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Los sucesos de Vallenar

El 30 de diciembre mediante el oficio N.º 2552 «Acerca de los sucesos de Vallenar en tarde y noche del 25 de diciembre», el gobernador de Huasco, Aníbal Las Casas, informó al Ministerio del Interior sobre lo que había ocurrido, dejando constancia de que «50 cívicos armados prestaban su servicio de patrullaje en la ciudad y secundaban valientemente la acción de la tropa». En el oficio reconocía 21 muertos comunistas.

Fuera de la ley los criminales se usó con ellos todo el rigor, todo medio para acabar con ese semillero de comunistas y se persiguió a los que andaban dispersos, a los que en actitud provocativa cerca de la línea férrea, sabe Dios, que anárquicos proyectos tenían. Posiblemente ahora se criticará que hubo excesivo rigor, demasiado celo, posiblemente un poco de exageración [...] no pesa sobre mi conciencia, como no pesa sobre la de los valientes Jefes, Oficiales, clases y tropa de Carabineros, ni una sombra de cargo y los muertos que hubo, no turban nuestro sueño ni tenemos remordimiento alguno¹⁹⁹.

Este documento como otras comunicaciones entre las autoridades fue agregada al expediente. El gobernador Las Casas protestó por la publicidad de esta información, afirmando que ese intercambio era confidencial²⁰⁰.

Por su parte, la Prefectura de Atacama, por oficio N.º 168, Confidencial, de 31 diciembre, resumió los hechos sucedidos el 25 de diciembre y envió una versión oficial a la Dirección General de Carabineros. Dicha Dirección la reenvió al Ministerio del Interior casi diez días después de ocurridos los hechos²⁰¹. En el documento se establecía que el capitán comisario de la 3ª Comisaría de Vallenar, don Francisco Bull Sanhueza, había tenido conocimiento que los asaltantes del cuartel del II Batallón Esmeralda de Copiapó se trasladaban en un camión hacia Vallenar. Para evitar nuevos hechos sangrientos, dispuso que el brigadier don Rafael Huerta Vargas, al mando de cinco hombres, interceptara al grupo. Estos observaron que en un faldeo del cerro Los Apestados se ocultaba un grupo de siete personas y al acercarse fueron atacados con cinco bombas de mano, «las que afortunadamente, al estallar, no hirieron a ningún carabinero. El brigadier Huerta ordenó hacer fuego sobre el grupo y los siete individuos quedaron sin vida en el terreno en que se combatía»²⁰².

A las 14 horas, en una casa de la calle Serrano esquina Maule, se encontraban reunidos los comunistas. El capitán Bull ordenó rodear la casa con diez hombres y se afirmó que fueron recibidos «con una nutrida descarga», hiriendo a varios carabineros y resultando muertos posteriormente dos de ellos. En ese enfrentamiento, de acuerdo a la información oficial, murieron nueve comunistas de Vallenar y cuatro desconocidos; que se habían encontrado en el lugar: 7 bombas, 15 cartuchos de dinamita, 3 revólveres; un sable, un fusil Comblaint Preveté, una escopeta, un cuchillo, 66 balas de distintos modelos y un laque. Se detuvieron cinco hombres y dos mujeres. El sastre Zenón Kravictz Kravictz, vecino del lugar, fue detenido acusado de estar vinculado a los hechos. El documento establecía también que el presidente del Partido Comunista de Vallenar, Aníbal Cuadra, fue muerto por dos agentes policiales a la bajada del tren²⁰³. En un telegrama del gobernador de Huasco, Aníbal Las Casas, al Ministerio del Interior enviado a las 23 horas del día 25 de diciembre informaba que:

Carabineros lograron entrar casa en que encontrábanse comunistas donde había cuatro muertos y dos heridos punto a dinamita se han botado tapias y murallas para poder seguir penetrando huertos en donde hay muchos refugiados punto se sigue procediendo sin contemplaciones de ninguna especie y conforme lo ordenado cueste lo que cueste será ahogado el movimiento punto toda la manzana sigue rodeada por tropa que abnegada y valerosamente avanza punto acabo hablar con jefe de la fuerza capitán Bull quien manifiéstame que en el curso de esta noche espera tener todo terminado punto en el local ocupado por comunista encontróse bombas y armas de fuego espero mañana primera hora poder dar US noticias más satisfactorias partiendo de la base de que se mantiene inalterable el ánimo de la tropa de la guardia y de las autoridades²⁰⁴.

