Читать книгу: «Aprender a ser familia», страница 2

Factores que han contribuido a la transformación de las familias

Situación económica

Los ajustes económicos que se implantaron en toda Latinoamérica a raíz de la crisis de los ochenta produjeron que el "costo del ajuste fuera absorbido prácticamente en su totalidad por los trabajadores cuya masa de ingresos laborales disminuyó en 0.6% por año durante el periodo 1980-1989” (Cepal, 1993, p. 22, citado por Uribe, 2007). Este empobrecimiento acelerado repercutió en las formas como las familias lo enfrentaron: en primera instancia, las familias se agruparon, es decir, aparte del núcleo familiar básico se fueron añadiendo otros núcleos familiares; sin embargo, la pobreza exacerbada ha dado paso a una fragmentación de estas grandes organizaciones familiares que prevalecieron en la décadade los ochenta, debido a que "el ingreso de los hogares pobres que en 1980 ya había sido 32% inferior a la línea de pobreza, disminuyó durante la crisis, hasta situarse en un nivel del 47% inferior a línea de pobreza en 1989” (Cepal, 1993, p. 22, citado por Uribe, 2007), haciendo eclosionar algunas de estas formas de organización familiar que actuaban como atenuante frente a las condiciones de miseria reinante.

El acelerado empobrecimiento de los hogares trajo como consecuencia el debilitamiento de la figura del padre como único proveedor de recursos económicos, puesto que generó "la necesidad de maximizar el apoyo económico de los integrantes del hogar y, por lo tanto, una mayor presión hacia la participación económica femenina, este proceso tuvo hondas repercusiones sobre la organización de la vida doméstica y la convivencia familiar” (Ariza, 2001, p. 14).

La transformación de la organización doméstica produjo el desdibujamiento de roles e imaginarios que se habían fortalecido durante el proceso de industrialización y migración del campo a la ciudad en los inicios del siglo XX, legitimados por los roles tradicionales de hombres y mujeres. Estos se basan en la rigurosa división de las tareas y el ejercicio del poder en las familias e insertan a los niños, niñas y jóvenes como adultos pequeños para ser educados y a la mujer como cuidadora del hogar que se encargaba de la educación y la instrucción religiosa de los hijos e hijas. Estos roles están confinados al hogar, desarrollando sus funciones en privado, alejada de la vida social a la cual solo tenía acceso esporádica y exclusivamente a partir de su esposo de quien dependía económica y patrimonialmente. El hombre es proveedor económico de su familia, encargándose del ejercicio de autoridad, pero ejerciendo sus principales tareas por fuera del hogar.

El proceso de empobrecimiento en América Latina ha obligado a las mujeres a aportar ingresos para sus hogares para poder subsistir, contribuyendo a modificar la relación establecida mujer- hogar. Estas transformaciones se han afianzado en el contexto de consolidación de la globalización y el neoliberalismo, junto con el aumento de la mano de obra barata y la economía informal que han contribuido al incremento de oferta para la mano de obra femenina de clases bajas, con salarios inferiores que los hombres, permitiéndoles, paradójicamente, acceder con mayor facilidad al mercado laboral; en las clases medias y altas el proceso de inserción laboral de las mujeres ha sido diferente, ya que han accedido a una educación superior, lo cual les ha permitido desempeñarse en áreas donde desarrollan tareas altamente calificadas, lo que facilita su autonomía e independencia económica en el hogar.

Participación de la mujer en el mercado laboral

Los cambios mundiales suscitados por los procesos de la globalización de la economía y la flexibilización laboral, han causado procesos de reestructuración de la vida en el trabajo, como el incremento del tiempo parcial, el subempleo, el desempleo, la pérdida de derechos laborales y el aumento de la precariedad laboral, sucesos que han incidido, de manera determinante, en la organización y comportamientos de las mujeres, hombres y familias.

De acuerdo con la información suministrada por el Departamento Nacional de Estadística (Dane) para el segundo trimestre del 2010, la tasa global de participación en el mercado laboral fue de 74,1% para los hombres y 51,7% para las mujeres. Teniendo en cuenta dichas cifras, la tasa de ocupación para los hombres se situó en el 67,2% mientras que para las mujeres es marcadamente inferior, alcanzando un 43,7%. Las diferencias también se muestran en la tasa de desempleo de los hombres que es del 9,4% mientras que la de las mujeres alcanza el 15,5%.

