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Capítulo 4 ÁREAS TERRESTRES PROTEGIDAS POR EL ESTADO EN LA PATAGONIA CHILENA: CARACTERIZACIÓN, EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ESTADO DE GESTIÓN

TERRESTRIALS STATE PROTECTED AREAS IN CHILEAN PATAGONIA: CHARACTERIZATION, HISTORICAL EVOLUTION AND MANAGEMENT

ALBERTO TACÓN ^{a b} • DAVID TECKLIN ^a • ALDO FARÍAS ^a MARÍA PAZ PEÑA^a • MAGDALENA GARCÍA^c

Resumen. La Patagonia chilena alberga ecosistemas únicos a nivel mundial cuya conservación ha sido abordada, principalmente por medio de la creación de áreas silvestres protegidas del Estado (ASPE). A modo de contribuir al entendimiento del nivel actual de protección terrestre en la Patagonia chilena, analizamos la historia, la cobertura y los niveles de gestión del conjunto de áreas terrestres con alguna figura de protección legal. Cabe destacar que las áreas silvestres protegidas por el Estado (ASPE) de la Patagonia representan un 71% del total nacional de la superficie terrestre de Chile bajo alguna categoría de protección, incluyendo sistemas de archipiélagos, glaciares y campos de hielo y extensas superficies de ecosistemas forestales con poca alteración y únicos a nivel mundial. La gestión de las ASPE, administradas por la Corporación Nacional Forestal, como parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, muestra importantes avances durante el último siglo. Sin embargo, la evaluación realizada indica la persistencia de importantes limitaciones en casi todas las ASPE patagónicas. Por ello, se requiere reforzar las capacidades de gestión institucional para superar estos problemas históricos y mejorar los niveles de gestión actual. Se presentan recomendaciones organizadas según los ámbitos de gestión, destacando la necesidad de fortalecer el marco normativo, actualizar la planificación y mejorar la dotación de insumos para el manejo, a través de políticas públicas que aborden problemas de financiamiento.

Palabras claves. Patagonia, Chile, áreas protegidas, parques nacionales, manejo, gestión, Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.

Abstract. Chile’s Patagonian region houses globally unique ecosystems whose conservation has been addressed principally through public protected areas (PPAs). In order to improve understanding of the region’s current level of protection, we analyze the history, coverage, and management status of legally protected areas. Patagonia’s PPAs account for a high percentage of Chile’s total land protection, and include archipelagos, fjords, channels, glaciers, icefields and large areas of globally unique and highly intact forests. Management of PPAs within the National System of Wild Protected Areas by the National Forestry Corporation has advanced substantially over the last century. Nonetheless, our evaluation, which was carried out using official data, indicates the persistence of important limitations in almost all PPAs evaluated. There is a need to strengthen institutional capacities in order to overcome historic problems and raise levels of management. We present recommendations that highlight the importance of strengthening the legal framework, as well as the need to bring planning up to date, and improve management inputs through public policies that address gaps in funding.

Keywords. Patagonia, Chile, protected areas, national parks, management, National System of Wild Protected Areas.

1. INTRODUCCIÓN

Las áreas protegidas (AP) constituyen la herramienta de conservación más estandarizada a nivel mundial, definidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como: un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza, de sus servicios ecosistémicos y de sus valores culturales asociados (Dudley, 2008). A lo largo de las últimas décadas se ha generado una extensa literatura referida a la evaluación de la eficacia de las AP para evitar la pérdida de hábitat (Geldmann et al., 2013; 2014), y garantizar la provisión de bienes y servicios de los ecosistemas (Wells et al., 1992). También se ha podido documentar que muchas de estas AP solamente tienen protección legal en el papel, careciendo de gestión efectiva en terreno (Petit et al., 2018). En este sentido, de acuerdo a la meta Aichi n° 11 acordada en la décima conferencia del partes de la Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), los países signatarios tienen el compromiso de proteger al año 2020, “al menos el 17% de las zonas terrestres y de las aguas interiores y el 10% de las zonas marinas y costeras, (…) por medio de sistemas de áreas protegidas administradas de manera eficaz y equitativa (…)” (CDB, 2010). Aunque este compromiso fue incorporado en la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030 (Ministerio del Medio Ambiente, MMA, 2017), las evaluaciones realizadas a la fecha indican que las áreas protegidas de nuestro país se encuentran lejos de tener un manejo eficaz y equitativo, alcanzando solo un 50% de su nivel óptimo (Tacón et al., 2006; Fuentes y Domínguez, 2011; Fuentes et al., 2015).

