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El problema de trazar una relación dicotómica entre víctima y perpetrador tiene también su propia historia. Nelson Manrique (2002) la subrayaba al describir el papel de la izquierda de 1970: su falta de visión sobre lo que era Sendero Luminoso y su interés por tomar el poder con el fusil. Esto genera que, desde muy temprano, se busque representar un sujeto víctima sin adscripciones políticas que fuese clasificado y nombrado de acuerdo con su tipo de afectación. Esta despolitización tuvo su punto de quiebre en el caso de Edmundo Cox Beuzeville, quien fue capturado en 1981 y torturado en prisión. Su caso fue asumido por un sector de la Iglesia (tenía un tío que era obispo) y hasta publicaron anuncios en los diarios exigiendo un debido proceso para los perpetradores de la tortura. Sin embargo, la respuesta del entonces gobierno de Belaunde fue categórica: «Si la Iglesia quiere canonizar a uno de estos terroristas, que los canonice» (citado en Youngers, 2003, p. 88). Este caso resultó crítico porque, tiempo después, se evidenció que Cox sí era un alto miembro de Sendero Luminoso. A partir de este caso, la defensa de los derechos humanos se hizo privativa de las personas que no estaban involucradas con los grupos subversivos y el movimiento de derechos humanos puso mayor cuidado en la investigación de antecedentes de las personas que pasaría a defender. ¿Cómo quedaría la figura del señor Antonio? Obligado a ser jefe de cuadra, sin mucha formación ideológica, él sentía tanto miedo de ser confundido con senderista como de ser considerado delator.

La metáfora «entre dos fuegos», propuesta inicialmente por Carlos Iván Degregori (1985b) para explicar la manera en que los campesinos peruanos se encontraban ubicados entre la violencia de Sendero Luminoso y la represión autoritaria de las fuerzas armadas, no nos ayuda a entender estas zonas complejas y grises del conflicto ni las relaciones de poder que se tejen cuando la convivencia entre víctimas y perpetradores es tan cercana. Más bien, permite la emergencia de un sujeto víctima despolitizado en el gran texto nacional y que se encuentra ubicado en medio del cruce de violencia que ejercen sobre su cuerpo y su localidad los militantes de los grupos alzados en armas y también los miembros de las fuerzas armadas. La metáfora es importante, porque ayuda a poner atención y dar centralidad a la víctima en el relato nacional, pero no ayudará a mirar la complejidad en su propia densidad histórica y la cotidianidad del conflicto. En los testimonios que recogió la CVR, encontraremos menciones a lugares y eventos que darán forma al testimoniante, pero muy pocas veces a la voz y figura del perpetrador, que aparecerá de forma más gaseosa, menos explícita y ubicable. Los términos «víctima» y «perpetrador» se excluyen mutuamente y no permiten mirar lo que la cotidianidad del conflicto generó en las propias localidades, por ejemplo, don Antonio.

Lo que sí permite esta manera de percibir al sujeto víctima es definirlo y aquí tenemos algunos rasgos claros. La violencia será descrita como «masiva», pero «selectiva». Como hemos dicho anteriormente, queda claro que la víctima en el caso del conflicto armado interno peruano tiene un rostro indígena, rural y pobre. A pesar de que el número mayoritario de víctimas directas en el conflicto armado interno fueron de género masculino, el vocablo víctima suele asociarse, más bien, a una víctima femenina. En este sentido, se haría referencia a quienes quedaron. Cuando desde el Estado se habla de víctimas para fines de programas concretos como el PIR, en la mayoría de los casos no se hace referencia a las víctimas directas, sino a quienes quedaron: las viudas, los viudos, los huérfanos, los torturados y torturadas, las violadas.

Aquí notamos dos niveles de uso y significado que se traslapan en una misma categoría. Tenemos a la víctima que ha sido afectada en un momento dado del conflicto armado interno, es decir, que tiene una ubicación espacial y temporal concreta en ese momento y que pudo no haber sobrevivido. Por otro lado, también está la víctima que queda luego de ese evento traumático, que puede ser incluso otra persona, por ejemplo, la viuda o el huérfano, o la misma persona que se transforma en otra tras el evento, como han sido los casos de violencia sexual y tortura (como doña Marcelina).

En el debate de justicia transicional ya se habla de «modelos» establecidos de comisiones de la verdad6. En estos modelos, el posicionamiento de la figura de víctima se convierte en el punto de partida para construir a la de perpetrador y dar la legitimidad a «los emprendedores de justicia transicional» (Madlingozi, 2010).

