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Hidden Figures118
Según María Eugenia Torres, los números deben hablar, es decir, deben contar la historia. A continuación, se presentan los números y los nombres de las personas que resumen la historia de los primeros diez de años de gestión de la Red de Alimentos.
En términos de alimentos acopiados por la Red de Alimentos y luego entregados a las organizaciones sociales inscritas, estos crecieron de 45 toneladas en 2010, a 11.345 en 2020. El aumento en la cantidad de alimentos entregados en ese lapso fue de 252 veces. En el siguiente gráfico se muestra el avance.
En 2010 se incorporaron 25 organizaciones y diez años más tarde, estas totalizaban 438, lo que implica un nivel de expansión de 17,5 veces.
En cuanto a los beneficiarios de las organizaciones sociales ligadas a la Red de Alimentos, estos pasaron de 8.423, en 2010, a 258.771 diez años más tarde, lo que implica un aumento de 30,7 veces.
Finalmente, gracias a un modelo desarrollado por el GreenLab del Dictuc, la Red de Alimentos ha podido estimar su aporte al medioambiente, a través del cálculo de las emisiones de CO2 que se evitaron y se siguen evitando gracias a su acción. Se estima que para 2010 estas sumaron 124 toneladas. Para 2020, la estimación se eleva a 17.079 toneladas evitadas de CO2, es decir, la contribución a un menor calentamiento global creció en 137 veces.
De Biobío con amor119
La gestión del BABBS pasó de 6.692 beneficiarios en 2015120 a 37.872 en 2020. Esto implica un aumento de 5,66 veces en cinco años, en el número de personas beneficiadas por la gestión en la VIII Región.
En cuanto a los alimentos entregados por el Banco de Alimentos Biobío Solidario, estos pasaron de 144 toneladas en 2015121 a 628 en 2020.
El aumento en la cantidad de alimentos entregados en ese lapso fue de 4,3 veces. En el siguiente gráfico se muestra el avance.
En 2014 el BABBS contaba con once organizaciones sociales asociadas. En 2020 estas se elevaron a 63. Esto significa que se multiplicaron 5,7 veces.
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Cartas y editoriales publicadas en El Mercurio
17 de junio de 2018
Demasiado bueno para botarlo a la basura
La FAO estima que el mundo desecha un tercio de los alimentos que produce, unos 1.300 millones de toneladas anualmente, mientras uno de cada nueve habitantes del planeta (más de 800 millones) padece hambre. Más allá de la reprobación ética que cualquier persona puede tener frente a esas cifras, estas pérdidas generan un triple impacto: costos ambientales, económicos y sociales.
Desde el punto de vista medioambiental, esta problemática va más allá de la contaminación y la necesidad de reutilización: incluye también el tratamiento de los desechos que terminan en rellenos sanitarios, en nuestros océanos y en el aire que respiramos, afectando directamente nuestra salud y la conservación del planeta. Por otro lado, cuando se desechan productos, se bota también la mano de obra, el agua, la tierra, la energía y todos los insumos productivos que fueron necesarios para su fabricación. A estos impactos se suma la inmensa pérdida social que se genera al no permitir que estos productos lleguen a las manos de personas que no tienen la posibilidad de acceder a ellos.
La Red de Alimentos opera en el país desde 2010 rescatando hasta la fecha más de 22 millones de kilos de alimentos aptos para el consumo humano, evitando la generación de cerca de 50.000 toneladas de CO2, distribuyéndolos entre 200.000 personas a través de 218 organizaciones sociales miembros de la Red y para las cuales los gastos asociados a pagos de remuneraciones, a la compra de comida y de artículos de primera necesidad, como pañales, cepillos de dientes, jabón y otros, significan los desembolsos más elevados de su presupuesto.
Tal como ocurre en muchos países del mundo, en Chile, donde más de dos millones de personas viven bajo la línea de la pobreza, existe la necesidad urgente de contar con un marco legal sólido y estable para incentivar la entrega de alimentos, como también de productos de aseo e higiene personal, por parte de las empresas que, en caso de no ser comercializados por diversas razones, hoy son destruidos en lugar de ser puestos a disposición de las personas más vulnerables. No podemos seguir dependiendo solamente de una normativa del Servicio de Impuestos Internos (Circular Nº54/2009 y Resolución Nº59/2014), es urgente avanzar legislativamente en esta materia.
