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LA BANCA QUE TENÍAMOS

El modelo bancario español, denominado de intermediación financiera o de banca continental, se ha caracterizado por poseer una banca que se ha dedicado a desarrollar principalmente las funciones clásicas de captación de los recursos financieros de las unidades excedentarias (las que les sobra financiación) para asignarlos a las deficitarias (las que les falta financiación). Se ha tratado de un modelo fuertemente regulado (por el Banco de España como autoridad monetaria reconocida por el Ministerio de Economía) y en el que han primado ampliamente las relaciones directas con las empresas no financieras y la economía real (empresas y particulares). Ha sido, en definitiva, un modelo de banca muy arraigada en las necesidades de la economía real, con la cual ha establecido fuertes vínculos empresariales.

Este modelo bancario está formado por tres tipos diferentes de entidades de crédito (o entidades bancarias): los bancos comerciales, que toman la forma jurídica de sociedad anónima; las cajas de ahorros, que toman la forma de fundaciones participadas por los poderes públicos; y las cooperativas de crédito, que toman la forma de empresas cooperativas.

Además, y aunque las tres clases de bancos generalmente han ofrecido un sistema de banca universal dirigido a todo tipo de cliente, cada una de estas entidades se ha especializado en ofrecer un tipo de producto y servicio bancario dirigido a unos segmentos concretos de la economía real. Los bancos se han dirigido principalmente a las grandes empresas y fortunas, las cajas de ahorros se han centrado en el pequeño ahorrador urbano y las cooperativas de crédito han enfocado su negocio al sector agrario y a los pequeños ahorradores rurales. Este hecho ha favorecido la existencia de un sistema bancario vinculado a las necesidades reales de la sociedad, canalizando el crédito bancario hacia las empresas y los particulares. Bancos y cajas de ahorros presentan unas cuotas de mercado similares en torno al 45%, mientras que las cooperativas de crédito tienen una cuota que apenas llega al 8% del total del sector, si bien su importancia social las convierte en organizaciones relevantes en determinados sectores económicos y localidades a pesar de su escasa cuota de mercado. Sin embargo, la vocación de banca comercial al servicio de las empresas y los particulares se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, siendo sustituida por una banca más preocupada por la obtención de beneficios económicos fáciles y rápidos a través de la especulación inmobiliaria y el abuso en el cobro de comisiones y cláusulas crediticias, como iremos analizando a lo largo de estas páginas.

Los bancos comerciales, en forma de sociedades anónimas, han operado en España en una cantidad próxima al centenar, y además de existir bancos de capital español (que son los que han dominado el mercado financiero), también operan bancos extranjeros (de otros países de la Unión Europea, principalmente) que han ido incorporándose al mercado bancario español desde que se liberalizara el sector a finales de los años setenta del siglo XX. Tres grandes grupos bancarios lideran, con más del 80% de los activos, los depósitos y los créditos totales, este subsector: el Santander, el BBVA (Bilbao-Vizcaya-Argentaria) y el Popular; aunque también existen otros bancos de mediano y pequeño tamaño que compiten en el mercado bancario con los grandes y con el resto de entidades financieras. Hasta principios de los años noventa existió también una banca pública liderada por el Instituto de Crédito Oficial ICO, las llamadas entidades oficiales de crédito, dedicadas a financiar actividades específicas de la economía como el mercado hipotecario, el sector exterior, las Administraciones Locales o la industria, y que como veremos en el capítulo siguiente, desapareció tras una fuerte concentración y su posterior privatización y fusión con el BBV (Banco Bilbao-Vizcaya).

