Читать книгу: «Poder Judicial y conflictos políticos. Volumen I. (Chile: 1925-1958)», страница 7

Indultos y amnistías

Mientras los amotinados eran procesados por los distintos consejos de guerra, sus familiares no tenían información alguna acerca de la situación en la que se encontraban sus parientes. Por orden gubernativa las oficinas navales y las del Ejército no estaban autorizadas para informar sobre los detenidos y muertos en combate. Las madres, esposas, hermanas e hijas se organizaron y formaron una comisión para efectuar diversas gestiones que les permitieran saber acerca de ellos. Esta comisión quedó compuesta de las señoras Ana de Arriagada, Ana de Andrade, Josefina de Astudillo, Carmen Sepúlveda de Torres, Claudina de Abarca y señorita Otilia Lara C. La primera de sus gestiones fue la de escribir al Vicepresidente de la República, con fecha 9 de septiembre, solicitando información acerca de sus familiares. Posteriormente pidieron al diario La Unión de Valparaíso que publicara el «memorial» que ellas habían enviado a las autoridades¹⁵⁸. Dicho memorial decía entre otras cosas:

[...] Se dice con insistencia que los elementos de la Armada, suboficiales y marinería, serán severamente castigados y no faltan los que propician el castigo de la sublevación con la muerte de los que sean o aparezcan responsables. Se olvidan todos estos que tratan de dar ejemplos a costa de vidas ajenas, que detrás de cada hombre que ha pertenecido a la Armada, hay una familia, parte también de nuestra sociedad chilena, y merecedora también, a la consideración y tranquilidad que debe tenerse en una República. Estamos con el Gobierno en lo de reprimir con severidad, lo que ha sido sin duda un acto de locura; pero estamos distantes de aceptar que con el hambre de nuestros hijos se castigue un mal cuyas raíces seguramente no afectan a muchos elementos, extraviados con prédicas malsanas.

[...] En nombre de los derechos de familia, en nombre de nuestros hijos pequeños, en nombre de la tranquilidad social que exige la conservación de todos sus componentes para no levantar protestas, en nombre de la generosidad proverbial de nuestro pueblo, solicitamos por gracia a Vuestra Excelencia se sirva ordenar:

1º Se publique la lista de los que han perdido la vida en las últimas incidencias.

2º Se indique el lugar donde se encuentran destinados todos los marinos.

3º Se permita a sus familias verlos sin dificultad, y

4º Finalmente, que no se quiten nuevas vidas por razón de castigo de delitos que malas doctrinas han podido generar, o de elementos que han podido aprovechar malamente las libertades que se dispensan en nuestro país¹⁵⁹.

Los rumores que circulaban sobre el destino de los detenidos seguían siendo alarmantes, precisamente por la falta de información. El diputado Juan Pradenas Muñoz, presidente del Partido Democrático, leyó también una carta de los padres, hijos, hermanos y deudos de los sublevados que subrayaba los temores por el riesgo que corrían sus familiares, mientras las autoridades no informaran acerca de la situación de los detenidos ni dieran a conocer los nombres de los que ya estaban muertos. La carta mencionaba expresamente el temor de que algunos fueran asesinados y se dieran posteriormente por fugados o desaparecidos¹⁶⁰. Los familiares se organizaron, las mujeres por un lado y los hombres por otro, requiriendo información a las autoridades sobre sus parientes. A su vez, organizaciones nacionales e internacionales hicieron presente a las autoridades diversas peticiones solicitando amnistía¹⁶¹. Se sumaron a las peticiones Arturo Alessandri y el Partido Comunista¹⁶². En la Cámara de Diputados y el Senado hubo llamados pidiendo clemencia¹⁶³.

El 16 de octubre, el vicepresidente Trucco conmutó las penas de muerte por condenas a presidio perpetuo, considerando los antecedentes intachables de los condenados y su propósito de contribuir a la reconciliación en el país. Entre otras cosas el decreto señaló: «Que una vez pasado el período de agitación política en que ha vivido el país en los últimos años y restablecido el respeto a la autoridad, cuando se trata como ahora de cimentar la normalidad constitucional, la primera necesidad y, por consiguiente, el primer deber del Estado es responder al más completo apaciguamiento de los ánimos, a la sincera reconciliación de los ciudadanos y a la unión de la familia chilena»¹⁶⁴.

Los periódicos informaron que los detenidos, antes de ser transportados a su lugar de confinamiento, fueron despojados uno a uno, en un acto público, de sus insignias y de los elementos distintivos de su grado para cambiar después sus uniformes por ropa de presidiarios, siendo llevados a la penitenciaría en Santiago a cumplir su condena.