Desde 2012, la Red de Alimentos ha empujado estos cambios legales. En 2016 logramos un avance con la promulgación de la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor, que indica establecer “mecanismos para prevenir la generación de residuos, incluyendo medidas para evitar que productos aptos para el uso o consumo se conviertan en residuos”. Sin embargo, desde la promulgación de la ley no se ha avanzado en la materia, porque aún falta la dictación de un decreto supremo del Ministerio del Medioambiente que establezca dichos mecanismos. Adicionalmente, creemos en la necesidad de la prohibición por ley de la destrucción de alimentos y de productos aptos para el uso y consumo, para lo cual el apoyo y la participación del Ministerio de Desarrollo Social y del Servicio de Impuestos Internos resultan cruciales.
Queremos construir un proceso de economía circular. Buscamos visibilizar la dimensión valórica que dice no a la pérdida y al desperdicio de productos aptos para el uso y consumo. No es ético que estos artículos terminen en la basura, existiendo personas que viven una profunda necesidad y podrían verse significativamente beneficiadas con ellos. Al hacernos cargo de esta problemática, también ayudamos a mitigar la desigualdad en el país. Una persona que cuenta con una alimentación adecuada y con productos de necesidad básica para su aseo e higiene, se dignifica, se desarrolla de mejor manera, goza de mejor salud y está mejor preparada para enfrentar el día a día.
Este tema debería ser una prioridad en la agenda de las políticas públicas, ya que tiene grandes beneficios para nuestra sociedad, permitiéndonos avanzar como país y en línea con las metas propuestas por Naciones Unidas en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Asimismo, tiene costo cero para el Estado. Todas estas iniciativas ya tienen mucho tiempo de conversaciones en distintas instancias y foros, sin embargo, falta un último empuje y compromiso real para finalmente concretarlas… ¿Cuánto más esperamos para actuar?
Dada la coyuntura de los últimos años, a veces pareciera que las políticas públicas más obvias de implementar solo logran sensibilizar cuando hay cámaras de televisión encendidas o cuando hay una movilización callejera, consecuencia de lo cual se atienden los requerimientos de los que más ruido hacen. Nosotros pensamos que iniciativas como las que estamos promoviendo hace tantos años deberían generarse como hechos positivos que se desarrollan atendiendo el bien común y, por supuesto, considerando el carácter de urgencia de legislar a favor de quienes más lo necesitan.
Carlos Ingham
Fundador y presidente
Red de Alimentos
8 de agosto de 2018
Eficacia filantrópica
La complejidad y diversidad de los problemas sociales más apremiantes hacen muy difícil para el Estado enfrentarlos con la necesaria atención, prontitud y eficiencia. Esto, no solo por la imposibilidad de fijar prioridades y contar con los recursos necesarios, sino también por limitaciones en sus capacidades de gestión. De allí que el aporte de la sociedad civil a través de organizaciones privadas sea imprescindible en la tarea de abordar cuestiones sociales con creatividad y eficacia. En efecto, diversas fundaciones destacan en su modelo de atención social, donde directores, funcionarios y voluntarios logran un positivo impacto gracias a su compromiso y dedicación, consiguiendo llegar a los sectores más desprotegidos con soluciones concretas y oportunas.
