Читать книгу: «Gestión territorial, una alternativa para la reparación a las víctimas»

Capítulo 1. Análisis conceptual

Reconstrucción conceptual: reparación integral, tejido social y desarrollo sostenible

El desarrollo sostenible desde la ecología contemporánea implica para Escobar (1995) diálogos interdisciplinares con actores institucionales y sociales de base, como práctica ético-política que visibiliza las luchas hacia la consolidación de identidades colectivas que resignifiquen las fronteras y relaciones sociales y culturales. Por lo anterior, las categorías conceptuales de construcción de tejido social y desarrollo sostenible en perspectiva territorial configuran una alternativa a la relación polémica que surge entre sociedad y naturaleza, a partir del cuestionamiento por el deterioro que genera la noción tradicional del desarrollo respecto a la dimensión ambiental, concibiendo el mundo como un sistema complejo. Esta lectura pone el énfasis en procesos territoriales en torno a la planeación y gestión territorial y atención a víctimas del conflicto armado interno desde el retorno y la reubicación como estrategia de reparación integral.

Bajo esta perspectiva, el presente capitulo reconstruye una serie de abordajes teóricos y conceptuales alrededor de las categorías: reparación integral, tejido social y desarrollo sostenible. Ellas son los ejes transversales que orientaron el proyecto de investigación Valoración del impacto de la legalización de asentamientos informales en la economía del municipio de Mocoa, cimentados bajo el paradigma emergente como base epistemológica de la lectura del contexto territorial del municipio de Mocoa, Putumayo.

Reparación integral: conceptualización jurídica y psicosocial

La reparación integral como concepto será abordado desde lo jurídico. Su conceptualización se plantea como horizonte de sentido para comprender los análisis desarrollados en el capítulo dos y tres respecto a la permanente búsqueda de una reparación integral para las víctimas, atenuando un acercamiento psicosocial que plantea como eje transversal la reparación asociada a las garantías de justicia, verdad y no repetición.

Desde la visión jurídica es deber del Estado, a través de la reparación integral, garantizar a los ciudadanos los derechos que hayan sido violados en contextos de conflicto armado interno. Se trata de un marco normativo que garantiza el goce de derechos y la eliminación de los efectos de las violaciones cometidas ante el Derecho Internacional Humanitario1:

La reparación integral es un derecho de las víctimas que supone para el Estado un conjunto de obligaciones reconocidos en principios, tratados e instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Frente a las víctimas del desplazamiento forzado y del despojo de tierras y territorios, estas disposiciones parten de la identificación de los diferentes tipos de daños, desde un enfoque diferencial, así como la interrelación de los derechos que forman parte de la reparación integral, como son: la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. (Becerra et al., 2012, p. 40)

Es así, como la justicia transicional responde a los procesos de transformaciones trascendentes en ámbitos políticos, culturales y sociales. En el caso colombiano, esto tiene que ver con procesos de construcción de paz desde la finalización del conflicto armado interno con diferentes actores (Botero, Saffon, Uprimmy, 2006, p. 13). De acuerdo con el Derecho Internacional, al Estado colombiano le competen tres obligaciones fundamentales respecto a la reparación:

1) el deber de respetar los derechos establecidos en los tratados internacionales; 2) el deber de garantizar el goce y pleno ejercicio de los derechos reconocidos a las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, y 3) el deber de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos protegidos. (Becerra et al., 2012, p. 16)

Los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición se encuentran consagrados en varios instrumentos internacionales, y forman parte del bloque constitucionalidad colombiano. Esto supone para el Estado el deber de:

a) Adoptar disposiciones legislativas administrativas y otras medidas apropiadas para impedir violaciones; b) investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial, y en su caso, adoptar medidas contra los responsables; c) dar a las víctimas un acceso equitativo y efectivo a la justicia y d) proporcionar a las víctimas recursos eficaces para garantizar su derecho a la reparación. (Becerra et al., 2012, pp. 43-44)

En relación con la concreción de los deberes estatales, se obliga al Estado colombiano a implementar instrumentos, escenarios y procedimientos para proteger los derechos y la dignidad de las víctimas, teniendo el deber jurídico de:

1) prevenir razonablemente las violaciones a los Derechos Humanos; 2) investigar el alcance de las violaciones que se hayan cometido dentro su jurisdicción; 3) identificar, penalizar y sancionar a los responsables de conductas violatorias de los derechos humanos y 4) reparar el daño causado y hacer cesar sus consecuencias, es decir, el derecho a obtener una adecuada reparación. (Becerra et al., 2012, p. 16)

Cada uno de estos derechos reviste dimensiones individuales y colectivas, componentes diferenciados y pueden ser desarrollados a partir de la implementación de medidas de tipo normativo y reformas institucionales, así como mediante la adopción de procedimientos especiales de tipo administrativo, judicial o extrajudicial, que posibiliten la participación de las víctimas y garanticen el acceso a dichos derechos.

