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A modo de conclusión
Desde la perspectiva de la R.A., los años sesenta-setenta constituyen una manifestación de la presencia de un gran florecimiento de la conciencia humana, cansada de la injusticia y la desigualdad con que hasta ese momento se había construido la historia. Conciencia activa, que se mostró dispuesta, comprometida y políticamente decidida a construir lo contrario, es decir, justicia e igualdad social en la tierra.
Más allá de las conveniencias político-económicas y de los temores sociopolíticos del momento –todos muy reales–, podemos apreciar en aquellos grupos que emprendieron la tarea de la R.A. por la vía legal-estatal, la presencia de una íntima convicción acerca de la necesidad y la urgencia de poner límite a la opresión del hombre por el hombre, tal como se daba ancestralmente en la tierra de Chile/América. Sobre este fundamento ético y en este horizonte de sentido, en el lapso de tres gobiernos sucesivos, que representaron a los tres espectros políticos existentes en Chile, la R.A. fue realizándose como un proceso que encarnaba y portaba en sí aquella voluntad política amplia y consensual. Intentando superar los intereses particulares de una clase privilegiada, la R.A. se puso en marcha, en la década de 1960 hasta septiembre de 1973, en pos de la construcción de una nueva nación, desde la justa distribución de la propiedad agraria y desde la voz de aquellos más silenciados de la Tierra.
Desde esta perspectiva procesual, hemos querido comprender el fenómeno de la R.A.-UP como parte de este proceso ampliado que, en tres etapas sucesivas, fue preparando al Estado chileno y entregándole las herramientas legales e institucionales necesarias para acometer, con toda legitimidad política, dicha tarea histórica. Es así que, como tercer momento del proceso de Reforma Agraria, la R.A.-UP contó con el terreno legal e institucional preparado y el proceso de reforma iniciado, pudiendo realizar, desde este doble puntal, la finalización y culminación de la tarea y misión comprometida, desde los años sesenta, por el Estado chileno ante la sociedad y la historia.
Cuando hablamos de finalización y culminación nos referimos a la continuación y cumplimiento total de la tarea de las expropiaciones según mandato de la ley, a lo largo y ancho del territorio nacional, así como a la ampliación de la participación y organización del campesinado a través de los Consejos Comunales Campesinos, abarcando más allá del campesino-reformado y del sindicato campesino, a todos los sectores y rostros del campesinado, quien se constituía en el sujeto-eje articulador de la participación de los diversos grupos sociales no patronales de los territorios, comunas y localidades del país. La R.A.-UP fue el momento en que el «campesinado» fue visualizado como «sujeto» autónomo, en y por sí mismo, siendo apoyado institucionalmente por el Estado para construirse como «poder campesino» propiamente tal, capaz de diseñar sus propias políticas y de decidir sus formas de relacionarse y sus modelos de trabajo, incluyendo a todas las figuras del campesinado territorialmente configurado y cooptando a otros grupos sociales aledaños. Se llevaba, así, a cabo una histórica inversión del secular pacto Estado-clase terrateniente, hacia un pacto Estado-campesinado, que suponía el reconocimiento del campesino como sujeto con plena soberanía: acto de «inversión» de pacto que, sin duda, constituía un fenómeno revolucionario por sí mismo; revolución que aún vive en la conciencia herida de sus testigos y protagonistas.
En definitiva, a través de esta culminación histórica que adquiría la Reforma Agraria como organización y poder campesino, se ponían los fundamentos en Chile de una Democracia Social y Territorial ampliada, llamada a transformar, desde la base misma, el régimen político y social en Chile. Democracia Social Territorial que era una clara manifestación de que la R.A.-UP, lejos de dar paso a una centralización-estatización de la reforma y del agro, generaba una amplia democratización social que irradiaba hacia todos los territorios del país, descentralizándolos desde la voz y el mentón levantado de los otrora oprimidos, quienes poco a poco supieron nombrar, a cielo abierto, sus derechos, sus proyectos y sus sueños.