Un modelo destacable es el desarrollado por la fundación Red de Alimentos, entidad que –replicando una experiencia previamente implementada en Argentina y en muchos otros países del mundo– ha logrado montar un banco de alimentos, recolectando productos que, pese a estar en buenas condiciones, estaban destinados a ser desechados. De este modo ha permitido establecer una relación directa entre productores y organizaciones privadas sin fines de lucro que atienden a personas en situación vulnerable. Con el objetivo de evitar la destrucción de bienes que pueden servir a alguien necesitado, la Red ha conseguido –desde 2010– incrementar la entrega de frutas, verduras y otros productos no comercializables, pero sí aptos para el consumo. Solo en julio pasado, por ejemplo, 500 toneladas de alimentos fueron rescatadas y derivadas a diferentes organizaciones de atención social, lo que significa un ahorro significativo en los costos de sus operaciones, permitiéndoles cubrir otras necesidades. Un reciente cambio en la normativa de Impuestos Internos ha hecho posible, además, ampliar esta labor, al facilitar las condiciones para que las empresas también puedan donar pañales no comercializados, en lugar de incinerarlos.
Con un proyecto en desarrollo para la creación de un banco virtual, esta fundación pretende expandir la actual red, que hoy conecta a más de 50 empresas con alrededor de 220 fundaciones, en cinco regiones del país. Su objetivo es crear un canal mediante el cual los productores puedan ofrecer sus productos y las fundaciones exponer sus necesidades, logrando un trabajo directo sin tener que contar –como ocurre hoy– con centros de acopio.
Este ejemplo filantrópico es una manifestación más de la relevancia que las iniciativas privadas tienen en la atención social, no solo colaborando con el Estado y llegando con ayuda a aquellas áreas donde los recursos públicos no alcanzan, sino también aplicando la experiencia y la metodología del mundo privado para aportar, de manera ágil y eficaz, en la solución de problemas sociales apremiantes. Todo ello, estableciendo redes entre ámbitos que parecen lejanos, pero que conectados logran potenciarse, ofreciendo nuevas oportunidades y provocando una serie de externalidades positivas con un impacto social directo.
13 de agosto de 2018
Trabajo en equipo público-privado
El pasado 13 de julio fue un día de gran relevancia para la Red de Alimentos y para Chile: los pañales que no se comercializan ahora podrán ser entregados, sin ser un gasto rechazado, a organizaciones sociales que atienden a personas en situación de vulnerabilidad, evitando así que se destruyan. A este importante anuncio, el día 9 de agosto se sumaron los productos de higiene personal de primera necesidad como champús, acondicionadores, dentífricos, desodorantes y jabones, entre otros. El proceso será el mismo que rige desde hace nueve años para los alimentos.
Cambiar esta realidad fue un anhelo por el que en la Red de Alimentos trabajamos durante los últimos seis años. En concreto, a partir de ahora, unos siete millones de pañales por año podrán ser entregados a instituciones sin fines de lucro y, a través de ellas, a cientos de miles de infantes, adultos mayores y personas con discapacidad que los necesitan. Así también, podremos distribuir productos de higiene que dignificarán la vida de quienes menos tienen.
El primer y significativo anuncio del cambio de tratamiento para pañales fue realizado en nuestro centro de distribución en San Bernardo por los ministros de Hacienda, Felipe Larraín; de Desarrollo Social, Alfredo Moreno; el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, y la Red de Alimentos, al que asistieron muchas empresas socias y beneficiarios de la Red.
Esto deja en evidencia que el trabajo interministerial, con los servicios respectivos, que han actuado con un sentido de urgencia realmente notable y que no había visto en los quince años y cinco gobiernos que llevamos impulsando estos cambios, sumado a un coordinado trabajo en equipo público-privado, incluyendo el apoyo parlamentario, es el mejor camino para lograr soluciones concretas en plazos cortos que beneficien a quienes más lo necesitan.
La aprobación de estas circulares es una prueba viva de que, con el compromiso de autoridades con sensibilidad social y personas que creen en esta causa, se pueden lograr grandes cambios, generando un significativo impacto en el ecosistema. Así, conseguimos un triple beneficio para el país: social, medioambiental y económico. Desde ahora, la población más vulnerable podrá acceder a pañales y productos de higiene personal que, al no destruirse, dejarán de emitir miles de toneladas de CO2 y también evitamos que se desperdicien los recursos invertidos en su producción. Y todo esto sin costo adicional para el Estado ni para las empresas, al igual que los alimentos.
