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Desde que el SII publicó la Circular Nº54 el año 2009 (ver Cap. 2), el objetivo estratégico de la Red de Alimentos fue triple: primero, hacer que el instructivo de dicha circular no pudiera ser revertido por otra, esto es, que tuviera grado de Ley de la República; segundo, agregar otros productos –como los artículos de higiene personal– a la lista de aquellos que se destruían y podían ser donados; y tercero, que la destrucción de alimentos se convirtiera en gasto rechazado.

Ninguno de los tres era fácil de lograr.

Poder Privado

El domingo anterior a que Piñera asumiera como Presidente de Chile, en marzo de 2018, Calú estaba conversando con Félix de Vicente –quien había sido ministro de Economía en la segunda parte de la primera administración de Piñera– sobre el nuevo gobierno y su desafíos, cuando Calú tocó el tema de la Red de Alimentos y sus intentos por cambiar la ley. En eso, pensaron en Alfredo Moreno, quien iba a ser ministro de Desarrollo Social78, quedando así a cargo de un ministerio que estaba justo en medio de la zona de influencia de la Red.

–¿Y por qué no lo vamos a ver? –le dijo Félix a Calú.

Esa tarde, ambos estaban en tenida veraniega (bermudas y polera), pero no importó. Tomaron el auto y partieron a la casa del futuro secretario de Estado. Allá estuvieron un buen rato. En la ocasión, Calú aprovechó de recordarle sobre la Red de Alimentos e incluso le habló de los avances de la App.

Moreno se interesó. Ya sabía del tema, pero ahora podía hacer algo concreto. Antes, como canciller del primer gobierno de Piñera “no tenía vela en ese entierro”. Pero ahora podía ayudar en lo que faltaba: remover el obstáculo tributario que impedía que aumentara la entrega de alimentos.

–Alfredo, para poder ir más allá de la sola entrega de alimentos necesitamos ampliar la Circular Nº54. Por ejemplo, sería un tremendo aporte para las organizaciones sociales poder entregarles pañales, jabones y escobillas de dientes a los ancianos, pero hoy eso no es posible –le explicó Calú.

–Me parece muy bueno lo que señalas, Calú. De hecho, apunta en el mismo sentido de una iniciativa que tenemos pensada para abordar problemas públicos relevantes, duros –se refería al proyecto Compromiso País–. Hablaré sobre este asunto con Felipe Larraín79 –apoyó el futuro ministro de Desarrollo Social.

Poder Ejecutivo

Mientras Innobyte avanzaba con la App, en el Ministerio de Hacienda nacía una inquietud que se correspondía con la solicitud de la Red de Alimentos, o quizás era el fruto de una semilla sembrada tiempo atrás. Nadie lo sabe en realidad. Pero la idea de comenzar a crear un cuerpo legal que permitiera el florecimiento de una economía solidaria y colaborativa empezó a tomar forma. A pocos meses de iniciado el 2018, la idea se fue incorporando en la redacción del proyecto de modernización tributaria.

Durante esa labor, en el Ministerio notaron que el SII había dictado una serie de resoluciones que incentivaban la economía solidaria, pero lo había hecho de la única forma que podía: a través de circulares y resoluciones muy específicas.

La primera idea apuntaba a permitir la deducción –como un gasto necesario para producir la renta– de los bienes entregados por distintas empresas, ya no solo de alimentos, a organizaciones sin fines de lucro que los necesitaran. Esto se veía posible porque, en el análisis de lo hecho por el SII, en el Ministerio se dieron cuenta de que las regulaciones establecidas por Impuestos Internos para evitar el mal uso de alimentos estaban elaboradas de tal forma que reducían fuertemente el riesgo de crear un mercado secundario de venta para esos bienes.

En ese minuto el ministro Larraín armó un equipo de trabajo entre Hacienda y el SII para que avanzaran en el tema. Por Hacienda participó la abogada y experta tributaria Carolina Fuensalida, el coordinador tributario Manuel Alcalde y, por parte del SII, Fernando Barraza –su director–, junto a Eduardo Villalón y Juan Alberto Rojas.

Por esos días, algo novedoso ocurrió.

