу: «Poder Judicial y conflictos políticos. Volumen I. (Chile: 1925-1958)», страница 5

Capítulo I Dictadura constitucional y la «Segunda anarquía», 1925-1931
Cronología
1927

1932

Durante la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931) el Poder Judicial fue intervenido.

Aquiles Vergara, ministro de Justicia, presionó a la Corte Suprema para que expulsara a «elementos de escasa competencia y de dudosa moralidad que los hacen inhábiles e indeseables para ejercer con autoridad y prestigio sus nobles y elevadas funciones». El presidente de la Corte Suprema Javier Ángel Figueroa, intentando proteger la independencia del Poder Judicial y la inamovilidad de los jueces establecida en la Constitución de 1925, respondió que los jueces permanecerían «en sus cargos durante su buen comportamiento», argumentando que, de acuerdo a la Constitución, los jueces «solo podrán ser depuestos de su destino por causa legalmente sentenciada» (art. 85).

Dado que la Corte no removió a los magistrados, «Ibáñez declaró vacantes, el 24 de marzo de 1927, los puestos que ocupaban cinco ministros de Cortes de Apelaciones y trece jueces letrados»⁹³. Esta intervención se realizó en virtud de la ley 4.113 de 25 de enero de 1927 («Modifica decreto-ley 755, de 1925 y otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo para reorganizar finanzas») adoptado durante la administración de Emiliano Figueroa y firmado por el ministro de Hacienda Alberto Edwards Vives, que facultaba al Presidente para reorganizar los servicios de la administración pública⁹⁴. La ley, cuya constitucionalidad se discutía en el Congreso, tenía como justificación «introducir economías»⁹⁵. No autorizaba que el Ejecutivo pudiera «reorganizar» el Poder Judicial. Sería ampliada por la ley 4.156 de 1928 («Amplía facultades concedidas por ley 4.113») que autorizaba al Ejecutivo: «Con el fin de reducir los gastos públicos [...] reorganizar los servicios de la Administración Pública fijando la planta y sueldos del personal y las funciones o atribuciones de orden administrativo que le correspondan» (art. 1)⁹⁶. En los debates sobre esta ley y sobre el presupuesto para 1928 se excluía explícitamente al Poder Judicial y al Congreso: «Las disposiciones de la presente ley no serán aplicables al personal de empleados del Congreso Nacional, ni al Poder Judicial y [...] etc»⁹⁷. Sin embargo, ya parecía aceptada entre los legisladores la práctica extraconstitucional de delegar facultades legislativas al Ejecutivo, con lo que se justificó la exoneración de 18 magistrados, algunos de los Tribunales Superiores de Justicia y otros jueces letrados. Se fundaría, según el diputado Carlos Estévez Gazmuri (P. Conservador), en «aquella [ley] nefasta, podría decirlo, en aquella malhadada ley 4.113, que será uno de los baldones más grandes en nuestra historia política»⁹⁸.

Mientras tanto, en el acta extraordinaria de la sesión plenaria de la Corte Suprema de 2 de abril de 1927, «quedó constancia de la humillación inaceptable a la que se la sometió»⁹⁹.

Dice la nota enviada al Gobierno:

Esta Corte Suprema, llamada por la Constitución y las leyes a ejercer la Superintendencia directiva y correccional y económica de todos los tribunales de la Nación, inicia las labores judiciales del presente año bajo el peso de un acontecimiento que, por su naturaleza y trascendencia socava en sus fundamentos esenciales la independencia del Poder Judicial, como es el arresto y deportación por la vía meramente administrativa del magistrado que desempeñaba las funciones de presidente de la IItma. Corte de Apelaciones de Santiago, don Felipe Urzúa, sin guardarse ninguna de las formalidades establecidas rigurosamente en nuestro régimen constitucional y legal en resguardo de la inamovilidad y prestigio de los magistrados judiciales¹⁰⁰.

