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El panorama presentado nos lleva a concluir que persisten contradicciones para garantizar un buen cuidado de NNA. Por un lado, los datos demográficos presentados nos muestran un panorama alentador para el cuidado de las nuevas generaciones, ya que sigue presentándose una tendencia hacia la disminución de la mortalidad infantil.20 Este decrecimiento obedece a un cambio en la mentalidad sobre la infancia, en los patrones de crianza y en las formas de atención, especialmente al nacer, y un aumento de la edad del primer embarazo, así como el desarrollo de políticas públicas orientadas a la protección de la infancia o de las gestantes.
Al mismo tiempo, las tendencias ocupacionales de las mujeres, quienes han sido tradicionalmente las cuidadoras, nos indican que persiste en el país crisis o déficit del cuidado en el sentido de que sobresalen las dificultades para alcanzar niveles satisfactorios de bienestar de quienes cuidan —tiempos, recursos, transporte, apoyo estatal—, dado el panorama ya enunciado en las ciudades colombianas, como veremos en los próximos capítulos. Como dice Irma Arriagada (2012) para Santiago de Chile, se trata de la crisis por la falta de quienes cuidan.
Otra dificultad en el cuidado podría ser ocasionada por la delegación de NNA a otros parientes, dado que las redes parentales no siempre apoyan con suficiencia a quienes trabajan fuera del hogar o, en especial, a hijos e hijas de emigrantes, como ha ocurrido constantemente según las condiciones de oferta de mejores oportunidades laborales en el exterior (Micolta et al., 2013). De todos modos, una meta para las ciudades colombianas es compartir el sueño de un contexto que convierta a las “ciudades en cuidadoras” y facilite la vida de NNA y de quienes les apoyan, como afirma Rico (2017):
Una ciudad inclusiva y cuidadora supera las visiones dicotómicas basadas en los ámbitos productivo y reproductivo y se constituye en un espacio de ejercicio de los derechos de ciudadanía, donde se articulan tanto la producción y el consumo como la reproducción de la vida cotidiana, para la cual el cual el trabajo vinculado a la satisfacción de las necesidades de cuidado es esencial. (p. 12)
En torno a los planes y políticas del cuidado de cobertura nacional
Si velar por el cuidado implica todas las acciones que conservan la vida, políticas al respecto se encuentran difuminadas en diferentes agencias estatales. Por ello, para este estudio hemos escogido algunas, siguiendo el esquema de Martínez y Camacho (2007). En las primeras, denominadas como normativas, el Estado colombiano ha propuesto la Ley 1822 de 2017, que consagra la licencia de maternidad de catorce semanas remuneradas, veintidós semanas si son gemelos, y el descanso por lactancia de una hora. La Ley 1468 del 2011, llamada Ley María, que reglamenta ocho días hábiles de licencia de paternidad. Asimismo, se ha reglamentado el derecho a la calamidad doméstica, que incluye la prohibición de despedir o descontar del pago a las madres o padres ante una situación de emergencia.
La segunda clasificación, denominada como la infraestructura del cuidado, es, por ejemplo, De Cero a Siempre, una política de Estado consagrada por la Ley 1804 de 2016, con la que se pretende dar respuesta a las situaciones de pobreza que enfrentan los NN menores de 5 años y que impacta negativamente su desarrollo en el país. El objetivo principal de esta política pública es lograr una atención integral para esta población, ya que en este rango etario se sientan las bases para el desarrollo de habilidades, capacidades y potencialidades humanas.
De este modo, el programa se concibe como una estrategia de atención integral (EAI), es decir, que conglomera un conjunto de acciones planificadas de carácter nacional y territorial (donde interactúan los diferentes ministerios y entes relacionados con el tema, como el ICBF21 y las autoridades gubernamentales departamentales y municipales). El objetivo es promover y garantizar el desarrollo infantil temprano. Para ello, estableció cinco ejes estructurantes con los que pretende responder a dicho desarrollo: cuidado y crianza; salud, alimentación y nutrición; educación inicial; recreación y, por último, ejercicio de ciudadanía y participación. “Teniendo en cuenta los recursos del presupuesto nacional y los aportes del sector privado destinados a […] De Cero a Siempre solo se podrían incluir 1 200 000 niños y niñas alcanzando así una cobertura del 41 % durante el cuatrenio 2010-2014” (Gestión Social Unicafam, 2012).