–Calú, te llaman del Ministerio de Hacienda –le dijo su secretaria.

Calú frunció el ceño, levantó el auricular, apretó el botón de encendido y escuchó:

–Buenos días, mi nombre es Carolina Fuensalida, soy la coordinadora de modernización tributaria del Ministerio de Hacienda y quisiera hablar contigo del tema Red de Alimentos y ver cómo podemos ayudar.

–Muchas gracias, pero ¿eres de verdad? –le dijo Calú.

–Sí, obvio. ¿Por qué la duda?

–Porque he recibido un montón de llamados como este en los últimos quince años y nunca he tenido la sensación de que nos van a ayudar –le dijo Calú, bastante frustrado porque del Ministerio de Medio Ambiente aún no emanaban las resoluciones de la ley REP.

–Bueno, para que veas. La marea está cambiando –le respondió Carolina.

Lo que en ese momento ocurrió es que –por decirlo de alguna manera– se alinearon los astros. O en otras palabras “el horno ya estaba para bollos”. De modo que lo que antes era visto como un “cacho” en el Ministerio de Hacienda, ahora generaba interés. Y, de igual modo, lo que años antes había sido visto con desconfianza por parte del SII, ahora generaba empatía.

Esos cambios actitudinales, ligados a la instalación de nuevos valores prioritarios en nuestra sociedad, tales como la solidaridad, la equidad, el reciclaje, el consumo responsable, etcétera, permitieron en el Ministerio abrir la posibilidad de extender el tratamiento tributario favorable que tenían los alimentos a otros productos, tales como los pañales. –Carolina Fuensalida.

En este sentido, había dos caminos a seguir: uno era el de la ley y, el otro, el de circulares y resoluciones. Estaba claro que el ministro Larraín, Carolina y todos los demás estaban por modificar la ley, pero, conociendo el Parlamento, esta podía tener una tramitación de muy largo aliento y, por lo tanto, también había que ser pragmáticos. De modo que se comenzó a explorar si el SII –antes de que saliera el proyecto de ley– tenía espacio para recoger otras iniciativas que pudieran ser relevantes, con una mirada similar a la que proponía la Red de Alimentos.

La idea era permitir la entrega de bienes de empresas de otros rubros a las organizaciones sociales.

Primero, el equipo de Carolina analizó si existían regulaciones adecuadas por parte del SII para esto y se encontraron con que en el SII tenían la tranquilidad de que no se iba a producir un mercado negro de esos bienes, gracias a los protocolos que desde 2010 existían para los alimentos, los cuales se podían replicar.

Por ese entonces, el Ministerio de Hacienda había recogido información muy valiosa por parte de la industria del papel y de productos de higiene –CMPC y Procter & Gamble– en cuanto a que se inutilizaban80 alrededor de siete millones de pañales al año por causa de pequeños desperfectos. Ante esta evidencia, el SII –dirigido en ese momento por Fernando Barraza– se abrió a la posibilidad de que las empresas pudieran donarlos.

Y como efectivamente todos los astros se habían alineado, en el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) se encontraban trabajando en la iniciativa Compromiso País, la cual estaba a cargo de Jacqueline Plass. Cuando diseñaron ese programa, en 2018, y empezaron a analizar las fundaciones y el rol que juegan en la sociedad, advirtieron que, para hacer donaciones, la distribución es el factor clave de éxito. Y en lo de la distribución, la Red era un socio natural para efectuar ese trabajo.

Ahí me tocó interactuar con Carlos Ingham, porque ellos estaban en un tema muy específico (que el SII se abriese a que hubiese más productos que pudiesen ser susceptibles de ser donados y así ampliar la oferta). Y justo en ese minuto se dio una coyuntura muy favorable. –Jacqueline Plass.

Todo el trabajo que realizaron ambos ministerios con el SII, durante el primer semestre del 2018, dio sus frutos el 13 de julio de ese año con el dictamen de la Circular Nº39 del SII81. Poco tiempo después, este mismo tratamiento tributario se extendió a productos de higiene personal y de ahí a una larga lista de otros artículos que pudieron empezar a repartirse entre organizaciones sociales en lugar de ser destruidos o inutilizados.