El presidente de la Corte Suprema renunció y fue detenido. Los ministros Alejandro Bezanilla Silva, Antonio María de la Fuente, Manuel Cortés y Luis David Cruz renunciaron en protesta por la purga del Poder Judicial. Los cinco ministros que permanecieron (Ricardo Anguita, Moisés Vargas, José Astorquiza, Dagoberto Lagos y Germán Alzérreca) se reunieron el 4 de abril y aprobaron las medidas gubernativas, designándose a los señores Humberto Trucco y Abraham Oyanedel como nuevos miembros de la Corte Suprema. El 22 de septiembre se designó a Carlos Alberto Novoa y el 9 de diciembre a Romilio Burgos. El 29 de diciembre, mediante el decreto 3.390, se impuso un reglamento para la designación de nuevos funcionarios judiciales.

Durante el Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo numerosos opositores fueron detenidos arbitrariamente, algunos de ellos fueron expulsados del país y otros fueron confinados a distintos lugares de la República. La situación dio lugar a que la Corte Suprema se pronunciara respecto a la competencia de las Cortes para fallar los recursos de amparo. En el caso de la apelación del recurso por la expulsión del país de Manuel Rivas Vicuña, se disputó a qué instancia le correspondía tramitar el amparo en procesos militares. La Corte Suprema estableció que la Corte Marcial solamente debería conocer de los recursos de amparo por órdenes de detención expedidas en los procesos militares y por tribunales militares¹⁰¹. La discusión se extendió a otros casos. Entre ellos, al recurso de amparo presentado por el intento de detención de Daniel Schweitzer por orden del ministro del Interior, orden expedida «por existir antecedentes que autorizan para considerar a Schweitzer culpable de delitos contra la seguridad del Estado»¹⁰². Las contiendas de competencia se suscitaron también en relación con la detención de miembros del Congreso, fallando la Corte Suprema que dichos recursos debían ser conocidos por la sala de la Corte de Apelaciones respectiva¹⁰³. Los casos ilustran no solo la conflictividad del período sino también los esfuerzos por hacer valer los derechos de los detenidos.

Cuatro años después, los cuatro exministros de la Corte Suprema formarían parte de la Comisión Investigadora de los Actos de la Dictadura que funcionó a la caída del gobierno de Ibáñez, desde el 4 de agosto hasta el 24 de diciembre de 1931. Uno de ellos, Alejandro Bezanilla Silva, la presidió. Mientras funcionaba la Comisión, los gobiernos interinos, acompañados por el controvertido congreso termal, tratarían de restablecer el régimen político creado por la Constitución de 1925¹⁰⁴. Durante esos meses, se produjeron dos situaciones especialmente traumáticas para el país: la sublevación de la Escuadra (31 agosto-7 septiembre) y los llamados sucesos de Copiapó y Vallenar (25 diciembre). Las autoridades consideraron que en ambos casos estuvo en riesgo la seguridad interior del Estado, adoptándose medidas excepcionales para defender el régimen político.

La Comisión Investigadora se propuso analizar los aspectos políticos y la gestión financiera de la dictadura, entendida como los atropellos a los derechos de las personas y los actos de corrupción del régimen ocurridos hasta fines de julio de 1931. Entre los asuntos considerados por la Comisión, en la 9ª sesión plenaria (24 agosto, 1931), su presidente señaló «la conveniencia de dirigir un oficio a la Corte Suprema» para que recabara «de los miembros de las Cortes de Apelaciones y de los jueces y funcionarios del poder judicial una exposición de los actos abusivos [...] que hayan podido ser víctimas de parte de la dictadura y sus agentes o que hayan tenido conocimiento con motivo del ejercicio de sus cargos»¹⁰⁵.

En la discusión se argumentó que era casi seguro que la mayoría de los miembros de la judicatura no estarían dispuestos a «reconocer abiertamente que en algún momento han ejercido sus funciones bajo la presión de la amenaza o el temor de contrariar la voluntad o los deseos manifestados por el dictador y sus parciales». Concluyeron que se corría el riesgo de recibir una respuesta «que no solo no dé ninguna luz acerca de la verdad de los hechos ocurridos sino que deje establecido que los actos todos de la judicatura se han ajustado a la observancia más estricta de la ley y la Justicia». Después de analizar la proposición y sus eventuales consecuencias se acordó no averiguar acerca de los hechos en los que algunos miembros de la judicatura tuvieran alguna responsabilidad sino solamente sobre los casos en que fueron «víctimas de abusos o atropellos por parte de la dictadura»¹⁰⁶.

