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El método estándar para determinar la naturaleza de un nódulo tiroideo es la evaluación citológica de una muestra obtenida por punción con aguja fina (PAF). Una limitación de la PAF es que aproximadamente uno de cada cinco casos es informado como indeterminado. Dado que el 25% de las PAF indeterminadas son malignas, en muchos casos la incertidumbre se resuelve extirpando la tiroides, lo que permite resolver en forma definitiva el diagnóstico. Como resultado, en un 75% de los casos indeterminados operados, la cirugía se realiza en forma innecesaria. Esto expone a muchos pacientes a los riesgos y altos costos de la cirugía, además de generar dependencia de por vida a la suplementación hormonal.

Este problema clínico motivó a investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través del Consorcio Tecnológico en Biomedicina Clínico-Molecular (BRMC), a desarrollar una nueva herramienta que permite optimizar diagnósticos en pacientes con nódulos tiroideos indeterminados. Es así como un equipo multidisciplinario liderado por el cirujano oncólogo Hernán González desarrolló ThyroidPrint, un test basado en la integración del análisis de diez marcadores genéticos de una muestra de PAF e inteligencia artificial, que permite predecir con 95% de exactitud qué pacientes con PAF indeterminado tienen un nódulo benigno y pueden evitar la cirugía innecesaria.

El año 2012, el doctor González fundó GeneproDx. Esta startup licenció los derechos de ThyroidPrint y, tras levantar más de 8 millones de dólares de capital de riesgo y seis años de I+D, logró validar clínicamente ThyroidPrint en un ensayo clínico multicéntrico realizado en Chile y los Estados Unidos, que reclutó a más de 4.000 pacientes.

En 2018, GeneproDx lanzó ThyroidPrint al mercado latinoamericano como un servicio centralizado. Hasta julio de 2020 se habían realizado los diagnósticos de más de 260 personas, entre las cuales se evitó la cirugía a más del 70% de los casos, generando un gran impacto en la calidad de vida de estos pacientes. Además, la simplicidad tecnológica del test permitió que fuera un 70% más económico que sus competidores y que los costos en salud de estos pacientes se redujeran en más de 40%.

A inicios del 2020, GeneproDx firmó un acuerdo con la empresa multinacional de diagnóstico molecular Biocartis para el codesarrollo de una nueva versión de ThyroidPrint en un formato de un kit que permite realizar el test en cualquier laboratorio del mundo en solo dos horas. Esto posicionará a GeneproDx como la primera empresa en el mundo en contar con un kit para nódulos indeterminados con acceso al mercado global (H. González, comunicación personal, 2020).

Proceso de ideación

Technology push versus demand pull

Según Brem & Voigt, (2009), las ideas que se pueden transformar en innovación basada en ciencia pueden provenir de dos fuentes. Una de ellas es la necesidad del mercado denominado en inglés como “market pull” o “demand pull”, lo que quiere decir que son las empresas las que dirán qué es lo que se requiere. La otra fuente es la curiosidad científica, denominada en inglés como “technology push”, según la cual serán los investigadores quienes tomarán la decisión de en qué investigar, según de lo que ellos creen necesario.

Entonces, se denomina “market pull” o “demand pull” –continúan los autores– al mecanismo desde el cual surgen aquellas ideas que se transformarán en desarrollos tecnológicos, cuyo origen es manifestado como una necesidad de la empresa o del mercado en general. Con esta necesidad, las organizaciones de I+D, como universidades y centros de investigación, comienzan el desarrollo científico para crear una solución para esta demanda, que puede ser particular o general, es decir, resolver un problema específico de una empresa en particular o resolver un problema general de una industria.

Por otra parte, aquellas denominadas como “technology push” son las que surgen de procesos intelectuales dentro de las organizaciones de I+D, sin que necesariamente haya claridad sobre la necesidad del mercado; es decir, surgen desde una insatisfacción o curiosidad científica del investigador, y luego el objetivo es comercializar el nuevo bien o servicio (Brem & Voigt, 2009).