En términos tributarios –hay que decirlo– esto fue toda una revolución. –Carolina Fuensalida.

La Circular Nº39 daba por cumplido el primer objetivo pendiente, que era agregar nuevos productos a la lista de aquellos que podían ser dados a título gratuito para ser distribuidos en organizaciones sociales sin fines de lucro. Ahora había que ir tras el segundo: que las circulares y resoluciones tuvieran rango de ley, cosa que Carlos Ingham y Paulo Larraín venían empujando hacía una década.

La Red de Alimentos, junto con muchas otras iniciativas, nos inspiraron a ver que el Estado no puede hacerlo todo, que hay muchas instituciones privadas que llegan donde el Estado no llega. Pero lo más importante es que aún hay muchas zonas en donde tenemos falencias como sociedad y en ese sentido, el sector privado a través de la creación de fundaciones bien manejadas y con alto impacto –como la Red de Alimentos, el Hogar de Cristo, Techo, el Patronato Madre Hijo, la Protectora de la Infancia– pueden hacer un gran aporte al país. –Felipe Larraín.

Poder Legislativo

Un día de agosto de 2018, en Talca, el senador por la VII Región Rodrigo Galilea fue abordado por el Seremi de Desarrollo Social.

–Senador –lo saludó Juan Eduardo Prieto.

–Seremi –le respondió Galilea.

–Tengo un tema que conversar con usted, que creo podría interesarle –dijo el Seremi.

–¿Y qué sería? –preguntó el senador.

–Tenemos en la región un montón de organizaciones sociales, usted sabe.

–Sí, claro.

–Creo que tenemos que hacer que estas, quiero decir, su labor, sea más profesional.

–¿Y no lo son?

–No, senador, la verdad, son un tanto al lote. O sea, hay mucho cariño, buena voluntad, pero no son muy ordenadas y tampoco son muy eficientes. En especial, en lo que se refiere a alimentos.

El senador Galilea recordó que justo por esos días había leído una columna de Calú publicada en El Mercurio a propósito de los ocho años de la Red de Alimentos82.

–Déjamelo a mí. Ya sé con quién hablar –le respondió el senador.

El senador Rodrigo Galilea –quien fue electo en 2018 y antes había sido intendente de la Región del Maule, en la primera administración del gobierno de Sebastián Piñera– es también presidente de la Corporación Ven y Ayúdame, la cual se dedica a colaborar con los niños con cáncer y los niños de la unidad pediátrica de la Región del Maule. Y si bien el senador no puede descuidar su labor parlamentaria, logra estar al tanto de lo que ocurre en la fundación gracias a que su esposa es la directora ejecutiva. Asimismo, mantiene contacto con varias instituciones de la zona, como el Hogar Don Feña, el de Parral y el del Buen Samaritano de Molina, entre otros. El trabajo con las organizaciones sociales había generado en él una sensibilidad que, unida a la conversación con el Seremi de Desarrollo Social de la VII Región, lo convencieron de la necesidad de profesionalizar la ayuda que estas instituciones prestan.

De vuelta en su oficina de Santiago, el senador llamó a Calú y le pidió una reunión.

Unos días después, por la mañana, el senador llegó a las oficinas de Linzor, en Vitacura, subió al quinto piso, tocó el timbre, se presentó y la secretaria lo hizo pasar a una oficina grande, con una larga mesa de reuniones de madera y un living blanco. Mientras esperaba, el senador miró por el ventanal hacia la Municipalidad de Vitacura y el parque Bicentenario. En eso entró Calú.

–Senador Galilea, ¿cómo le va? Qué gusto tenerlo por acá.

–Muy bien gracias, ¿y usted?

–Todo bien, no imagina la sincronía de su llamada.

–¿Ah sí? ¿Cómo es eso?

–Es que justo necesito un aliado en el parlamento –le confesó Calú.

–Y yo justo necesito un aliado con unas fundaciones en el Maule.

En resumen, el senador le pidió ayuda a Calú para que la Red los apoyara en la entrega de alimentos a una serie de fundaciones de la región que andaban a muy mal traer (como la mayoría). Calú anotó y posteriormente hizo las gestiones para que la administración de la Red de Alimentos las incorporara dentro de la labor que ya realizaban en la zona.