En un criptograma dirigido al Ministerio del Interior el día 26, el gobernador Las Casas describió la situación de manera concisa: «Situación completamente dominada. Reina tranquilidad. Vuelta calma a población. Vengo de visitar morgue en donde hay 20 cadáveres comunistas. Último muerto fue un cabecilla venía de Copiapó por línea férrea vestido traje militar»²⁰⁵.

El Mercurio de Valparaíso en su edición del 30 de diciembre de 1931 anunciaba como primicia el «Plan general de los comunistas de Vallenar». Con el documento se pretendía comprobar que lo ocurrido formaba parte de un plan vinculado con Moscú²⁰⁶. La revista Sucesos se refirió a los hechos de Vallenar como «Un episodio heroico para la historia de Chile» en su edición del 7 de enero de 1932. Identificaba a los comunistas como enemigos de la patria:

Fue en ese instante cuando los viejos vecinos de Vallenar vieron con lágrimas en los ojos, rememorar en un cuadro vivo las gloriosas tradiciones del pasado. Un pelotón de muchachos, nietos y bisnietos de veteranos del Atacama con pañuelos en la cabeza y sin armas de fuego, tal como peleaban los atacameños del 79 al grito de Viva la Patria habían saltado sobre las murallas caídas y corvo en mano se dejaban caer sobre la fortaleza que ya empezaba a humear por todas partes. El cuartel comunista iba cayendo en poder de la Guardia Cívica, palmo a palmo, metro a metro, hasta que después de 30 minutos, por el lado de la calle se oyeron unos aplausos. Era la bandera chilena que flameaba sobre la más alta muralla del cuartel comunista²⁰⁷.

La prensa, de manera casi unánime, atribuyó los sangrientos sucesos a los comunistas y justificó las ejecuciones de estos ocurridas en Vallenar, construyendo una visión épica de la actuación policial.

José Vega Díaz escribiría años después sobre estos acontecimientos, señalando que como el asalto del regimiento en Copiapó fue atribuido a los comunistas, «fueron asaltados los hogares comunistas la misma noche de Pascua»²⁰⁸. Indica que algunos fueron fusilados, otros cayeron defendiendo sus hogares y otros fueron fusilados a las orillas de los caminos. Agrega que algunos peones habían sido fusilados por haber presenciado algunos asesinatos y que, «Aníbal Cuadra, dirigente comunista, hijo de Vallenar, ex regidor de la Municipalidad de ese pueblo fue asesinado por el policía Luis Sepúlveda. Llegaba a la estación ferroviaria, cuando el policía, sin decir una palabra le dio un tiro de pistola en la cabeza»²⁰⁹.

José Vega señaló que el presidente Juan Esteban Montero dio fe a los informes de las autoridades de Copiapó y Vallenar. Y agregaba: «La ‘Pascua Negra’ de Copiapó fue realizada por radicales. Radicales eran: el intendente Víctor Igualt; el gobernador Aníbal Las Casas; el fiscal de Carabineros Osvaldo Fuenzalida Correa y el ministro del Interior Marcial Mora Miranda»²¹⁰. Vega proporcionó un listado de veintiún comunistas asesinados en Vallenar y siete en Copiapó, entre dirigentes y militantes.

Reacciones políticas en la prensa y el Congreso

El suplemento del periódico de Copiapó El Amigo del País del 2 de enero de 1932, quedó registrado en las actas del Senado²¹¹. La publicación fue leída, comentada y criticada por el senador por Atacama y Coquimbo, Aquiles Concha Stuardo, (P. Demócrata), quien fue uno de los senadores más activos en denunciar los acontecimientos y la responsabilidad de las autoridades. En la Cámara de Diputados, en la sesión del 28 de diciembre de 1931, el diputado Ramón Sepúlveda Leal, en ese entonces del Partido Comunista, intervino diciendo:

[...] Ateniéndonos a las informaciones oficiales del Gobierno y a las publicaciones de la prensa del país, según el decir de estos informes que yo considero parciales, grupos de obreros asaltaron un regimiento en Copiapó. Se llevaron armas y huyeron según la expresión oficial. Al otro día las tropas del Gobierno, ateniéndome a la información oficial, en medio de un feroz combate, según ellas, en medio del más terrible de los combates, en medio del más sanguinario de los combates, reprimían a los elementos subversivos en Vallenar, haciendo bajas entre los elementos obreros que se estiman en veintitantos hombres. La tropa no tuvo más que una baja. No hay duda que el combate fue grande, pero la farsa ha sido más²¹².

