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CATATUMBO: UN TERRITORIO EN DISPUTA, UNA REGIÓN QUE RESISTE

DIANA XIMENA MACHUCA PÉREZ*

ANDRÉS LOZANO REYES**

JESÚS ANDRÉS CHICAÍZA TARAMUEL***

LAURA CHICA VELÁSQUEZ****

MARÍA CRISTINA CORREDOR ÁVILA*****

De los campesinos aprendí mucho: su resistencia, su

perseverancia, su dignidad... la berraquera que manejan

los campesinos a diario. Yo soy relativamente joven y

me impresiona la sabiduría del campesino, tan berraca.

A veces, campesinos que no sabían leer ni escribir me

llamaban y me decían cosas que lo hacían sentir a uno

tranquilo en momentos muy difíciles.

ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL CATUMBO (ASCAMCAT) (2014, P. 16)

E l 2013 fue un año como pocos en la historia de la comunidad campesina del Catatumbo. Durante más de dos meses los campesinos y campesinas de la región se tomaron las carreteras exigiendo atención y solución por parte del Gobierno nacional a las necesidades sociales y económicas de la comunidad.

El Paro campesino del Catatumbo se inició, de hecho, en la vereda Miramontes el 7 de mayo de 2013 –casi un mes antes del inicio “oficial” del Paro–. Un grupo de 150 campesinos y campesinas se plantó al anochecer de ese día en mitad de La Uno, justo frente al Batallón que queda en mitad de la vía [entre Tibú y Versalles], y se tomó ese tramo de la carretera. Estaban hartos de que el Gobierno siguiese erradicando los cultivos de coca con los que sacaban el sustento para sus familias, sin ofrecerles nada a cambio. (Ascamcat, 2014, p. 1)

El cierre de la vía tenía una intención: impedir la entrada del Ejército, el cual por esos días apoyó la erradicación forzada de los cultivos de coca a través de acciones violentas contra la población civil que se oponía. “En ese momento le dijimos al Ejército que ya no lo dejábamos entrar, que nos tenían que respetar. Agarramos una cerca y la tapamos con cuerdas y alambre. Pasamos la noche al claro, los varones prestando seguridad sin dormir ni un minuto: allí dentro había gente resignada a morirse” (Ascamcat, 2014, p. 1).

La respuesta de la Alcaldía de Tibú no se hizo esperar. A las nueve de la noche envió un delegado, quien anunció que, al día siguiente, el alcalde de Tibú los recibiría. Varios líderes campesinos asistieron al encuentro a la hora establecida, pero la respuesta no fue alentadora:

[...] el hombre nos dijo que no tenía nada que ver con esto (en las erradicaciones), que él se lavaba las manos, que regresáramos a la vereda y que si queríamos matar a los erradicadores, que los matásemos […] ¡Eso nos dijo el alcalde! También dijo que no era capaz de parar las erradicaciones, que eran cosas del Gobierno. (Ascamcat, 2014, p. 1)

Aunque regresaron resignados a abrir la vía sin más, una asamblea se organizó de forma espontánea y la determinación al final de las discusiones, de manera sorprendente, fue otra: volver a tomarse la vía. Así, estas acciones de hecho se percibieron como uno de los medios más importantes de la protesta campesina a través del cual el movimiento ejerció presión sobre las negativas y los desencuentros con el Gobierno.

Durante las últimas semanas de mayo y la primera de junio, reconocidos dirigentes campesinos (muchos de ellos líderes de Ascamcat y presidentes de juntas de acción comunal) llevaron a cabo una serie de reuniones y asambleas en varias veredas: Miramontes, El Retiro, Guachimán, Kilómetro 25 y Sardinata, entre otras, además de recorridos por la zona fronteriza (en La Gabarra, 25 de Julio, etc.) en los que consultaban a las comunidades y preparanban la acción colectiva que iba a paralizar el Catatumbo durante alrededor de dos meses.