–Y cómo te puedo echar una mano en el parlamento –dijo el senador.

–Senador, … –y Calú le explicó.

Calú le habló de la posibilidad de presentar una ley o incorporar un artículo dentro de alguna ley para fortalecer la donación de productos y, eventualmente, dar vuelta la situación tributaria respecto de la eliminación o destrucción de alimentos y bienes de primera necesidad.

En la conversación salieron los nombres de Carolina Fuensalida y Paulo Larraín, ambos ligados a las gestiones del cambio en la ley. Carolina por parte del proyecto, Paulo por parte de la Red de Alimentos. Lo que Calú no sabía y que el senador le reveló después, era que, por esas vueltas de vida, los tres se conocían desde hacía años.

Calú no lo dudó y en dos minutos tenía a los dos al teléfono, y con gran sorpresa y alegría, se pusieron a hablar del tema. Analizaron el asunto hasta que decidieron que, quizás, el mejor curso de acción era redactar un protocolo de acuerdo para abrirle un espacio al Senado en la discusión del proyecto de modernización tributaria.

Con todos de acuerdo, finalizaron la conferencia telefónica. Calú y el senador se dieron un estrechón de manos y, al despedirse, el senador dijo:

–Calú, a mí, esto que ustedes hacen me encanta. Cuenta conmigo, yo te echo una mano –le dijo el honorable.

Esa misma tarde redactó en su oficina del ala norte del segundo piso del ex Congreso Nacional, en Morandé 440, un protocolo de acuerdo para presentárselo al ministro de Hacienda. Protocolo que para que sumara muchas firmas debía ser simple, directo y no incluir ningún tema adicional que pudiera alejar el consenso.

Con el protocolo redactado, el senador fue a sacarles la firma a sus colegas en la sede de Santiago. Allá bailó la danza de los pasillos, convenciendo a uno primero, a otro después, a otro y a otro, hasta que comenzaron a firmar al final de la segunda página del protocolo.

Listo. Misión cumplida. Ahora solo faltaba llevárselo al ministro Larraín. Pero no sin antes avisar.

–Hola, Felipe. Estamos tomando un acuerdo en el Senado sobre un asunto tributario y queremos ir a verte –le dijo el senador Galilea al ministro Larraín por teléfono.

El protocolo, muy astutamente, solicitaba incorporar un artículo en el proyecto de modernización tributaria dentro del marco de la Ley de Responsabilidad Extendida del Producto (REP)83. Es decir, aprovechando la promulgación de la Ley 20.920 (conocida como Ley REP), que constituye el marco para la gestión de residuos y que tiene como objetivo la reducción de desechos por parte de las empresas productoras de los bienes84.

Días después, con documento en mano, el senador Galilea, acompañado de los senadores Coloma, García, Harboe, Rincón e Insulza (según recuerda) llegaron al edificio de Teatinos 120. Se juntaron abajo, por la entrada de calle Bombero Salas. Al entrar nadie les pidió identificación. “Son como de la casa”, dijo alguien. Tomaron el ascensor y el senador Insulza marcó el 9. Se bajaron y fueron hacia la oficina de la secretaria del ministro. En el camino todas las personas con quienes se toparon los saludaron, aunque ninguno llevaba una credencial de “visita”, como exige el protocolo de seguridad.

La secretaria del ministro los hizo pasar de inmediato a la oficina. Una sala alta, con madera enchapada en tres de sus paredes y, en la cuarta, ventanas que dan a la plaza de la Constitución; con sillones de cuero y sillas de tapiz colorido, decorada con cuadros de héroes de la patria. Muy clásico todo.

No esperaron casi nada y entró el ministro.

–Gusto en saludarlo, senador. ¿Cómo estás? Chita, veo que te acompaña mucho tonelaje –dijo Felipe Larraín.

–No se referirá a mí, señor ministro –respondió rápido Insulza.

–No, no, para nada, perdón. Me refería a tonelaje político –aclaró el ministro entre las risas de todos.