La condición de víctima o la victimización es una categoría jurídica que se utiliza en el discurso humanitario para definir a una persona que ha sufrido el abuso y la eliminación de sus derechos. Como postula Didier Fassin (2008), hay un predominio y abuso de esta condición que se observa en el discurso humanitario neoliberal actual. Este predominio exige también mirar a quienes construyen la categoría y se apropian del sufrimiento del otro.

Las víctimas emergerán como los «testigos», cuyas representaciones serán llevadas a cabo en espacios públicos y políticos por estos emprendedores de justicia transicional (Brants & Klep, 2013). Sin embargo, la dinámica es más compleja, puesto que tanto víctimas como emprendedores de justicia transicional se necesitarán mutuamente para legitimar su papel. Además, habrá casos en los que las víctimas asuman el papel de emprendedores de justicia transicional, pues estas categorías no son excluyentes7.

El asunto es que, propuestas de esta manera y al enfocarse en testimonios personales sobre grandes narrativas, las comisiones de la verdad no colocan a víctimas y perpetradores al mismo nivel en la construcción del relato histórico (Nwogu, 2010). Tampoco permiten visibilizar las simpatías iniciales, inclinaciones e incluso participaciones de las «víctimas» como otros actores del conflicto armado interno. Solo años después de presentado el Informe final de la CVR, aparecen relatos con más aristas, como es el caso del texto autobiográfico de Lurgio Gavilán (2012) y José Carlos Agüero (2015). Gavilán nos muestra diferentes momentos de su vida y su participación en los distintos grupos enfrentados durante el conflicto armado interno. El ejemplo del testimonio de Gavilán nos ubica en el terreno fangoso de la construcción de la categoría de víctima desde «nuestros» parámetros: los de la sociedad urbana y letrada. Desde esta mirada, se define quién forma parte de la categoría y quién queda afuera. El diseño de las políticas públicas se desarrolla en Lima y desde ahí se aplica a las regiones del resto del país.

El «ser víctima» no queda en el plano de las ideas: tiene consecuencias concretas, tangibles, palpables. Por un lado, te vuelves potencial beneficiario de un programa social del Estado, e incluso, en el marco de este, de una reparación económica individual; por otro, tus paisanos nunca te verán de la misma forma; querrán saber qué te sucedió o por qué tú recibiste un dinero del Estado y ellos no. Los rumores emergen como una polvareda y reviven los momentos antes, durante y después del conflicto armado interno. Es un conflicto que no está tan cerrado como quisiéramos creer.

Llegando a Huanca Sancos

Sancos, 6 de agosto de 2013

El salón consistorial estaba lleno. Nos habíamos propuesto contar a los miembros de la Asociación de Víctimas de Huanca Sancos de qué trataba nuestro estudio. La convocatoria la realizó Nilton Salcedo, el presidente de la asociación. Vino mucha gente. Había dirigentes de los anexos, distritos y comunidades vecinas de Calvario, Caracha, Yanama, Cruzpata, Piscconto, Accorqocha… Después de las presentaciones formales, una señora levanta la mano y dice:

 A: ¿Puedo preguntar?

 M: Pregunte nomás.

 A: Mi hijo en la época del terrorismo ha muerto golpeado mientras el otro desapareció. Hasta ahora no aparece, y de eso… ¿De los dos puedo recibir eso lo que dicen reparación o no? ¿Cómo es eso?

Otra señora nos dice:

 B: De mi hijo no he recibido completo; a algunos les habían dado 10 000 así nomás me ha dado y ahora no quiere darme.

Otra señora añade:

 C: Con mis animalitos estando en el campo no he podido venir. Tengo mi hijo, se escapa, y mi hijo ha muerto hace tiempo, ya ha muerto con así feo. Ha muerto, señor, con hacha me ha perseguido. Yo también estoy enferma [llora].

 M: Señora, no llores por favor. Deberías ir con la señora María para hacer tu inscripción.

 C: Yo no me he inscrito.

Otra persona afirma:

 D: También, señorita, todos los documentos de mi padre desaparecieron; mis documentos se han quemado, todos los documentos han desaparecido. Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer para sacar?

Y muchas preguntas más… Habíamos comenzado cerca de las seis de la tarde y terminamos pasadas las diez de la noche.