El golpe militar-civil de 1973 y el terror institucional que ello desencadenó fue la violenta vía política-institucional utilizada por las clases terratenientes y la derecha económica y política para la interrupción de este proceso. Violencia a través de la cual se violaron, una vez más, los derechos humanos y la vida de los campesinos y, en segundo lugar, se violó la legalidad vigente en materia de Reforma Agraria, la cual había sido fruto de un largo proceso de concordancia política nacional: es decir, se violó la soberanía ciudadana chilena propiamente tal. En suma, dicha violencia estatal-civil violó el amplio consenso histórico alcanzado en vista de levantar un pacto Estado-Pueblo/campesino para la construcción de un proyecto de nación inclusiva, justa y democrática. A través de la liquidación del proceso de R.A., se involuciona históricamente y se regresa al pacto Estado-clase propietaria y terrateniente, violándose la propia nación.
El campesinado chileno, una vez más, con el despliegue de todas las armas de hierro, fue violentado y engañado por el propio Estado que, días antes, en nombre de la Ley, lo liberaba…; la nación chilena, era así negada e imposibilitada de ser y de construir su democracia o su sociedad como «comunidad».
Somos sobrevivientes de esta violación, cuyo acto de pedofilia política construye nuestra sociedad hace cuarenta años. Ha llegado ya el tiempo propicio para la apertura de su caso, de su revisión y reparación. Así lo anhelan los campesinos que sufrieron directamente sobre sus cuerpos la violación; así lo espera la nación que aún busca su «comunidad» y su «democracia».
Es la tarea de la nueva generación que ya está abriendo la alameda de su conciencia.
Niebla, octubre, 2013
3 Este texto surge del interés suscitado y el conocimiento histórico generado sobre el problema de la tierra y la cuestión campesina en Chile a partir del Proyecto Fondecyt Nº ١١١٠٢٨٥, actualmente en curso, titulado «Cuestión campesina y políticas sociales rurales en el Frente Popular y gobiernos radicales, Chile, 1936-1952». Asimismo, el punto 5 de este texto ha surgido de la tesis de grado de autoría de Flor Recabal, titulada, «Campesinos del área reformada en la comuna de Los Lagos durante la Unidad Popular: memoria de algunos de sus protagonistas», Tesis de Grado para optar al título de Profesora y al grado de Licenciada en Historia y Ciencias Sociales, Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Universidad Austral de Chile, Valdivia, 2013.
4 M. Angélica Illanes es doctora en Historia y académica del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile. Flor Recabal es profesora y licenciada en Historia y Ciencias Sociales de Universidad Austral de Chile y colaboradora docente en el Instituto de Historia y Ciencias Sociales, UACH.
5 «Defenderemos las fronteras económicas de la patria. La Reforma Agraria, hecho irreversible», Discurso de Salvador Allende en Talca el sábado 6 de marzo de 1971, La Nación, 13 de marzo de 1971.
6 Programa Básico del Gobierno de la Unidad Popular, aprobado por los partidos integrantes de la coalición Unidad Popular el 17 de diciembre de 1969, Santiago, p. 12.
7 Al respecto, habría que mencionar, entre otros, a: Moisés Poblete, La reforma agraria en América Latina (Santiago: Andrés Bello, 1961); Brian Loveman, Struggle in the countryside. Politics and rural labor in Chile, 1919-1973, (Bloomington, Ind., 1976); M. Antonieta Huerta, Otro agro para Chile. La historia de la Reforma Agraria en el proceso social y político (CISEC, CESOC, Santiago: 1989); José Garrido (editor), Historia de la Reforma Agraria en Chile (Santiago: Editorial Universitaria, 1988); Heidi Tinsman, La tierra para el que la trabaja. Género, sexualidad y movimientos campesinos en la Reforma Agraria chilena (Santiago: LOM, DIBAM, 2009); Francisco Vío, Resistencia campesina en Chile y en México (Consejo de Educación de Adultos de A.L. [CEAAL], 1990); José Bengoa, Haciendas y campesinos. Historia social de la agricultura chilena, SUR, 2 tomos, Santiago, 1988 y 1990; Jacques Chonchol, El desarrollo de América Latina y la reforma agraria (Santiago: Editorial Pacífico, 1964); Rafael Moreno, Sin reforma agraria no hubiese sido posible (Santiago, 2013).