En un contexto de creciente vulnerabilidad ambiental y presiones antrópicas, resultado de procesos históricos de colonización y desplazamiento de los pueblos originarios, se han transformado profundamente los ecosistemas e introducido especies invasoras. El establecimiento de actividades productivas intensivas como la minería o la acuicultura en los fiordos y canales han generado en la Patagonia chilena conflictos socio ambientales emblemáticos (Cuevas, 2015). La debilidad del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) y otros instrumentos de planificación y regulación del uso del territorio refuerza la importancia que tienen en Chile las AP como herramienta para la conservación de la biodiversidad (Organization for Economic Co-operation and Development (OECDUN-ECLAC, 2016).

La Patagonia chilena, entre el seno de Reloncaví y las islas Diego Ramírez (41°42’S 73°02’O; 56°29’S 68°44’O), concentra más de un 70% de la superficie total de las áreas terrestres y costeras protegidas por el Estado y alrededor de un 28% de las AP legalmente reconocidas a nivel nacional. El incremento en su efectividad de manejo tiene una importancia clave para el logro de los compromisos internacionales de conservación de especies y ecosistemas, incluyendo la Convención de Washington y la CDB. La presente revisión ofrece un análisis histórico del establecimiento y situación actual de la gestión en las áreas silvestres protegidas por el Estado (ASPE) de la Patagonia chilena, administradas por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), como un primer insumo para el diseño de estándares de gestión para el Sistema de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).

2. ALCANCE Y OBJETIVOS

Para contribuir al conocimiento y el debate público respecto de las AP en el país y especialmente en la Patagonia chilena, en este capítulo presentamos un análisis del establecimiento y evolución histórica de las áreas silvestres protegidas del Estado (ASPE) terrestres, en la zona comprendida desde el seno de Reloncaví hasta el cabo de Hornos, complementado con una descripción de sus principales características biogeográficas y un análisis de su nivel de gestión actual realizado en conjunto con la CONAF. Finalmente se proponen cuatro situaciones tipo que reflejan diferentes niveles de gestión y se discute en términos generales sobre las necesidades y oportunidades para avanzar en el fortalecimiento de la gestión del SNASPE. Este capítulo no aborda otros temas clave, por ejemplo, protección costera-marina dentro del SNASPE y áreas marinas protegidas, contenido en otros capítulos de este volumen (Tecklin et al., 2021; Hucke-Gaete et al., 2021; Haussermann et al., 2021). El capítulo tampoco aborda la representatividad ecológica y relaciones con los pueblos indígenas, los cuales son también analizados en otros capítulos de este mismo volumen (Pliscoff et al., 2021; Aylwin et al., 2021). El archipiélago de Chiloé no se incluye en este capítulo, ya que él se basa en una sistematización y análisis realizado previamente por el equipo Austral Patagonia, sin considerar esta área¹. El análisis del nivel de gestión se concentra en las figuras de protección que conforman el SNASPE dado su gran cobertura en la Patagonia y por la mayor disponibilidad de información. Adicionalmente, se ofrece información geográfica e histórica para otras figuras de protección oficial.