Llegamos a Sancos luego de pasar un tiempo en Lucanamarca. Fue allí donde comprendimos que la historia de cada una de estas localidades, si bien contiene sus propias particularidades, debe verse en conjunto, como la historia de una región que comparte más allá de apellidos, un colegio secundario en el cual se forman y formaron casi todos los jóvenes de la región, una élite local fuerte y una historia de relaciones densas con la costa (Ica y Lima), con la capital Huamanga y con el sur de Ayacucho (Lucanas). Lucanamarca, Sancos y Sacsamarca son localidades con comunidades asentadas en Ayacucho y extendidas a través de asociaciones de residentes en Ica, Ayacucho y Lima.

Apenas arribamos a Sancos, además de buscar al alcalde, al presidente de la comunidad y otras autoridades, queríamos tener una reunión con los representantes y miembros de la Asociación de víctimas. Esta se llevó a cabo gracias a Nilton, su presidente, y al alcalde, que nos autorizó a utilizar el espacio del salón consistorial de la Municipalidad. Pensando que no vendría mucha gente, compramos algunas gaseosas y galletas para la conversación.

Fue una sesión intensa que comenzó al caer la tarde y contó con una masiva asistencia de los miembros de la asociación8. Asistieron representantes de todos los barrios de Sancos, e incluso de algunos anexos como Calvario, Tranca, Acuchimay, Raquina, Cruz Pata, Pisqonto, Accorccocha, Urabamba (anexo), Caracha, Yanama, Centro Uno y Centro Dos, y Pomapasa. Había una gran necesidad de preguntar y alzar su voz para que se les ayude a absolver dudas sobre el funcionamiento del PIR. ¿Por qué unas personas sí lograban inscribirse y otras no? ¿Por qué las listas se publicaban, resaltando algunos aspectos de aquello que los había afectado, y no salían para todos? ¿Por qué el caso de tal o cual había quedado paralizado? Y así sucesivamente.

Hay dos aspectos visibles aquí: la manera en que el programa configura un perfil de víctima que no necesariamente dialoga con la forma como las mismas personas se sienten o identifican, y cómo, sin proponérselo, el RUV había funcionado como una tecnología de poder del Estado que organiza el conjunto de personas que han padecido durante el conflicto a través de una tipología de víctimas basada en sus afectaciones.

Esto ocasiona sentimientos profundos de contrastar dolores y afectaciones, y trazar un universo subjetivo que emerge ya jerarquizado. Esa tarde, conocimos a muchas personas con sentimientos encontrados acerca de quienes habían logrado irse o salir de Sancos por tener familiares o medios económicos para hacerlo. Quienes se quedaron, como los pastores y otras personas sin recursos, se llevaron la peor parte. Además, en esa reunión, algunas personas mencionaron sobre los casos «observados», es decir, de quienes se habían inscrito en el RUV; sin embargo, sea por falta de documentación o porque sus nombres aparecían en alguna lista que los hacía parecer como simpatizantes o cercanos a Sendero Luminoso, sus casos habían sido detenidos en alguna parte del proceso. En Huanca Sancos, hacia 2013, había cerca de cincuenta casos observados.

Tanto en Lucanamarca como en Sancos hubo módulos de atención del RUV, muchos conducidos por la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), la ONG que había instalado una oficina en Lucanamarca luego del trabajo de la CVR. Atendieron las inscripciones de familiares de acuerdo con los tipos de afectación y brindaron información sobre el funcionamiento del programa y el discutido artículo 4. Si bien el proceso comenzaba en la propia localidad, continuaba con el envío de los expedientes y las solicitudes a Huamanga con el fin de que los casos fuesen revisados y luego derivados a Lima para su última verificación. Lo que esta cadena de funciones generaba era falta de información y acumulación de poder en quien se erigía como funcionario o funcionaria. El último escalón de esta cadena de mando y funciones era el familiar que logró inscribirse en el RUV.

Un argumento central en este libro es pensar las maneras como las distintas poblaciones han formado a una suerte de trabajo regulatorio y de gobierno que asumen es el Estado. El «Estado», como bien señalan Das y Poole (2004), no es un ente administrativo monolítico, sino que configura sus prácticas políticas de regulación y gobierno desde sus propios márgenes. El sur y centro de Ayacucho ya son un margen del Estado, en tanto la herencia colonial hace que el Estado peruano esté extremadamente centralizado en Lima. No es gratuito que los expedientes de reparación deban finalmente revisarse en Lima, como tampoco lo es que sea desde Lima que se envían las listas con los potenciales beneficiarios. Es una relación absoluta de ida y vuelta. El problema es que, en el medio, quedan las personas sin respuestas de sus casos que expresan situaciones de mucho dolor y padecimiento de largos años de incomprensión.