8 Ver José Bengoa, Historia del pueblo mapuche (Santiago: SUR, 1987).
9 Sobre la problemática de la expulsión jesuita en Chile, ver Herman Schwember, Las expulsiones de los jesuitas (Santiago: Comunicaciones Noroeste, 2005).
10 Ver José Bengoa, Historia del pueblo mapuche, op. cit.; Fernando Silva, Tierras y pueblos de indios en el Reino de Chile (Santiago, 1962); M. A. Illanes, Chile Des-centrado. Formación socio-cultural republicana y transición capitalista (Santiago: LOM, 2004).
11 Sobre este tema, Luis Berger, «La matanza de colonos de Loncoche. Lucha social por el dominio de la propiedad de la tierra en el sur de Chile., 1910», Ponencia ADHILAC, Buenos Aires, 3013, inédito.
12 Sobre la crítica de comienzos de siglo xx acerca del sistema agrario en Chile, ver Tancredo Pinochet-Le Brun, «Inquilinos en la hacienda de Su Excelencia», Antología Chilena de la Tierra (Santiago: 1970), 81-112.
13 Ver al respecto, Brian Loveman, Struggle in the countryside, op. cit
14 M. Grove, Reforma agraria. La tierra para el que la trabaja (Santiago: Departamento de Publicaciones, Secretaría Nacional de Cultura, 1939).
15 M. Angélica Illanes, «Despertar campesino-desalojo patronal. Chile, 1936-1950», artículo en elaboración, Proyecto Fondecyt Nº 1110285.
16 El área afectada por la aplicación de la Ley de R.A. de Alessandri «fue de aproximadamente 60.000 has., de las cuales 40.000 pertenecían a una propiedad del Estado, la Hacienda Mariposas de Talca. Del resto, 18.000 has. fueron adquiridas de propietarios privados y 2.000 has. fueron transferidas a la CORA», Francisco Vío, op. cit, 157 y 175.
17 Artículo 3 de la Ley 15.020 de 1962. Citado en José Garrido, op. cit., 116.
18 Asimismo, «la ley de inamovilidad estableció un procedimiento de despido tan complejo… que se hizo difícil despedir a un trabajador sin gastar una gran cantidad de tiempo y dinero. Además, los patrones debían pagar un impuesto para financiar las actividades de los sindicatos rurales». Como resultado, en 1967 se formaron 262 sindicatos rurales con un total de 50.309 miembros; en 1970 dichos sindicatos alcanzaban el número de 483, los que agrupaban un número de 140.292 miembros. Citado en Francisco Vío, op. cit., 159.
19 Chile, Ministerio de Agricultura, Ley de Reforma Agraria Nº 16.640, citada en F. Vío, op. cit., 121.
20 En la administración de Frei Montalva se expropió un total de 1.388 propiedades, equivalentes a 3.564.553 has., beneficiándose 29.567 campesinos, mayoritariamente inquilinos y voluntarios.
21 Este proyecto de ley lo presentó el senador demócratacristiano Patricio Aylwin. José Garrido, op. cit., 126.
22 El número de fundos expropiados durante el gobierno de Salvador Allende, entre diciembre de 1970 y 1972, alcanzó a un total de 3.282, equivalentes a un total de 5.296.756 has. Citado en F. Vío, op. cit., 167.
23 El número de trabajadores agrícolas sindicalizados se duplica, aumentando de 103.643 en 1969 a 216.219 en 1972. C. Kay, «La participación campesina bajo el gobierno de la UP», Revista Mexicana de Sociología, (abril-junio, 1974), citado en F. Vío, op. cit., 166.
24 EL INDAP fue creado por Ley Nº 15.020, de Reforma Agraria del 27 de noviembre de 1962, promulgada por el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, a partir de la transformación del Consejo de Fomento e Investigación Agrícola (1953) en el INDAP. El INDAP fue creado para apoyar a la pequeña agricultura, en el marco de la esta ley, que formulaba una política de impulso a la producción agropecuaria, permitiendo el acceso a la propiedad de la tierra a quienes la trabajaban (www.wikipedia).