3. MÉTODOS

Dado su amplia cobertura en la Patagonia chilena y por la mayor disponibilidad de información, el análisis se concentra en las figuras de protección que conforman el SNASPE, que incluye las figuras de Parque Nacional (PN), Reserva Natural (RN) y Monumento Natural (MN). Adicionalmente, se considerarán en un apartado otras figuras de protección, como Bienes Nacionales Protegidos (BNP) y Santuarios de la Naturaleza (SN). Estas figuras no se incluyen en el análisis del nivel de gestión, debido a la escasa información existente. También se incluyen referencias, a título informativo, de las Reservas de la Biósfera (RB), dado que aún no son reconocidas como figura de protección oficial en Chile.

La revisión incluye una síntesis de información proveniente de diferentes fuentes bibliográficas, cartográficas y documentales resumidas en la Tabla 1. La recopilación de información cartográfica presentada para el SNASPE proviene del Ministerio de Bienes Nacionales (MinBBNN) y la CONAF, y para las otras figuras de protección se utilizó el Registro Nacional de AP del MMA. Los cálculos de cobertura consideraron solo la porción terrestre de las áreas analizadas, ya que la cobertura marina es tratada en Tecklin et al. (2021). Para la caracterización geográfica y de recursos asociados a las AP se emplearon las actualizaciones del Catastro del Uso del Suelo y Vegetación disponible en el Sistema de Información Territorial de la CONAF. Para los análisis y procesamientos de la información geográfica se empleó el programa informático ArcGIS 10.5 (Environmental Systems Research Institute, 2016). La evolución histórica del establecimiento de las AP se generó en base a la revisión de literatura disponible, histórica y actual, incluyendo archivos de CONAF, u otras fuentes, entre ellas leyes y decretos.

Entre 2018-2019, CONAF y el Programa Austral Patagonia (Tacón et al., 2019) evaluaron la gestión de las ASPE terrestres en la Patagonia chilena. Para ello, se elaboró un modelo de gestión que representa el ciclo de manejo con las principales actividades, resultados, insumos, procesos y productos en la gestión de las ASPE en Chile (Figura 1). Posteriormente, se identificaron los principales indicadores para analizar el nivel de gestión alcanzado para cada una de las etapas del ciclo de manejo, siguiendo las recomendaciones internacionales para este tipo de instrumentos PAME (Protected Areas Management Evaluation; Leverington et al., 2010). Se recopiló y sistematizó información procedente de diferentes fuentes en una base de datos única, usando un sistema de codificación binario (cumple/no cumple) para cada uno de los 38 indicadores en las 34 unidades del SNASPE vigentes a diciembre de 2017. A partir de un primer análisis inicial de resultados, se establecieron rangos explícitos de valoración (1 a 4) a partir de una adaptación de metodologías internacionalmente aceptadas (Stolton y Dudley, 2016). Los indicadores fueron validados a través de un taller de evaluación de efectividad de manejo con 30 guarda parques y administradores del SNASPE. Para complementar la información referida a la dotación de insumos para el manejo y el tipo de actividades de manejo desarrolladas en cada unidad, se revisó la información entregada por la gerencia de ASPE de la CONAF de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes para el periodo 2014-2017.

Figura 1

Diagrama de flujo con el ciclo de manejo de las ASPE en Chile. Se indican los diferentes procesos, insumos, actividades y productos críticos en el desarrollo de la gestión.

OC: objetos de conservación.

Cabe mencionar que a partir de la donación de tierras y del acuerdo de ampliación de parques, efectuada en 2018 entre la organización “Tompkins Conservation” y el gobierno, las unidades del SNASPE de la Patagonia aumentaron de 34 a 36, con la recategorizaciones de varias unidades. Por lo tanto, este análisis describe la situación de la gestión del SNASPE a diciembre de 2017. Posteriormente, se realizó una actualización parcial de los datos correspondientes a los 18 parques nacionales. Estos datos no fueron finalmente incluidos en el análisis cuantitativo, pero se recogen en el capítulo las principales modificaciones cualitativas en la situación de la gestión de las ASPE.