Dos sábados antes de empezar el Paro, Chabela viajó de nuevo para reunirse con comunidades campesinas. […] Esta vez, la esperaban en la vereda Kilómetro 25, también en el área del Tibú y, de nuevo, la posibilidad de un Paro fue vista masivamente por el campesinado como la única opción de dignidad posible. Tras esa reunión, Chabela viajó al día siguiente a Tibú y, de nuevo, socializó lo hablado el día anterior con más campesinos y campesinas de veredas por allá cerca, como Miramontes, donde el Paro estaba empezando a organizarse de facto, o Sardinata. […] La reunión de Tibú se hizo un domingo en el Club Barquito […] en esa reunión, el Paro adquirió definitivamente solidez y se tornó real. Junto a Jefferson y a Guillermo Jota Quintero (ambos también dirigentes de la Ascamcat) ese día se decidió la fecha y hora: el 11 de junio de madrugada se tomaban la vía. Ya estaban listos los datos clave, y todo por consenso: no hubo una sola disensión, recuerda Chabela. (Ascamcat, 2014, p. 3)

A la una de la madrugada del 11 de junio del 2013, el campesinado que decidió botar palos y quemar llantas en medio de la carretera La Cuatro, a las afueras de Tibú, llevó a cabo una gran acción colectiva de dignidad y resistencia: el Paro del 2013, por el cual se expresaba la furia justificada por la necesidad vital de levantarse contra las condiciones injustas y violentas vividas en el Catatumbo colombiano.

La movilización del 2013, protagonizada por Ascamcat, no se puede concebir ni analizar como un evento aislado y meramente reactivo a la coyuntura. La organización y la movilización en el Catatumbo han estado presentes desde décadas atrás, pues las dinámicas de explotación de recursos naturales por capitales nacionales e internacionales, de conflicto armado y de abandono estatal han generado un escenario de constante amenaza y violación a los derechos (fundamentales, sociales, económicos, ambientales, civiles y políticos) de la población catatumbera, incluido el pueblo indígena barí. En este contexto, la organización y la protesta han sido decididamente las vías para la resistencia y permanencia en el territorio por parte de las comunidades.

UN TERRITORIO EN DISPUTA

La región del Catatumbo colombiano es una de las más apreciadas en el territorio nacional. Las luchas sociales y políticas que históricamente se han sostenido en la región son indicadores del altísimo valor social, ambiental y económico de esta zona. Su diversidad y riqueza nos invita a considerar los diferentes usos que se le dan a su suelo y los diversos campos de posibilidades que se abren para el mundo agrícola campesino. La región adquiere especial importancia entre lugareños, residentes en el territorio, así como aquellos actores externos quienes se lucran (o pretenden hacerlo) desde afuera con las riquezas del Catatumbo. Es así como en múltiples periodos el territorio catatumbero se ha configurado en medio de la disputa de intereses entre los que viven en el territorio y los foráneos, quienes pretenden la explotación de recursos y la generación de capital.

Esta es una región geográfica transfronteriza que comparten Venezuela y Colombia, y su extensión colombiana se encuentra en el departamento de Norte de Santander. Su diversidad climática la convierte en una región privilegiada para la producción agrícola. La gran región puede dividirse en tres subregiones: el Alto Catatumbo (que comprende los municipios de El Carmen y Convención); el Medio Catatumbo (que integra a Teorama, San Calixto, Hacarí, Ocaña y La Playa); y el Bajo Catatumbo (que comprende a Tibú, El Tarra y Sardinata). A cada subregión le corresponde una condición climática diferente, lo que significa, en términos generales, la posibilidad de una producción agrícola diversa y sostenible que beneficia a la economía de las familias campesinas.

El Catatumbo alberga una inmensa riqueza natural en recursos minero-energéticos, especialmente de petróleo y carbón. La minería ha ocupado un lugar destacado en la economía del departamento, entre otras cosas por la cantidad y la calidad de los carbones que allí se encuentran. Las principales zonas mineras del departamento se ubican en Catatumbo y Tasajero, y en otras zonas con menor grado de potencial como, por ejemplo, Zulia-Chinácota, Pamplona-La Don Juana, Salazar y Toledo. El departamento posee reservas medidas de carbón de 119,69 millones de toneladas (Mt) (Ministerio de Minas y Energía, s. f.).

Con respecto a la estructura de tenencia y uso de la tierra se presenta, por una parte, el desarrollo económico basado en la sobreexplotación del suelo como consecuencia de los grandes proyectos de producción agroindustrial; por otra, la problemática del cultivo de hoja de coca; y, por último, la extracción de recursos minero-energéticos. Es claro que este tipo de desarrollo supuso efectos perversos sobre la organización y la distribución del territorio, en especial sobre el tejido social del campesinado catatumbero.