En otra sesión, algunos días después, el diputado volvió a aludir a los sucesos, señalando que se había equivocado al referirse a los sucesos de Vallenar, ya que no había evidencias de algún «intento contra el orden constituido en esa ciudad (....) como represalia a hechos ocurridos en Copiapó, la Guardia Cívica, apoyada por los carabineros, ha asesinado a mansalva a 25 ciudadanos [...]. Asesinatos cubiertos de impunidad por el oficialismo imperante»²¹³.

El senador Aquiles Concha hizo referencia a la publicación de una lista de 22 personas en El Mercurio, quienes fueron detenidas por los sucesos de Copiapó, acusados de ser comunistas e instigadores del movimiento. Identificó a los detenidos, uno por uno, indicando que los conocía personalmente, afirmando que la mayoría de ellos pertenecían al P. Democrático y que ninguno era comunista como afirmaba el diario²¹⁴. Afirmó: «Si se reflexiona tranquilamente, se llega a la conclusión de que la prensa informa erróneamente sobre los hechos que ocurren. Se ve claramente que las cosas no han sucedido como dicen los diarios»²¹⁵.

El senador Manuel Hidalgo, en esa época todavía miembro del P. Comunista, propuso que se designara a una comisión investigadora para esclarecer lo ocurrido y analizar sus causas²¹⁶. La proposición fue discutida largamente. El senador Alfredo Barros Errázuriz (P. Conservador) la objetó, argumentando que las atribuciones constitucionales del Senado no le permitían fiscalizar los actos del Gobierno en la mantención del orden público y que una comisión como la que se proponía intervendría en las esferas del Poder Judicial. Aprobar una comisión de esa naturaleza «importaría una manifestación de desconfianza para con el Gobierno, ya que invadiríamos facultades que le son privativas, cuando todo aconseja que nos unamos a su alrededor»²¹⁷.

El senador Hidalgo subrayó que su interés era esclarecer lo sucedido y evitar las acusaciones infundadas sobre personas «por el hecho de profesar estas o aquellas ideas [...]. No podemos entregar a los obreros a persecuciones semejantes a las del Santo Oficio, porque no participan de determinado modo de pensar»²¹⁸. Después de fuertes intercambios se votó negativamente la indicación de crear una comisión para investigar e informar sobre los sucesos de Copiapó y Vallenar, por 23 votos contra 6²¹⁹.

La discusión se mantuvo muy polarizada en esa sesión y en las siguientes. La exageración de la prensa había generado desinformación y desconfianzas recíprocas. El senador Concha denunció que había recibido telegramas y cartas «del norte, en los que me comunican que han tomado presos a diversos ciudadanos, sin orden de autoridad competente y sin forma alguna de proceso»²²⁰. Días después, en otra sesión, el senador Concha pidió la visita de una comisión de gobierno que investigara con honradez la verdad de lo acaecido y averiguara el número exacto de «ciudadanos fusilados y muertos a palos y bayonetazos»²²¹. El senador Ladislao Errázuriz (P. Conservador) le respondió que «gracias a la oportuna y atenta vigilancia de las autoridades, fracasó el movimiento, que son de aquellos que deben ser reprimidos con manos de hierro [...]. Esa obra de previsión hizo que murieran aquellos que trataban de matar. ¡Bien muertos están los que fraguaban asesinatos!»²²². El senador Concha insistió que «no es posible que se haya asesinado en Vallenar a tanta gente sin saberse quienes lo hicieron, y no es propio echar tierra sobre este asunto»²²³.

La disputa sobre lo sucedido se mantuvo por varias sesiones. El senador Concha reiteró que le importaba «muy poco que fueran o no comunistas los asesinados» y protestó «que se privara de libertad a los ciudadanos y de que se les haya asesinado, habiendo justicia en Chile»²²⁴. Llegó a tal punto la intensidad de la polémica que el presidente del Senado, el senador Pedro Opaso (P. Liberal Unido) señaló: «Es conveniente eliminar de los debates del Senado la palabra asesinados y ruego a su señoría no volverla a emplear, porque me vería en la necesidad de llamar la atención del honorable Señor Senador»²²⁵.