Visitantes en Parque Nacional Bernardo O’Higgins, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Fotografía gentileza de Conaf.

Tabla 1

Resumen de variables analizadas y fuentes de información consultadas.

4. RESULTADOS

4.1. Establecimiento y evolución histórica de las ASPE terrestres en la Patagonia chilena

El proceso de creación de ASPE se desarrolla en cuatro grandes etapas: i) para proteger bosques del Estado, en el marco de la colonización; ii) por motivaciones científicas, turísticas o de soberanía; iii) como parte de una reorganización administrativa y territorial del sistema; iv) como parte del impulso de actores no estatales. Durante el último siglo muchas de las actuales ASPE han cambiado de nombre, superficie y objetivos, y en este capítulo las unidades se identifican según su nombre y superficie terrestre actual.

4.1.1. Etapa 1: Reservas forestales y explotación de bosques (1913-1939)

La ASPE más antigua de Chile es de 1907 y para la Patagonia chilena se remonta a 1913, cuando se crea la reserva forestal (RF) Llanquihue que abarcaba lo que hoy es el PN Alerce Andino. Esta primera etapa de creación de ASPE nace como respuesta al “desastre ecológico” provocado por las extensas quemas de bosques para habilitar tierras agrícolas y ganaderas (Camus, 2006; Otero, 2006). Sin embargo, las ASPE con mejores accesos generalmente fueron colonizadas total o parcialmente (García y Mulrennan, 2020). Con la primera Ley de Bosques de 1925, nacen las categorías de Reservas de Bosques y Parques Nacionales de Turismo (PNT), con nuevas áreas ubicadas en territorios no aptos para la colonización y con poco valor para la explotación forestal. En 1931 se modifica la Ley de Bosques de 1931 y se reclasifican las antiguas Reservas de Bosques en PN, destinando el excedente de tierras a colonos. Así se crea en la Patagonia la RF Magallanes en 1932 y la RF Las Guaitecas en 1938 (Figura 3), pero dado su difícil acceso, no fueron explotadas.

4.1.2. Etapa 2: Exploradores científicos, turismo y soberanía en la Patagonia chilena (1940-1971)

Científicos y exploradores impulsaron la protección de diversos territorios en la Patagonia para el desarrollo de la ciencia y el turismo (Wakild, 2017; García y Mulrennan, 2020). La creación de los primeros parques nacionales en territorios fronterizos de Chile y Argentina se efectuó como una estrategia para establecer soberanía en zonas remotas y fronterizas (Núñez y Guevara, 2015; Sepúlveda y Guyot, 2016; García y Mulrennan, 2020). Posteriormente, durante los años 1940 y 1950, Carlos Muñoz Pizarro, científico y Director de Bosques del Ministerio de Tierras y Colonización promovió el establecimiento de una Red de PN y RF en Chile y ampliación de ASPE (Muñoz, 1947). En 1945, se crea el PN más antiguo y austral de la Patagonia, Cabo de Hornos, con la figura inicial de Parque Nacional para el Turismo (PNT) y Reserva de Región Virgen (Figura 2). A su vez, científicos y viajeros impulsan la creación en 1959 del PNT Lago Grey. Tres años después, se declara como PNT Torres del Paine, gracias a donaciones de tierras y la incorporación de tierras fiscales. El mismo año se crea el PNT Laguna San Rafael (Figura 2). En este período, clubes andinos toman posesión de partes de ASPE, como es el caso de la RF Magallanes.

Figura 2

Línea de tiempo del establecimiento de las áreas protegidas terrestres en la Patagonia chilena e hitos significativos del proceso.