Evitar el desperdicio de alimentos y de artículos de primera necesidad es un deber ético e imperativo de toda la sociedad, especialmente cuando en el país hay más de dos millones de personas que aún viven bajo la línea de la pobreza. En 2003, la Red de Alimentos comenzó su trabajo en línea con este objetivo y llevamos ocho años operando el modelo de bancos de alimentos en Chile, periodo en el que hemos rescatado 25 millones de kilos de comida que, antes de la existencia de la Red, se desperdiciaba. Solo en los últimos 12 meses hemos entregado 5,4 millones de kilos, que aportan a la alimentación de más de 200.000 personas en situación de vulnerabilidad.
Desde 2012 hemos impulsado dos cruzadas: ampliar la normativa que logramos para alimentos a otros productos que pudieran ser aprovechados por quienes los necesitan, y que se establezcan incentivos para evitar el desperdicio de estos bienes.
Luego del gran avance que tuvimos con los pañales y los productos de primera necesidad, creemos que ahora es urgente trabajar en un objetivo de más largo plazo: generar los incentivos correctos y las obligaciones necesarias para que las empresas realicen al menos una pausa, que logre que todos los bienes que puedan ser aprovechados no se destruyan. Más aún cuando la distribución de estos se hace entre quienes, de otra manera, tendrían un restringido o incluso nulo acceso a ellos.
Hace nueve años celebramos la posibilidad de recuperar alimentos. Hoy lo hacemos por la incorporación de los pañales y productos de higiene personal al mismo modelo. Imaginemos por un instante si esta normativa la extendemos a otros productos: si, por ejemplo, los sobrantes de madera los ocupáramos para construir viviendas, si la ropa y juguetes de Navidad que no se venden en fecha se entregaran en poblaciones, y otros muchos ejemplos. Las políticas públicas deberían establecer los mecanismos adecuados para promover este comportamiento, con la obligatoriedad de no destruir productos que están aptos para su uso y consumo mientras haya alguien que los necesite. Cuánto podríamos avanzar en el desarrollo y la sostenibilidad del país dándoles un valor social a todos los bienes y recursos que hoy se desperdician.
“Cuando hay voluntad, hay un camino”.
Carlos Ingham
Fundador y presidente
Red de Alimentos
14 de marzo de 2019
Permitámonos debatir
Tal como ocurre en muchos países, en Chile, un porcentaje considerable de la población aún no logra satisfacer necesidades tan básicas como alimentarse adecuadamente, mientras al mismo tiempo toneladas de bienes de primera necesidad, aún aptos para el uso y consumo humano, son destruidos diariamente. Evitar el desperdicio de alimentos y de artículos de primera necesidad en Chile es un deber ético e imperativo, especialmente cuando en nuestro país hay más de 1,5 millones de personas que viven bajo la línea de la pobreza.
En la Red de Alimentos hemos promovido y acompañado de forma muy activa este proceso. Pero creemos que es necesario sumar más voces. En lo específico, hacemos hoy un llamado a los legisladores: no podemos seguir dependiendo solo de una normativa del Servicio de Impuestos Internos en materia de recuperación y entrega de productos de primera necesidad. Es urgente avanzar legislativamente en esta materia, hay que romper las inercias.
Según datos de la FAO, un tercio de los alimentos que se producen en el mundo son desechados. Este evidente sinsentido no solo tiene impactos sociales, económicos y medioambientales, sino que también es contrario al concepto de economía circular, el que desafía a avanzar hacia procesos colaborativos que sean replicables, eficientes, útiles y que maximicen el bienestar humano.
En la Red de Alimentos –organización de derecho privado y sin fines de lucro– desde hace casi diez años articulamos un círculo virtuoso entre empresas y organizaciones sociales, para rescatar productos aptos para el consumo humano, evitando así su desperdicio y distribuyéndolos entre quienes más lo necesiten. Hasta la fecha, hemos rescatado 29 millones de kilos de alimentos y solo en 2018 impactamos a cerca de 220.000 personas en situación de vulnerabilidad a través de 238 organizaciones sociales.