Afortunadamente, la realidad no es tan en blanco o negro. En general, se da una combinación entre ambos mecanismos, a partir de lo cual surgen estas ideas. Atrás quedó la época de los “Eureka”, la célebre expresión de Arquímides, el matemático griego que la pronunció después de descubrir que el volumen de agua que asciende es igual al volumen del cuerpo sumergido, lo que lo habría llevado a resolver el problema de medir el volumen de cuerpos irregulares. Desde entonces, esta frase se utilizaba para celebrar un descubrimiento o un hallazgo muy significativo. Cuando se habla de desarrollo tecnológico, los investigadores están relacionados con su entorno, ya sea a través de congresos y conferencias científicas, o también en diálogo con la industria, por lo que es difícil hacer desarrollos encerrados en un laboratorio y gritar “Eureka” por encontrar una idea maravillosa sobre la cual investigar.

Por otro lado, las empresas no siempre tienen claridad de sus problemas y, dependiendo de los países, no siempre tienen la visión, la voluntad o el financiamiento para acercarse a las organizaciones de I+D y solicitar desarrollos específicos. Por lo tanto, este acercamiento ocurre, generalmente, por voluntad de ambas partes y con una combinación de “Eureka” y requerimientos de la industria.

Sin duda, ambos mecanismos tienen ciertas deficiencias y limitaciones. En el caso del “technology push”, existe el riesgo de comenzar a investigar con aquello que sea más fácil para el investigador, desarrollar soluciones para necesidades de poco interés para la sociedad o el mercado, y también centrarse en un único desarrollo técnico como solución para un problema específico. Por otra parte, el “demand pull” puede enfocarse en aquellas necesidades acotadas, que se identifican fácilmente pero que tienen un potencial o impacto menor.

Según Ameka (2013), uno de los aspectos que influye fuertemente en el desarrollo de innovación basado en ciencia es la proactividad del sector empresarial para vincularse con organizaciones de I+D, manifestando sus necesidades de desarrollo y, a su vez, para saber cuáles son los riesgos que están disponibles a tomar en esta carrera por el desarrollo de innovaciones. En ese sentido, el éxito de un nuevo bien o servicio que se origine de un proceso de I+D depende de la sintonía y el direccionamiento que haya ente el “demand pull” y el “technology push”. Para lograrla, la capacidad de relacionarse o vincularse, o networking por su denominación en inglés, es reconocida como la clave esencial del factor de éxito.

Bootleg Research

Otro concepto relevante a considerar en el surgimiento de ideas es el denominado “Bootleg Research”, que se refiere a una forma de desarrollar una idea dentro de una organización, sin autorización formal, sin consentimiento, o en contra de lo establecido por la organización, lo que afecta principalmente a empresas.

Según lo plateado por Criscuolo et al. (2014) en su investigación sobre “bootlegging”, las organizaciones a menudo tienen que lidiar con encontrar un equilibrio entre permitir a sus colaboradores, específicamente aquellos dedicados a I+D, la suficiente flexibilidad y la autonomía para explorar lo “nuevo” e “inusual”, y mantenerlos controlados para asegurar que sus esfuerzos innovadores estén alineados con las estrategias, objetivos y prioridades de la empresa. En los casos en donde existan muchas restricciones, los individuos pueden buscar aumentar su autonomía, tomando parte de su trabajo “clandestinamente”. Estas actividades clandestinas se describen como “bootlegging”.

Según Augsdorfer (2005), el bootlegging se define como el proceso mediante el cual las personas toman la iniciativa de trabajar en ideas que no tienen un respaldo formal de la organización y que a menudo están ocultas a la vista de la alta gerencia, pero se llevan a cabo con el objetivo de producir innovaciones que beneficien a la misma empresa. En este contexto, el bootlegging es un vehículo que permite a los investigadores lograr una mayor autonomía para definir sus agendas de investigación y sus objetivos en entornos donde esto no se otorga formalmente (Criscuolo et al., 2014).