Familias en Acción, que constituye una política de Estado mediante la Ley 1532 del 7 de junio del 2012, es definida así:
Consiste en la entrega, condicionada y periódica de una transferencia monetaria directa para complementar el ingreso y mejorar la salud y educación de los menores de 18 años de las familias que se encuentran en condición de pobreza, y vulnerabilidad. (Artículo 2)
La entrega del subsidio se hace a través de las madres, bajo el criterio de que son más responsables “porque los gastan en el consumo de alimentos, educación y salud” (Ley 1532 del 2012). Los recursos están condicionados a la asistencia escolar y a los controles de salud. El programa está a cargo del Departamento de la Prosperidad Social (DPS) y su cobertura asciende a 2 950 000 hogares, un alcance de 1028 municipios (DPS, 2015).
Las políticas encaminadas a lograr la equidad de género, que incluye la Ley 1413 del 2010, reguladora de la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales y que dispuso al DANE medir la participación de la mujer al desarrollo económico social, al realizar la Encuesta del Uso del Tiempo, ha logrado una medición del trabajo no remunerado a partir de las actividades realizadas en los hogares, todo esto para fundamentar la propuesta de unas políticas acerca del cuidado. Finalmente, Equipares, propuesto en la administración de Juan Manuel Santos, tiene por objeto generar
[…] un marco normativo que constituye un primer paso para garantizar herramientas y condiciones legales que permitan alcanzar la equidad efectiva entre los géneros. Esta iniciativa busca apoyar el ingreso de las mujeres al mercado laboral en igualdad de condiciones a las de los hombres sin las existencia de barreras. (Equipares, s. f.)
Se propone también: “[…] distinguir a las empresas que hayan implementado el Sistema de Gestión de Igualdad de Género mediante un proceso de certificación que conlleve a generar transformaciones culturales para el logro de la equidad de género en las empresas” (Rial, s. f.).
Referencias
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Notas
1 Este capítulo fue apoyado por Ivette Sepúlveda, asistente de investigación.
2 En ese sentido, compartimos la caracterización que Jorge Orlando Melo (2017) hace del siglo XX como una época de cambios caracterizada por el crecimiento del Estado y de la población, de las ciudades llamadas modernas.
3 Para 2017, en las cabeceras municipales, el servicio de energía eléctrica llegaba al 99.9 % de los hogares; adicionalmente, el servicio de acueducto contó con un porcentaje de cubrimiento del 97.6 % y el de alcantarillado de un 92.6 % (DANE, 2017a).
4 Las cuales se entienden como las edades para cursar educación básica y media.
5 Según el Banco Mundial, en 2015 Colombia presentó una tasa de alfabetización total de adultos (porcentaje de personas de 15 años o más) de 94.245 %.
6 El coeficiente de Gini toma valores de 0 y 1. El 0 expresa la igualdad total y el 1 la máxima desigualdad.
7 Para 2016 en las cabeceras municipales el porcentaje de personas pobres —medido en términos de pobreza monetaria— pasó de 24.1 % (porcentaje del 2015) a 24.9 % (DANE, 2017b).
8 En este sentido se aplican para estas ciudades las contradicciones señaladas por Rico: “Son percibidas por sus habitantes, como un fenómeno multiforme con superposición de caos y organización, permanente orden y desorden de formas […] un lugar de conflicto, convivencia y negociación; un territorio de libertad y de restricciones” (2017, p. 3).
9 Según Migración Colombia, en 2016 se registraron trece millones de movimientos migratorios en el país. La llegada y salida de extranjeros alcanzó una cifra histórica de 5.6 millones, la mayoría provenientes de Venezuela (Portafolio, 2017).
10 Para 2012, debido a la violencia agenciada por los llamados grupos ilegales —paramilitares, guerrilla y narcotraficantes—, las hectáreas abandonadas y despojadas en el sector rural oscilaban alrededor de los 6.5 millones, el equivalente al 15 % de la superficie agropecuaria del país (ACNUR, 2012).
11 En 2017 se registró un total acumulado de 7.7 millones de personas desplazadas, lo que posicionó a Colombia como el país con mayor problemática de ese tipo mundo.
12 El diario El Colombiano (2012), citando al BID, señala que el 37 % de quienes residen en el país no poseen techos para vivir o habitan en viviendas de mala calidad.