La exigencia de apoyo estatal para la producción agrícola en la región ha sido un punto de partida de la lucha histórica de los campesinos del Catatumbo, pues desde las primeras olas de colonización el apoyo de las instituciones ha sido casi inexistente. Con la “entrada extensiva” de la hoja de coca en la zona durante la década de los noventa del siglo XX (con sus impactos en la vocación productiva de los campesinos, en la organización espacial, en la economía regional y en el desarrollo del conflicto armado), así como con el aumento de la conflictividad armada en la región, el Gobierno nacional empezó a proponer alternativas para la sustitución de los cultivos de uso ilícitos, medidas que estuvieron acompañadas por la erradicación forzada y, principalmente, por la incursión de las aspersiones aéreas.

Las propuestas de los diferentes gobiernos no han surgido de espacios de diálogo con los campesinos del Catatumbo. Por el contrario, han consistido en estrategias para el tratamiento penal y militar del cultivo de coca, con el fin de justificar la imposición de programas de erradicación y sustitución que transgreden la identidad campesina y las condiciones materiales de vida de las comunidades. La propuesta del Estado se ha basado en la sustitución impuesta de cultivos de uso ilícito por productos agrícolas con potencial exportador y agroindustrial; esto, apalancado en planes de corte militar como el “Plan Colombia”, cuya estrategia de erradicación se basó en las aspersiones aéreas y en la erradicación manual forzada de los cultivos de coca.

Aun con la ejecución de estas estrategias que perjudicaron el bienestar de las comunidades campesinas, el cultivo de coca se mantiene como una alternativa de supervivencia en el Catatumbo, sobre todo, en municipios como Tibú, El Tarra, Sardinata y Teorama, tal y como se presenta en la tabla 1.

La crisis social que se generó con las erradicaciones violentas de los cultivos de hoja de coca, la cual se ha narrado desde la década de los noventa del siglo XX, ha confluido con un panorama violento de ataques sistemáticos a la población campesina catatumbera por parte de grupos guerrilleros y paramilitares. Muchos de estos actos violentos combinaron una serie de repertorios que dieron lugar a terribles masacres, desapariciones y torturas que, en algunas ocasiones, fueron escenificadas en lugares públicos (vías, retenes), así como ejecuciones en días de mercado (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2015, p. 91). Esta situación del conflicto armado se rescata en el siguiente relato sobre la violencia paramilitar:

Vi asesinatos atroces que uno, uno a esa edad queda como con un trauma. ¿En qué sentido? Tener uno que ver morir un familiar, o mi propio padre como lo vi morir, sin algo que… totalmente él no debía nada. De repente él tenía un viaje y acabábamos de llegar cansados esa noche del entierro de su propio hermano y tener que verlo morir esa noche. Su propia familia no lo vio. Ausente su madre. Ninguna de su familia pudo estar en el sepelio de él. [¿Por qué?] Porque ellos hicieron de la masacre y totalmente cerraron vías. Que si sacaban un cadáver le metían candela. […] No lo dejaban sacar, ni dejaban que nadie entrara. Aparte de todo, pasó eso. Dijeron que si quedaba algún retoño, tenían que acabar con todo. Porque ellos no podían dejar rastro, ni nada que les perturbara en el camino. (Ojeda, 2013)

Pese a que el discurso paramilitar siempre se distinguió por su aire antisubversivo, estas justificaciones escondían intereses que para el campesino catatumbero resultaban importantes a la hora de explicar la presencia y la expansión paramilitar en su territorio: “Por la coca, por las minas y los minerales, por eso mataron y asustaron a los campesinos para que se fueran, para ellos explotar esas minas más fácil, y también por las fuentes petroleras” (CNMH, 2015, p. 91). Otro tipo de relatos, provenientes de generaciones más jóvenes, también han asumido la íntima relación que existe entre el conflicto, la violencia y los intereses económicos: “La violencia en el Catatumbo se ha generado por este tema de explotar al Catatumbo en petróleo, en carbón, la palma. Por eso se ha venido generando este tipo de violencia en el Catatumbo” (Ojeda, 2013).

TABLA 1. Hectáreas de coca cultivada en el Catatumbo (2006-2016)

Fuente: Datos Simci-UNODC.