Desde el año 2012 hemos impulsado dos cruzadas: ampliar la normativa que logramos para alimentos a otros productos de primera necesidad que pudiesen ser aprovechados por quienes lo necesitan, y que se establezcan incentivos para evitar el desperdicio de estos bienes, con un marco legal sólido y estable que permita e incentive a las empresas a entregar estos productos que, por diversos motivos, no son comercializados.
En julio de 2018 logramos uno de los más significativos avances cuando, junto a los ministros de Hacienda y de Desarrollo Social y al Director del Servicio de Impuestos Internos, anunciamos la ampliación de la normativa, lo que ha permitido no solo rescatar alimentos, sino también productos de higiene personal, pañales y otros de primera necesidad, generando un impacto directo entre quienes más lo necesitan.
Del mismo modo hemos impulsado incansablemente la necesidad de establecer un marco legal con incentivos para evitar el desperdicio de bienes. Es así como, gracias al apoyo unánime y transversal de los 28 senadores que estaban presentes, en agosto pasado la Cámara Alta solicitó al Presidente de la República y al ministro de Hacienda que considerasen, en la reforma tributaria, establecer los incentivos o desincentivos tributarios para que las empresas eviten destruir bienes aptos para el uso y consumo humano, en particular, productos de primera necesidad.
Esta propuesta quedó en general contemplada en la presentación del proyecto de modernización tributaria, buscando configurar con jerarquía de ley el tratamiento tributario que rige hoy para alimentos, pañales y productos de higiene personal, y otros que determine el SII. Además, debemos avanzar a que se considere como gasto rechazado la destrucción voluntaria de bienes que se encuentren en condiciones de uso o consumo humano. En virtud de lo anterior, la pregunta entonces es ¿quién podría oponerse a la propuesta de aprovechar los bienes que no se comercializan y entregárselos a quienes más los necesitan?
Chile es un país diverso en muchos aspectos. Políticamente también lo es y es esa diversidad y pluralidad la que nos ha permitido crecer y proyectarnos hacia el futuro. No podemos permitir que esa misma diversidad nos impida avanzar hacia una sociedad más responsable, equitativa y consciente.
La filósofa y politóloga Hannah Arendt enuncia en su libro La condición humana, que “ninguna clase de vida humana, ni siquiera la del ermitaño en la agreste naturaleza, resulta posible sin un mundo que directa o indirectamente testifica la presencia de otros seres humanos”. Es en este contexto donde nuestro deber ético cobra mayor valor, más allá de nuestras consideraciones políticas o filosóficas; las necesidades básicas de las personas no tienen ideología.
Estamos a un paso de lograr estos anhelos planteados, pero estos avances podrían quedar en nada si no se aprueba la idea de legislar. Hoy todo está en manos de nuestros legisladores. En nombre de los que más necesitan, y después de tanto trabajo, solo un llamado: permitámonos debatir.
Carlos Ingham
Fundador y presidente
Red de Alimentos
25 de marzo de 2020
Desperdicio de alimentos
Señor Director:
Con los cambios establecidos en la reforma tributaria recientemente promulgada y publicada en el Diario Oficial, se cumple un especial anhelo impulsado por la Corporación Red de Alimentos hace ya diecisiete años: evitar la destrucción de productos que aún se encuentran aptos para el uso y consumo, generando significativos impactos sociales, económicos y medioambientales.
Nuestro trabajo permanente ha estado enfocado en apoyar, impulsar y motivar a las autoridades y legisladores para la ampliación de las disposiciones legales que incentiven que productos que no se venderán por distintos motivos, sean redistribuidos a personas en situación de vulnerabilidad en nuestro país, evitando que sean desperdiciados y contaminen el medio ambiente. Hoy, Chile ha materializado este deseo, mediante la promulgación de la normativa que fomenta las entregas, desincentivando económicamente la destrucción de alimentos, artículos de primera necesidad, ropa y medicamentos, entre otros.
Valoramos el esfuerzo público-privado que acogió nuestra propuesta. Asimismo, agradecemos a nuestras 156 empresas socias y a las 294 organizaciones sociales beneficiarias, que diariamente atienden a más de 240.000 personas y nos han permitido entregar más de 34,2 millones de kilos de productos durante estos diez años de operación.