Cabe destacar que el análisis efectuado en la reunión ilustraba la visión de los

ex–miembros de la Corte Suprema sobre la situación de la judicatura durante el Gobierno de Ibáñez. Señalaban que consultar sobre las condiciones de subordinación del Poder Judicial recibiría una respuesta formal, negando la existencia de tal subordinación. Es decir, al iniciarse la transición desde la dictadura hacia la restauración de la democracia liberal, instalada por la Constitución de 1925, parecía prevalecer una visión corporativa que no favorecería que los jueces y ministros del Poder Judicial contribuyeran a esclarecer las actuaciones indebidas del Ejecutivo con el Poder Judicial durante la dictadura¹⁰⁷. Los tribunales habían procesado rutinariamente a los opositores del Gobierno, «por subversivos», «por comunistas», «por repartir propaganda comunista», «por dedicarse a actividades políticas ilícitas», «por sorprenderse en actividad contra el Gobierno establecido», «por injurias contra Su Excelencia y sus ministros», «por considerarlos culpables de delitos contra la seguridad interior del Estado», y por otros delitos contra el orden público¹⁰⁸.

La Comisión recibió denuncias sobre numerosas arbitrariedades administrativas así como sobre la «relegación» y traslado de personas a distintos lugares del país y la expulsión del territorio nacional; la vigilancia ejercida contra los opositores, mediante el control de la correspondencia, teléfonos y seguimiento de las personas; la indefensión de quienes fueron perseguidos sufriendo arrestos arbitrarios, confinamientos, torturas y malos tratos¹⁰⁹. Muchos denunciantes dejaron constancia de la ineficacia de los recursos de amparo presentados ante el Poder Judicial. Se documentaron y analizaron los atropellos a las personas y organizaciones y los actos de corrupción del régimen, derivándose las denuncias al Congreso bajo la forma de acusaciones constitucionales contra los ministros de Ibáñez. A pesar de las pruebas presentadas, esas acusaciones fueron rechazadas en su mayoría.

Entre los casos denunciados se encontraba el del magistrado Felipe Urzúa Asta-buruaga, quien, como se dijo al inicio del capítulo, siendo presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, fue destituido del Poder Judicial. Fue detenido el 24 de febrero de 1927 y deportado sin mediar proceso alguno¹¹⁰. Habiendo fallecido, sus hijos presentaron su caso a la Comisión, considerando que este había sido «el más grave de los atropellos cometidos contra el Poder Judicial durante la dictadura»¹¹¹.

La Comisión dio a conocer un informe sobre lo ocurrido con la Compañía de Salitre de Chile (COSACH) a fines de octubre de 1931. El informe causó un gran revuelo y, por un tiempo, la prensa santiaguina y regional comentó el trabajo de la Comisión. Sin embargo, sus indagaciones implicaron a varios legisladores que habían asumido funciones en el congreso termal inventado por Ibáñez, con la cooperación de líderes de varios partidos políticos y otros funcionarios que fueron sus colaboradores. Eran escasos los políticos, funcionarios o jueces que se habían podido mantener al margen del proceso político y sus implicaciones entre 1927 y 1931. Tal vez el mérito principal de la Comisión fue proporcionar una audiencia pública y documentar los abusos cometidos durante la dictadura. Sin embargo, la derivación al Congreso, por la vía de acusaciones constitucionales, careció del respaldo político necesario para exigir cuentas y responsabilidades políticas.

En 1933, algunos diputados presentaron una acusación constitucional contra la Corte Suprema. Entre los asuntos considerados como fundamento de dicha acusación se mencionó el abandono de deberes de ese Tribunal en relación con las acusaciones promovidas por la Cámara de Diputados y acogidas por el Senado contra el expresidente de la República Carlos Ibáñez del Campo y contra el exministro de Hacienda, Carlos Castro Ruiz. Decía la acusación que «a pesar de la jurisdicción disciplinaria y correccional, que comprende facultades inspectivas de la incumbencia de la Corte Suprema, el más alto tribunal de la República nada hizo por obtener para los acusados por el Senado un juzgamiento adecuado a la índole de los hechos que motivaron los respectivos procesos»¹¹². Agregaría el texto de 1933:

Preterida así la sanción que reclamaba contra los acusados, la opinión pública que pusiera fin al régimen de tiranía en 1931, nos encontramos viviendo una paradoja inverosímil para nuestro derecho público: la de que los procesos abiertos por virtud de sentencia del Senado de la República, no afectan y al parecer no afectarán jamás a los inculpados, con evidente perjuicio para ellos y para la nación toda. La ausencia de un fallo judicial oportuno impide conocer la verdad de las imputaciones acogidas por el Senado, y por ende la culpabilidad o inocencia de los acusados¹¹³.