Si la historia se constituye como una forma en que se transmiten discursos hegemónicos de poder, lo es también la manera como algunas instituciones centralizan y acaparan el poder. En este caso, el pequeño escritorio de quien se encargaba de llevar el registro de víctimas del Consejo de Reparaciones en Huanca Sancos constituía este horizonte de poder. Ella tenía acceso a la información que recibía desde Ayacucho, que, a su vez, procedía de Lima. «Lima decide»; «Lima es quien aprueba». Sus contundentes frases reafirmaban la centralidad del proceso y dónde finalmente radicaba (y radica) el poder último.

Aquella reunión en el salón consistorial se extendió por varias horas. Ahí dejamos de ser antropólogas para convertirnos en funcionarias del RUV9; es decir, asumimos el papel de funcionarias del Estado para, en la medida de nuestras posibilidades, informar sobre cómo era el proceso de inscripción en el registro, las verificaciones de nombres y casos y el trabajo que se desarrollaba tanto desde el Consejo de Reparaciones como desde la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN).

Al igual que otros antropólogos y antropólogas en trabajo de campo, a lo largo de este estudio asumimos distintos papeles, ya sea por iniciativa nuestra para generar una situación etnográfica (Guber, 2004) o «para-sitio» (Marcus, 2013) o por cómo la gente nos percibía. En su trabajo con familias beduinas en el norte de Egipto, Lila Abu-Lughod (1986) narra cómo pasó de ser la «invitada en la familia» a la hija adoptiva, mujer y, finalmente, antropóloga. Del mismo modo, Deborah Poole (2000), durante su trabajo de campo en Cusco, narra cómo pasa a convertirse en fotógrafa del pueblo y cómo esta actividad la hace interesarse en la fotografía y la economía política de la imagen inserta en una discusión sobre raza y etnicidad en el lugar.

Los distintos papeles que asumimos durante el trabajo de esta investigación nos ayudaron a ver aquello que no necesariamente está a flor de piel, y también a transitar en diferentes pequeños mundos sociales, entre la comunidad, las oficinas del Estado, los círculos académicos y los hogares de muchas personas. Ser de Lima y venir de una universidad privada nos colocaba en una posición de privilegio que se describió desde el inicio del estudio.

Cuando arribamos, sostuvimos una reunión con el alcalde Cirilo Pacheco, que nos recibió cálidamente para presentarnos a quien, en ese momento, se encargaba del RUV en la localidad10. Él tenía especial interés en que la historia de Sancos fuese estudiada. Sentía, como muchos sanquinos que Lucanamarca y Sacsamarca, que eran los relatos más conocidos en Lima y cuya historia tenía que saberse. También —en una dimensión más personal que luego comprenderíamos— él había perdido a su hermano en la guerra. Cuando se refería al colegio, enfatizaba el hecho de que eran muy jóvenes y no sabían lo que hacían (una forma de absolver deudas). El alcalde nos abrió las primeras puertas. Las otras puertas nos las abrió Nilton, presidente en ese momento de la Asociación de Víctimas, quien nos introdujo también en su red familiar; Napoleón, Elvira y los profesores del colegio Los Andes. Fuera de esos márgenes, aparecieron Kelly, vendedora de jugos en la puerta de su casa, y su esposo Wilson, que venía de Puno, quienes nos ayudaron con el transporte y a conocer el espacio, el territorio: el helicóptero derruido en lo que quedaba de la base militar, la granja comunal, las estancias, las aguas termales en disputa constante con Sacsamarca, y el camino ida y vuelta a Lucanamarca.

Nuestros primeros contactos eran, sobre todo, las autoridades (casi todos varones) y miembros de la élite local entre quienes sí había mujeres, pero de las familias que habían gobernado históricamente la región. El «estar ahí», como diría Geertz (1988), nos permitió avanzar en la construcción de lazos sociales en la localidad. La fotografía es fundamental para pasar de la historia como anécdota a (intentar) comprender un contexto complejo entramado de relaciones, tensiones y pulsiones constantes, en las cuales la historia era una más de una serie de marcas y para colocar un rostro a los nombres de quienes ya habíamos conocido a través de relatos.