25 A pesar de que la 2da. Ley de R.A. se aprobó recién en 1967, el gobierno D.C. comenzó a realizar expropiaciones con la 1ra. Ley Alessandri 15.020 de 1962.
26 Jacques Chonchol, «Poder y Reforma Agraria en la experiencia chilena», Conferencia dictada en el Centro de Estudios Socio-Económicos (CESO) de la Universidad de Chile, el 18 de junio de 1969, en: Cuadernos de la Realidad Nacional, Nº 4 (Santiago, junio 1970), 50-60.
27 Ibíd., 73-79.
28 Ibíd., 80-82.
29 Ibíd., 84.
30 Programa básico de gobierno de la Unidad Popular, op. cit, 21-22.
31 «Resolución del Gobierno: acelerar expropiaciones», Poder Campesino, Santiago, 2da. quincena de febrero, 1971, 12.
32 «Expropiar todos los latifundios antes del próximo año agrícola: tarea de los servicios del agro», Poder Campesino, ibíd., 5.
33 «La reforma agraria llegó por fin a Ninhue», Poder Campesino, Santiago, 2da. quincena de febrero, 1971, 10.
34 Poder Campesino Nº 7, Santiago, abril, 1971, 8-9.
35 «Se entenderá por contrato de mediería o aparcería aquel en que una parte se obliga a aportar el uso de una determinada superficie de terrenos y la otra el trabajo para realizar cultivos determinados, con el objeto de repartirse los frutos o productos que resulten…». Decreto Ley 993, del 24 abril de 1975; decreto que quitó los beneficios para los medieros estipulados por el proyecto de Allende.
36 «Los medieros también son de la clase trabajadora», Poder Campesino, Nº 7, Santiago, 1971, 5.
37 «Estas son las modificaciones a los contratos de mediería», Ibíd. En dicho proyecto de Ley se establecía: «que todas las formas de medierías o aparcerías […] constituyen un contrato de trabajo. Los medieros o aparceros a que ellas se refieren, tienen la calidad de obreros agrícolas y los cedentes tienen el carácter de patrón respecto de aquellos». El proyecto especificaba que: «las medierías hortícolas, de leña, carbón y pecuarias (deberán) sujetarse a las siguientes normas especiales: a) el mediero tendrá derecho a recibir, a lo menos, el 50% de los productos o su valor y b) el cedente tendrá la obligación de pagar las imposiciones previsionales al mediero, sin derecho a reembolso». Firman: S. Allende y J. Chonchol.
38 «Gigantesco complejo maderero será creado en Panguipulli», Poder Campesino Nº 7, Santiago, abril 1971, 12-13.
39 «En mayo empezarán las asignaciones de tierra» y «Rápida toma de posesión de predios expropiados», Ibíd.
40 «Allende pone en su lugar a un senador de la DC», Ibíd., 10-11.
41 Susana Bruna, op. cit., 122.
42 Palabras de Allende en «Real participación de los campesinos en la campaña», Poder Campesino, N° 7, Santiago, abril, 1971, 9.
43 Poder Campesino, Santiago, 2da. quincena de enero, 1971, 3.
44 «Los Consejos se formarán por las bases campesinas», Ibíd.
45 «UP reafirma posición frente a R.A.», Poder Campesino, 2da. quincena de febrero, 1971, 3.
46 Ibíd.
47 «Consejos Comunales Campesinos se constituyen en Cautín», Poder Campesino, Santiago, 2da. quincena enero 1971, 6.
48 «Constituido CC de Carahue», Poder Campesino, Santiago, 2da. quincena enero 1971, 14.
49 «Constituido el Consejo Comunal de Temuco», La Nación, 30 de marzo, 1971
50 Palabras de Zila Branco, funcionaria de ICIRA. «La unidad hace la fuerza», La Nación, Santiago, 1º de junio, 1971, 2.
51 «Primer Encuentro de los Consejeros Campesinos Comunales de Cautín», La Nación, 30 de marzo, 1971.
52 «Cautín: primer paso», La Nación, ibíd.