Para Rincón (2013) desde el derecho internacional la reparación hace referencia a una obligación y deber del Estado frente a la vulneración de derechos reconocidos a sus ciudadanos por hechos imputables que atentan contra la dignidad humana, los cuales incluyen: “todo daño causado, tanto el material como el moral” (p. 81). Este concepto de carácter jurídico hace referencia a “cuando se produce una violación de derechos humanos […] las víctimas tienen derecho a un recurso judicial efectivo que les garantice su derecho a la justicia, a la verdad, a la reparación y a las garantías de no repetición” (p. 35). Estableciendo que “el derecho a la reparación abarca todos los daños y perjuicios sufridos por las víctimas y comprende aquellas medidas que buscan suspender los efectos de las violaciones y restablecer a las víctimas en sus derechos” (p. 37-38). Por lo tanto, el Estado debe ser garante de la misma como se reiteró en los párrafos anteriores: “debe garantizarse a las víctimas manifiestas de derechos humanos y/o graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario el acceso judicial adecuado, efectivo y rápido que les garantice acceso a la justicia y procedimientos justos”, el Estado no podrá privarlos de los mismos (p. 38).

La reparación entonces da cuenta de los esfuerzos que el Estado realiza para atender los daños y perjuicios que el hecho generó. Al respecto, Gómez y Márquez (2018) afirman que se debe viabilizar el compromiso del Estado con las víctimas, mediante la configuración de un aparataje institucional, judicial y normativo que promueva la justicia y la garantía de no repetición. Por tanto, “adquieren especial relevancia las formas de reparación no pecuniarias, que han de obedecer a la manera cómo el daño irradia sus efectos nocivos en la órbita material e inmaterial de quien lo padece” (p. 219).

Para Becerra et al. (2012), el derecho a la reparación es entendido bajo dos enfoques:

1) una perspectiva de reparación que privilegia la restitución sobre los demás componentes, haciendo énfasis particularmente en la restitución de bienes de contenido patrimonial, se debe dar prioridad manifiesta al derecho de restitución de tierras y viviendas abandonadas con motivo del desplazamiento, independiente de que se haga o no efectivo el derecho y 2) la otra perspectiva surgió en contextos de graves violaciones a los derechos humanos, en los que se hace difícil o imposible la aplicación de la restitutio in integrum, no prioriza de antemano ningún componente de la reparación y atiende a la complementariedad de todos ellos. (p. 47)

Los autores mencionados sostienen que alrededor de la reparación están la verdad, la justicia y las garantías de no repetición, entendidas como un conjunto de medidas orientadas a evitar la violación de los derechos de las víctimas, a prevenir la repetición de estas violaciones y a asegurar el respeto por el Estado de derecho y la protección de derechos humanos, entendiendo que los procesos de reparación individual y colectiva se instauran según Tonche y Umaña desde una perspectiva de justicia que reconoce tres factores:

primero, la reparación puede extenderse más allá de las dos partes en disputa, cobijando a toda persona o colectividad que pueda haber sido afectada; segundo, el resarcimiento no siempre debe ser material, puede ser moral, según la situación y el consenso entre las partes; tercero, es necesario resaltar que todos los participantes, participando de manera voluntaria en el proceso, tienen por ello normalmente un nivel de compromiso diferente con sus resultados. (2017, p. 235)

En Colombia se han implementado dos leyes relacionadas con este tópico; la primera de ellas fue la Ley de Justicia y Paz, 975 de 2005 y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 1448 de 2011. La primera de ellas se caracteriza por enunciar la reparación integral en el marco de los procesos de paz y de reincorporación de grupos al margen de la ley, ubicando desde la perspectiva de la justicia transicional procesos como la restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición. En la segunda Ley (1448 de 2011), la reparación integral emerge del reconocimiento estatal del conflicto armado, ubicando en el centro de los procesos a las víctimas, a partir de procesos de reparación individual y colectivas, integrando componentes de orden material, no material y simbólico (Echavarría e Hinestroza, 2016, p. 131).

Para Becerra et al. (2012), el propósito de este conjunto de garantías es asegurar a las víctimas, en particular, y a la sociedad, en general, que no serán afectadas con la comisión de nuevos crímenes. Las garantías de no repetición, como parte de la reparación integral de los derechos a la tierra y al territorio, deberían concretarse en un conjunto de medidas encaminadas a:

1) dejar sin efecto las normas del derecho interno cuya aplicación favorezca la impunidad frente al desplazamiento forzado, o que contribuyan a la legalización del despojo; 2) fortalecer la independencia de jueces y fiscales en los procesos relacionados con el desplazamiento forzado y el despojo y 3) reconocimiento público de la existencia de víctimas del desplazamiento forzado y del despojo y adopción de medidas legislativas y reformas institucionales que posibiliten la garantía del derecho a la reparación integral. (pp. 51-52)