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CAPÍTULO 4
LA ESPAÑA DE LOS VOLQUETES
La España de los años locos y la corrupción descontrolada, que se desarrolló desde finales de los noventa hasta bien entrada la segunda década del siglo XXI, recuerda a la que reflejó el cineasta Luis García Berlanga en La Escopeta Nacional para ilustrar el tardofranquismo. Las adjudicaciones se cerraban en cacerías, bares, discotecas o prostíbulos. La clase política y empresarial que perpetraba el saqueo se desenvolvía con unas formas y un lenguaje dignos del policía Torrente, «el brazo tonto de la ley», otro personaje de ficción que describe a los protagonistas de esta historia. Si hay belleza en lo cutre, España es uno de los países más hermosos del mundo.
En pleno siglo XXI seguían celebrándose reuniones como las de Berlanga, con Granados, número dos de Aguirre en el PP madrileño, como personaje central. El promotor de la constructora Dico, David Merino, describió en un manuscrito que llegó a la Fiscalía Anticorrupción una cacería que tuvo lugar en febrero de 2006 en la finca La Parrilla, en la localidad toledana de Los Yébenes, en la que se juntaron empresarios, políticos e incluso algún juez ya fallecido. Todos querían pasar un buen rato y hablar de negocios. Merino cuenta que él mismo abatió un venado y un jabalí: «Eran mis primeras piezas en una cacería oficial, por lo que los demás cazadores me hicieron lo que se llama un “bautizo de sangre”». El rito, que parece de otro tiempo, lo ofició Granados: extrajo las vísceras sanguinolentas del jabalí y se las puso a Merino sobre la cabeza, como recogió el periodista Javier Chicote en una información publicada en el diario ABC1. Las cacerías empezaban un viernes y acababan el domingo. Al llegar la noche, los invitados se empujaban suculentas mariscadas —en una ocasión, trajeron el género en helicóptero— y después participaban en largas partidas de póker con billetes de quinientos euros encima de la mesa. «Si el cazador de turno así lo deseaba, por la noche se le ofrecían prostitutas, de las que podía disfrutar en la finca o en los hoteles cercanos en los que se alojaban algunos de ellos», cuenta Chicote.
El negocio de la corrupción iba viento en popa y, con él, otros igual de sórdidos, como la prostitución. A Granados se le atribuye, erróneamente, una de las frases más vergonzosas pronunciadas por un político en los últimos años: «Habéis declarado muy bien, hay que celebrarlo con un volquete de putas». En realidad, la egregia sentencia la pronunció supuestamente el exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alejandro Halffter, según el testimonio de un agente de la Guardia Civil que había sido imputado en un caso en el que se investigaba si el Gobierno regional había espiado a los compañeros de partido que se separaban de la línea oficial del «aguirrismo». Durante una entrevista, a Granados le preguntaron si «un volquete de putas» podía llegar a constituir en algún momento «una compensación en política», a lo que respondió: «Es una expresión desafortunada, pero no puedo contestar porque nunca me he dedicado al asunto de los volquetes»2.
Los intereses de la red Púnica estaban centrados en las licencias urbanísticas y en la adjudicación de contratos públicos. Cuando Granados comentó al otro cerebro de la trama, el empresario David Marjaliza, que estaba siendo vigilado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), el empresario hizo dos cosas. Primero, preguntar «qué es la UCO», y después, llamar a su secretaria para que comprobara si algún agente estaba apostado en ese momento en la puerta de su oficina. «Como la gente es así de gilipollas, lo mismo va cualquiera y se piensa que nos dedicamos al tráfico de armas, o de blancas, o de putas o yo qué sé. Échale un vistazo a ver si hay alguien», le dijo3. Los investigadores de la UCO —que llegaron a conocer muy bien a Marjaliza, según sus informes— comprobaron las numerosas «atenciones» que recibían los cargos públicos investigados en el sumario, caso de la compra de «dos pisos en Barcelona para dos señoras» con las que solían verse Granados y el también exalcalde de Valdemoro José Miguel Moreno —este último pasará a la historia por un alarde de sinceridad en las escuchas judiciales que refleja el verdadero objetivo de muchos cargos públicos: «¡Aquí estoy, tocándome los huevos, que para eso me hice diputado!»—. Las mencionadas viviendas de Barcelona, situadas a cinco minutos andando desde la Sagrada Familia, fueron adquiridas por Marjaliza en 2003. Pagó 186.000 y 219.000 euros por cada una y luego, supuestamente, se las alquiló a las amigas de los políticos populares. Sin embargo, según le contó al juez Manuel García-Castellón, el propio empresario se abonaba a sí mismo la renta de forma ficticia4. El magistrado también sospecha que Granados utilizó «fondos de origen desconocido» para amueblar un piso del que disfrutaba una amiga de nacionalidad brasileña, a la que también abonó facturas médicas por valor de ochocientos euros. La mujer declaró como testigo, pero salvó la cara de Granados y negó los pagos: «Es la forma de ser de Paco. Él dice que sí a todo y al final no lo hace».