53 Palabras de Salvador Allende, «Real participación de los campesinos en la campaña», Poder Campesino, Nº 7, Santiago, abril 1971, 8-9.
54 «La producción será el motor del Chile Nuevo», Poder Campesino Nº 7, Ibíd.
55 «Confederación del Agro: nuestros intereses son los de la clase trabajadora», Ibíd.
56 «Trabajadores del agro firmaron compromiso para producir más», Ibíd.
57 Ibíd.
58 Palabras de Osvaldo González, presidente del Asentamiento de Huiticalán en Aculeo (42 familias, 218 hectáreas), «Asentados de Huiticalán preparan sus tierras para hacerlas producir», Ibíd., 10-11.
59 Este escrito (punto Nº 5 de este texto) es de autoría de Flor Recabal Vega y está basado en la Tesis de Grado de su autoría titulada, «Campesinos del área reformada en la comuna de Los Lagos durante la Unidad Popular: memoria de algunos de sus protagonistas», Tesis de Grado para optar al título de Profesora y al grado de Licenciada en Historia y Ciencias Sociales, Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Universidad Austral de Chile, Valdivia, 2013.
60 Jorge Fuentes Espinoza, entrevista realizada en Los Lagos el 7 de octubre de 2012.
61 Manuel Quilaqueo, entrevista realizada en Los Lagos el 2 de septiembre de 2012.
62 Evaristo Barra Ibáñez, entrevista realizada en Los Lagos el 4 de junio de 2012.
63 Santiago Acuña, entrevista realizada en Los Lagos el 2 de junio 2012.
64 Manuel Quilaqueo, entrevista realizada en Los Lagos, el 9 de septiembre de 2012.
65 Jorge Fuentes Espinoza, entrevista realizada en Los Lagos, el 7 de octubre de 2012.
66 Francisco Guajardo, subdelegado comunal durante el gobierno de la Unidad Popular, entrevista realizada en Los Lagos el 29 de mayo de 2012.
67 Alberto Chacón, entrevista realizada en Los Lagos el 2 de octubre de 2012.
68 Rodolfo Rojas, entrevista realizada en Los Lagos, el 1 de junio de 2012.
69 Joel Leal, entrevista realizada en Los Lagos el 31 de agosto de 2012.
70 Alberto Chacón, entrevista realizada en Los Lagos el 22 de octubre de 2012.
71 Santiago Acuña, entrevista realizada en Los Lagos el 28 de agosto de 2012.
72 Cristóbal Kay, «Estructura agraria y violencia rural en América Latina». Revista Sociologías N° 10, Porto Alegre (2003): 223.
73 Santiago Acuña, entrevista realizada en Los Lagos el 28 de agosto de 2012.
Los años de la Unidad Popular: cuando los pobladores recreaban las ciudades chilenas 74
Mario Garcés D.
Doctor en Historia
Docente Universidad de Santiago de Chile
Se cumplen 40 años del golpe de Estado de 1973 y si bien proliferan los escritos de la memoria, aún los estudios propiamente históricos sobre la UP son escasos. La historiografía chilena, por diversas razones, se ha tomado, tal vez, demasiado tiempo para ingresar al campo más crítico de toda la historia del siglo xx. Mientras tanto, se recrean una y otra vez las tesis de «la polarización social, política e ideológica», de las «planificaciones globales», del vaciamiento del centro político, como explicaciones de la crisis chilena y del derrumbe de la democracia y de la Unidad Popular75. Todas estas lecturas tienen, a mi juicio, un sesgo politicista, es decir, buscan explicar la Unidad Popular –una época de grandes movilizaciones populares, que tomaba progresivamente la forma de una revolución popular– como un asunto exclusivo del Estado (las disputas institucionales, los equilibrios entre los poderes del Estado, los liderazgos, el papel de las Fuerzas Armadas, etc.) y, por supuesto, como un asunto de los partidos políticos como los grandes protagonistas de la historia. Las «bases sociales», según estos enfoques, aparentemente al menos, no cuentan, decidían poco o nada, seguían a los partidos que las organizaban y señalaban los principales derroteros a seguir. Desde este punto de vista, se podría sostener que el «social-ismo» chileno tendía a confundirse con una especie de «partid-ismo» local. Es decir, en los enfoques politicistas, lo social o no es objeto de análisis específico o termina asociado o subsumido en el partido. Lo social adquiere sentido y forma cuando interviene el partido, que conduce «a las masas» hacia un estadio superior de desarrollo.