–Qué bueno que vinieron todos…

Galilea le extendió el protocolo firmado al ministro. Este vio las firmas al final de la segunda página. “Impresionante”, pensó, mientras el senador le explicaba de qué se trataba.

El ministro en un comienzo parecía algo renuente, aunque no lo estaba; venía conversando con Calú desde hacía algún tiempo de este tema y, además, ya tenía a Carolina Fuensalida trabajando full-time en el proyecto de modernización.

En el primer semestre del 2018 habíamos comenzado a redactar el proyecto de modernización tributaria. Y luego, en ese proyecto, vimos una oportunidad única para recoger, de manera mucho más extensa, distintas resoluciones que el SII había dictado. En ese minuto –además– con el ministro Larraín nos contactamos con Carlos Ingham, porque efectivamente a raíz de las cartas que había escrito en el diario… realmente nos conmovió. Vimos que no había, que no se estaba recogiendo a nivel legal, faltaba una iniciativa concreta sobre este tema. –Carolina Fuensalida.

Esa tarde, Larraín instruyó a Carolina Fuensalida para que reactivara el grupo de trabajo con el SII, ya no para analizar la incorporación de nuevos productos que pudieran ser donados, sino para afinar un texto que se constituyera en un artículo dentro de la nueva reforma tributaria, difundida por la prensa como un proyecto de ley de perfeccionamiento tributario o de modernización tributaria.

Previo a las circulares Nº54 y Nº39 del SII, si una empresa donaba productos que iban a ser destruidos, lo hacía sin una reglamentación específica del SII que se lo permitiera y, por lo tanto, estas entregas debían ser consideradas como una donación, la que estaba afecta a un impuesto del 40%. Ese nivel de carga tributaria hacía inviable la proliferación de la economía solidaria, dado que en esas condiciones el costo empresarial era altísimo. Esta reflexión fue la que allanó el camino para crear un cuerpo legal orientado a incentivar el desarrollo de una cada vez más necesaria economía solidaria en Chile. –Carolina Fuensalida.

Final feliz

El proyecto entró a discusión parlamentaria, como siempre, a través de la Cámara de Diputados. En la Comisión de Hacienda de la Cámara el artículo se aprobó sin problemas, pero no quedó con la redacción exacta que sugería el protocolo de acuerdo. Así que el senador Galilea habló con el diputado Sebastián Torrealba85 para que actuara a favor de esta norma e incorporara una indicación86, la cual el diputado aceptó e incluyó, de modo que cuando el proyecto se discutió en el pleno de la Cámara de Diputados, el artículo se aprobó sin reparos.

Una vez que todos los artículos fueron aprobados en la Cámara, pasó al Senado, donde de nuevo el artículo se aprobó sin reparos. Finalmente, el Senado aprobó el proyecto de ley el miércoles 29 de enero de 2020.

Si uno mira a EE. UU. o Europa, se da cuenta de que la filantropía es un eje central del desarrollo de las sociedades más avanzadas. Desde museos, hospitales, universidades, fundaciones de apoyo social para las comunidades más vulnerables, etcétera, son muchas veces financiadas a través de aportes privados. Para ello es fundamental un marco legal simple, uniforme y moderno que lo permita. – Felipe Larraín.

La iniciativa –que da vuelta la tortilla– quedó añadida al artículo 31 de la Ley de Rentas y dice lo siguiente:

Se incluye, también, la deducción del costo para fines tributarios de aquellos alimentos destinados al consumo humano, alimentos para mascotas, productos de higiene y aseo personal, y productos de aseo y limpieza, libros, artículos escolares, ropa, juguetes, materiales de construcción, entre otros, que correspondan a bienes de uso o consumo, cuyas características y condiciones se determinen mediante resolución del Servicio. Para estos efectos, se exigirá que se trate de bienes respecto de los cuales su comercialización se ha vuelto inviable por razones de plazo, desperfectos o fallas en su fabricación, manipulación o transporte, por modificaciones sustantivas en las líneas de comercialización que conlleven la decisión de productores y vendedores de eliminar tales bienes del mercado pero que, conservando sus condiciones para el consumo o uso según corresponda, son entregados gratuitamente a instituciones sin fines de lucro, debidamente inscritas ante el Servicio, para su distribución gratuita, consumo o utilización entre personas naturales de escasos recursos beneficiarias de tales instituciones, u otras instituciones sin fines de lucro que las puedan utilizar en el cumplimiento de sus fines, todas circunstancias que deberán ser acreditadas de manera fehaciente ante el Servicio, en la forma que este determine mediante resolución.