En lo que respecta a los datos de la población en edad de trabajar, los hombres aparecen con un 48,8% mientras que las mujeres lo hacen con el 51,2%. Contrasta este dado con la población económicamente activa que muestra un porcentaje de 57,8% de hombres y un 42,2% de mujeres, mientras que la población inactiva de hombres es el 33,9% y la de mujeres se eleva al 66,1%, cifras que señalan la desigualdad de acceso de las mujeres al mercado laboral y su marcada dedicación a labores domésticas y de servicios no reconocidos como trabajo. Desde el punto de vista del mercado laboral, el porcentaje de población desocupada alcanza, para el segundo trimestre del 2010, un 54,8% para las mujeres y un 45,2% para los hombres.

Según el Dane (2010), en cuanto al mercado laboral por sexo, se encontró que del total de la población activa laboralmente, el 42,1% de las mujeres trabaja por cuenta propia, y un 33,8% labora como empleada u operaria en el sector particular o privado. Cabe también destacar la participación de la mujer en el sector público al igual que su presencia en labores relacionadas con el servicio doméstico y trabajo sin remuneración.

Puede observarse que los ámbitos donde las mujeres participan menos son como jornalero o peón y como patrón o emprendedor, ámbitos de trabajo tradicionalmente propios de los varones. Por lo tanto, en labores como el trabajo doméstico, considerado propio de las mujeres, la diferencia con los varones en significativa: 8,3% para las mujeres y 0,3% para los hombres.

En cuanto población ocupada según rama de actividad y sexo se encontró que del total de la población ocupada en el país, el 33,2% de las mujeres se ubica en servicios comunales, sociales y personales, en contraste con los hombres en este sector quealcanzan un 10,8%. Igualmente, las mujeres ocupadas superan a los hombres en un 7,9% en su presencia en el comercio, hoteles y restaurantes (labores también relacionadas con el servicio prioritariamente), y en la industria manufacturera, en la cual las mujeres llegan al 14,8% y los hombres al 11,4%; adicionalmente, las mujeres están ligeramente por encima de los hombres en actividades inmobiliarias, 7,8% frente a un 5,6%. Donde se evidencia más ausencia de mujeres es en el sector de la construcción, tradicionalmente masculino.

Esta predominancia de mujeres en varios renglones de la ocupación no supone de por sí calidad en el empleo, mejores ingresos o más estabilidad laboral para ellas. Un estudio realizado por el BID (2009) para dieciocho países de América Latina, muestra que las mujeres en la región ganan menos que los hombres, aun en aquellos casos en que han alcanzado mayor educación.

La brecha promedio se sitúa en el 10%; pero, el estudio muestra que cuando se comparan hombres y mujeres con iguales edades y niveles educativos, se amplía a un 17%. En el caso de los y las indígenas y afrodescendientes es aún más crítico, puesto que ganan en promedio 28% menos que la población blanca de la región.

En las comparaciones con los demás países de América Latina, Colombia alcanza una brecha salarial entre hombres y mujeres del 7% según la investigación del BID (2009), mientras que, por ejemplo, en países como Brasil, llega al 30%. Sin embargo, las mujeres en Colombia tienen menos acceso al empleo en relación con otros países de la región y se sitúan prioritariamente en trabajos pobremente remunerados. El estudio del BID afirma que: En general, la menor brecha salarial por género se encuentra entre la gente joven con título universitario. Una posible explicación es que las mujeres más educadas ocupan posiciones en empresas donde hay menor espacio para introducir ajustes salariales discrecionales. Esta hipótesis se sustenta en el hecho de que la brecha salarial es menor entre los trabajadores formales y mayor entre aquellos que en empresas pequeñas. Las mayores brechas aparecen entre trabajadores con menores ingresos, con educación secundaria incompleta y que viven en zonas rurales (2009, p. 2).

Estas condiciones tienen un impacto en todos los ámbitos de la organización y mantenimiento de grupos familiares y en la vida de sus integrantes, especialmente en las familias monoparentales con jefatura femenina, lo que se agrava cuando estas no cuentan con los apoyos legales, institucionales y sociales necesarios para superar la desigualdad y la discriminación.

Según el Dane (2010), en relación al mercado laboral por sexo se encontró que la actividad de dedicación de hombres y mujeres que cuentan con edad laboral y que se denomina población inactiva, que también incluye a rentistas, pensionados/as y discapacitados/as. Mientras un gran porcentaje (65,1%) de hombres inactivos se dedican al estudio, solo un 32,1% de las mujeres lo hacen. Estas se hallan primordialmente dedicadas a los oficios domésticos (58,2%), en los cuales también aparece un pequeño porcentaje de hombres con el 6,4%, lo que tiene implicaciones de importancia para la posibilidad de la generación de ingresos propios por parte de las mujeres o la posibilidad de dedicarse a estudiar. Igualmente, la estructuración de familias con jefatura femenina supone una diversidad de situaciones y condiciones cuando se trata de mujeres y madres solteras, separadas o viudas.