Las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito presentan diferencias significativas en relación con los bancos, tanto en sus estructuras organizativas como en su manera de hacer negocio bancario. Estas diferencias son debidas a sus orígenes, los cuales se enmarcan dentro de fines claramente sociales, que han regido su funcionamiento durante bastantes años. Sin embargo, como se verá más adelante, estas diferencias han ido desapareciendo a lo largo del tiempo, a través de un proceso de transformación que se ha conocido como la «bancarización» de las cajas de ahorros y en menor medida también de las cooperativas de crédito; proceso que las ha igualado con los bancos en la manera de hacer negocios, e incluso han llegado a superar a los bancos en su carácter especulador, como ha sucedido por ejemplo en el caso de la financiación de los promotores inmobiliarios y constructores, donde mientras los bancos han ido abandonando en parte dicho negocio, las cajas de ahorros se han lanzado desenfrenadamente, asumiendo riesgos excesivos y sin ningún tipo de control por parte de sus Consejos de Administración.

A continuación se analizan los aspectos que han caracterizado históricamente a las cajas de ahorros y cooperativas de crédito y que las han hecho diferentes, mientras se han mantenido intactos, frente a la banca agresiva y especuladora. Se hace necesario conocer con cierto detalle estos aspectos, para entender mejor el enorme cambio que se ha producido durante las dos últimas décadas en el sistema bancario español; cambio que lejos de ser positivo, ha supuesto una regresión en los valores sociales de la banca, perjudicando los intereses generales de la sociedad española.

Orígenes sociales de la banca en España: pósitos, secciones de crédito y montes de piedad

Los orígenes del crédito en España se remontan al siglo XV con la creación de los Pósitos. La finalidad de los pósitos era regular los cereales panificables mediante la concesión de préstamos de granos para la siembra, los cuales se reintegraban con un incremento denominado «creces», que servía para atender los gastos de administración y de incobrables de dichos préstamos. De facto, funcionaban como un pequeño banco agrario, a través del cual se intentaba defender a los agricultores de la usura, práctica que estaba muy arraigada en aquella época, sobre todo en el campo. El primer pósito se creó en Molina de Aragón (Guadalajara) en el año 1478, aunque comienzan a ser regulados a partir de 1588, año en el que se calcula que existen unos 12.000 pósitos en toda España. Tenían ámbito municipal y surgían por convenios de los vecinos o de fundaciones que eran propiedad de personas con ánimo caritativo.

La mayor parte de los pósitos eran administrados por los Ayuntamientos hasta que en el siglo XVII empiezan a desaparecer para dar lugar a otras formas organizativas del crédito más avanzadas. Hasta el siglo XIX subsistirán junto con los Montes de Piedad, los cuales nacen en el siglo XVIII y son los antecedentes de las cajas de ahorros. De los pósitos que subsistieron hasta el siglo XIX, surgieron las primeras cajas rurales, cooperativas de crédito dedicadas a financiar a los pequeños agricultores que comenzaron a agruparse en cooperativas. Muchas de estas cajas rurales nacen como la solución a un problema de financiación por parte de una cooperativa agraria: la cooperativa agraria necesita financiación a la medida para atender las necesidades de inversión de sus socios agricultores, ante lo cual decide crear una cooperativa de crédito que actúa como un banco propio al servicio exclusivo de la cooperativa y de sus socios. Así aparecieron numerosas cajas rurales locales, que atendían las necesidades de financiación de la cooperativa agraria del pueblo y de sus socios. El arraigo al territorio donde nacen y el fin social que persiguen, son las características primordiales de este tipo de entidades financieras.

Algunas cooperativas agrarias, en vez de constituir una cooperativa de crédito (lo que exigía la petición de la clave bancaria a las autoridades económicas competentes), decidieron crear una sección de crédito. La sección de crédito es un instrumento financiero al servicio de la cooperativa agraria y de sus socios que no tiene personalidad jurídica propia (forma parte de la cooperativa agraria) y que solamente puede realizar operaciones financieras con los socios de la cooperativa.¹ Es una manera de internalizar la actividad financiera de la cooperativa, con todas las ventajas que esto supone: no hay costes de transacción (no tienen que negociar las condiciones de los préstamos y créditos con una entidad externa) y los recursos crediticios que capta la sección están pensados para financiar a los socios y a la cooperativa.