Pocos días antes de la conmutación de la sentencia aparecieron antecedentes que involucraban a algunos oficiales en el motín. Los documentos estaban ocultos en el Latorre y los tripulantes acusados señalaron que no habían pensado darles publicidad pero, por su honor y por la defensa de sus vidas decidieron hacerlo. El fiscal del proceso de San Felipe, Julio Allard, había descartado esta información, considerando que los oficiales habían sido forzados a firmar, pero la nueva información ponía en duda ese juicio.

Se llevó a cabo un nuevo proceso contra los oficiales que aparecieron involucrados. Se efectuó un consejo de guerra en la base naval de Las Salinas. Distintos sectores políticos favorecían esta iniciativa basándose en la suposición de que los oficiales habían conocido los preparativos de la sublevación y no habían intervenido para impedirlo. La sentencia del consejo de guerra que juzgó a los oficiales de la Armada fue comunicada el 15 de febrero de 1932. La mayoría de los oficiales –en un número de 80– fueron absueltos. El capitán Roberto Valle, del Latorre, que había participado activamente en la preparación del armamento antiaéreo del barco, y Ramón Beytía fueron condenados a la separación del servicio por su colaboración con los sublevados. Los que firmaron las proclamas fueron advertidos de que las absoluciones eran independientes de las sanciones administrativas. Según el historiador William Sater, el gobierno investigó también a los oficiales de la Fuerza Aérea que habían sido renuentes a responder eficazmente a la sublevación¹⁶⁵.

En noviembre de 1931, el Partido Democrático inició una campaña por la amnistía y liberación de los presos. En el Congreso el diputado Abraham Quevedo (P. Comunista) solicitó «cuanto antes una amnistía general para todos los marinos, para las tripulaciones y para los suboficiales que tomaron parte en la bullada sublevación de Coquimbo»¹⁶⁶. Los familiares de los presos y sus partidarios realizaron manifestaciones públicas, solicitaron audiencias al presidente Juan Esteban Montero para pedir su liberación. La FOCH y otras organizaciones se sumaron a esas peticiones. Pero no tuvieron éxito. En febrero de 1932 se promulgó una ley de reparaciones para las víctimas del Ejército caídas en septiembre de 1931 en los sucesos desencadenados por el motín¹⁶⁷.

El país seguiría convulsionado y se dictaría la ley 5.103, que declaró en estado de sitio todo el territorio nacional el 8 de abril de 1932, por sesenta días, otorgándole facultades extraordinarias al Presidente de la República.

El primero de mayo de 1932, algunos de los presos iniciaron una huelga de hambre, la que tuvo gran publicidad. Desde el inicio tuvieron el apoyo de sus familiares, de Arturo Alessandri y de algunos miembros del Congreso. Se fueron sumando otros: la Convención del Partido Socialista Marxista, la Asamblea Radical Socialista, la Federación de Estudiantes, el Partido Democrático y el Partido Comunista. Todos ellos demandaban a las autoridades que se les otorgara amnistía.

No obstante, hasta ese momento no se había presentado un proyecto de amnistía en el Congreso y el presidente Montero se resistía a conceder un indulto a los responsables. La situación de salud de los huelguistas se complicó, lo que aceleró las medidas en su favor. Algunos presos fueron liberados sin condiciones y se conmutaron las penas de Ernesto González Brion y de otros reos por relegación en Aysén y Temuco. En junio de 1932, la Junta de Gobierno de la República Socialista dictó una ley de amnistía para todas las personas condenadas o procesadas por delitos de carácter político¹⁶⁸. Tres semanas después se concedió amnistía a los involucrados en la sublevación pertenecientes al Ejército¹⁶⁹.

Según anota Carlos Tromben, son pocos los testimonios que existen sobre el motín y su desenlace que no hayan sido escritos por miembros de la Armada involucrados en los sucesos. Los amotinados, en la década de los setenta, fueron entrevistados o escribieron sus memorias, predominando, a su juicio, versiones sesgadas sobre los sucesos. Tromben, en su esfuerzo por documentar lo ocurrido, exploró las percepciones institucionales frente al proceso de indultos y amnistías, las reparaciones y reintegraciones de algunos exonerados. El vicealmirante Juan Agustín Rodríguez Sepúlveda, que era capitán de fragata en la época de estos sucesos, le expresó décadas después que había estado de acuerdo «con la conmutación de las penas de muerte que resolvió el Gobierno, porque fue una forma de apaciguar los ánimos en un período muy negativo para la Armada». Tromben registró también la referencia del vicealmirante José Toribio Merino Saavedra:

La amargura de esos días [la dictadura de Ibáñez] la comparo con la de los años después por la sublevación de las tripulaciones y el espectáculo del consejo de guerra que juzgó a los oficiales de la escuadra en donde se presentaba el triste cuadro de una institución cuya oficialidad había perdido la adhesión de sus superiores y una escasez de moral profesional y sinceridad que reflejaba la de los suboficiales y marineros que traicionaron a sus oficiales [...]¹⁷⁰.