Los corruptores no escatimaban para tener bien atendidas las braguetas de los corrompidos. Un directivo de Cofely —la empresa que supuestamente amañaba los contratos de eficiencia energética de los edificios municipales— fue grabado mientras proponía a un tercero invitar a «un sitio con masajes relajantes», llamado Sensuality Wellness, a un exalcalde de la localidad madrileña de Moraleja de Enmedio, alcalde que le había adjudicado un contrato para la gestión del alumbrado exterior del municipio durante quince años. «El alcalde es un descojone, es del PP. Y si luego le dices que le llevas al sitio ese de masajes, se sube por las paredes», se escucha en la conversación. No consta que el regidor —que mostraba en sus redes sociales una feliz vida familiar— aceptara la propuesta.
En otros escándalos de corrupción que afectaron a la Junta de Andalucía también apareció el pago de prostitutas con dinero público. En noviembre de 2020, el juez de Instrucción número 6 de Sevilla propuso juzgar a Fernando Villén, ex director técnico de la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (FAFEE) —dependiente de la Consejería de Empleo—, y a Ana Valls, antigua directora financiera, por autorizar pagos por valor de 32.566 euros en clubes de alterne entre los años 2004 y 2011. Los directivos investigados dentro de la causa utilizaban presuntamente las tarjetas de crédito del organismo público en varios prostíbulos. En la relación de extractos bancarios enviada al juzgado figuraban nombres como Don Angelo, Sala Delux Pub La Movida, La Casita o Top Show Girls5.
CAPÍTULO 5
PACTO DE SILENCIO ALREDEDOR
DE UNA TARJETA BLACK
Mientras la corrupción se iba adueñando de todo en Madrid, los medios de comunicación miraban para otro lado. Entre otras razones, por la ingente publicidad institucional que recibieron de la Comunidad durante esos años. Según los datos que manejaba el PSOE, solo en 2007 el Gobierno autonómico gastó noventa millones de euros en publicidad, el triple de lo destinado a las ayudas a la vivienda1. Telemadrid se convirtió en el aparato más eficaz de propaganda del Ejecutivo, aunque, a medida que incrementaba la manipulación informativa, se iban despeñando sus índices de audiencia. En agosto de 2012, Esperanza Aguirre fue a visitar los trabajos de extinción de un incendio en el municipio de Valdemaqueda y se topó con un cámara y con una redactora de la cadena: «¿Quién les ha dicho a ustedes que vengan?»2, les espetó visiblemente enfadada. Su jefe de prensa, que contemplaba la bronca, no sabía dónde meterse. Unos meses después, la televisión anunció un expediente de regulación de empleo (ERE) en el que fueron despedidos 861 trabajadores, muchos de ellos remisos a colaborar con la estrategia informativa de la dirección del ente. En 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró que el ERE no era «ajustado a derecho», al entender que la situación económica de la cadena no justificaba el volumen de despidos. Cerca de sesenta trabajadores fueron readmitidos, pero el resto tuvo que conformarse con la indemnización que les correspondía por haber sido despedidos de forma improcedente.