Del mismo modo, se procederá en la entrega gratuita de especialidades farmacéuticas y otros productos farmacéuticos que autorice el reglamento que emite el Ministerio de Salud para el control de los productos farmacéuticos de uso humano, bajo los requisitos y condiciones que dicho reglamento determine, a los establecimientos asistenciales públicos o privados, para ser dispensados en la misma condición de gratuidad a los pacientes.

En conformidad con lo dispuesto en la ley número 20.920, que establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, no se aceptará como gasto y se afectará con el impuesto único establecido en el inciso primero del artículo 21, la destrucción voluntaria de materias primas, insumos o bienes procesados o terminados que puedan ser entregados gratuitamente en los términos de los párrafos anteriores.

Con lo consignado en el párrafo arriba destacado, se cumplía el segundo objetivo planteado: ya no se podía revertir lo permitido por la circular Nº54 del SII.

Asimismo, se estableció en el último párrafo de la página 42 lo siguiente:

En conformidad con los dispuesto en la ley nº 20.920, que establece el marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor, y fomento del reciclaje, que no se aceptará como gasto y afectará con el impuesto único establecido en el inciso primero del artículo 21, la destrucción voluntaria de materias primas e insumos o bienes procesados o terminados que puedan ser entregados gratuitamente en los términos de los párrafos anteriores.

Y con este párrafo, se dio por cumplido el tercer objetivo: ahora el valor de los productos que se destruyen, pudiéndose donar, constituyen gasto rechazado.

El brindis

El lunes 24 de febrero del año 2020 se publicó en el Diario Oficial la ley de modernización tributaria con el número 21.21087.

Esa mañana, Calú estaba de vacaciones en el sur de Chile cuando por el teléfono le contaron que finalmente se había promulgado la ley por la que tanto había luchado. Colgó y lo primero que hizo fue ir donde su señora, María José, y abrazarla.

–Salió, ¡por fin salió! –le dijo.

–¡Qué alegría, mi amor! ¡qué alegría!... ¿Cuántos años fueron? ¿Quince? –le preguntó María José.

–¡Uf! Ya ni sé –le contestó Calú entre risas y lágrimas–. Dejáme pensar. La cena en La Rural fue en abril de 2003, a 2013, son diez; a 2018 son quince; a 2019 son dieciséis y a febrero de 2020 son… ¡Dieciséis años y diez meses! –dijo Calú.

–¡Felicidades, mi amor! –le dijo ella–. Se merecen una gran celebración.

–¡Nos merecemos, querrás decir! –replicó él, reconociéndole el tremendo apoyo familiar de todos esos años.

En eso volvió a sonar el teléfono. Calú comenzó a caminar de un lado a otro como león enjaulado hablando con distintas personas, recibiendo llamadas de felicitación, avisando a quienes quizás no lo sabían aún, agradeciendo, escribiendo y leyendo mensajes de texto de todos quienes habían estado involucrados o habían aportado a que la promulgación de la ley fuera posible: Felipe Larraín, Carolina Fuensalida, Paulo Larraín, el senador Rodrigo Galilea, Alfredo Moreno, Jackie Plass, Fernando Barraza, Cristián Steffens, Jorge Armstrong, Benito Baranda, María Eugenia Torres, Hernán Miranda, Sebastián Labbé, Ignacio Undurraga, Pierina Bocic, Valeria Peña, Horacio Barbeito, Pablo Devoto, Valeria Flen, Diego Nazar, Aníbal Larraín, Hernán Rodríguez, Paola Alvano y un largo etcétera.

Al final, Calú no estaba seguro de si se había comunicado con todos, pero María José llegó con una copa de champaña, se la pasó y ambos brindaron mientras los mensajes y llamadas seguían entrando.