Finalmente, todos fueron amnistiados por el decreto ley 504 de 26 de agosto de 1932. En el Congreso se otorgó el derecho a pensión a todos los expulsados de la Armada por faltas y no delitos¹⁷¹. Poco tiempo después el gobierno de Arturo Alessandri, por decreto del 31 octubre de 1933, le otorgaría el retiro de la Armada a Ernesto González Brion. En octubre de 1934 se le encomendaría una misión oficial a México, siguiendo a su vuelta en la administración pública en diversos cargos. Los archivos de la Armada referentes a la sublevación de 1931 no serían accesibles durante casi ochenta años. Los Tribunales Militares y las Cortes Marciales habían funcionado como reloj en los procesos contra tripulantes y oficiales. Sin embargo, el gran número de los enjuiciados, la celeridad de las sentencias, el hermetismo de los juicios y la imposibilidad de acceder a los procesos durante décadas, ha impedido conocer los fundamentos de las condenas de los cerca de mil marineros procesados y conocer la verdad completa sobre lo sucedido durante la sublevación de la Escuadra.

Los sucesos de Copiapó y Vallenar

Mientras eran procesados varios oficiales navales en un consejo de guerra en la Escuela de Comunicaciones, en Valparaíso, y otro consejo de guerra funcionaba en Talcahuano, ocurrieron los sucesos de Copiapó y Vallenar¹⁷².

El 25 de diciembre de 1931, en Vallenar, murieron 23 personas en supuestos enfrentamientos con fuerzas policiales. Las autoridades vincularon estos hechos con el asalto al regimiento Esmeralda de Copiapó. En la historia oficial del Ejército de Chile se relata que el asalto al regimiento Esmeralda formaba parte de un plan para robar las armas del cuartel dentro de un movimiento político revolucionario dirigido por los comunistas de la zona¹⁷³. Las reacciones políticas en el Congreso y en la prensa ilustrarían la condena previa de los comunistas, atribuyéndoles toda la responsabilidad antes de que se hubiesen investigado los hechos.

El regimiento Esmeralda de Copiapó fue asaltado la madrugada del 25 de diciembre de 1931. El enfrentamiento duró hasta las cinco de la mañana. Murieron en el lugar siete civiles¹⁷⁴. Dos mujeres ajenas al enfrentamiento murieron alcanzadas por las balas. Resultaron heridos dos sargentos segundos, un cabo primero y un soldado. Los asaltantes fueron repelidos y huyeron. Según el historiador Ricardo Donoso, el movimiento estaba dirigido a derrocar al gobierno y se esperaban movimientos similares en Iquique, Antofagasta, Valparaíso y Talcahuano. En Copiapó se apoderarían de algún armamento en el cuartel siguiendo las instrucciones «que llevó Aníbal Cuadra desde Santiago»¹⁷⁵. Durante el día 25 fueron detenidas varias personas en Copiapó, acusadas de estar involucradas en el asalto.

Casi al amanecer, en Vallenar, a 146 km de distancia, Carabineros informó de un enfrentamiento en el cerro «Los Apestados» en el que dieron muerte a siete hombres. Algunos civiles pertenecientes a las guardias cívicas actuaron con los carabineros. Se informó oficialmente de otro enfrentamiento ocurrido en la ciudad en el que murieron trece hombres, identificándose solo a nueve de ellos. Otros siete muertos fueron reconocidos posteriormente y se agregaron a la lista¹⁷⁶. Los carabineros tuvieron dos bajas: un vice sargento y un cabo segundo y dos heridos¹⁷⁷. De acuerdo a versiones periodísticas de esos días, algunos de los asaltantes al regimiento de Copiapó habían escapado hacia Vallenar, enfrentándose a carabineros y produciéndose la matanza de varios de los sublevados y de obreros y campesinos, perseguidos por guardias blancas que operaban en la zona. Esta versión era inverosímil, pues se necesitaban varias horas para recorrer la distancia entre una ciudad y otra. La prensa caracterizó al movimiento como «el levantamiento del norte»¹⁷⁸.