El período de crecimiento más significativo en términos de número y superficie de ASPE ocurrió durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970). Se implementan importantes políticas de tierras, como la reforma agraria² y se ratifica la Convención de Washington (1967). En la Patagonia se crearon 26 ASPE, de las cuales 10 fueron PNT; algunas de ellas muy extensas, > 1 millón de hectáreas (ha) (Figura 2). Además, en 1964, se crea la Administración de Parques Nacionales y Reservas Forestales (APARFO), dependiente del Ministerio de Agricultura, la cual a la fecha administraba ca., 3 millones de ha de ASPE terrestres a nivel nacional (Sierralta et al., 2011). Posteriormente, sus funciones fueron traspasadas al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) creado en 1967.

En términos de manejo, no existió una propuesta para las ASPE hasta 1965. Muchas ASPE cambian su configuración, fueron reclasificadas, unificadas o desafectadas como parte de un significativo proceso de reorganización. Comienza un proceso de saneamiento de títulos y delimitación de áreas (Elizalde, 1970) que se intensifica una década después. Sin embargo, continuó la ocupación de colonos e incendios para habilitar tierras para la agricultura, hechos que ocurrieron en áreas bajo protección. Ello generó dificultades para ampliar o crear nuevas áreas protegidas, dado que los colonos tenían intereses distintos a los del Estado.

En Aysén, por ejemplo, se relata la resistencia de los colonos a la ampliación de las RF Lago Carlota, Cochrane y Jeinimeni. En esta última, lograron que no se ampliara, dado que requerían las tierras para fines ganaderos (Camus, 2006). Por otra parte, en Magallanes, el Estado también requirió extensas superficies de terreno de ASPE para instalar retenes de carabineros y otras dependencias públicas (Ministerio de Tierras y Colonización, 1945, 1953). En la Patagonia, hasta fines de 1960 ninguna ASPE contó con administración (SAG, 1969), a excepción de la RF Llanquihue, que tuvo administrador desde 1925.

4.1.3. Etapa 3: Creación de la CONAF y re-categorización de las ASPE (1972-1999)

Hacia fines de la década de 1970³, en la Patagonia se habían declarado 41 ASPE (15 PNT y 26 RF). La gran mayoría de las ASPE no contaban con administración ni prácticas de manejo (Elizalde, 1970; Otero, 2006). A nivel nacional, había siete administradores y 14 guardabosques. El PN Torres del Paine fue pionero en la Patagonia con la elaboración del primer Plan de Manejo, un plan de infraestructura de mínimo impacto (1978), como parte de la colaboración del Cuerpo de Paz de Estados Unidos (Fernández y Recabarren, 2018) y el primer administrador que inicia sus funciones en 1981 junto a siete guardaparques.

En 1972 se crea la Corporación Nacional Forestal (CONAF), corporación privada sin fines de lucro dependiente del Ministerio de Agricultura, la cual absorbió varias unidades del ministerio como la APARFO, incluyendo la administración de las áreas protegidas. A esa fecha ya había cerca de 10 millones de ha a nivel nacional bajo alguna modalidad de protección (Sierralta et al., 2011). Entre los años 1974 y 1975, la Food and Agriculture Organization (FAO), con apoyo de la CONAF, generan un primer documento de planificación de ASPE⁴. En 1975 se crean las primeras políticas técnicas para PN y en 1988 para RN (Ormazábal, 1991). La CONAF impulsó un extenso proceso de reclasificación, redefinición de límites y categorías de manejo en todas las ASPE de la Patagonia. La reorganización se basó en las categorías definidas por la Convención de Washington y las categorías de la International Union for Conservation of Nature (IUCN) de 1978, y se derogaron las ASPE que no cumplían con los estándares de dichas categorías, o que habían sido colonizadas (Ormazábal, 1992). Tanto en Aysén como en Magallanes, dada la falta de control de los territorios protegidos o las demandas para otros usos, se desafectaron 11 RF (García y Mulrennan, 2020). Solo en Aysén, se derogan cuatro RF en la zona de Cisnes y Palena, ambas por un total de 8.606 ha (Ministerio de Tierras y Colonización, 1980). Este proceso de reclasificación y desafectación de AP, llevó a que a fines de 1980 a nivel nacional se desafectaran alrededor de 1 millón de ha (García y Mulrennan, 2020).