Además, como veremos, las imágenes ayudaron a motivar conversaciones, a recordar cómo eran las personas, a contar con emoción sus vivencias. Los eventos marcan y dejan secuelas en los cuerpos y territorios. Aquí las imágenes quedaron en algunas postales de papel gracias al trabajo del tío de Nilton, Nicasio, y a Mariano Alarcón, los fotógrafos de Sancos. Ha sido un arduo y largo trabajo en el que, poco a poco, no solo fuimos conversando con más personas, sino develando las capas y horizontes históricos atravesados por ideas de clase, raza y género, no sin antes (como el epígrafe que abre esta sección muestra) atravesar nosotras por distintos papeles: ser vistas como funcionarias del PIR, miembros de alguna comisión de la verdad, ingenieras, maestras de escuela, abogadas o fotógrafas (todo menos antropólogas).

Objetivos y organización del libro

Nuestro interés a lo largo de esta investigación es romper algunas ideas o metáforas y asumir el Informe final de la CVR como una gran narrativa sobre la nación e ir más allá de esta. La metáfora «entre dos fuegos» fue propuesta inicialmente por Carlos Iván Degregori (1985b) para explicar la manera como los campesinos peruanos se encontraban ubicados en el campo, entre la violencia de Sendero Luminoso y la represión autoritaria de las fuerzas armadas. Esta es la metáfora que recorre cómo se otorga centralidad a la figura de víctima en el Informe final de la CVR (su voz y su testimonio dan sustento a los estudios de casos a profundidad y también a la reconstrucción de eventos desde una perspectiva sociológica e histórica). Sin embargo, ideológicamente, esta metáfora es problemática, porque hay en sí una forma de ver a la víctima (o al «sujeto de-en-medio») como un individuo despolitizado; es decir, no recoge la agencia del sujeto (como diría Veena Das) que nace de su dolor. Además, se vuelve problemática porque construye la figura de un sujeto apolítico, mejor dicho, de una víctima apolítica cuando será la propia historia de estos pueblos que muestren, más bien, una vida política dinámica (capítulos 2 y 3).

Al mismo tiempo, esta metáfora plantea la oposición casi natural entre víctimas y perpetradores: ¿puede un perpetrador ser visto como víctima? ¿Puede una víctima volverse perpetrador? ¿Dónde quedan las zonas grises del conflicto? En las batallas de memoria que han aparecido en el espacio público, luego de la presentación del Informe final de la CVR en 2003, vale destacar los relatos de perpetradores o de quienes tomaron la decisión de seguir el camino del PCP-SL siendo niños, como ha sido el caso de Lurgio Gavilán (2012). Estos relatos complejizan el panorama, ya que no se trata de categorías homogéneas ni estáticas. Al contrario, pensar en términos de «perpetradores» o «víctimas» es ir más allá y comprender sus propios matices (los límites y complejidades de un país poscolonial y posguerra como el peruano).

Otro de nuestros objetivos es dejar atrás esa idea arraigada en el dominio popular que destaca el centralismo del Estado peruano como analógico, con una realidad que no trasciende y que niega la presencia del Estado en zonas alejadas, ya sea por las dificultades de las rutas de acceso antes que por resaltar las distancias culturales y sociales, que muchas veces son más dramáticas. Así, a la metáfora de «entre dos fuegos» se une otra, que es la de un «Estado inexistente», que va de la mano de otra metáfora creada por el historiador tacneño Jorge Basadre: la dicotómica relación entre un «Perú profundo» y un «Perú oficial». Si con la primera metáfora se despolitiza al sujeto víctima, con esta segunda se despolitiza el campo.

Ya Jayme Patricia Heilman (2010) ha mostrado en su extraordinario recuento histórico los debates políticos presentes en las provincias de Vilcashuamán, Víctor Fajardo, Cangallo y Huanta en Ayacucho en las décadas anteriores al conflicto. Ahí, la figura de Fernando Belaunde destaca como líder político y su proyecto de reforma agraria resalta como un deseo común de obtener acceso y control a sus tierras. Además, anteriormente, la comisión integrada por el señor Ananías Sumari Mendoza, entre otros, fundó el colegio secundario Los Andes en Sancos. La historia de este colegio, de más de cincuenta años, refleja un proceso político denso y complejo. Nos habla, por un lado, de la presencia del Estado a través del sistema educativo, y por otro, describe una gran voluntad de cambio y movilidad social (que sus hijos estudien en su localidad y que quienes no tenían acceso a la educación secundaria puedan también ser instruidos).