El autor continúa sosteniendo que en el caso de las empresas y de las organizaciones de I+D que tienen focos de desarrollo específicos, las reglas y procedimientos formales pueden limitar la flexibilidad y la creatividad requeridas para explorar nuevas y valiosas oportunidades y limitar el alcance de la experimentación. Sin embargo, el deseo de garantizar la autonomía en la búsqueda de nuevas ideas y el desarrollo de innovaciones, debe equilibrarse con un nivel de responsabilidad sobre los roles asignados a los colaboradores involucrados.

Dos tipos de autonomía son particularmente relevantes: autonomía operacional y autonomía estratégica. Debido a que la organización típica de I+D se caracteriza por contar con personas altamente calificadas que trabajan en proyectos complejos y difíciles, es común que quienes hacen investigación tengan altos niveles de autonomía operativa en su trabajo. Sin embargo, solo algunas organizaciones otorgan formalmente un grado de autonomía estratégica que brinda a los equipos de investigación la oportunidad de definir sus propias agendas y objetivos de investigación, y establecer la dirección general de sus proyectos (Criscuolo et al., 2014). Si bien es cierto esto ocurre mayoritariamente en universidades, que por lo general tienen el principio de libertad de investigación, también hay algunas empresas, como Google, donde los desarrolladores pueden dedicar el 10% de su tiempo a investigar cosas fuera de su agenda de investigación.

A diferencia de estos casos particulares, como resultado de las restricciones impuestas por las organizaciones, los investigadores pueden recurrir a métodos informales para obtener una mayor autonomía estratégica, participando secretamente en esfuerzos de innovación no programados (Criscuolo et al., 2014). En este sentido, el bootlegging surge como un proceso continuo incremental de aprendizaje de prueba y error en I+D, y su incertidumbre no es mejor o peor que la de I+D “autorizada” (Augsdorfer, 2005), aunque esta práctica muchas veces surge debido a que la idea es difícil de justificar y bastante arriesgada a ojos de la organización.

El valor de la investigación de bootleg para una empresa puede ser tangible e intangible. Mientras que los resultados tangibles de la investigación tienen claros beneficios económicos en términos de mayores ganancias para la compañía, los beneficios intangibles consisten en que, por un lado, aumentan la base de conocimiento tecnológico a través de la construcción de competencias y, por otro, los equipos de investigación se mantienen motivados (Augsdorfer, 2005).

El estudio señala que en la etapa inicial de la actividad innovadora existe muy poca diferencia entre los proyectos de bootlegging y los proyectos “autorizados”. Los primeros pasos de la investigación generalmente consisten en la recopilación de datos, ya sea en forma de pequeños experimentos o revisiones de la literatura. Donde sí hay una diferencia, es en que el bootlegging representa un bajo nivel de incertidumbre en cuanto a recursos, ya que la investigación ocasiona solo costos menores adicionales en términos de consumo de tiempo y costo de herramientas, materiales y equipos, pues estos a menudo están ya disponibles en el laboratorio.

En resumen, los gerentes que temen perder el control pueden estar seguros de que no hay nada que temer. Las ideas no se desarrollan por accidente o de forma aislada. Las nuevas ideas están de alguna manera relacionadas con lo que los investigadores ya saben (Augsdorfer, 2005).

Existen múltiples ejemplos que demuestran que esta práctica ha significado grandes beneficios para la organización, y por supuesto, muchos dan cuenta de que ha sido un rotundo fracaso y una pérdida de recursos importantes.