Solamente las cooperativas pueden tener secciones de crédito, lo que tradicionalmente les ha supuesto una gran ventaja, dado que han podido contar con un instrumento financiero interno al servicio exclusivo de la cooperativa y de los socios. En Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña, han llegado a existir más de un centenar de estas secciones de crédito, lo que demuestra lo necesarias e importantes que han sido para el cooperativismo agrario. En la actualidad siguen subsistiendo, pues la legislación continua contemplando su constitución, pero se encuentran en un proceso de desaparición, dado que muchas de ellas están siendo adquiridas por las entidades bancarias, principalmente por cajas de ahorros y cooperativas de crédito. Las secciones de crédito estorban a la banca, pues son competencia directa sobre todo en las pequeñas poblaciones rurales, y a las autoridades monetarias, que ven en ellas una complicación en su gestión, por lo que han decidido apostar claramente por su desaparición, a través de la aprobación de una legislación muy restrictiva (superior a la exigida a las entidades bancarias) y mediante medidas que favorecen la compra de la sección por parte de la cooperativa a una entidad de crédito.

El pequeño tamaño en el mundo empresarial está mal visto por muchos políticos e ideólogos del neoliberalismo, sobre todo en el sector financiero, por lo que las secciones de crédito suponen una «aberración» que hay que eliminar cuanto antes. Y ello a pesar de que son entidades rentables y eficientes, no sólo social sino económicamente, incluso más que muchas entidades bancarias. Pero eso parece que no importa, lo importante es crear verdaderos monstruos con pies de barro, como Bankia, aunque ello suponga un coste económico desmesurado para el Estado. En todo caso, si esos monstruos no funcionan, siempre se podrán vender por un valor simbólico, después de sanearlos con dinero público, a los omnipresentes grandes bancos, que son los que realmente van a salir beneficiados de esta crisis.

Los Montes de Piedad o Montepíos tenían la finalidad de prestar dinero a los pobres a cambio del empeño de sus pertenencias para que pudieran cubrir sus necesidades básicas (comida y ropa). Sus fines eran claramente caritativos y benéficos. Sus orígenes se remontan al siglo XV cuando surgen en el norte y centro de Italia (Monte di Pietà) a iniciativa de los franciscanos, con el objeto de combatir la usura de la época. Los primeros montes de piedad se desarrollan entre los años 1462 a 1490. En España surgen en el siglo XVI; el primero, el Monte de Piedad de Dueñas, se crea en el año 1550.

Desde los mismos montes de piedad comenzaron a surgir las cajas de ahorros, con el fin de fomentar el ahorro entre las clases populares. Estas surgen en Europa durante la segunda mitad del siglo XVIII a partir de los ideales de Jeremy Bentham, basados en la mejora de las condiciones de vida de las clases trabajadoras, de manera que a través de este instrumento financiero se consigue un nivel mínimo de seguridad económica con la remuneración que las personas recibían de sus ahorros. Las primeras cajas de ahorros nacen en Alemania entre 1765 y 1768, sustituyendo a los montes de piedad.

En la actualidad aún existen, aunque con carácter testimonial, algunos montes de piedad, que se dedican a ofrecer un servicio de crédito prendario a través de las actividades del empeño, el reembolso y la venta en subasta.² En el año 2010 existían 25 montes de piedad que daban empleo a 140 trabajadores, 132 a tiempo completo y 8 a tiempo parcial. Casi las tres cuartas partes de los préstamos que conceden son de un importe no superior a los 600 € y siempre van dirigidos a las personas más necesitadas.

Se puede observar, por consiguiente, que tanto las cooperativas de crédito como las cajas de ahorros surgieron con la finalidad de atender las necesidades de crédito de las clases populares, ofreciéndoles instrumentos a la medida de sus capacidades. Las cooperativas de crédito lo hicieron en gran medida en el ámbito rural, acudiendo a las necesidades de financiación de los agricultores; y las cajas de ahorros lo hicieron en el ámbito urbano, apoyando el ahorro de las clases trabajadoras. Esta característica identitaria de estas dos clases de entidades de crédito perduró durante el siglo XIX y una parte importante del XX, hasta que a partir de finales de la década de los ochenta y sobre todo, durante la década de los noventa, en gran medida las cajas de ahorros pero también en parte las cooperativas de crédito, empiezan a dar prioridad a los rendimientos empresariales y a la expansión de sus negocios bancarios sobre las necesidades de sus clientes.