En la sesión de 12 de enero de 1932 el senador Concha leyó una carta que le llegó de parte del Dr. Osvaldo Quijada, detenido en Copiapó²²⁶. En ella le decía que se encontraba detenido y que se le había negado la excarcelación bajo fianza, aduciendo un delito de cooperación con un atentado revolucionario, según el Código de Justicia Militar. Quijada le señalaba que había tenido un solo interrogatorio, pero que todos los otros detenidos habían sido interrogados acerca de él. Concha era muy crítico acerca del curso que habían tomado las acontecimientos y dudaba que el sumario en desarrollo permitiera conocer lo que efectivamente ocurrió, ya que «[...] se deja en sus puestos a las mismas autoridades que actuaron en las matanzas, que dieron las órdenes con ese objeto y que finalmente engañan al Gobierno. ¿Es propio que se deje en su puesto al gobernador de Vallenar? ¿Es propio que se deje ahí a las mismas autoridades de Carabineros»?²²⁷.

Al senador Concha le preocupaba que se justificara la muerte de personas en razón de sus ideas políticas:

El Honorable Senador don Ladislao Errázuriz me dijo que los comunistas de Vallenar habían pretendido establecer el soviet en Chile. Pues bien señor presidente, yo esto ni siquiera lo discuto porque desde el momento en que son comunistas, lo lógico es pensar que deseen establecer el soviet en Chile, ya sea empezando su obra en Vallenar o en cualquier otro punto de la República; esa es la tendencia de la doctrina comunista y nunca he tenido conocimiento de que estos sean perseguidos en el país por sustentar tales doctrinas. Han tenido libertad hasta para llevar un candidato del partido a la pasada elección presidencial; cuentan con dos representantes de su partido en el Senado de la República y jamás el gobierno los ha hecho callar o los ha perseguido por exponer aquí sus ideas y principios. De manera, pues, señor Presidente, que el hecho de que los comunistas tengan el propósito de establecer el soviet en Chile, no autoriza a los carabineros para matarlos²²⁸.

Los senadores se alineaban en su mayoría con la versión oficial entregada por las autoridades que, hasta fines de enero, mantenía la acusación contra los comunistas. El día 17 de febrero, el diario Crónica publicó el informe final del sumario del fiscal José María Santa Cruz Errázuriz acerca de la investigación que hiciera sobre los sucesos de Vallenar, en el que se daba cuenta de las circunstancias en las que algunos comunistas encontraron la muerte. El senador Juan Luis Carmona (P. Comunista) leyó el informe en la sesión y el texto quedó incluido en el acta. El senador Carmona subrayó que lo sucedido en Vallenar «[...] no ha sido sino una repetición de lo que pasó hace algún tiempo en San Gregorio, en Antofagasta, en Tocopilla, en La Coruña. Estas masacres de ahora, son como las anteriores»²²⁹.

En la sesión del 24 de febrero, el senador Concha informó que el día anterior, el general director de Carabineros Manuel Concha Pedregal, antes de que terminara el juicio, había separado de sus cargos a tres oficiales de Carabineros con relación a sus actuaciones en Vallenar, ya que de acuerdo al informe del fiscal Santa Cruz, los oficiales Huerta y Morales eran responsables de haber dirigido y llevado a término el asesinato de 17 detenidos. El diario Crónica había reproducido también la intervención del abogado Jorge Neut Latour en la audiencia de la Corte Marcial de la mañana del 16 de febrero que completaba la información acerca de la participación de esos oficiales.

El senador Concha agregó que con la medida tomada por el general director volvía «carabineros por su prestigio, en cuanto se relaciona con lo sucedido en aquella localidad»²³⁰. En la misma sesión el senador denunció las torturas a las que fue sometido un ciudadano lituano, mencionado como ruso en los textos del gobierno y la prensa, que residía en Chile más de 40 años, quien fue sindicado como secretario de los comunistas y que estaría siendo expulsado del país. Se refería a Zenón Kravitcz. La situación del ciudadano lituano fue materia de nuevas denuncias en el Senado. El 31 de marzo el senador Concha informó que Kravitcz había sido absuelto por la Corte Marcial en el proceso seguido en Vallenar por no tener relación con la situación allí ocurrida. Sin embargo, la expulsión del país había sido procurada por el gobernador Las Casas el 28 de enero, solicitando que se le aplicara la ley de residencia²³¹. Zenón Kravitcz era sastre, vivía a media cuadra de la casa asaltada por las fuerzas policiales y era testigo sobreviviente de los sucesos de Vallenar. Señaló también que, al mismo tiempo que la Dirección General de Carabineros destituía a los tres oficiales, se había enviado un telegrama de felicitaciones por la actuación de esos oficiales desde Vallenar²³².