–Calú, diez minutos más. Mirá que el almuerzo ya está listo –le dijo María José.

Calú la miró, dejó el teléfono a un lado, la tomó de la mano y se fueron a almorzar con sus hijos.

La dura realidad

Lo que esta iniciativa hace concretamente es institucionalizar la economía solidaria y la economía circular en Chile, ya que permite recoger y entregar, a título gratuito, productos que le pueden cambiar la vida a las personas que dependen de algunas instituciones sin fines de lucro.

Pero la ley no es una licencia para donar cualquier cosa. El gobierno y el SII tienen claro que hay condiciones que van a impedir que algunos productos se entreguen a título gratuito, como, por ejemplo, los medicamentos que están por vencer, pero que solo pueden ser entregados con receta médica. Por eso la norma se completa con las resoluciones del SII que regularán qué tipo de productos se pueden donar, cómo se deben entregar, en qué condiciones, etcétera.

En el fondo, esta ley institucionaliza lo que para algunas empresas ya era un principio que guiaba su visión empresarial, como es el caso de Nestlé, uno de los primeros socios estratégicos de la Red de Alimentos

Una de las razones que tuvimos para apoyar a la Red de Alimentos desde sus inicios fue porque, justamente, su finalidad se alinea con nuestra visión. En este caso, ello se logra al entregar los productos a quienes más lo requieren y evitar la destrucción de alimentos. Creamos valor para la empresa y valor para la sociedad, eso es valor compartido. –Leo Leiman, CEO Nestlé Chile.

Ahora bien, tampoco está dicha la última palabra. No son pocos los especialistas que creen que es necesario seguir creando nuevos cuerpos legales en materia de filantropía.

Impacto profundo

De acuerdo con Carolina Fuensalida, no hay números sobre el impacto que tendrá esta nueva norma incluida en la ley, ya que no existen cifras que puedan adelantar sus resultados. De hecho, nunca se hicieron estadísticas sobre esto en el pasado.

Quizás, en forma hipotética, se pueda medir algo observado, como el nivel de destrucción de inventarios, lo que solo el SII podría hacer. Pero lo más probable es que también sea imposible –por como está almacenada la información– conocer los datos desagregados por alimentos, bebidas, pañales, artículos de higiene, etcétera.

No obstante, aquí hay un desafío hacia delante. Y esa información de seguro será muy valiosa para evaluar esta política pública y para avanzar en nuevas iniciativas de filantropía.

(…) la cooperación pública-privada es esencial en el desarrollo de un país. No hay razón para que el mundo privado no apoye –por ejemplo– al Sename, cuando existen experiencias en el mundo que permiten acelerar la búsqueda de soluciones de largo plazo. (…) Al estado le ha faltado estimular más el interés de los privados en la filantropía y a los particulares les ha faltado empuje para que haya muchas iniciativas más como las que estamos comentando. –Felipe Larraín.

Lo que vendrá

Con este hito, finalmente se puede decir que todos los que colaboraron e impulsaron este artículo, revirtieron los incentivos en materia de donaciones. Antes de 2009, si se donaban los productos que iban a ser destruidos, no podían ser considerados como gastos. Ahora, es al revés, los productos que se destruyen sin justificación no pueden ser considerados gastos.

Ante este nuevo paradigma, se hace conveniente indagar qué harán las empresas que producen, transportan, venden y manejan alimentos y artículos de primera necesidad con aquellos productos que no puedan vender y que aún son susceptibles de uso o consumo humano.

En teoría, lo que esta nueva normativa debería generar es una mayor eficiencia de producción, a fin de reducir la tasa de mermas. Pero, al mismo tiempo, muchas empresas de las que en 2019 no estaban donando alimentos o artículos de primera necesidad por intermedio de la Red de Alimentos u otros, a las organizaciones sociales, deberían sumarse a esta iniciativa para mantener la situación tributaria anterior, es decir, que los alimentos que no se pueden comercializar se puedan incorporar como gastos a los estados financieros y reducir su carga tributaria. Solo que ahora los bienes no serán destruidos, sino que serán entregados a organizaciones sociales sin fines de lucro.