Por otra parte, la incorporación de la mano de obra femenina al mercado laboral y el alcance de la independencia económica no necesariamente ha supuesto, de por sí, una mayor participación de la mujer en la toma de decisiones y en el reparto más equitativode las labores del hogar, de forma que las mujeres se ven obligadas a responder a sus múltiples obligaciones realizando dos y tres jornadas de trabajo.

Movimientos de mujeres y avances en derechos humanos

Las organizaciones y redes de mujeres en todo el mundo han realizado un trabajo de denuncia, reivindicación y cambios en la condición y situación de las mujeres, con énfasis particular en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va corrido del siglo XXI. El aporte del pensamiento y el movimiento feminista ha sido central en el avance de una nueva conciencia acerca de las mujeres como sujetos de derechos y en el afrontamiento permanente de los obstáculos para que esta conciencia se haga realidad en sociedades androcéntricas y patriarcales.

Uno de los ámbitos centrales de este trabajo ha sido y sigue siendo la superación de todas las formas de discriminación y violencia que han atravesado las vidas de las mujeres en todos los ámbitos del acontecer histórico, social y cultural. Tales violencias afectan también de forma dramática las relaciones familiares y de pareja, y se relacionan con las tasas de separación, divorcio y conformación de nuevas familias.

Si bien se ha logrado dar cuerpo y visibilidad a una serie de mecanismos e instrumentos jurídicos y de política que sostienen el objetivo de alcanzar la equidad entre los géneros, es necesario reconocer que problemas como la pobreza, la desigualdad, las violencias de todo tipo contra las mujeres y las dificultades para transformar los patrones culturales patriarcales y sexistas en los que se basan las prácticas discriminatorias, no solamente limitan el goce efectivo de los derechos de las mujeres, sino que se reflejan en las distintas formas en que se estructuran, organizan ydesorganizan las familias y en la manera como resultan afectadas las relaciones en su interior.

El ingreso de las mujeres al trabajo asalariado y a la educación media y superior, tiene implicaciones que no han sido todavía asumidas por la sociedad sexista y patriarcal, que sigue demandando de las mujeres el desempeño de todas sus funciones tradicionales domésticas y de cuidado, a las que se agregan ahora todas las responsabilidades del trabajo asalariado.

Se pretende mantener el modelo de familia nuclear tradicional con dedicación exclusiva de la mujer, a los nuevos arreglos familiares, sin que se cuente con políticas de conciliación que viabilicen y permitan una salida real para el ejercicio de los derechos y el acceso sin trabas al mercado laboral. Este cambio vino acompañado de una legislación más abierta a nuevas figuras jurídicas como el divorcio, la educación sexual y el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos.

La incorporación de las mujeres al trabajo como a la educación se ha convertido en un factor que ha posibilitado la presencia de las mujeres en el ámbito de lo público, el cual estaba asignado socialmente a los hombres. Según Chávez, uno de los momentos históricos donde más se evidencia la división de trabajo por género fue la época en la industrialización en la esfera pública y privada ”La división del trabajo se fomentó en la familia. El hombre se concretó en el trabajo fuera de casa y la mujer en casa y con los hijos" (Chávez, 1997, p. 118). Dichos factores ha tenido efectos directos en la vida personal y familiar de las mujeres "con el trabajo remunerado por fuera del hogar la mujer tiene la oportunidad de cuestionar la crianza y socialización como única tarea femenina, y aumentar su reconocimiento social” (Puyana, 2003, p. 76).

Acceso de las mujeres a la educación

Hoy se admite que la educación desempeña un papel básico como motor de cambios subjetivos, familiares, sociales y culturales. Políticas de orden mundial, regional y local se han ocupado de impulsar el acceso igual de hombres y mujeres a la educación, lo que se ve reflejado, para el caso de Colombia, en la matrícula y asistencia a la enseñanza regular de niños, niñas y jóvenes, aunque vale la pena aclarar que la educación no se restringe solo a la enseñanza formal. Se presentan a continuación las principales variantes relacionadas con matrícula total y desglosada por sexo y nivel educativo alcanzado.