En esa situación de corrupción generalizada, todo el mundo parecía mirar para otro lado. ¿Por qué la oposición no denunciaba los desmanes evidentes con más fuerza? ¿Por qué los medios de comunicación no cumplían con su función de informar al ciudadano y controlar al poder político? En muchas ocasiones, me pareció que existía un pacto de silencio no escrito entre el Gobierno de Aguirre, la oposición y los sindicatos, que compartían sillones en el Consejo de Administración de Caja Madrid, presidido por Miguel Blesa. Todos los directivos de la entidad disfrutaban de una tarjeta black a efectos fiscales, es decir, que no tributaba a Hacienda, tarjeta que utilizaban para gastos personales de los que no tenían que dar cuenta a los órganos de dirección. Recuerdo cómo muchos dirigentes socialistas me decían: «Pregúntale a Antoñito por la tarjeta esa que le dan». Al ser solo rumores sin mayor soporte documental, nada se podía publicar, pero la existencia de las tarjetas black era conocida por todos. Antoñito era Antonio Romero Lázaro, secretario de Organización y número dos de la FSM, y la famosa tarjeta era la misma con la que, según los extractos validados por el Tribunal Supremo, se gastó 900 euros en una agencia de viajes el día que a Simancas le birlaron la presidencia regional. El día que se jodió Madrid.
En mi entrevista con Simancas, le recuerdo esa presencia de los socialistas madrileños en el Consejo de Administración de Caja Madrid. Se produce el pasaje más tenso de la conversación justo cuando le pregunto lo siguiente:
—Allí todo el mundo estaba metido: representantes de los partidos políticos, de los empresarios, de los sindicatos… Y todos han sido condenados. ¿Había un pacto de silencio en torno a Caja Madrid?
—Distingamos la financiación de operaciones urbanísticas y de otras empresas extrañas e irregulares en las que entró Caja Madrid del caso de las tarjetas black, en el que hay involucrados, procesados e incluso condenados de varias formaciones políticas y sindicales, incluida la mía. En lo primero no estaban todos, estaba el PP. En lo de las tarjetas, sí.
—Me refiero a Caja Madrid. Estaban todos los partidos, todos y, de hecho, había peleas grandes por tener un sillón. Lo sabes y lo sé.
—Sí, sí, pero las grandes operaciones las manejaban quienes las manejaban: los que mandaban en Caja Madrid. La representación de algunos partidos políticos, a través de la Asamblea de Madrid o de los ayuntamientos, eran puestos en la Asamblea General de la Caja, que se reunía dos veces al año en Ifema, acuérdate.
—Y en el Consejo de Administración también.
—Sí, sí, es que no me has dejado terminar. Y en el Consejo de Administración. Pero, vamos, que mandaban y se enteraban de lo que se enteraban. El equipo directivo era el que mandaba. No quiero eludir responsabilidades, es evidente que ahí había una responsabilidad compartida en algunas cosas. Las decisiones importantes las adoptaba el equipo directivo que encabezaba Blesa, que era el amigo de Aznar. No obstante, el papel del Consejo de Administración en ese entramado no fue, por lo que yo sé, muy protagonista.
—Pero todos los miembros del Consejo de Administración tenían una tarjeta black que iba a la cuenta de quebrantos y que utilizaban para gastos personales.
–Sí. Eso se investigó, se enjuició, se procesó a los culpables y han estado en la cárcel, efectivamente.
—Y como líder del PSM, ¿no cabría asumir algún tipo de responsabilidad también por eso?
—En cuanto supimos lo que ocurrió, lo que hicimos fue separar a esas personas inmediatamente del partido. En algunos ayuntamientos hubo corruptelas. ¡Yo eché a seis alcaldes en ejercicio, eso no lo ha hecho nadie en este país!
El banquillo de las tarjetas juntó a dos protagonistas del «Tamayazo» en una imagen icónica de una época: Antonio Romero, número dos de Simancas en la FSM, y Ricardo Romero de Tejada, el ex secretario general del PP madrileño que se enteró por la prensa de que iba a dimitir de su cargo, y también el mismo dirigente que había recibido al empresario que pagó el hotel en el que se alojaron Tamayo y Sáez. Sentados delante del tribunal, olvidadas las rencillas que les habían hecho enfrentarse a cara de perro, Romero y Romero de Tejada compartieron —además de apellido— el argumento de que sus dispendios con las tarjetas eran perfectamente legales. «Los gastos eran adecuados todos», dijo Romero de Tejada para justificar que empleara el dinero en puros, armas o lotería. O para explicar por qué el día más luctuoso de la historia reciente de España, el 11 de marzo de 2004, en el que murieron casi doscientas personas por los atentados terroristas en los trenes de Atocha, pagó 347 euros en lotería3. Por su parte, el socialista Antonio Romero defendió que, «si tenía cargos en días festivos y fines de semana, era porque tenía actividades».