En este período, la creación de áreas se empieza a orientar hacia la protección de valores ecológicos. Como resultado del proceso de desafectación y reorganización nacional, según CONAF, en 1989 solo el 5% de la propiedad protegida tenía conflictos con propiedades privadas (Ormazábal, 1991). Sin embargo, dada la falta de administración, esta realidad fue distinta en la Patagonia donde dichos conflictos se acentuaron. En Aysén hubo conflictos de propiedad con colonos en las RF de Río Simpson, Cochrane, Cerro Castillo; y en Magallanes, en las RF Magallanes, Pali Aike y PNT Torres del Paine. Desde 1984, las ASP han sido administradas por CONAF dentro del SNASPE⁵. Durante los años 1980 comienza un proceso más sistemático de planificación de áreas con el diseño de las Políticas Técnicas para el manejo de las ASPE (CONAF, 1989).

4.1.4. Etapa 4: Creación de ASPE motivadas por actores filántropos, estatales y desarrollo de iniciativas de conservación privadas (2000-2018)

Durante las últimas dos décadas se ha desarrollado una etapa de expansión del sistema de las ASPE en la Patagonia, impulsada en gran medida por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y diversas iniciativas de conservación privadas (ICP). Estas ICP involucran a empresas, individuos o comunidades indígenas que desean preservar la totalidad o parte de sus propiedades, o a filántropos que compran tierras para proteger la naturaleza sin fines de lucros. Al año 2014, se identifican 47 ICP entre las regiones de Los Lagos y Magallanes cubriendo una superficie de 964.000 ha, equivalente a ca., 57% del total nacional (Núñez-Ávila et al., 2016). Tres de las cinco ICP más grandes se establecieron en Patagonia: Parque Pumalín en Palena (ahora convertido en PN), Parque Tantauco en Chiloé insular y Reserva Natural Karukinka en Tierra del Fuego (Figura 3). A pesar de que las ICP se han ido consolidando como una figura alternativa y necesaria de conservación a nivel nacional⁶, permanecen en una posición institucionalmente precaria (Tecklin y Sepúlveda, 2014) y, en general, con baja efectividad de manejo (Núñez-Ávila et al., 2016)⁷.

El caso más emblemático corresponde a las fundaciones vinculadas los empresarios Douglas y Kristine Tompkins, actualmente consolidadas bajo la marca “Tompkins Conservation”, que compran una serie de predios en la Patagonia para la conservación. El primero fue Pumalín, que abrió el debate sobre la política de conservación privada en Chile (Cuevas, 2015; Holmes, 2014; Tecklin y Sepúlveda, 2014) y generó un nuevo modelo de gestión con infraestructura de gran calidad estética, de uso público gratuito y presencia relevante de personal de administración. El año 2005, con la creación del PN Corcovado parte una iniciativa de donaciones de Tompkins Conservation al Estado de Chile. Esto concluyó en 2018 con una donación de 407.625 ha de tierras por parte de Tompkins Conservation, y una serie de medidas por parte del gobierno chileno orientadas a consolidar un conjunto de PN denominado “Red de Parques de la Patagonia”. Estas medidas incluyeron la creación del PN Pumalín Douglas Tompkins a partir de la donación y áreas fiscales adyacentes, la creación del PN Patagonia a partir de la donación y la incorporación de la RF Lago Cochrane y RN Lago Jenimeni, la creación de PN Melimoyu, y la reclasificación Reserva Forestal Alacalufes y su ampliación con tierras fiscales aledañas para crear el PN Kawésqar. Además, se ampliaron con tierras fiscales adyacentes, los PN Hornopirén, Corcovado e Isla Magdalena (Figura 3)⁸.