El acceso de la mujer a la educación, al control de la fecundidad y los procesos de urbanización han generado una ruptura del papel que por tradición se les asignaban a la mujer y a la familia en la sociedad. Ariza y de Oliveira (2001, p. 16) al respecto plantean:

En efecto, es a partir de la reivindicación básica de los derechos de las mujeres (económicos, reproductivos, derecho a una vida sin violencia, entre otros), que desde los años sesenta diversos movimientos feministas han contribuido a socavar la legitimidad de los roles familiares tradicionales, dando paso a la concepción de la mujer como ser autónomo con capacidad para forjarse un destino propio.

Estas nuevas condiciones no solo se reflejan de manera específica en cada tipo de familia, sino que pueden influir también para la transformación de las mismas estructuras y dinámicas familiares, las cuales muestran una marcada tendencia a la democratización de las relaciones, aunque no sin conflictos.

Según el Dane (2009), en comunicado de prensa, en cuanto a la matrícula por nivel educativo, se encuentra que el año 2009 en lo referente a preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media, alcanzó la cifra de 11.090.784, un 0,3% más que el total para el año anterior. Solamente se observa una variación positiva para la educación secundaria, ya que en preescolar y primaria, se registran disminuciones de 1,8 y 1,5 puntos porcentuales, respectivamente.

Según el Dane (2010) en lo relacionado con el porcentaje de matrícula en Colombia por nivel educativo y sexo, la matrícula total se distribuye para hombres y mujeres, para el año 2009, así: los hombres superan a las mujeres en 2,8% para el nivel de preescolar y en 3,2% para el nivel de primaria. En cambio, para los niveles de básica secundaria y educación media, las mujeres superan la matrícula de los hombres en 2,6%. Es posible que esta diferencia esté relacionada con la deserción escolar masculina, puesto que disminuye la proporción de hombres matriculados para la educación media en relación con las mujeres.

Según el Dane, en el Censo general del 2005 donde se presentan los datos desagregados por sexo; en lo relativo a educación, los hombres jefes de hogar aventajan a las mujeres jefas en cuanto al nivel alcanzado en primaria incompleta, primaria completa y secundaria incompleta. Sin embargo, las mujeres jefas de hogar superan a los hombres cuando se trata de secundaria completa, técnico profesional, educación tecnológica y estudios superiores de especialización.

Hombres y mujeres jefes de hogar alcanzan porcentajes muy similares en educación profesional, los hombres con un 8,5% y las mujeres con un 8,4% y con cifras iguales para el nivel de maestría, un 0,5%.

Si se hace la distinción por áreas, se tiene que, en relación con la población general, el 19,2% de las mujeres de tres años, y más en el área rural, no tienen ningún nivel educativo, porcentaje que en los hombres asciende al 20%, mientras que el 15,7% de las mujeres alcanzan primaria completa y los hombres el 16,1%. No obstante, esta diferencia es ligeramente superior el porcentaje de mujeres que alcanzan a terminar la secundaria, un 2,9% frente al 2,4% de los hombres. También es ligeramente superior el porcentaje de mujeres que en lo rural tienen nivel profesional, un 0,9% en comparación con 0,8% de los hombres (Dane, 2007). Todos estos porcentajes son significativamente inferiores en todos los niveles comparados con los niveles educativos alcanzados por hombres y mujeres en el área urbana. La incorporación de las mujeres al trabajo y a la educación se ha convertido en un factor que ha posibilitado la presencia de las mujeres en el ámbito de lo público, el cual estaba asignado socialmente a los hombres.

Cambios sociopolíticos

A finales del siglo XX, la relación que existía entre el poder civil y el poder religioso en los estados latinoamericanos se debilitó. Por ejemplo, en Colombia se puso fin al concordato firmado con la Santa Sede haciendo que la legislación en los temas que afectaban directamente a las familias cambiara de manera sustancial. Esta tendencia se generalizó en América Latina por medio de acuerdos, cumbres y compromisos que asumen los Estados frente a la familia, con un papel más proactivo frente a fenómenos que antes se consideraban exclusivos de la esfera familiar.

Asimismo, los convenios, las conferencias mundiales para impulsar políticas públicas que propenden por la igualdad, la participación, la no discriminación de la mujer y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, como la IV Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (Cairo, 1994) y la Cuarta Conferencia Internacional de las Mujeres (Beijing, 1995); esta última evaluó los avances de las políticas de los gobiernos dirigidas a las mujeres y acordó medidas para la participación igualitaria y equitativa.