Por acción o por omisión, muy pocos se salvan de lo que se hizo en aquellos años, cuando los diputados del PP reconocían que el Parlamento regional era «un balneario» y «una bendición del cielo», y algunos de quienes se sentaban enfrente, en las filas de la izquierda, soltaban a modo de chiste que en la oposición se vivía mejor, porque en el Gobierno se trabajaba más. «Lo bueno de ser portavoz en la Asamblea y candidato a la Alcaldía a la vez es que, cuando no estás en la Asamblea, piensan que estás en el Ayuntamiento, y cuando no estás en el Ayuntamiento, piensan que estás en la Asamblea», solía decir un antiguo líder regional de IU.
El 23 de febrero de 2017, la Audiencia Nacional condenó a sesenta y cinco antiguos dirigentes de Caja Madrid4, con sus expresidentes Blesa y Rato a la cabeza, a penas de entre tres meses y seis años de cárcel por la apropiación indebida continuada de más de quince millones de euros entre los años 2003 y 2012. Los gastos contabilizados entre 1999 y 2003 habían prescrito y quedaron sin castigo. Entre los condenados estaban dirigentes de IU como José Antonio Moral Santín, representantes de la patronal CEIM (Confederación Empresarial de Madrid-CEOE) y portavoces de los sindicatos CC.OO. y UGT5. La sentencia encarceló a Rato —que se encontró en 2010 con un «sistema perverso, lo mantuvo y lo trasladó a la Bankia»— y también al establishment de una época en la que se sembró la semilla que posteriormente condujo a las cajas de ahorro a la quiebra. La crisis derivada del estallido de la burbuja urbanística implicó un rescate bancario y provocó que miles de personas humildes, atrapadas en preferentes y productos bursátiles complejos, perdieran los ahorros de su vida.
Salvo decorosas excepciones como la del ex consejero delegado de Bankia Francisco Verdú, que devolvió la tarjeta y llegó a advertir a Rato de que no la usara si no quería «salir en los papeles», la clase dirigente madrileña caída en desgracia se dedicó a negar la evidencia, a justificar los gastos como parte de su sueldo y a intentar defender que pensaban que «la Caja» —entendida como un ente abstracto— tributaba por ellos. Como si «la Caja» no fueran ellos. Los que admitieron su responsabilidad y reconocieron los errores fueron una minoría, pero reflejan una gota de realismo en un mar de soberbia y ceguera. Entre ellos se encontraba un exdiputado regional con el que trabé una buena amistad en la Asamblea de Madrid. Me lo encontré un día en una cafetería cercana a la Audiencia, a la espera de ingresar en prisión en cuanto la sentencia fuera confirmada por el Supremo, como así sucedió. La explicación que me dio cuando le pregunté si nunca se cuestionó lo que estaba haciendo resume toda una época: «La tarjeta nos la daba el presidente y nos decía que hiciésemos lo que quisiéramos con ella. ¿Cómo no la íbamos a coger?». A las pocas semanas, cruzó la puerta del módulo de accesos de la prisión de Soto del Real.