En la actualidad, estas entidades bancarias son prácticamente irreconocibles. Las diferencias entre las cajas de ahorros de hoy en día y aquellas cajas surgidas de los montes de piedad son abismales. De ofrecer unos intereses a los pequeños ahorradores para garantizar su subsistencia económica han pasado a desahuciar a quienes no pueden pagar las cuotas mensuales de sus hipotecas; de garantizar los ahorros de los particulares han pasado a entrampar a sus pequeños accionistas (generalmente los mismos ahorradores) con títulos participativos cuyo capital es prácticamente irrecuperable; y de facilitar de manera gratuita el acceso a una cuenta bancaria de ahorro han pasado a cobrar comisiones cada vez más cuantiosas por todo. Se ha pasado de una banca comprometida y responsable socialmente a una banca depredadora y especuladora; y de una banca en la que ganaban todos a una banca en la que solo ganan los grandes directivos y consejeros y algunos políticos que han sabido posicionarse.

La banca al servicio del cliente: el crédito cooperativo mutualista

Las cooperativas de crédito, que se han mantenido en un número próximo a 90 entidades durante bastantes años, tienen una doble condición de entidades de crédito (reguladas por el Banco de España y pertenecientes al sector bancario) y de sociedades cooperativas (entidades de la Economía Social). Esta última condición, la de sociedades cooperativas, es la que las diferencia de manera significativa del resto de entidades de crédito (bancos y cajas de ahorros).

Desde el punto de vista del negocio bancario se caracterizan por operar en un ámbito geográfico restringido (más incluso que el de las cajas de ahorros) y por dirigir su actividad a determinados sectores económicos con necesidades de financiación muy específicas. Precisamente, se dividen en tres clases de cooperativas de crédito según el tipo de cliente al que financian: cajas rurales, que se dedican a financiar al sector agrario, principalmente a las cooperativas agrarias y a los socios de éstas (banca especializada agraria); cajas populares, que se dedican a financiar las actividades de los pequeños empresarios de los sectores industriales y de servicios (banca local); y cajas profesionales, que financian a profesionales liberales (abogados, arquitectos, ingenieros), los cuales crean su propio banco.³

Pero la característica determinante de este tipo de entidades de crédito es que sus clientes son a la vez los socios (propietarios) de la cooperativa de crédito. Esta característica es exclusiva de este tipo de entidades y determinante de su condición social. Se trata de entidades mutualistas que surgen para atender las necesidades de determinados colectivos sociales como los pequeños agricultores y los autónomos (profesionales liberales). Son, por tanto, bancos democráticos, donde las decisiones son tomadas en asamblea por los propios clientes de la entidad en su condición de socios. Existen incluso cooperativas de crédito que a su vez presentan la forma de cooperativa de trabajo asociado, o lo que es lo mismo, en las que los trabajadores son a la vez socios de la cooperativa, participando directamente en las decisiones empresariales con voz y voto. Esta capacidad de tomar decisiones no depende del capital aportado por cada socio (como sucede en las sociedades mercantiles de capitales como las sociedades limitadas o las sociedades anónimas), sino que se rigen por la regla «un socio, un voto», independientemente del capital que haya aportado cada uno de ellos.⁴

Nos encontramos, en definitiva, con entidades basadas en una democracia real directa, donde intervienen en sus decisiones tanto los clientes (socios clientes o socios consumidores) como los trabajadores (socios trabajadores). Este hecho es una garantía de que las decisiones que se toman en la cooperativa de crédito, siempre van a beneficiar a sus clientes.⁵

Tradicionalmente, las cooperativas de crédito han sido entidades de ámbito local y muy segmentado a sus clientes, ofreciendo unos servicios financieros a la medida de las necesidades. Se las ha conocido como una banca de proximidad por dirigirse a un cliente al que conocen muy bien y al que siempre han tratado de mantener satisfecho ofreciéndole aquello que realmente necesita y no generándole nuevas necesidades ficticias.