De este modo, dos años después, se consideraría que la Corte Suprema había abandonado sus deberes de inspección y vigilancia respecto de todos los tribunales del país en relación con este caso.

La Comisión Investigadora terminaría, sin pena ni gloria, para la Navidad de 1931, debido a que las instancias del Estado (Congreso y Poder Judicial) prescindieron de las investigaciones y acusaciones de la Comisión sobre las actuaciones de los ministros y otras autoridades durante la dictadura de Ibáñez. La Comisión quedaría sin piso político para hacer efectivas sus denuncias, renunciando ante el Presidente elegido, Juan Esteban Montero (noviembre 1931- junio 1932). No hubo difusión pública del trabajo de la Comisión ni tampoco se iniciaron acciones judiciales por los casos denunciados. La Comisión no inspiró ninguna reforma judicial ni tuvo impacto político alguno ni en el corto ni en el largo plazo. De hecho, sus minutas y documentos quedaron enterrados en el Archivo Nacional por décadas, siendo relativamente desconocidos, incluso en la literatura académica. En contraste, las iniciativas administrativas, policiales e institucionales implementadas por Ibáñez mediante las facultades legislativas delegadas extraconstitucionalmente por el Congreso, y varios de los ministros nombrados en los tribunales superiores entre 1927 y 1931, mantendrían su influencia en la historia del país durante décadas.

Sublevación de la Escuadra

Al renunciar Ibáñez a la Presidencia de la República asumió Pedro Opaso Letelier, presidente del Senado, como vicepresidente provisional. Juan Esteban Montero se mantuvo como ministro del Interior. Opaso renunció al otro día, dejando a Montero como vicepresidente de la República. Montero llamó a elecciones presidenciales, renunciando a la vicepresidencia el 20 de agosto para presentarse como candidato presidencial, quedando el ministro del Interior Manuel Trucco como vicepresidente hasta el 15 de noviembre, cuando Montero, victorioso en las elecciones, asumió la Presidencia.

Durante la vicepresidencia de Manuel Trucco, en plena época electoral, entre el 31 agosto y el 7 de septiembre de 1931, se produjo en el país la dramática sublevación de la Escuadra¹¹⁴. Al principio apareció como una protesta motivada por la rebaja de salarios de tripulantes y oficiales decretada por el gobierno de Ibáñez y fue caracterizada como un motín¹¹⁵. A la rebaja de los salarios se habían sumado reducciones en el presupuesto militar y los servicios públicos, siendo, en cierta medida, «la última gota», que afectó no solo a las fuerzas militares y navales¹¹⁶.

Diversas voces en la prensa y en el Congreso señalaron que los partidarios de Carlos Ibáñez del Campo y el Partido Comunista eran los principales responsables de haber incitado el movimiento. Se sindicó que los cabos despenseros del acorazado Latorre, Manuel Astica y Augusto Zagal, eran agitadores profesionales e instigadores del motín y que habrían estado vinculados al Partido Comunista. El senador Manuel Hidalgo, quien pertenecía a una facción disidente del Partido Comunista, rechazó formalmente que su partido tuviera responsabilidad en el movimiento: «...los comunistas no hemos tenido participación alguna en estos sucesos y que el día que tengamos responsabilidades las asumiremos sin ambages [...]»¹¹⁷.