De todos los botines saqueados en España en aquellos años no hay ninguno que sea tan vergonzoso como el de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia: un robo a manos llenas perpetrado por los exconsejeros y altos directivos de la entidad, conocido por la totalidad de la clase política, empresarial y sindical madrileña, y bendecido por las organizaciones que les aupaban a esos puestos. Los quince millones de euros dilapidados no se declaraban a Hacienda, se cargaban a la denominada cuenta de quebrantos, un fondo destinado a cubrir imprevistos de los clientes como los robos de tarjetas, y no tenían otro objetivo que satisfacer sus caprichos personales. El destino de los gastos era absolutamente pornográfico: el 33,2 % se correspondía con efectivo sacado de los cajeros automáticos, lo que hacía que su rastro se perdiera en el mismo momento en el que entraba en el bolsillo de los agraciados; el 14,8 % cubrió desplazamientos y viajes de los exconsejeros y sus familias; el 11 % sufragaba sus compras en grandes superficies; el 10 % se destinó a restaurantes; el 8,3 % a hoteles; el 5,8 % a ropa y complementos, y el 3,3 % a alimentación. El 13,4 % restante se correspondía con gastos no especificados. Los dispendios, que en los medios de comunicación analizamos profusamente en octubre de 2014, cuando se hizo pública la investigación, constituyen uno de los escándalos más bochornosos que he tenido que contar en mi vida profesional. Sobre todo sabiendo que el rescate de Bankia, que se llevó a cabo en mayo de 2012, supuso un gasto al erario público de 22.424 millones de euros, del que solo se ha podido recuperar una mínima parte6.
Durante los tres últimos meses de Rodrigo Rato al frente de Bankia, en los que consumó su intento postrero para salvar las cuentas de la entidad y evitar su salida de la presidencia —que empujó el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos—, Rato aumentó las extracciones del cajero automático: sacó hasta 16.300 euros en efectivo utilizando su tarjeta black. Concretamente, entre el 22 de febrero de 2012 —mes en el que comenzaron los rumores sobre la inestabilidad de Bankia— y el 5 de mayo de ese año —dos días antes de su dimisión—, retiró efectivo en diecisiete ocasiones distintas, casi siempre por un montante de mil euros. Los extractos bancarios también ponen de relieve que el exvicepresidente del Gobierno, que devolvió el dinero antes de que se celebrara el juicio, cargó a su tarjeta un total de 1.849 euros entre los días 23 y 26 de febrero de 2011, en cuatro pagos consecutivos que aparecen consignados con la referencia «Clubs, salas de fiestas, pubs, discotecas y bares». En esos días se cerró la fusión de Caja Madrid con Bancaja y con las otras cinco cajas de ahorro que dieron origen a Bankia, y se produjo el nombramiento de los 53 directivos que cubrieron los puestos clave de la Dirección General de Negocio. Los elegidos no escatimaron en la celebración. Entre los gastos de Rato —casi 100.000 euros en total— se encontraba también la compra de billetes de avión, instrumentos musicales o suscripciones de televisión, más pagos en gasolineras, hoteles, clubes de golf y restaurantes. El recibo más alto fueron 3.547 euros en bebidas alcohólicas y el más bajo, de 33 euros, en un supermercado de la cadena Mercadona. Su antecesor en el cargo, Miguel Blesa, que se suicidó en julio de 2017, gastó en un solo día casi 9.000 euros en el Hotel Ritz de Madrid. Su tarjeta no declarada a Hacienda acumuló más de 436.000 euros, con pagos en viajes, joyerías o tiendas de vino.
Algunos consejeros mostraron un gran apego por la familia, como el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, que gastó casi 50.000 euros en los restaurantes del Grupo Arturo, propiedad del entonces presidente de la patronal madrileña y a la sazón su cuñado, Arturo Fernández. El economista Juan Iranzo tenía otras preferencias: empleó 5.300 euros en joyas, novecientos en locales de ocio nocturno de Madrid, 421 euros en flores y plantas, y 246 en lencería de Women’s Secret. A otros, como el ex director general de la Caja Ildefonso Sánchez Barcoj, les gustaba presentarse en la oficina y sacar el dinero en ventanilla. De los 484.000 euros que cargó a su tarjeta entre 2003 y 2010, 135.000 se correspondían con extracciones de efectivo. El 18 de diciembre de 2007, la fiebre navideña le llevó a sacar 10.000 euros de una sola tacada. Su sitio preferido para gastar era El Corte Inglés, aunque también tenía cargos en Vázquez, una conocida frutería de la Milla de Oro de Madrid, y en el bar de copas Honky Tonk. La tarjeta black valía para todo: desde una compra de tres euros hasta los 3.356 que se gastó en el supermercado en una ocasión. No obstante, en las visitas constantes al cajero ganó el imbatible José Antonio Moral Santín, intocable en Izquierda Unida en aquellos tiempos en los que tan a gustito se vivía en la oposición: fue 692 veces a sacar dinero durante los nueve años que estuvo de consejero, lo que le permitió disponer en efectivo de 366.350 euros de los 456.522,20 que cargó a su tarjeta opaca.