El senador Concha criticó la actuación del ministro de Justicia, del ministro del Interior, la conducta del intendente y la actuación del oficial Guillermo Villouta en Copiapó, reponsabilizándolos por la tortura de los detenidos en Vallenar. Agregó que, «el señor Concha Pedregal me manifestaba en la mañana de hoy que la toma del cuartel Esmeralda pudo evitarse con toda tranquilidad; nada costaba hacerlo y sin embargo ni el capitán Villouta ni el Intendente lo hicieron»²³³. Finalmente mencionó que como desenlace de los sucesos de Copiapó y Vallenar, el gobernador Aníbal Las Casas había sido nombrado intendente de Bío Bío, señalando que sobre la base de la nueva información ahora publicada, el ministro del Interior «tomará las medidas conducentes en contra de este funcionario que no supo cautelar los intereses del país en Vallenar y menos lo sabrá hacer en un cargo más elevado»²³⁴.

El proceso judicial

Los sucesos de Copiapó y Vallenar dieron lugar a tres sumarios realizados por fiscales militares. El sumario en relación con los sucesos de Copiapó (sumario A) fue conducido por el fiscal mayor Víctor Labbé en relación con la culpabilidad de los acusados del asalto al batallón Esmeralda. El sumario sobre el comportamiento de los oficiales y tropa del Batallón Esmeralda (sumario B) fue realizado por el fiscal mayor Florencio Feliú Velasco²³⁵. En su investigación se intentaría esclarecer la «actuación del personal de oficiales y tropa [...] con motivo del asalto hecho al cuartel la noche del 25.XII.1931». Fue realizado en la ciudad de Copiapó entre el 29 de diciembre de 1931 y el 10 de enero de 1932²³⁶. El sumario C correspondía a los sucesos de Vallenar y fue realizado por el fiscal capitán José María Santa Cruz Errázuriz²³⁷.

En relación con los delitos investigados en el sumario A, se detuvieron varias personas²³⁸. Entre ellos estaba el Dr. Quijada, quien era sindicado como uno de los cabecillas por su vinculación con el practicante Meneses y sus ideas consideradas avanzadas. El fiscal decidió interrogarlo al final. Los detenidos estuvieron presos en el Batallón Esmeralda durante diez días «y la mayoría fue cargada con pesados grillos, que debían arrastrar penosamente cada vez que tenían necesidad de salir de sus calabozos, mientras un soldado con bayoneta calada les seguía los pasos»²³⁹.

Fue detenido también el capitán Villouta. Las condiciones de su detención fueron representadas por la Dirección General de Carabineros al Ministerio del Interior por considerar que dañaban el prestigio de la institución. Villouta había sido conducido incomunicado desde el cuartel Batallón Esmeralda al local en que funcionaba el consejo de guerra a pie, por las calles, con centinela, junto con otros reos a cargo de un oficial. «[...] Como ese Ministerio tiene conocimiento, esta Dirección General no defiende al Capitán señor Villouta, ya que los antecedentes acumulados hasta ahora parecen comprobar su culpabilidad, pero no puede dejar de representar a ese Ministerio la vejación que significa ese hecho para el uniforme de Carabineros»²⁴⁰.

El fiscal Labbé sintetizó los antecedentes reunidos para la acusación y estableció que «se trataba de realizar un movimiento destinado a derrocar al gobierno actual, para sustituirlo por otro, de acuerdo con las diversas tendencias que cada uno de los declarantes representaba o servía. El único punto de unión de estas tendencias, consistía en la idea del remplazo del actual gobierno»²⁴¹.

En las conclusiones de la investigación sumaria estableció que:

1.- En el presente caso ha habido una rebelión o sublevación realizada por una partida militarmente organizada y compuesta de más de diez individuos, con el propósito de cambiar la forma de Gobierno del país. Elementos militares y carabineros ayudaron a esta obra.