La promulgación de esta ley favorece el objetivo de “Desperdicio 0”, que de manera eficiente y transparente permitirá continuar con la redistribución de productos hacia quienes más los necesitan.
Carlos Ingham
Fundador y presidente
Red de Alimentos
21 de mayo de 2020
Filantropía: un compromiso pendiente y una regulación que requiere suma urgencia
El covid-19 hizo evidente la situación de inseguridad alimentaria y malnutrición que puede afectar a muchos. Así, desde el año 2003 surge el anhelo de crear un banco de alimentos, que pasó por obstáculos operativos, normativos basados en la desconfianza. Primaba el temor a generar un mercado negro o que la fiscalización no fuera suficiente. Se tocaron múltiples puertas sin obtener las respuestas esperadas.
Por largo tiempo, la Red de Alimentos promovió un marco legal para que la destrucción de alimentos fuera normada y aceptada tributariamente, normativa que se logró en 2009. En 2018, bajo una nueva mirada del Ministerio de Hacienda y del SII, vino un cambio de paradigma y la Red de Alimentos logra la ampliación del procedimiento a pañales y elementos de aseo personal. Actualmente, la Red colabora con más de 300 organizaciones sociales y sus 908 centros, impactando este último año positivamente la nutrición y calidad de vida de más de 230.000 personas, llevando alimentos y artículos de primera necesidad a quienes sin ellos no tendrían posibilidad de acceder a estos y evitando así su destrucción.
Era hora de ir hacia el “Desperdicio 0” para generar un ecosistema normativo certero, con los beneficios sociales, económicos y medioambientales que ello genera. En 2020, Chile pasó a tener una legislación pionera en economía circular, con la Ley de Modernización Tributaria, que establece que la destrucción voluntaria de materias primas, insumos y productos terminados todavía aptos para su uso y consumo es un gasto rechazado. Esta ley incluyó alimentos, remedios, ropa, útiles escolares, libros y otros productos de primera necesidad, bienes que en plena crisis sanitaria constituyen una cuota de esperanza para muchos y un apoyo para el Estado.
La contingencia ha puesto de manifiesto las limitaciones legales que tenemos en materia de filantropía. En los últimos diez años, Chile ha tramitado leyes especiales de emergencia y contrarreloj: la ley de donaciones para reconstrucción (posterremoto de 2010), ley de donaciones para pymes, ley de mejoramiento de donaciones al Estado, ley de donaciones para COP 25 y, recientemente, aclaraciones del SII para donaciones por covid-19, rescatando leyes antiguas, como la ley de catástrofes de 1965.
Necesitamos que se legisle con mirada de futuro, que se elimine la desconfianza, que surja una normativa simétrica, desinteresada y desideologizada que permita una solución global y comprehensiva. No resulta lógico que hoy salud, medio ambiente y vivienda sean ámbitos que estén prácticamente vedados para la filantropía. Tampoco lo es que si una sociedad anónima abierta quiere donar para un fin socialmente deseable deba contar (salvo excepciones) con una autorización judicial, dado que el Código Civil de fines del siglo XIX contempla este requisito como protección de los legitimarios de una persona natural.
No tiene sentido que existan más de cincuenta leyes sobre donaciones, con regímenes tributarios diferentes; no ayuda que veamos a cada donante como un potencial infractor sujeto a sanciones penales, sin perjuicio de los controles y fiscalizaciones que, por cierto, deben existir; no hace sentido que para donar se deba contratar a un abogado y un contador a fin de desenmarañar el entramado de disposiciones legales y reglamentarias de donaciones; y menos lógico es que hasta hace poco se incineraran casi siete millones de pañales al año porque tributariamente el donante que lo hacía era castigado con un gasto rechazado.