13 La tasa de homicidios por cada cien mil habitantes en el sector urbano es de 23.90 casos (mientras en Río de Janeiro, Brasil era de 30.0). Las principales ciudades del país para este mismo año siguen siendo las que muestran el mayor número de casos: en Bogotá son 1137, en Cali 1229 y en Medellín 569 (El Espectador, 2018). Cali sigue siendo la ciudad más afectada en razón al número de habitantes.
14 En la telefonía móvil en 2017 se contabilizaron en las cabeceras municipales un 97.5 % de hogares que cuentan con, por lo menos, una persona que tenga este medio de comunicación (DANE, 2017a).
15 Relación de dependencia demográfica: establece el tamaño relativo de la población potencialmente inactiva, frente a la población potencialmente activa (Martínez, 2012; Profamilia, 2015).
16 La tasa de fecundidad, en general, se calcula por la relación entre el número de nacimientos que una mujer tendría al final del período reproductivo: 45 años. La de adolescentes se calcula por el número de menores de 19 años que contestaron estar en embarazo y/o tener hijos.
17 Cada categoría contiene las siguientes especificaciones: nuclear, que no hay otra generación conviviendo, extensa, que son más de tres generaciones en un mismo hogar, y compuesta, que no hay relaciones de consanguinidad que demarquen la forma de hogar.
18 “A pesar de que la pobreza ha decrecido en los últimos años de 42 % a 26.9 %, el índice de feminidad en la pobreza subió de 102.5 mujeres pobres por cada cien hombres pobres a 120.3 en el 2017” (ONU Mujeres, 2018, p. 20).
19 No incluidas en el Sistema de Cuentas Nacionales.
20 Por cada mil NN nacidos vivos en el sector urbano del país la Tasa de Mortalidad Infantil, reportada en el período 2012-2015, fue de catorce y esta descendió, porque en 1995 era de veintiocho por mil niños y niñas (Profamilia, 2015, p. 71).
21 El ICBF para el eje de cuidado y crianza mantiene tres modalidades de atención a esta población: institucional, familiar y comunitaria, que corresponden al escenario de cuidado o protección de los NN menores de 5 años.
Narraciones sobre el cuidado de NNA en Bogotá: reflexiones desde el género y la posición social1
Yolanda Puyana Villamizar, Amparo Hernández Bello, Martha Lucía Gutiérrez Bonilla y Carolina Giraldo Henao
Cuidar supone un entramado de acciones y relaciones más complejo en las grandes ciudades como Bogotá. En este capítulo se exponen diversas formas de asumir el cuidado, de vivenciarlo y de reflexionar al respecto desde las voces de quienes realizan esta tarea. Buscamos comprender la organización social del cuidado de la niñez y la adolescencia en Bogotá, desde la perspectiva de los grupos familiares, ilustrando la red de estrategias, acciones y relaciones que posibilitan o limitan la acción compleja de cuidar a niños, niñas y adolescentes. Para ello, se exponen las nociones y perspectivas de cuidado que expresan las y los cuidadores, y se muestran las múltiples estrategias que construyen los hogares para salirles al paso a los obstáculos que imponen el sistema cultural y la ciudad con sus complejidades. Se relata la interacción que ocurre entre los hogares, los servicios del Estado, el mercado, y las formas como se equilibran o se ponen en tensión las relaciones entre el trabajo y las labores de cuidado. Y, por último, se hace del género y la posición social categorías diferenciadoras y transversales, porque aportan al análisis de las diversas formas en que los hogares asumen el proceso de cuidar a niños, niñas y adolescentes (NNA), una actividad que afecta todas las esferas de la vida social.
Deseamos profundizar en una perspectiva crítica del cuidado y su realidad en Bogotá, aportando al ejercicio de comparabilidad y dando evidencias que delineen pistas para la acción en políticas públicas en un marco de mayor justicia social. Además, esperamos contribuir al debate académico tendiente a develar los mecanismos que subyacen a los estereotipos sobre el cuidado en los hogares como función predominantemente femenina, los cuales subordinan a las mujeres y soslayan la contribución de su trabajo al bienestar general de la sociedad.