Además de ofrecer una actividad bancaria adaptada a las necesidades financieras de sus clientes, las cooperativas de crédito también se han dedicado a revertir una parte importante de sus beneficios económicos en la sociedad, concretamente en la comunidad local en la cual operan, basándose en el principio de la solidaridad y del interés por la comunidad. Muchas cajas rurales locales han destinado parte de sus beneficios al fomento de la cultura, el arte y el ocio de los municipios, financiando de manera gratuita actividades socioculturales muy diversas que van desde el patrocinio de un equipo local de fútbol hasta el pago de una parte de los costes de las fiestas del pueblo.

Las cooperativas de crédito, por el hecho de ser cooperativas, disponen de un instrumento específico que las define como entidades financieras socialmente responsables y del que solo disponen ellas. Nos referimos al Fondo de Formación y Promoción del Cooperativismo.⁶ Se trata de una reserva obligatoria que la cooperativa dota con el 10% de los resultados netos del ejercicio económico. Esto significa que todos los años se comprometen a destinar una décima parte de sus beneficios económicos a la promoción del cooperativismo, lo que incluye actividades muy diversas, dirigidas todas ellas a beneficiar socialmente a sus trabajadores y a sus socios.

Los fines a los que se dirige son diversos. En primer lugar, se destinan a la formación y educación de los socios, de los representantes elegidos, de los directivos y de los empleados, a fin de que contribuyan de manera eficaz al desarrollo de sus cooperativas. Esto incluye tanto la capacitación técnica de trabajadores y directivos de las cooperativas (formación de los recursos humanos) como la difusión de los valores del cooperativismo entre las personas vinculadas a las cooperativas (adoctrinamiento). También se destina a la promoción del conocimiento mutuo entre directivos y responsables de la gestión, por una parte, y los socios, por otra.

En segundo lugar, se destinan a la promoción de las relaciones intercooperativas y de fomento cooperativo. De esta manera se favorece la intercooperación cooperativa, apoyando la creación y desarrollo de grupos cooperativos empresariales (formados por diversas cooperativas de la misma y de distinta clase que cooperan para mejorar su posición competitiva en el mercado donde operan) y de estructuras políticas del movimiento cooperativo (federaciones y confederaciones que se ocupan de la defensa de sus intereses ante las Administraciones Públicas y ante los grupos empresariales capitalistas).

En tercer lugar, se destinan a la promoción cultural y profesional del entorno, así como a la mejora de la calidad de vida, al desarrollo comunitario y a las acciones de protección medioambiental. Esta es la denominada obra social de las cooperativas de crédito, similar a la que realizan las cajas de ahorros.

Para facilitar la canalización de estos fondos, las cooperativas de crédito han creado fundaciones, las cuales se ocupan de gestionar dichos recursos. De esta forma se garantiza la autonomía de gestión y el compromiso territorial. También pueden crearse fondos comunes entre varias cooperativas, a través de las aportaciones de cada una de las cooperativas y destinados a desarrollar fines cooperativistas, mutuales y de interés social entre ellas.

Desgraciadamente, desde que estallara la crisis financiera en el verano del 2007, las partidas destinadas a este fondo por parte de las cooperativas de crédito han ido disminuyendo año tras año, lo que está repercutiendo negativamente en las comunidades locales a las cuales han servido tradicionalmente. Del mismo modo, se ha de señalar que algunas de estas cooperativas de crédito también han sucumbido a la «erótica del ladrillo» y aunque no han llegado a los mismos niveles que las cajas de ahorros, sí que han invertido también una parte de sus pasivos en activos tóxicos inmobiliarios, lo que ha supuesto el aumento de sus tasas de morosidad y determinadas dificultades de solvencia; dificultades que por otra parte se han intentado resolver mediante operaciones de fusiones reales y frías, al igual también que en las cajas de ahorros, creando bancos cooperativos de mayor dimensión empresarial, alejados cada vez más de las necesidades reales y específicas de los que hasta ese momento habían sido sus clientes preferenciales (pequeños agricultores, trabajadores autónomos, pequeñas empresas, etc.).