2.- Que ha existido una actuación delictuosa de parte de los miembros de carabineros capitán Villouta y sargento 2º Pedro Meneses y del soldado Quevedo del II Batallón del Regimiento Esmeralda, cuya sanción corresponde ser aplicada por los Tribunales y en la forma que la ley determina.

3.- Que la actuación de la fuerza de carabineros para ayudar a la defensa del cuartel fue útil, decidida y valiente desde el momento en que se resolvió emplearla, pero tardía debido a los propósitos sustentados por sus jefes, lo que en realidad difiere de las informaciones repartidas por el Sr. Capitán Villouta y el Sr. Intendente de la Provincia de Atacama Sr. Igualt.

4.- Que en el comportamiento del personal del II Batallón del Regimiento Esmeralda, en general fue correcto; habiendo actuaciones particulares dignas de reconocimiento y encomio; pero hay una excepción delictuosa, recaída en un soldado y graves faltas cometidas por oficiales cuya sanción no alcanza a tener mérito para someterlas al consejo de guerra.

5.- Que la actuación del Prefecto de Atacama Sr. Comandante don Modesto Meriño aparece en autos en forma poco diligente y con presunción de complicidad con el Capitán Villouta.

6.- Que los hechos ocurridos en Vallenar tienen dos fases diversas, de las cuales una sola presenta conexión con los hechos ocurridos en Copiapó, lo que equivale a decir que los delitos comunes cometidos por los carabineros de Vallenar en actos de servicio, deben ser juzgados y sancionados en la forma que la ley respectiva establece (procedimiento común militar ordinario).

7.- Que hay mérito suficiente en autos para considerar aplicables al presente caso las disposiciones de la ley N.º 4935 de 24 de enero de 1931, sobre crímenes y simples delitos contra la seguridad interior del Estado.²⁴²

Al término del sumario, el fiscal pidió la separación de las filas de Villouta y la disponibilidad o suspensión de los demás oficiales, con la sola excepción del subteniente Campbell, quien era el que había entrado a combatir a los asaltantes. Estableció la responsabilidad penal de los acusados y dispuso someterlos a consejo de guerra.

El 13 enero de 1932, «en virtud de lo dispuesto en la ley 4935, el artículo 173 del Código de Justicia Militar y el decreto del Comando en Jefe del Ejército N.º 2872 de 28. XII.931» se dictó el decreto 1 convocando «a un consejo de guerra compuesto de las siguientes personas para que juzgue a los inculpados por los hechos delictuosos contra la seguridad interior del Estado ocurridos en Copiapó y Vallenar los días 25 y 26 de diciembre último y a que se refiere el parte que precede del Fiscal Militar Mayor don Víctor Labbé Vidal: generales señores Acasio Rodríguez Carrosini y Fernando Sepúlveda Onfray, coroneles señores Miguel Berríos Contreras, Pedro Barros Fornes, Carlos Plaza Bielich y Carlos Fuentes Rab黲⁴³. De acuerdo al mismo decreto se estableció que presidiría dicho consejo el auditor de guerra de la Primera División, Luis Illanes Guerrero, y estaría integrado también por el juez de Letras de Copiapó, Pelegrín Sepúlveda. Se estableció también que el consejo funcionaría en Copiapó desde el 16 de enero. Al instalarse el consejo de guerra se nombró secretario al señor Ernesto Banderas Cañas.

El consejo de guerra funcionó en el teatro de Copiapó, que tenía capacidad para algo más que 200 personas. Se hizo comparecer a los reos, sus defensores señor José Otero Bañados, Jorge Neut Latour y teniente Carlos Pérez Castaño y testigos. La audiencia se inició con la lectura del decreto de convocatoria del consejo de guerra. El señor Neut Latour formuló un incidente de competencia y sostuvo que el Código de Justicia Militar carecía de valor legal por haberse dictado durante un gobierno de hecho, e hizo otras objeciones²⁴⁴. El tribunal rechazó las objeciones y se procedió a dar lectura al parte del fiscal Víctor Labbé²⁴⁵. En las sesiones siguientes se escucharon a los testigos y las defensas de los acusados.

En relación con el asalto al Regimiento Esmeralda la Fiscalía había pedido que se absolviera a la mayoría de los acusados por no haber tenido participación en los delitos que se les imputaban o porque no había sido posible, durante el proceso, acumular prueba legal suficiente. La sentencia fue dictada el 24 de enero de 1932.