La estructura cooperativa construida desde la solidaridad a raíz del covid-19 y otras catástrofes debiese ser el modelo a seguir, ya que salud, alimentación, educación, conservación medioambiental, cultura y deporte, entre otros, son objetivos comunes a nivel social. Se debe asegurar un mecanismo suplementario que apoye a los sectores más vulnerables del país (hasta la última encuesta Casen de 2017 representaba el 8,6% de la población), y que permita cumplir otros fines relevantes para todos.
Chile necesita con suma urgencia un marco legal con bases modernas, que fomente los actos filantrópicos, que fortalezca la operatividad de las organizaciones de la sociedad civil a través de las cuales se canaliza en parte la filantropía, y que construya un ecosistema de mayor libertad en el ámbito legal, con reglas del juego simples, claras y simétricas, que genere confianza, que sea transparente y reportable y que, en consecuencia, sea un motor movilizador de recursos para tantas necesidades.
Carlos Ingham
Fundador y presidente
Red de Alimentos
Carolina Fuensalida
Abogada tributaria
21 de mayo de 2020
El olvido de las ollas comunes y el hambre
Hay quienes dicen que el olvido es peor que la muerte. Y hoy la coyuntura y el frenesí social que estamos viviendo nos tienen, de cierta forma, anestesiados. Por lo mismo, está aumentando el riesgo de olvidar, nuevamente, un problema desgarrador que no podemos dejar pasar: el hambre y la malnutrición.
En las últimas décadas, Chile ha tenido un avance sustancial en la disminución de la pobreza y, de forma paralela, del hambre. Sin embargo, este flagelo se ha mantenido en nuestro país de manera silenciosa e invisible. Muchas veces, como sociedad hemos dejado pasar esta realidad, alucinados ante la imagen de un país pujante en vías de desarrollo. Otras veces ha creído que esta situación solo ocurre en países que están condenados a vivir empobrecidos.
La crisis desatada por la pandemia del covid-19 nos ha llevado a abrir los ojos y mirar de una forma distinta lo que ocurre a nuestro alrededor. Nos hemos encontrado de frente con problemáticas a las que, quizás, no les dimos la importancia y urgencia suficiente que requerían.
En este escenario, hoy tenemos un contexto de desempleo no visto hace décadas. Con la caída de los ingresos, ha disminuido la capacidad de adquirir alimentos y otros bienes de primera necesidad, mientras que miles de personas han tenido que optar por productos de menor calidad nutricional. Esto lleva a acrecentar problemas tan dolorosos como son la malnutrición y el hambre.
Desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han afirmado que en Chile hasta un millón de personas podrían verse privadas de alimentos nutritivos hasta por varios días a la vez. Esta realidad se ha visto reflejada en un fuerte crecimiento de las ollas comunes y comedores sociales a lo largo del país. En la Red de Alimentos este año hemos aumentado significativamente el número de beneficiarios de comedores sociales, ollas comunes y rutas calle, alcanzando 39.438 personas, atendidos en 189 centros.
En esa línea, la Cepal junto a la FAO establecieron un decálogo de medidas urgentes para evitar que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria. Entre ellas, el apoyar con subsidios monetarios y/o con donaciones de alimentos provenientes de las empresas y los gobiernos a las iniciativas de asistencia alimentaria de las organizaciones de la sociedad civil.
Si bien en los últimos meses han existido diversas iniciativas y grandes esfuerzos para ir en ayuda de quienes están sufriendo, lo cierto es que el hambre no se erradica de un día para otro. Por lo mismo tenemos que preguntarnos: ¿Qué estamos haciendo y qué haremos como país para enfrentar de forma sistemática el hambre y la malnutrición?
Durante los últimos diez años, en la Red de Alimentos hemos trabajado para establecer una red de cooperación entre las empresas y las organizaciones sociales. En lo que va del 2020 hemos distribuido más de siete millones de kilos de alimentos y productos de primera necesidad, beneficiando en total a más de 266.000 personas, pertenecientes a 381 organizaciones sociales y 1.128 centros de atención. De este modo, hemos llegado de forma directa con la ayuda no solo a ollas comunes y comedores sociales, sino también a hogares y residencias para ancianos, niños, mujeres, migrantes y personas en situación de calle, entre otras.