El contexto histórico y las políticas de apoyo

Estados Unidos

Si bien la historia de transferencia tecnológica en Estados Unidos tiene una larga data, lo cierto es que en los años ochenta se genera un fuerte impulso. En esta década, el Congreso aprobó la legislación histórica que rige la transferencia de tecnología universitaria llamada Ley de patentes y enmiendas derecho de marcas, más conocida como la Ley Bayh-Dole, impulsada por los senadores Birch Bayh, de Indiana, y Bob Dole, de Kansas. Dicha ley cambió drásticamente los incentivos para que las universidades y las empresas se involucren en la transferencia de tecnología universitaria, y simplificó el proceso de comercialización mediante el establecimiento de una política de patentes uniforme y la eliminación de muchas restricciones a la licencia de tecnologías financiadas por el gobierno federal. Más importante aun, permitió a las universidades ser dueñas de las patentes que surgían de los subsidios de investigación federales, lo que hasta esa fecha no se permitía. Se considera que esta ley no solo transformó el sistema de innovación basado en ciencia en Estados Unidos, sino que también fue la base jurisprudencial que ha permitido que beneficiarios de fondos estatales para actividades de I+D tengan derecho a patentar invenciones y conceder licencias, incentivando fuertemente la vinculación universidad-industria, y facilitando la llegada al mercado de bienes y servicios basados en resultados de investigación (Albert et al., 2015).

Con dicha ley, dicen los autores, se incentivó a las universidades a comenzar a crear unidades encargadas de responder a la necesidad de gestionar el proceso de transferencia de manera formal, con incentivos y políticas claras, generando vínculos de largo plazo con la industria y el sector público. La mayoría de las universidades que desarrollan investigación, tienen oficinas de transferencia tecnológica conocidas también como oficinas de transferencia y licenciamiento, y cada vez más las universidades comienzan a ser motores del crecimiento económico y del desarrollo local y regional, a través de la comercialización de su propiedad intelectual.

Aunque los efectos de la Ley Bayh-Dole sobre el aumento de patentes están lejos de ser definitivos y concluyentes, las universidades y otras organizaciones públicas de investigación protegen cada vez más sus invenciones, las que van desde desarrollos genéticos hasta programas de software, con la expectativa de generar fondos adicionales para la investigación y financiar parte de la actividad universitaria. Por ejemplo, antes de 1981, menos de 250 patentes eran solicitadas por las universidades cada año. Un poco más de una década después, se solicitaban casi 1.600 patentes cada año (Henderson et al., 1998; Shane, 2004). Otro de los datos relevantes relacionados con las patentes es que entre 1993 y 2000 a las universidades de Estados Unidos se les concedieron aproximadamente 20.000 patentes. Durante ese período, algunas de estas patentes universitarias generaron millones de dólares en ingresos por licencias, y estimularon la creación de más de 3.000 nuevas empresas.

Según datos de la asociación de gestores tecnológicos universitarios, AUTM por su sigla en inglés, entre 1996 y 2017, la transferencia tecnológica en Estados Unidos ha apoyado la creación de cerca de seis millones de nuevos empleos, se han creado más de 13.000 empresas basadas en ciencia, y se ha contribuido con 865 billones de dólares al producto interno bruto del país (Atkins, 2009).

Dicha organización realiza encuestas anuales entre las organizaciones que son parte de la asociación, denominada AUTM Licensing Survey. Los resultados del año 2018, mostraron que 828 nuevos productos comerciales se lanzaron al mercado ese año. Adicionalmente, 1.080 nuevas empresas fueron creadas en 2018 (AUTM, 2017).

Europa

En Europa existen diferencias significativas en términos de la gestión de la propiedad intelectual de las universidades, aunque es posible encontrar cierta convergencia, según el estudio realizado por Siegel (2015). En el Reino Unido, por ejemplo, las universidades han fortalecido cada vez más sus derechos sobre la propiedad intelectual generada por sus académicos, mediante una normativa que considera la distribución de regalías asociadas entre quienes participaron en la creación de los resultados de investigación y las áreas de las universidades que participaron en el desarrollo.

El estudio plantea que en Alemania y Bélgica adoptaron la legislación tipo Bayh-Dole a fines de la década de los noventa, mientras que en Francia este tipo de regulación ya existía desde hacía algún tiempo. En Italia, los investigadores pertenecientes al sector público reciben el derecho de propiedad de sus desarrollos, pero en la mayoría de los casos las universidades realizan un contrato formal de manera individual para otorgar los derechos de propiedad intelectual a la universidad. En Suecia y Finlandia se están llevando a cabo discusiones para cambiar sus políticas y regirse por un modelo tipo Bayh-Dole más que por el modelo de propiedad del inventor.