A partir de la descripción de los referentes teóricos y metodológicos —en particular, de la manera como construimos la posición social—, el caso se desarrolla en cinco apartes: la necesaria mirada del contexto de Bogotá y sus complejidades; una descripción de las características de los y las entrevistadas; la perspectiva de cuidadoras y cuidadores sobre el cuidado al interior de los hogares según posición social; los relatos sobre el cuidado en los hogares y su relación con el Estado, el mercado y las redes; y, para finalizar, una reflexión sobre las principales lecciones y recomendaciones derivadas.
Referentes teóricos: cuidado, género y bienestar
En su acepción más general, el cuidado constituye una cualidad y una actitud propia de la especie humana encaminada a reproducir la vida para su conservación (Tronto, 1994). Como categoría contiene varios significados: el político, en tanto concierne a la sociedad como totalidad e implica un compromiso ligado al Estado y a la ciudadanía; el ético, asociado a la responsabilidad que “se expresa en un conjunto intrincado de relaciones que están atravesadas por el poder” (Arango y Molinier, 2011, p. 3); el social, por cuanto el cuidado constituye un trabajo que hace referencia a una acción transformadora de la naturaleza, a actividades dirigidas a producir bienes útiles para el consumo de las personas, a una atención particularizada, continua, cotidiana que implica desgaste físico, emocional y de la salud para quien la realiza.
De acuerdo con Martín Palomo (2011), la acción de cuidar contiene tres dimensiones: material, emocional y ética. La dimensión material se refiere a las actividades para garantizar el cuidado e incluye: a) el trabajo doméstico o la realización de oficios tales como la preparación de alimentos, arreglo de la vivienda y mantenimiento de la ropa; b) el cuidado directo, esto es, las actividades necesarias para garantizar un buen estado de salud física y psíquica, tales como la higiene del cuerpo, el descanso, la revisión de tareas escolares o el acompañamiento en el tiempo libre; y c) la gestión del cuidado, entendida como la administración de la delegación de tareas, la proveeduría o el desarrollo de actividades administrativas frente a instituciones y entidades de educación o salud. La dimensión emocional, por su parte, es intrínseca a la acción de cuidar porque conlleva una relación cara a cara, plena de sentimientos entre quien cuida y es cuidado, e incluye sensaciones de amor, encanto y desencanto, tensiones y rabias.2 Finalmente, la dimensión moral y ética hace referencia a aquellas conductas orientadoras de la acción que se definen como:
[…] las ideas como principios últimos de comportamientos, por los cuales actuamos o creemos actuar, es decir, aquellas construcciones que definen lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno o lo que es malo, lo que se considera valioso, correcto, apropiado para una convivencia justa. (Martín Palomo, 2011, p. 81)
Complementariamente, Thomas (2011) propone incluir las características de quien cuida, de quien recibe el cuidado y de las relaciones entre ellos, la naturaleza de los cuidados y los distintos tipos de cuidado, el dominio público o privado en el que ocurre el cuidado, el carácter asalariado o no del trabajo y el marco institucional (espacio físico) en el que se realiza. En el caso del cuidado de las/los NNA, su vida y bienestar dependen de personas cuidadoras con quienes inevitablemente se vinculan en relaciones de dependencia. Estas relaciones se conciben, en el sentido planteado por Sen (2000), como un acompañamiento en el proceso de formación requerido por las/los NNA para que puedan desarrollar las capacidades necesarias, ejercer sus libertades y disponer de una vida con calidad que merezca ser vivida.
Cuando se hace referencia a esta población, buena parte de las actividades de cuidado permanecen insertas en los grupos familiares en donde se cumplen funciones relacionadas con la reproducción biológica, la crianza, la socialización, la gestión del cuidado, así como la reproducción de la fuerza de trabajo indispensable para la existencia del sistema de producción. No obstante, las familias no son el único ámbito de producción de bienestar.
Lo son también el Estado, el mercado y la comunidad3 (Esquivel, Faur y Jelin, 2012; Jenson, 2003; Razavi, 2007). La acción conjunta e interdependiente de estos ámbitos configura tipos de sistemas a los que Esping-Andersen (1993) denomina regímenes de bienestar. Estos no son otra cosa que el tipo de respuesta del Estado a partir de cómo se conceden los derechos y de si ellos son independientes del nexo monetario (mercantilización/desmercantilización), del sistema de estratificación social que promueve la política social y del grado de desplazamiento de la carga por el bienestar a los hogares (familiarismo/desfamiliarismo).