La estrategia de violencia contra la población civil y el posterior desplazamiento de las víctimas sobrevivientes son factores que aprovechan entonces los paramilitares para efectuar el despojo de la tierra y la puesta en marcha de proyectos agroindustriales, principalmente relacionados con la palma. Al respecto, el siguiente testimonio precisa esta situación:

Con la llegada de los paramilitares la vida nuestra cambió. El pan de cada día eran los muertos: en el 2000, cuando entraron, hicieron varias masacres y el miedo se apoderó de todo el mundo; a muchos nos dijeron que teníamos que irnos, otros salieron corriendo antes de recibir la orden de salida. […] Yo dejé tirada la tierra en 2003 porque estaban matando mucha gente […] primero me fui para Venezuela porque mi esposa tiene familia allá y luego nos vinimos para Cúcuta. Yo no supe nada de la tierra hasta el 2008 porque un señor me dijo que la tierra me la habían invadido y que estaban sembrándole palma. (Uribe Kaffure, 2013, p. 267)

Estas dinámicas agroindustriales pueden ser visibles en la región del Catatumbo, de acuerdo con cifras del Ministerio de Agricultura del 2016 (véase la figura 1). Según esta gráfica, la palma de aceite tiene una participación del 20 % del área sembrada para el caso del departamento de Norte de Santander, consolidándose como el segundo cultivo dentro de la producción departamental, después del cacao.

FIGURA 1. Participación de cultivos por área sembrada en Norte de Santander 2016. Fuente: Agronet-Ministerio de Agricultura.

El aumento en la extensión y el cultivo de palma de aceite es significativo en Tibú, donde el área sembrada ha pasado, en el 2007, de 5300 hectáreas sembradas a 23 850 para el 2016, tal y como se resalta en la figura 2.

FIGURA 2. Palma de aceite Tibú (2007-2016). Fuente: elaboración propia con base en datos de Agronet-Ministerio de Agricultura.

La expansión de monocultivos en el Catatumbo, según Martínez (2012), resulta de tres fuerzas impulsoras: 1) políticas y diseños institucionales de desarrollo rural basados en la producción de materias primas y la producción agroindustrial, principalmente de palma de aceite; 2) la presencia de grupos armados, algunos de los cuales estuvieron involucrados en el despojo de tierras y la puesta en marcha de proyectos agroindustriales; y 3) la inserción de intereses extranjeros mediante la financiación internacional derivada de planes de erradicación forzada de cultivos de hoja de coca (pp. 130-131).

Se trata, entonces, de la interrelación de varios elementos. Por una parte, la apertura económica en la que se insertó Colombia durante la década de los noventa del siglo pasado, los cambios en los usos del suelo derivados de dicha apertura y la importancia que cobraban los mercados ilegales, –así como toda la cadena productiva de la cocaína–, de los que el campesinado era el eslabón más bajo. Luego, se dio el intento del Estado nacional por frenar la expansión de las economías ilegales con el ataque a los cultivos de hoja de coca, sin proponer alternativas viables de vida digna para los campesinos dedicados a esta labor y el fomento a la inserción de capitales agroindustriales. Finalmente, toda esta dinámica estaba acompañada por el recrudecimiento de los conflictos entre grupos armados al margen de la ley por el control de territorios y rutas de comercialización en la región. La situación de disputa puede describirse en las siguientes palabras de un campesino catatumbero:

Porque eso es lo que ellos quieren. Arrancar la coca. Y al ver que no hay proyectos no hay nada, no tenemos por donde salir si sembramos. Ellos dicen: “No ¡la gente se tiene que ir! la gente se tiene que ir y nos queda el Catatumbo libre”. Yo sé que la arremetida paramilitar fue para eso. Metieron terror a la gente, mataron la gente, para que nosotros saliéramos y dejáramos el Catatumbo solo. Para ellos llegar a revolcar la tierra abrir el carbón a cielo abierto y a reventar las esmeraldas, las minas, el oro. Sabemos que el Catatumbo es el más rico que hay aquí en Colombia. Y es el que tienen más en mira. […] Yo quisiera que, y nosotros los campesinos, nos unamos y no dejemos acabar el Catatumbo. El Catatumbo es la mejor riqueza que hay en Colombia. (Ojeda, 2013)

UNA HISTORIA DE LUCHAS Y RESISTENCIA

A la par que se configuraron todos los intereses de este tipo sobre el plano del desarrollo económico en la región, así como en la dinámica del conflicto armado, la voz de protesta de los sectores populares se ha hecho escuchar en múltiples oportunidades en la historia reciente del Catatumbo, de tal manera que el Paro campesino del 2013 no se configura como un hecho aislado y coyuntural.