Por otra parte, la mayoría de los países europeos ha cambiado su legislación para hacer posible y más atractivo para los investigadores y académicos asumir participación accionaria sobre empresas que se creen para desarrollar y explotar comercialmente sus resultados y para poder recibir regalías o ingresos, producto de la comercialización. En Francia, por ejemplo, antes de 1999 era ilegal que un académico asumiera participación accionaria sobre una empresa (Albert et al., 2015).

El estudio agrega que, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, el nivel de actividad comercial en las universidades europeas es relativamente bajo en comparación con los altos niveles de rendimiento científico e inversión en investigación con los que cuentan. Este fenómeno se conoce como la “European Academic Paradox”. En gran parte, esta toma de conciencia reflejó el reconocimiento por parte de los gobiernos de que, en algunos casos, colocar los resultados de la investigación financiada con fondos estatales en el dominio público no es suficiente para generar beneficios sociales y económicos de la investigación (OCDE 2003). Así, desde principios de 2000, muchos países europeos, como, por ejemplo, Austria, Dinamarca, Alemania y Noruega, han eliminado el llamado privilegio del profesor, que otorgaba a los académicos el derecho a poseer patentes. El derecho a la propiedad intelectual ahora se ha transferido a las universidades, mientras que los inventores académicos reciben una parte de los ingresos vía regalías, acorde al modelo Bayh Dole.

Latinoamérica

El caso de Latinoamérica es más reciente y diverso, ya que cada país ha vivido realidades diferentes. Por ejemplo, en Argentina, si bien es cierto las primeras actividades surgen en la década de los años ochenta, como punto de partida de la institucionalidad se considera la creación en los noventa de la unidad de vinculación tecnológica a nivel estatal, la cual fue pionera en la región latinoamericana. Más recientemente y a partir de la necesidad de diseñar y ejecutar una política integral de promoción de la vinculación y la transferencia tecnológica, se crean en el año 2013 las oficinas de vinculación tecnológica dentro de los centros científicos tecnológicos argentinos.

Estas oficinas tienen la finalidad de promover la explotación comercial de los resultados de las actividades de investigación, de transferencia y de servicios de ciencia y tecnología, así como realizar la gestión administrativa, el seguimiento y la evaluación, incluyendo los convenios celebrados entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET y sus contrapartes (Oficinas de Vinculación, n.d.).

En 1981, en Brasil se comenzó a diseñar los Nucleos de Innovación Tecnológica, NITs, con el objetivo de mejorar los vínculos entre academia e industria y, pese a los esfuerzos estatales, la iniciativa se suspendió a fines de la década de los ochenta (Santos, 2016). En la mísma década, comenzaron las actividades del Programa de Apoyo para el Desarrollo Científico y Tecnológico, PADCT, vinculado al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del país, en cuyas áreas de acción está incluida la propiedad industrial. En 1998 comenzó un debate sobre la importancia de la propiedad intelectual para el desarrollo económico de Brasil, particularmente en relación con la internacionalización de la economía. En esa década, la falta de una legislación nacional que contemplara y guiara las acciones de esta área en desarrollo fue evidente ya que los Centros de Innovación Tecnológica, TIC, recibieron diferentes nombres y divergieron en acciones que estaban totalmente desenfocadas. Esta situación fue crucial para la creación de la Ley de Innovación Nacional de Brasil en 2004 (Chais et al., 2017).