El contexto político del país era complejo. La crisis mundial, originada en la gran depresión, precipitada por la caída de la Bolsa de Nueva York en 1929, había repercutido en la economía nacional, generando una gran inestabilidad política que se fue agravando durante 1931. El gobierno cayó a fines de julio y el presidente de la República Carlos Ibáñez del Campo huyó a la Argentina. La cesantía en el país era grave, pero en Atacama era extremadamente crítica. En Vallenar, más de 150 hombres y más de 100 entre mujeres y niños se alimentaban en una olla común conocida como la olla del pobre. La situación era desesperada. Los comunistas habían sido acusados por las autoridades de usar la instancia como lugar de propaganda y de organización partidaria¹⁷⁹.

Como se señalara anteriormente, a la caída de Ibáñez, Manuel Trucco fue designado ministro del Interior y luego asumió como vicepresidente de la República hasta las elecciones presidenciales en las que fue elegido Juan Esteban Montero, quien asumió en noviembre de ese año. Ambos pertenecían al Partido Radical. El nuevo gobierno debió enviar ayuda a Atacama a fines de agosto «revitalizando el tema del orden y la paz pública»¹⁸⁰. Con ocasión de la ayuda del gobierno, las autoridades locales le cambiaron el nombre a la olla común, obligando a nombrarla como olla del cesante y excluyendo a quienes no pudiesen demostrar que estaban efectivamente sin trabajo y a quienes vivían fuera del radio urbano de Vallenar¹⁸¹.

En La Antorcha, publicación periódica del Partido Comunista, se anunciaba el colapso del sistema y la inminencia de la revolución¹⁸². La Antorcha llamaría a la lucha y al enfrentamiento¹⁸³. Los comunistas predecían en sus escritos partidarios la descomposición del sistema económico y político, no solo nacional sino mundial, y la gran crisis económica que afectaba al país parecía confirmar sus vaticinios. A su vez, la prensa conservadora registraba el temor de que se produjera una revolución como la ocurrida en 1917 en Rusia, temor compartido por distintos sectores sociales.

La reciente sublevación de la Escuadra había echado leña al fuego. Predominaba entre las autoridades una visión excluyente y represiva sobre los grupos que presentaban demandas sociales y laborales, los que eran denominados genéricamente subversivos, incluyendo a los comunistas. En ese contexto de incertidumbre exacerbada, se reforzaría el desarrollo de las guardias cívicas, organismos civiles que cooperaban con Carabineros y con las Fuerzas Armadas, que habían sido dotadas de armamento suficiente para intervenir eficazmente en caso de asonadas, alzamientos o cualquier acto considerado subversivo¹⁸⁴.

El intendente de Atacama, Víctor Manuel Igualt (P. Radical), era cuñado de Marmaduke Grove, un militar destacado, exiliado por Ibáñez, quien había retornado a Chile recientemente. El gobernador de Huasco era Aníbal Las Casas, quien también pertenecía al Partido Radical. Los alessandristas habían sido derrotados en las elecciones presidenciales y quedaron resentidos por las maniobras electorales de sus contrincantes¹⁸⁵. Las consecuencias de la contienda electoral jugarían un rol en las motivaciones de los conspiradores de Copiapó con la expectativa de un cambio político.

En esos días, se había echado a correr el rumor de que el movimiento que se preparaba en Copiapó se iba a producir simultáneamente en otras ciudades del país y luego se proclamaría a Arturo Alessandri, «que realizaría un régimen a favor de los proletarios de Chile»¹⁸⁶. La vulnerabilidad del gobierno, a pesar del apoyo electoral obtenido y, precisamente por ello, facilitó que se gestara una «conspiración alentada por políticos resentidos, donde campearon la intriga y la delación»¹⁸⁷. La exasperación de las condiciones económicas y sociales, en un contexto económico crítico y políticamente inestable, y la persistencia de un discurso sobre la inminencia de la revolución haría creíble en la opinión pública y entre los propios comunistas que el asalto al cuartel era una iniciativa del Partido Comunista¹⁸⁸.

El asalto al Regimiento Esmeralda de Copiapó

El diario de Copiapó El Amigo del País mencionó en su edición del 25 de diciembre que habían circulado «insistentes rumores» en los días previos, pero que las autoridades les habían solicitado que no se publicaran. Los rumores se referían a que elementos comunistas se levantarían en todo el país con el fin de apoderarse de unidades militares: «las autoridades sabían lo que iba a ocurrir. Lo sabían especialmente los carabineros y, según consta en el Libro de Guardia, allí fue la única parte donde se tomaron precauciones, repartiendo armamentos y municiones al personal, anoche a las 9»¹⁸⁹.