La banca del pequeño ahorrador: las cajas de ahorros y su obra social

Las cajas de ahorros, que se han mantenido en un número próximo a 50 entidades durante bastantes años, se han caracterizado, no solamente por operar en el sector bancario, sino también por destinar una parte de sus beneficios a la denominada Obra Social, a través de la cual se han dedicado a revertir en la sociedad (mediante actividades culturales y sociales) una parte considerable de los beneficios económicos conseguidos a través de su negocio bancario. Esta labor las convertía también, al igual que las cooperativas de crédito, en entidades financieras socialmente responsables.

Estas entidades de crédito surgieron a finales del siglo XVIII en Alemania y a partir de comienzos del siglo XIX, una vez desarrolladas en Francia, comienzan a operar en España. Son anteriores, por tanto, a los bancos comerciales. Sus orígenes son altruistas, pues tienen como finalidad facilitar el acceso al crédito y a los servicios bancarios en general a las clases populares, y operan desde el ámbito municipal, es decir, presentan un carácter claramente social y local. Este carácter territorial y de proximidad al cliente ha marcado su manera de hacer negocio durante un tiempo considerable.

La actividad bancaria de las cajas de ahorros se ha caracterizado durante muchos años por tres elementos fundamentales: su actividad se dirigía en gran medida al por menor y se orientaba preferentemente a particulares, pequeñas y medianas empresas y corporaciones locales (Ayuntamientos); en sus operaciones de activo (de préstamos y de créditos), tenía un gran peso el mercado hipotecario (préstamos para la adquisición de vivienda a particulares); y tenían una fuerte vinculación al territorio de donde surgen, no solo por sus orígenes históricos sino también por las restricciones legales impuestas en materia de expansión geográfica, que limitaba su actuación a la comunidad autónoma donde tenían la sede central.⁷

Un instrumento característico de la actividad social desplegada por las cajas de ahorros durante las primeras décadas del siglo XX fue el coeficiente de inversiones obligatorias. Según este coeficiente, las cajas estaban obligadas a destinar una parte importante de sus recursos a financiar inversiones de carácter social. Así, financiaban sectores económicos con mayores dificultades de acceso al crédito y lo hacían a unos tipos de interés inferiores a los del mercado. Qué importante sería disponer de esta herramienta en la actual crisis económica para destinar financiación a las pequeñas y medianas empresas que se encuentran financieramente ahogadas. Pero el coeficiente de inversiones obligatorias de las cajas de ahorros fue eliminado en el año 1985, como una medida más adoptada dentro del proceso de bancarización de las cajas de ahorros iniciado a mediados de los años ochenta.

Además de la actividad bancaria, las cajas de ahorros han llevado a cabo una importante labor social a través de su Obra Social.⁸ Su objetivo es evitar la exclusión financiera y fomentar el desarrollo económico y el progreso social. Pero la parte más visible de la obra social de las cajas de ahorros es su actividad sociocultural, que incluye acciones muy diversas relacionadas con la cultura y el arte en general, el deporte, el medio ambiente, la integración sociolaboral, la conservación y restauración del patrimonio histórico-artístico y otras áreas sociales.

Las áreas concretas en que se estructura la distribución de la obra social son: 1) la asistencia social y sanidad, que incluye acciones como viviendas tuteladas y centros para personas mayores, programas asistenciales para personas discapacitadas y campañas preventivas en sanidad, y que representa la partida mayor del total de la obra social con un porcentaje aproximado del 45%; 2) la cultura y el tiempo libre, que incluye la celebración de conferencias, congresos, concursos, cursos, seminarios y jornadas y los programas de animación, y que representa la segunda partida más importante de la obra social con un porcentaje cercano al 30%; 3) la educación e investigación, mediante el apoyo a centros educativos e investigadores de todo tipo (de enseñanzas especiales, universitarios, de educación básica y secundaria), que representa un 15% del total de la obra social; y 4) el patrimonio histórico artístico y natural, que incluye actividades muy diversas como la rehabilitación de zonas despobladas, la conservación de núcleos de interés histórico artístico o la restauración de obras de arte, entre otras.