La Ley de Innovación de 2004, definió TIC como un Centro de Innovación Tecnológica cuyo objetivo es gestionar la política de innovación, monitorear los procesos de desarrollo desde la investigación hasta la innovación, y promover asociaciones entre universidades y empresas. Con este impulso, en 2006 se creó el Foro de Gestores de Innovación y Transferencia de Tecnología, FORTEC, por sus siglas en portugués, con el objetivo de compartir experiencias y buenas prácticas de gestión, impulsar la formación y cualificación de profesionales en materias de propiedad intelectual y la transferencia de tecnología (Santos, 2016). Las actividades vinculadas a las TICs en las universidades se relacionan con la atención a la política institucional y el incentivo con respecto a la cultura de innovación a través de la protección de propiedad intelectual, licencias de patentes, gestión de acuerdos de transferencia de tecnología, interacción entre universidades y empresas, organización de eventos que promueven y crean un entorno propicio para la difusión de la innovación en la universidad, y asistencia a investigadores en la recaudación de fondos para la innovación, entre otras actividades. Nuevamente la Ley Bayh-Dole inspiró la Ley de Innovación de 2004 en Brasil (Chais et al., 2017).

En el caso de Chile, la historia es más reciente aun. Si bien es cierto que el país cuenta con una ley de propiedad intelectual que data de los años setenta, recién a principios de este siglo algunas universidades comenzaron a crear unidades encargadas de gestionar la propiedad intelectual y la transferencia tecnológica.

En el país, los esfuerzos por impulsar la transferencia tecnológica fueron generados por el Estado, y es así como a comienzos de los años dos mil se realizaron las primeras tentativas de crear institucionalidad y comenzar el proceso de formación de personas que serían las encargadas de gestionar las oficinas de transferencia en los siguientes años. Comenzada la segunda década, la agencia estatal encargada del fomento a la innovación y el emprendimiento, dependiente del Ministerio de Economía, denominada Corporación de Fomento de la Producción, CORFO, lanzó un financiamiento para la creación y el fortalecimiento de capacidades de comercialización y transferencia tecnológica dentro de las instituciones, y en este contexto convocó al primer concurso para fortalecer Oficinas de Transferencia y Licenciamiento de universidades y centros científico-tecnológicos nacionales. En un inicio se apoyó a más de veinte instituciones, las que desarrollaron nuevas políticas, procedimientos y regulaciones de propiedad intelectual, aumentaron sus redes de contacto y formaron capacidades internas.

Durante el año 2012 se crea la “Red de Gestores Tecnológicos de Chile”, una corporación de derecho privado sin fines de lucro, constituida por profesionales que trabajan en universidades y centros científico-tecnológicos en temáticas relacionadas con la transferencia tecnológica, cuyo objetivo es vincularse y relevar la importancia de la transferencia tecnológica en el país.

Además de los programas del Ministerio de Economía, en 2012, el Ministerio de Educación creó programas de financiamiento para incentivar la innovación basada en ciencia en las universidades chilenas, lo que aceleró y fortaleció el sistema.

CORFO ha continuado el apoyo a las oficinas de transferencia y licenciamiento del país, con el objetivo de apoyar su consolidación y posicionamiento dentro de la institución y hacia el exterior, y aumentar la cartera de iniciativas con potencial de mercado, incrementando de forma significativa el número de revelaciones de invención, contratos de I+D, licencias, consultorías e investigación colaborativa con empresas y otras entidades de I+D+i, tanto a nivel nacional como internacional.

En 2015, CORFO lanzó un nuevo instrumento que dio paso al nacimiento de los hub de transferencia tecnológica, cuyo objetivo es crear una entidad que agrupe a diversas universidades, en tamaño, especialización y ubicación geográfica, con la hipótesis de hacer más eficiente la gestión de transferencia tecnológica y escalamiento de resultados de I+D a través de la concentración de capacidades y capital humano altamente especializado, orientada hacia la creación de negocios en distintas industrias en mercados globales, con acceso a redes de apoyo a la internacionalización de los emprendimientos de base tecnológica.

Si bien es cierto que desde el año 2011 se han realizado esfuerzos importantes en la creación de capacidades de gestión tecnológica en las universidades y centros científico- tecnológicos, habiendo importantes avances institucionales en gestión de propiedad intelectual y formalización de procesos de transferencia tecnológica, solo recientemente ha comenzado a notarse un incremento en el número de patentes y licencias, y son todavía incipientes los resultados en contratos tecnológicos y creación de empresas de base tecnológica, debido a que se trata de procesos que toman tiempo de maduración.