Jorge Neut Latour alegó por todos los inculpados menos Meneses y Villouta. En la 11ª audiencia, analizando el primer fundamento de la acusación fiscal que es «haberse descubierto un delito tendiente a cambiar el Gobierno» hace presente que solo tienen valor las declaraciones prestadas ante el H. tribunal, las otras solo tienen valor de confesiones extrajudiciales²⁴⁶. Fue examinando cada una de las declaraciones de sus defendidos, acusados por el asalto al Regimiento Esmeralda. La mayoría de ellas eran poco sustentables. A modo de ejemplo, uno de ellos, Gavino Peña Araya, había declarado haber recibido «una plata para formar el ejército rojo» y que él le habría contestado a sus instigadores que se resistía a organizarlo «pues tenía la misma estructura de un ejército burgués». Había huido antes del asalto. El abogado fue desvirtuando una a una las pruebas surgidas de las declaraciones extrajudiciales (obtenidas en los interrogatorios de los detenidos), argumentando que no se habían producido otras pruebas contra de sus defendidos que las derivadas de sus propias confesiones previas al juicio, lo que desvirtuaba la acusación contra cada uno de ellos.

El consejo de guerra condenó al acusado Guillermo Villouta, «por no haber denunciado oportunamente un complot sedicioso del que tenía conocimiento; y por no haber impedido la realización del acto sedicioso que se proyectaba y como autor del delito sancionado en el artículo 121 del Código Penal, a las penas de 10 años y un día de extrañamiento mayor en su grado medio, que se le contará desde el 31 de diciembre último, inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos; [...] y a las accesorias de destitución de su empleo de los Carabineros de Chile… e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena»²⁴⁷. El capitán Villouta había sido separado del servicio antes de la condena.

Los otros acusados fueron absueltos, entre ellos el doctor Osvaldo Quijada. Seis civiles que estaban involucrados fueron condenados a las penas de 10 años y un día de reclusión mayor en su grado medio. El practicante y sargento 2º Pedro Meneses y Tránsito Quevedo Contreras, de los Carabineros de Copiapó, fueron condenados a quince años de reclusión y a su expulsión de Carabineros.

El tribunal declaró que, «después del estudio de los antecedentes producidos en el Honorable Consejo de Guerra esta Fiscalía pasa a formular las conclusiones que estima procedentes sobre los hechos que a su juicio han resultado probados. Pide castigo o absolución con respecto a los reos que deben ser absueltos o condenados, indicando los delitos, que a su juicio están comprobados o indicando las penas correspondientes»²⁴⁸. El fallo se refería extensamente al asalto al cuartel Esmeralda y vinculaba las muertes de Vallenar a la misma operación política. Afirmaba que había quedado establecida la participación de los reos que se mencionaban en el texto en relación con el delito de «alzarse a mano armada contra el Gobierno legalmente constituido, con el propósito de cambiar su forma, contravención que sanciona el art. 121 del Código Penal con reclusión mayor, o con confinamiento mayor, o con extrañamiento mayor en cualquiera de sus grados, sanción que debe aumentarse en uno o dos grados, según lo dispuesto en el art. 261 del Código de Justicia Militar y en el art. 1º de la ley 4.935»²⁴⁹.

El proceso judicial intentó esclarecer cómo y para qué se sumaron el capitán de Carabineros Guillermo Villouta, el doctor Osvaldo Quijada, el soldado Tránsito Quevedo y otros, así como algunos miembros de la Federación Obrera de Chile (FOCH) y del Partido Comunista al asalto al Regimiento Esmeralda. Quedaría claro que el complot había sido encabezado localmente por el practicante Pedro Meneses Varas, vinculado a una eventual conspiración gestada por el alessandrismo con el fin de derrocar al Gobierno²⁵⁰.

Los condenados apelaron designando sus abogados. Jorge Neut Latour fue designado defensor por Tránsito Quevedo. El abogado Pedro León Ugalde defendió al practicante Meneses. La prensa reprodujo algunos de sus argumentos en la defensa, señalando que pasó «revista a las persecuciones de que han sido víctimas muchas veces por medio de procesos, violencias y muertes, los defensores de la libertad y de las aspiraciones populares frecuentemente bajo el pretexto de que se trata de comunistas»²⁵¹.