El relato de los hechos se iniciaba constatando que los habitantes se alarmaron por los estampidos de las municiones que provenían del Cuartel Esmeralda, asaltado «por los comunistas [...]. Una poblada de más de cien individuos a las 2:05 de la madrugada irrumpió violentamente en el cuerpo de guardia del Batallón y procedió a intimar la rendición a la guardia, procediendo a amarrar con fuertes ligaduras a sus componentes»¹⁹⁰. Los asaltantes se repartieron el armamento «mientras por la parte trasera del Cuartel [...] penetraban otros comunistas a cooperar con la acción de los asaltantes»¹⁹¹. Se detallaban algunos aspectos de la refriega, y luego el contraataque de los carabineros, mencionando los muertos y heridos a consecuencia de los hechos. Se indicaba que el combate había terminado a eso de las 5:30 de la mañana y que los asaltantes habían huido con parte del armamento, siendo perseguidos por fuerzas de carabineros¹⁹².

El diario identificó como culpables a los comunistas. Otros diarios harían lo mismo. El Diario Ilustrado del 26 de diciembre titulaba en la portada: «Trescientos comunistas intentaron tomarse el regimiento Esmeralda en Copiapó». El 27 de diciembre El Mercurio de Valparaíso titularía «Comunistas disfrazados de soldados», al informar sobre los sucesos de Copiapó y Vallenar. El 28 de diciembre El Amigo del País tituló: «Los comu-nistas tiñeron con sangre de humanos la fiesta divina de la Paz»¹⁹³.

Con el paso del tiempo, la prensa había hecho crecer el número de asaltantes de 100 a 300¹⁹⁴. Más de un mes después, la prensa continuaba informando de lo ocurrido de la misma manera. La revista Zig-Zag de Santiago, de 2 de febrero de 1932, titulaba: «La encarnizada lucha entre comunistas y las fuerzas armadas durante el asalto al regimiento Esmeralda». En febrero de 1932 el semanario Bandera Roja, órgano oficial del Partido Comunista, publicó una versión heroica de lo ocurrido, afirmando que formaba parte de la lucha por la revolución y la toma del poder. Reivindicaba a las víctimas y afirmaba que los muertos pasaban de cien, reconociendo un protagonismo partidario que no hacía sino confirmar las versiones anteriores de la prensa¹⁹⁵.

Los telegramas y oficios intercambiados entre las autoridades locales y entre las autoridades de la provincia de Atacama y el Ministerio del Interior comprobarían que las autoridades estaban en conocimiento de la existencia de un complot. Sabían que el capitán Guillermo Villouta, comisario de Copiapó, había participado en algunas de las reuniones previas, comunicándolas oportunamente. Por su parte, los conspiradores contaban con él y lo consideraban uno de los suyos. Las autoridades policiales hicieron numerosas detenciones y realizaron diversas pesquisas que informaron a la Dirección General de Carabineros y a través suyo al Ministerio del Interior. También fueron detenidos elementos militares y de Carabineros, entre ellos el capitán Villouta.

El intendente Igualt hizo presente su preocupación al Ministerio del Interior insinuando que la persecución a carabineros era injusta. Decía: «Cada vez menos explícome complicaciones que va sustentando proceso en el cual carabineros que estuvieron en sus puestos sufren moralmente y nada oficialidad del Esmeralda que no atendió medidas previsión. Ruego a US. quiera considerar esta situación creada»¹⁹⁶.

El ministro del Interior, Marcial Mora, insistía en la necesidad de dilucidar los orígenes de lo sucedido, lo que parecía inquietar cada vez más a las autoridades locales. El ministro le dirigió un oficio al intendente de Atacama indicándole que le comunicara verbalmente al fiscal que investigara las comunicaciones anteriores a los sucesos y señalaba que bastaba que el fiscal impartiera la orden judicial correspondiente al Telégrafo del Estado para que realizara «una revisión de toda correspondencia telegráfica cambiada durante un mes anterior asalto Esmeralda. Telégrafo del Estado tiene instrucciones dar toda clase de facilidades». Agregaba que el Ministerio conocía algunos de esos telegramas y los consideraba «de interés para sumario»¹⁹⁷. En esa fecha el ministro del Interior designó al teniente coronel de Carabineros señor Carlos Morán Bañados para hacerse cargo de la Prefectura de Carabineros de Atacama y envió como delegado del gobierno con instrucciones especiales a Julio Bustamante¹⁹⁸.