Las primeras luchas de resistencia las protagonizaron los trabajadores y los campesinos asociados a la explotación petrolera en la región catatumbera. Así, entre 1934 y 1971 los trabajadores petroleros llevaron a cabo siete huelgas, en las que exigían mejores condiciones (alimentación, agua potable, escuela nocturna, seguridad industrial y cese a los despidos, entre otras) (Minga y Fundación Progresar, 2008, p. 44). En el documento Memoria: puerta a la esperanza (2008), se narra cómo, durante la década de los sesenta del siglo XX, los trabajadores desarrollaron diferentes movimientos con el fin de presionar la reversión de una de las concesiones petroleras, y cómo en 1971 los trabajadores petroleros de Tibú “lanzaron una huelga que desembocó en un paro cívico departamental” (p. 32). Asimismo, en medio de los procesos de colonización alrededor de las zonas petroleras, por los cuales se configuraron de manera progresiva los que hoy son municipios como El Tarra, Tibú y La Gabarra, se organizaron comités y procesos cooperativos, comunales y sindicales.

Entre las décadas de los setenta y la de los noventa se fortaleció la capacidad organizativa y de articulación; las juntas de acción comunal adquirieron capacidad de convocatoria y autogestión, y se convirtieron en espacios de construcción de conciencia sobre los intereses de los campesinos y de propuesta alternativa. Alrededor de ellas también se tejieron importantes experiencias comunitarias de economía solidaria por medio del cooperativismo, de las que también hicieron parte los trabajadores petroleros y los indígenas barí. Adicionalmente, surgió la Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC), la cual reivindicó la necesidad de una reforma agraria y adquirió reconocimiento nacional como movimiento campesino (CNMH, 2015; Minga y Fundación Progresar, 2008).

En 1987 se llevó a cabo el “Paro del nororiente”, el cual respondía a un conjunto de conflictos acumulados: “el de los hospitales, los maestros, los petroleros de Tibú y Barrancabermeja, los campesinos tabacaleros. Además, había muchas necesidades en el Catatumbo y en general en las zonas campesinas de estos departamentos” (Minga y Fundación Progresar, 2008, p. 158). Si bien se llegó a acuerdos con las autoridades gubernamentales con base en un pliego de peticiones de los campesinos, el incumplimiento de estos llevó a una nueva movilización en 1988 que reunió a más de veinte mil campesinos (Restrepo, 2013).

Pese a estos sentidos de organización y resistencia en el Catatumbo, el asedio de la violencia que empezó en la década de los noventa del siglo XX se hizo notar: “Se desataron así formas de represión de la protesta popular expresadas en allanamientos de las casas de los líderes y de las sedes de las organizaciones sociales, detenciones arbitrarias de los dirigentes sociales, consejos verbales de guerra y otras formas de silenciamiento y amedrentamiento del descontento social” (Minga y Fundación Progresar, 2008, p. 71). Por ejemplo, tras la experiencia del Paro en 1987 se presentaron una serie de amenazas, una oleada de asesinatos a los líderes de la Coordinadora Popular del Paro y algunos casos de desaparición forzada (CNMH, 2015, p. 56).

Por otra parte, la participación política en la región catatumbera por medio del fortalecimiento de fuerzas políticas como, por ejemplo, la Unión Patriótica, A Luchar o el Frente Popular, también se vio seriamente afectada por estas dinámicas de guerra:

En la contienda electoral de 1995 se decía “que estos son elenos, que estos son farianos, que estos son del Frente Popular. Comenzaron los vecinos a enfrentarse. Así pasaron muchas cosas y hubo muchos problemas y decisiones arbitrarias, como presiones, amenazas, señalamientos e incluso el secuestro de un candidato del Partido Liberal dejado en libertad después del proceso electoral. (CNMH, 2015, p. 58)

Así como ocurrió en tantas regiones del país a mediados de la década de los noventa e inicios del nuevo milenio, en el Catatumbo el aumento de la violencia política y sus distintos repertorios dieron paso al protagonismo de la confrontación violenta y de los actores armados, en contravía de las protestas populares y sociales, así como de sus dirigentes y liderazgos. No sería sino hasta la entrada del 2005 y el 2006 que florecerían de nuevo las iniciativas comunitarias y organizativas en la región, lideradas por la propuesta de organización de una asociación campesina.