Alberto Fujimori estuvo dos veces en Huanca Sancos, una en 1995 y otra en 1997. En ambas ocasiones, llegó en helicóptero. Con su visita se realizó el proyecto de electrificación y la construcción en material noble del nuevo local del colegio nacional Los Andes. Al mismo tiempo, las imágenes de Belaunde en su recorrido por el país se conservan y se muestran en el municipio de Lucanamarca. Belaunde fue el primer presidente que «casi» llega a Lucanamarca (se quedó en las punas altas, en el camino entre Sancos y Lucanamarca), pero su recuerdo pervive en el municipio e historia de la localidad. Después de Belaunde, Alejandro Toledo arribó a Lucanamarca para participar de la ceremonia de entierro digno; más adelante, en 2013, Ollanta Humala también llegó para dar un discurso sobre reparaciones. No estamos hablando, pues, de lugares alejados ni distantes del Estado.

Este libro cuenta las historias de Lucanamarca y Sancos a través de las muchas memorias e historias de personas. Sus nombres están protegidos con seudónimos. Solamente en casos de personas públicas dejamos los nombres reales. Los capítulos 1 y 2 se centran en la historia larga y profunda para mostrar desde allí la trama de relaciones políticas y sociales, la manera como una élite construye el Estado para una región para luego, durante los años de guerra, encontrarse con un Estado represor y autoritario. Usamos imágenes como articuladoras de los testimonios recogidos y también para mostrar el lado más humano y la vida cotidiana de una guerra deshumanizadora. El capítulo 3 trata sobre el Estado neoliberal al que describimos como gestor por cómo las políticas públicas de reparaciones serán tratadas en el caso peruano.

Finalmente, el capítulo 4 trata sobre las experiencias de la reparación. Mientras las voces contarán las experiencias de los sujetos, estos ayudarán a informar sobre el funcionamiento de una política social: las circunstancias alimentarán la mirada sobre lo problemático que es pensar una política social de reparación en un país donde no todos los ciudadanos cuentan con iguales oportunidades ni derechos. Por último, el libro cierra con un epílogo en el que narramos dos eventos entrecruzados. Primero, nos detenemos en la gran marcha en la que acompañamos a quienes cuentan sus historias en este libro a pedir el incremento de la reparación económica y más oportunidades en materia de reparaciones en educación, salud mental y vivienda. Segundo, pasamos revista a una serie de exposiciones de arte con las cuales representamos los hechos aquí narrados. Lo simbólico es también un terreno en el cual la misma representación dará forma a la cosa representada. Así, Lucanamarca será recordada por el baño de sangre, mientras que Sancos pasará a formar parte de los demás pueblos andinos, costeños y amazónicos por donde pasó la violencia y se quedó allí en la misma indiferencia del Estado.

1 En el diario en el que la señora Liduvina García escribe para el equipo de la CVR, quien investigó a profundidad sobre Huanca Sancos, se señala el 18 de diciembre de 1984 como una de las fechas en las que ocurrió la quema del mixto de la comunidad.

2 Las denuncias se realizaron principalmente en centros urbanos y centros poblados donde hubo comisaría o juzgado de paz.

3 En este libro, utilizaremos «Huanca Sancos» en referencia a la provincia y «Sancos» en referencia a la comunidad, municipio y distrito.

4 Entrevista a un profesor del colegio Los Andes sobre Huanca Sancos. Expedientes y documentación de Carlos Iván Degregori.

5 Partes de esta sección son tomadas de Ulfe y Málaga Sabogal, 2015.

6 Por ejemplo, véase la conferencia de Eduardo González en el Seminario Internacional «Política en justicia transicional. Diez años de verdad y memoria en el Perú: miradas históricas y comparativas sobre el legado de la CVR», realizado en Lima entre el 20 y el 22 de agosto de 2013.

7 Véase el estudio realizado por Iris Jave sobre los casos de dos hijos de padres desaparecidos que luego se vuelven líderes jóvenes en las asociaciones regionales de víctimas: «Cómo se construyen los actores políticos. El caso de los líderes de organizaciones de familiares de víctimas del conflicto armado interno de Ayacucho y Lima durante el periodo posconflicto en el Perú 2000-2013», ponencia presentada en el Congreso Internacional de Latin American Studies Association, Chicago, mayo de 2014.

8 La asociación está conformada por muchos más miembros de los 117 fallecidos en Sancos (según datos oficiales de desaparecidos y muertos, lista preparada por Aymé Marquina, anterior presidente de la asociación). Hay 1900 personas acreditadas como víctimas en toda la provincia.

9 Sobre esto hemos publicado en Ulfe y Málaga Sabogal, 2017b.

10 El señor Cirilo Pacheco fue alcalde de la provincia de Huanca Sancos entre 2007 y 2014.