El reconocimiento de los derechos humanos basados en los principios de igualdad y libertad de las personas; la secularización del Estado; las legislaciones con reformas liberales y la crisis del Estado de Bienestar han traído como consecuencia que la familia "exija un cambio en la institucionalidad y la legislación que los derechos y la legitime, más allá de un concepto de unión familiar, en su doble relación de derechos y de vínculo, entendido éste último como el conjunto de relaciones entre personas con capacidad de modificarse en el tiempo histórico y en el ciclo de vida familiar para responder a diferentes necesidades humanas” (Cepal, 2004, p. 408).

La opción de las personas para vivir en familia, pareja o solas se ha incrementado entonces desde fines del siglo XX. Tales cambios se respaldan en nuevas perspectivas en torno a la autonomía, el interés particular y el libre desarrollo de la personalidad. Estos cambios, aunados al esclarecimiento legal de los mecanismos de divorcio, junto con separación de bienes, han conllevado nuevas forma de entender y visualizar las familias, al tiempo que la comprensión de la familia nuclear, armónica y funcional, que se postuló en el siglo XX, cuyo principal fin era la reproducción biológica y la reproducción social, entró en crisis.

Se registra un aumento de la monoparentalidad en América Latina, con una disminución de las familias nucleares, aunque estas tengan todavía representación. "Se puede afirmar que, aun cuando la familia nuclear es predominante, el modelo tradicional de familia con padre proveedor, madre dueña de casa e hijos ya no corresponde a la mayoría de los hogares y familias en América Latina, puesto que sólo se encuentra en un 36% de los hogares” (Cepal, 2007, p. 12).

Colombia se constituye en un Estado Social de Derecho, tal como se establece en la Constitución Política de 1991, el cual se rige por principios fundamentales como la vida, la libertad y la justicia. La Constitución garantiza los derechos de la familia y de cada uno de los miembros que la conforman. En el artículo 5 el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad; en el artículo 42 enuncia que el Estado y la sociedad se comprometen a garantizar la honra, la dignidad y la intimidad de todas las personas.

En el artículo 43 se hace explícita la protección del Estado colombiano a la mujer cabeza de familia: “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de esencial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia” (Constitución Política, 1991).

Para hacer efectivo este artículo y ante la responsabilidad del Estado como agente garante, se expidió la Ley 82 de 1993 que desarrolla normas para apoyar, de manera especial, a la mujer cabeza de familia, tal como lo señala el artículo 2: "Para los efectos de la presente ley, entiéndase por Mujer Cabeza de Familia, quien siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o diferencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar”.

Colombia, al igual que otros países de la región latinoamericana y del mundo, vive actualmente procesos de transición en la comprensión de las familias, que han modificado la exaltación del discurso dominante acerca de la familia nuclear como modelo socialmente ideal.

En el país, la comprensión de los factores que han contribuido a la transformación de formas y estructuras familiares permite desmitificar los planteamientos basados en la idea de crisis de las familias o crisis de valores, relacionando más bien sus cambios con su reconceptualización y asumiéndolas definitivamente como sistemas sociales con dinámicas específicas que responden, de manera particular, a una articulación compleja de factores históricos, sociales, culturales y subjetivos que impulsan dichos cambios, tanto internos como externos al sistema familiar.

Como afirma Corredor (2006), en Colombia el reconocimiento de la diversidad de organizaciones familiares debe hacer parte de las políticas, lo que implica también un avance en la normatividad. Se dan intensos debates en este sentido, como es el caso de la discusión en el Congreso colombiano sobre la posibilidad de reconocer derechos patrimoniales y seguridad social a las parejas homosexuales.

La familia "normal” ha sido defendida tradicionalmente por el discurso oficial del sistema social y de los sectores que lo dominan. Sin embargo, en la sociedad, además del sistema y de los discursos oficiales, hay sujetos sociales, personas, colectivos, que piensan y actúan diferenciándose del discurso dominante, dado que también se registra un número creciente de personas que están viviendo en tipos de familias diferentes a aquellas en las cuales crecieron y se educaron. Eso quiere decir que los sujetos producen, efectivamente, numerosos cambios cuando establecen y construyen relaciones familiares.

Transformaciones demográficas

A las condiciones de acceso de las mujeres al mercado laboral y sus implicaciones para la familia, se suman cambios demográficos importantes en las últimas décadas en Colombia y América Latina. La mayor parte de los países de la región constatan cambios importantes en los procesos de formación de familias: tasas de nupcialidad en descenso, aumento en la proporción de uniones consensuales, aumento en la edad al contraer primer matrimonio y aumento en las tasas de divorcio.