La Obra Social de las cajas de ahorros se puede materializar de diferentes formas: obra propia o acciones ejercidas directamente por la cajas de ahorros; obras realizadas en colaboración con otras instituciones públicas o privadas; donativos, subvenciones, convenios de colaboración, etc. a favor de organizaciones que realicen acciones propias; y a través de fundaciones o patronatos creados por las cajas de ahorros, ellas solas o en asociación con entidades colaboradoras.

El importe destinado a la obra social por parte de las cajas de ahorros ha ido descendiendo de manera alarmante desde que estallara la crisis financiera de 2007. Generalmente han aportado alrededor del 25% de sus resultados antes de impuestos, pero este porcentaje ha ido disminuyendo en la medida en que las cajas de ahorros se han visto afectadas por la crisis y por una mayor presión fiscal. En el año 2011, las cajas de ahorros españolas destinaron a la obra social 3,7 millones de euros, mientras que en el año 2008 fueron 4 millones de euros los que dirigieron a las actividades sociales.

En la actualidad, la Obra Social de las cajas de ahorros, además de haberse reducido significativamente, está en cuestión, y la imagen de las cajas ha caído en picado, tras los escándalos de malversación de fondos, mala gestión y expolio al que las han sometido los directivos bancarios con el beneplácito de determinados políticos.

La banca al servicio de la sociedad: la banca pública

Desde principios de los años sesenta del siglo XX hasta los comienzos de la década de los noventa, España ha gozado de una banca pública solvente y eficaz, liderada por el Instituto de Crédito Oficial ICO y estructurada en diferentes entidades especializadas en la financiación de distintos sectores y ámbitos geográficos, que suponían alrededor del 20% del total de los créditos concedidos por el sistema bancario español a las familias y empresas. Eran las denominadas Entidades Oficiales de Crédito, que atendían las necesidades de financiación de los diferentes segmentos de la población, los sectores económicos (agrario, industrial y de servicios) y las administraciones públicas. La Ley de Ordenación Bancaria de 1962 nacionaliza diferentes entidades de crédito que operaban en España como sociedades anónimas, convirtiéndolas en entidades de derecho público. En 1971, la Ley de Organización y Régimen del Crédito Oficial, las convierte en entidades oficiales de crédito bajo la forma jurídica de sociedad anónima.

Estas entidades oficiales de crédito eran el Banco de Crédito Agrícola, el Banco Hipotecario de España, El Banco de Crédito Local, el Banco de Crédito Industrial, el Banco Exterior de España y la Caja Postal.

El Banco de Crédito Agrícola BCA nace en el año 1962 a partir del Servicio Nacional del Crédito Agrícola. El BCA atendía las necesidades financieras del sector agrario, de los agricultores y de las diferentes empresas del sector (cooperativas, sociedades agrarias de transformación, productores agrarios y otras empresas). El BCA realizó una función primordial durante los años ochenta en la expansión del crédito cooperativo agrario a través de un instrumento de gran eficacia como fue el Grupo Asociado BCA-Cajas Rurales, resultado de la cooperación entre el Ministerio de Agricultura y las cajas rurales. Después de una grave crisis financiera sufrida por una parte importante de las cajas rurales en España, el 19 de junio de 1983 se firmó un convenio entre el BCA y 79 cajas rurales, aunque su puesta en funcionamiento se produjo el 1 de julio con 57 cooperativas de crédito. Sus objetivos eran facilitar el acceso de los agricultores y de las cooperativas al crédito a otros servicios bancarios, incrementar los fondos destinados a la financiación del campo y actuar como grupo bancario.⁹ También había un objetivo de fondo que era el saneamiento de las cajas rurales que todavía seguían en crisis.