Pero la historia de la Unidad Popular no se entiende ni se puede explicar sin el «pueblo» (en lenguaje político de época, «sin las masas»). Y como el pueblo fue barrido de la escena histórica por la dictadura y luego relegado a un discreto segundo plano por los pactos neoliberales de la transición, cuesta a los chilenos de hoy entender o admitir que este pueblo tuvo «su hora», su tiempo, su propio protagonismo histórico en los años sesenta y especialmente durante la Unidad Popular. Cuando la política deviene en un asunto exclusivo de las elites o de una «clase política», el pueblo juega inevitablemente roles secundarios y es relegado a las esferas de menor conflicto –en la actualidad al consumo y a los eventos electorales–. Su historicidad no alcanza mayor impacto público, salvo como objeto de humor (la picardía chilena) o del crimen (narcotráfico, robos, violencia urbana, etc.), todas materias en las que se han especializado los medios de comunicación en la etapa de la recuperación de la democracia.
En realidad, la Unidad Popular requiere ser estudiada y comprendida tanto en su dimensión política estatal como en su dimensión política social. O dicho de otra manera, en las complejas relaciones que en Chile se han establecido entre lo social y lo político, entre la sociedad civil y la sociedad política, entre las bases sociales y el sistema institucional. En términos generales, se trata de relaciones de subordinación, colaboración, distanciamiento, pero sobre todo de conflicto en el siglo xx chileno, con reiteradas acciones represivas desde el Estado hacia la sociedad. Desde un punto de vista social, se pueden reconocer coyunturas especialmente críticas y movilizadoras, por ejemplo, la de 1903 a 1907, en que se hizo visible el movimiento obrero chileno sin más respuesta que la represión estatal a sus demandas (el paradigma de esta etapa es, sin dudas, la huelga de los obreros del salitre y la masacre de la Escuela Santa María de Iquique); la crisis social que se abre en 1918 con las «marchas del hambre» y que culmina con la reforma de la Constitución de 1925; la coyuntura 1967-1973, la de mayor movilización popular de todo el siglo y que culmina con el golpe de Estado del 11 de septiembre. Cada una de estas coyunturas marca puntos de inflexión en las relaciones entre lo social y lo político, especialmente las coyunturas de los años veinte y la de los años sesenta. La primera porque señaló el ingreso definitivo de las clases medias y la clase obrera a los asuntos de la política en el Estado y en la sociedad; la segunda, la de los años sesenta, porque amplió el campo de los sujetos sociales y políticos en las disputas por el poder, cuando entraron en escena los campesinos y los pobladores.
Siguiendo esta línea de análisis, la mayor novedad de la UP no está solo en el hecho de que la izquierda ganara las elecciones presidenciales y que un líder de sus filas ingresara a La Moneda. Por cierto que este era un hecho crucial que desestabilizaba los equilibrios geopolíticos de Occidente –así lo vieron Nixon y Kissinger para poner en marcha un golpe de Estado en 1970, que culminó con la muerte del general Schneider– pero tanto más relevante, desde el punto de vista nacional, era que el triunfo de la izquierda expresaba el incremento de las movilizaciones sociales de amplios y variados sectores. En sentido estricto, ya no solo de las clases medias y los obreros, sino que también de los campesinos y los pobres de la ciudad. Dicho de otro modo, Allende ingresó a La Moneda cuando la mayoría del pueblo se había puesto en movimiento y la mayor movilización social –de las bases, de la sociedad civil– interpelaría los alcances, las formas y los contenidos de la democracia construida hasta esos años. Tal vez, en ese sentido, uno de los mayores errores de apreciación estratégica de la izquierda chilena, fue pensar y sostener que la democracia y la institucionalidad alcanzadas eran suficientes para contener las movilizaciones sociales y los cambios estructurales que proponía el Programa de Gobierno de la Unidad Popular.