Un factor altamente significativo en los cambios de las estructuras familiares es el demográfico, articulado a las transformaciones y cambios estructurales de las sociedades contemporáneas. El incremento de las mujeres en el ámbito laboral y educativo son factores importantes en la reducción del número de hijos e hijas por familia: "El constante descenso de la tasa de natalidad dio lugar a una familia media reducida, más íntima y mutuamente protectora” (Gimeno, 1999, p. 15), asociado también a la postergación en la edad de conformar su propia pareja independiente y de iniciar la maternidad. Estos cambios son más evidentes en las sociedades industrializadas. Aunque en América Latina es significativa la reducción de los embarazos en las clases alta y media; sin embargo, en las adolescentes de estratos bajos, se ha venido presentando un incremento de la tasa de natalidad.

Sumado a los anteriores, se identifican como determinantes el descenso de la fecundidad y mortalidad, el aumento de la esperanza de vida al nacer, el envejecimiento de la población, la creciente urbanización y la separación entre sexualidad y reproducción, factores todos que han incidido de manera determinante en los tipos de familias y en las continuidades y rupturas de los modos de organización familiar.

Según Celade (2005), el comportamiento demográfico de la población colombiana, los indicadores de fecundidad, mortalidad y esperanza de vida al nacer, revelan un claro proceso de transición demográfica en las últimas décadas. Este proceso se caracteriza por el descenso en las tasas de fecundidad y la sostenida reducción de la mortalidad.

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (Profamilia, 2005), la tasa global de fecundad entre el 2002 y el 2005 fue de 2,4 hijos por mujer. Se registra una disminución permanente de la fecundidad desde mediados de la década de los sesenta, cuando la tasa total era de siete hijos por mujer. Adicionalmente, dicha tasa de fecundidad es menor para la zona urbana, con un 2,1 mientras que la rural alcanza los 3,4 hijos por mujer.

La esperanza de vida al nacer ha aumentado gracias a las condiciones de salud en las que ahora nace y vive la población, que han llevado a una mejoría en las tasas de mortalidad general y mortalidad infantil; la primera de estas se ha reducido un 68% en los últimos cincuenta años y la segunda un 80%.

Según Celade (2005), los datos relacionados con fecundidad, paridez y embarazo por departamento en Colombia encontró que la reducción en la tasa de mortalidad infantil fue consecuencia de la caída en el número de muertes por causas infecciosas, parasitarias y del aparato respiratorio, que redundaron en la mayor esperanza de vida al nacer, indicador que pasó de 50,6 años a 72,2 entre 1950 y 2005, lo cual contribuyó al proceso de transición demográfica. Aunque la tasa de mortalidad infantil ha descendido, las diferencias entre áreas de residencia y nivel de educación de las madres se mantienen o incrementan con el paso de los años, revelando la persistencia de la inequidad en este frente (Profamilia, 2005).

El número promedio de hijos tenidos por mujer se considera un indicador básico en el análisis del comportamiento reproductivo de una población. La tasa general de fecundidad es de 83 nacimientos por mil mujeres en edad fértil y la tasa bruta de natalidad de veinte nacimientos por mil habitantes. En las mujeres de mayor edad, este promedio indica la fecundidad acumulada en los últimos veinte o veinticinco años, así como también la descendencia completa promedio. En este sentido, encontramos que el promedio nacional promedia 2,4 hijos por mujer. En las mujeres con el rango de edad 15-49 el promedio se ubica en 4,2 hijos y en el caso de las madres con el rango 40-49 el promedio es de 3,1 hijos.

De acuerdo con la base de datos de Profamilia, el 78 por ciento de las mujeres en edad reproductiva vive en áreas urbanas. Las mujeres en edad fértil tienen 8,6 años promedio de educación, siendo las más educadas las que tienen entre veinte y veintinueve años de edad con diez años de educación. En las cuatro grandes ciudades y los departamentos de Atlántico, San Andrés y Quindío, las mujeres tienen, en promedio, cerca de diez años de educación (Profamilia, 2005).

De conformidad con la encuesta mencionada, el intervalo entre los hijos aumentó otros cinco meses en los últimos cinco años al pasar de treinta y siete a cuarenta y dos meses. La educación y la zona de residencia presentan diferencias importantes en el intervalo intergenésico: entre las menos y más educadas, la diferencia es de diecinueve meses, en tanto que entre la zona urbana y la rural es de trece meses.