La principal crítica feminista a esta propuesta ha sido su “ceguera” frente al género, pues excluye la división sexual del trabajo en el análisis de la protección social y reduce su enfoque a las relaciones del trabajo remunerado desconociendo el trabajo no remunerado que en los hogares y comunidades realizan principalmente las mujeres (Orloff, 1993; 1996). Además, es limitada para su aplicación en contextos sin estados de bienestar desarrollados. Por eso, para las realidades latinoamericanas resulta más pertinente la categoría de organización social del cuidado, entendida como: “la configuración que surge del cruce entre las instituciones que regulan y proveen servicios de cuidado infantil y adolescente, y los modos en que los hogares de distintos niveles socioeconómicos y sus miembros se benefician de los mismos” (Esquivel et al., 2012, p. 27). Una visión más profunda del cuidado, que contenga al tiempo una perspectiva de su relación con el Estado y un cambio en las relaciones de género, apunta a una crítica social que buscaría la transformación de su papel en calidad de protector de la vida integral de las personas (Carrasco, Borderías y Torns, 2011). El Estado de bienestar contiene el cuidado como parte de sus funciones. No puede seguir siendo solo una actividad invisible de las mujeres.
En lo concerniente a las familias, el cuidado está inscrito en relaciones de poder articuladas inexorablemente a las de género, entendido este último como una categoría encaminada a profundizar los simbolismos culturales en torno a la masculinidad y la feminidad, la división sexual del trabajo y las prácticas que de allí se derivan. Como lo menciona Kergoat, la división sexual se rige por dos principios organizadores: “el principio de la separación, hay trabajos de hombres y de mujeres, y el principio jerárquico, el trabajo del hombre vale más que el de la mujer” (citada en Molinier, 2011, p. 47). El análisis desde esta perspectiva permite desentrañar los significados que permean los espacios de la vida cotidiana y son incorporados por las personas en la construcción de sus identidades y en sus experiencias sociales. Implica, además, la reflexión en torno a la interpretación del mundo, que conlleva dar respuesta a ciertas apariencias supuestamente inevitables y naturales (Scott, 1996).
El cuidado a la vez depende del acceso que tienen las familias a los bienes y servicios a través de las políticas sociales o del mercado, por eso otra categoría fundamental es la de posición socioeconómica. En este proyecto acogemos la propuesta de Bourdieu (2002) sobre las clases sociales y el capital como relación de poder que tiene efectos desiguales sobre las oportunidades de los distintos agentes sociales, a partir de la distinción entre “condición de clase”, que se refiere a las características intrínsecas de las condiciones de vida y capitales de las personas y grupos, y “posición de clase”, que enfatiza en las relaciones entre las distintas posiciones.
Es creciente el número de estudios sobre el cuidado. La literatura transita entre visiones conservadoras que proponen fortalecer el papel de la mujer en el hogar, y los estudios que promulgan la autonomía femenina mediante su participación en el mercado de trabajo y que se dirigen a desentrañar las inequidades persistentes en la distribución de la carga de cuidado (Carrasco, Borderías y Torns, 2011). La temática ocupa un núcleo central y desde los intereses de las Naciones Unidas se encuentra inscrita en los lineamientos de sus organismos. Si bien varios estudios usan como modelo teórico el propuesto por Esping-Andersen (2000) para los regímenes del bienestar en Europa, en muchos países de América Latina el cuidado está limitado por la debilidad del Estado, la tributación poco redistributiva, la baja cobertura de la seguridad social y la informalización y precarización de los empleos, que generan mayor familiarización. Esto explica el actual interés en la configuración de sistemas nacionales de cuidado, entre los cuales resalta la experiencia de Uruguay (Aguirre, 2003; Ministerio de Desarrollo Social, 2015). El cuidado, ciertamente, es un tema de debate contemporáneo en las ciencias sociales que remite a las discusiones centrales sobre la justicia redistributiva y la equidad de género, y está vinculado a la política y a la reivindicación de las tres R: redistribución, reducción y reconocimiento (Esquivel et al., 2012). La consigna es democratizar las relaciones familiares y garantizar la equitativa distribución de responsabilidades y costos por el cuidado entre los distintos ámbitos de producción de bienestar en la sociedad (Fraser, 1997; Tronto, 2013; 2015).