4.2. Establecimiento y evolución de otras figuras de protección terrestre

Otras categorías de áreas protegidas, que no conforman el SNASPE, son los Santuarios de la Naturaleza (SN) establecidos bajo la Ley de Monumentos Nacionales y los Bienes Nacionales Protegidos (BNP) establecidos por política del MinBBNN y auto autodesignados por decreto de este ministerio⁹. El primer SN que se estableció en Patagonia fue el Bosque Fósil Punta Pelluco en 1978 (Figura 3). Desde 1990 se han declarado otros cuatro: Capilla de Mármol y Estero Quitralco en Aysén; Pumalín en Palena, (recategorizado a PN), e Isla Kaikué-Lagartija en la Región de Los Lagos. En la Patagonia se han decretado 24 BNP entre los años 2003-2016 (Figura 3) cuya administración recae en el MinBBNN, pero es entregada por concesión a terceros. Finalmente, se ha establecido una serie de Reservas de la Biósfera (RB) que no son reconocidos legalmente como AP en el país, los cuales generan un marco de conservación para los territorios designados. Se han creado cuatro RB¹⁰ (Figura 3): Torres del Paine y Laguna San Rafael en 1978 cuyas superficies son equivalentes a los PN del mismo nombre (Moreira y Troncoso, 2014); Cabo de Hornos en 2005 que fue la primera en integrar ambientes marinos y terrestres¹¹ (Praus et al., 2011), y bosques lluviosos templados australes en 2007 que incorpora nueve unidades SNASPE, cuatro de ellas ubicadas en la Patagonia (Moreira y Troncoso, 2014).

Figura 3

Línea de tiempo en la creación e hitos significativos para otras figuras de protección terrestre en la Patagonia chilena.

Tabla 2

Número y superficie de las Áreas Protegidas en la Patagonia chilena y a nivel nacional. Además, para un análisis más detallado de representatividad ecológica, ver Pliscoff et al., (2021).

4.2.1. Caracterización general de las ASPE terrestres de la Patagonia chilena

La región patagónica chilena es un territorio eminentemente de conservación, con casi 51% de su superficie bajo protección. Actualmente existen 63 AP, distribuidas en 5 categorías de protección que cubren 13.6 millones de ha terrestres en el área de estudio (Tabla 2, Figura 4). Los resultados dan cuenta del peso gravitante que tiene la Patagonia en términos de protección de ecosistemas terrestres, abarcando un 71% del total nacional de las categorías analizadas (19.2 millones ha).

El SNASPE contribuye con la mayor proporción de esta protección, sumando 13.3 millones ha en 36 unidades, principalmente bajo la categoría de PN y RN, y en bastante menor medida MN (Tabla 2). Destacan PN y RN de extensas superficies (>1 millón de ha) como Laguna San Rafael, Bernardo O’Higgins, Kawésqar y Alberto de Agostini (Figura 4). Entre las RN con superficies mayores a 500.000 ha se encuentran Las Guaitecas y Katalalixar en Aysén (Figura 4). Las otras figuras de protección analizadas poseen una baja contribución en términos de cobertura, no así en número de áreas (Tabla 2). Los BNP en la Patagonia representan el 48% de la superficie de los BNP a nivel nacional, y tan solo 5 de las 24 unidades existentes contribuyen con el 70% de la superficie cubierta por esta figura: Nalcayec (22.934 ha) y Cerro San Lorenzo (19.400 ha) en Aysén e Isla Madre de Dios (123.668 ha), Río Serrano Milodón (24.124 ha), y Lote 7 Río Paralelo (15.347 ha) en Magallanes. Los SN presentes en la Patagonia, que contribuyen con una menor superficie de protección (55 ha) son: Bosque Fósil de Punta Pelluco e Isla Kaikué Lagartija en la Región de Los Lagos, y Capilla de Mármol en la Región de Aysén (Figura 4).