Volodia Teitelboim (P. Comunista), citado por Jorge Arrate, recordaría que Bernardo Leighton, en su calidad de dirigente estudiantil, con un grupo de estudiantes de la Universidad Católica, intentó convencer a los amotinados que desistieran de su «loca aventura»¹¹⁸. El presidente de la federación de estudiantes de la Universidad de Chile, Julio Barrenechea, convocado a esta misión, se negó, señalando que «era anarquista y que si iba a Coquimbo sería para plegarse a las tripulaciones, arengándolas para que no cedieran en su rebeldía». Teitelboim afirmaría que «una delegación de trabajadores de la Federación Obrera de Chile (FOCH) entregó a los insurrectos su adhesión»¹¹⁹. Ella implicaba el apoyo del Partido Comunista, que hasta entonces no había tenido participación en el movimiento¹²⁰. Una declaración en el mismo sentido la haría Elías Lafferte (P. Comunista): «No tengo por qué atribuirme cosas que no he hecho ni tampoco cargarlas al haber del Partido. Nosotros consideramos que aquel movimiento fue un intento revolucionario honesto y heroico de la marinería en la lucha por el pan [...] ayudamos [...] a la sublevación y a sus protagonistas, una vez vencida ésta. Pero en su gestación, el Partido fue ajeno»¹²¹. Patricio Manns investigó la sublevación de la Escuadra cuarenta años después, basándose en la documentación del almirante Edgardo von Schroeders, negociador oficial de la Marina con los sublevados. Entrevistó también a algunos de los participantes. Entre ellos, al excabo Manuel Astica, uno de los protagonistas, quien le confirmaría que las «deliberaciones eran exclusivamente reivindicativas» en sus inicios, pero que empezaron después a tomar un carácter político¹²².

El Gobierno consideró que varios actores políticos eran sospechosos de haber participado o instigado el motín. La cercanía de Carlos Frödden con algunos de los amotinados llevó al Gobierno a ordenar su detención, aunque fue liberado a los pocos días por el general Carlos Vergara Montero, ministro de Guerra¹²³. Los temores en relación con la influencia de Arturo Alessandri en la gestación del movimiento, así como las constantes acusaciones al Partido Comunista mostraban el amplio abanico de posibles responsables. La afirmación de un antiguo agente del Komintern, J. H. Krebs, acerca de que habría llevado fondos para la sublevación, y un editorial de Pravda en esa época, que hablaba de los «activistas revolucionarios en la Armada, encabezados por el Partido Comunista», eran muestras de que el movimiento podría responder a influencias internacionales del Komintern. Los diversos indicios de un conjunto de influencias diversas y contradictorias permitieron que se construyeran diversos relatos sobre el motín¹²⁴.

La imposibilidad de conocer el contenido de los procesos judiciales realizados por la Justicia Militar con posterioridad al alzamiento mantuvo, por décadas, las interpretaciones iniciales. Sin embargo, ni por los trascendidos publicados en la época sobre el juicio seguido contra los amotinados ni en las investigaciones históricas posteriores ha sido posible demostrar que la gestación y operación del motín se debió a la acción del Partido Comunista o de otros grupos políticos específicos. Los grupos mencionados u otros pudieron tener cierta influencia sobre el desarrollo del movimiento o pudieron intentar capitalizarlo para sus haberes políticos, como parece desprenderse de las proclamas y panfletos revolucionarios difundidos en distintas partes del país durante el alzamiento¹²⁵. Pero, ante el fracaso de la sublevación, no parecía haber interesados en reconocer la paternidad del movimiento. No obstante, con el paso del tiempo se fue constituyendo el mito de que la sublevación de la Escuadra fue un verdadero intento revolucionario, cuyo fracaso se debió a que las condiciones no estaban maduras para tal proceso. Elías Lafferte se refirió específicamente a ese punto y atribuyó el resultado a varios factores:

Desde luego, faltó una dirección segura, una espina dorsal ideológica a ese movimiento, que fue esencialmente emocional, una improvisación que respondía a un clamor que hacía presa en el ánimo de los marineros y suboficiales. Pero ellos no sabían a dónde ir ni qué hacer. ¿Qué habrían hecho, de triunfar su movimiento? Se levantaron, en realidad, en respuesta a una indignación desesperada, a un justo temor de perder su pan, pero carecían de organización y dirección políticas. Sus jefes mismos, comenzando por Ernesto González, no eran capaces para dirigir y encauzar el heroico impulso de sus hombres¹²⁶.