El sector de la joyería fue uno de los más beneficiados con el saqueo de Caja Madrid. Matías Amat, ex director general del Banco Financiero de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, acumuló 10.000 euros en la Joyería Durán del barrio de Salamanca, 4.860 en Tiffany’s y Pomellato, y 3.500 en la Joyería Suárez. Rafael Spottorno, exjefe de la Casa del Rey Juan Carlos I, quien igualmente participaba en el Consejo de Administración de la entidad, le endosó 235.817 euros a su tarjeta, que repartió entre tiendas de electrodomésticos y menaje del hogar, clubes deportivos, peleterías, joyerías, restaurantes, bombonerías o farmacias.
Por contra, el escándalo dejó un rosario de explicaciones que colocaron al país entre la hilarante incredulidad y la más que justificada indignación. En mayor o menor medida, salvo honrosas excepciones, los acusados intentaron justificar que merecían una tarjeta que no tributaba a Hacienda. Un grupo optó por demonizar el documento Excel que detalló sus gastos, listado que dio origen a la investigación cuando la intervenida Bankia se lo entregó al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y este organismo, creado para tratar de reconducir la pavorosa crisis, lo trasladó a la Fiscalía Anticorrupción. Aunque las defensas intentaron descalificar el documento como «sesgado» y «manipulado», el director de Auditoría de la entidad financiera, Iñaki Azaola, defendió que era un simple volcado de los datos. Azaola fue sometido a siete horas de interrogatorio por parte de algunos de los mejores abogados penalistas del país. Algunos procesados, como el exdiputado socialista Virgilio Zapatero, cuestionaron la existencia de gastos exagerados o muy seguidos en el tiempo, caso de comidas con media hora de diferencia o pagos simultáneos de varias plazas de aparcamiento. «Soy gordo, pero no tanto, no como para ir a tanto restaurante», apuntó Zapatero. Su compañero de partido José María Arteta, exalcalde de Móstoles, insistió en esa idea: «No puedes comer a las tres y a las tres y media otra vez».
El que mejor verbalizó el resentimiento generalizado hacia el Excel fue el expresidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, quien cargó contra un archivo informático que no tenía voz para defenderse. «Estoy muy cabreado con esa hoja, no vale nada, es papel mojado», masculló. También resultaba sorprendente que aparecieran en el documento numerosos gastos de pequeña cuantía, bajo el concepto de «instrumento musical», probablemente por la compra de canciones para su reproducción. «¡Aquí, en vez de un consejo de administración, parece que tengamos una orquesta!», señaló, divertido, el abogado defensor José María de Pablo. Otros acusados intentaron hacer creer al tribunal que les habían clonado las tarjetas y que alguien había realizado por ellos los pagos que aparecían reflejados. «Lo único que reconozco es el daño que me ha hecho», señaló el sindicalista Rodolfo Benito. El consejero Javier de Miguel sacó la calculadora para asegurar que el Excel le atribuía 18.000 litros de gasolina, lo que, aplicándolo al consumo de su vehículo particular, le habría permitido «haber dado la vuelta al mundo 7,9 veces».
Otra estrategia muy repetida en el juicio, con el expresidente Miguel Blesa como máximo exponente, fue señalar que las tarjetas habían sido fruto de la herencia recibida de Jaime Terceiro, quien presidió Caja Madrid entre 1988 y 1996. Azaola, responsable de Auditoría, aseguró que las tarjetas de Blesa no tenían «nada que ver» con las que Azaola había creado en 1986. Y Azaola, que declaró como testigo, añadió que en su época eran «white» y que «se fueron oscureciendo» con la llegada a la Caja del compañero de pupitre de José María Aznar.
Si Blesa le echó el muerto a Terceiro, Rato hizo probar a Blesa su misma medicina y le atribuyó toda la responsabilidad. En su declaración, el exvicepresidente del Gobierno afirmó que, cuando llegó a Caja Madrid en 2010, ningún departamento le explicó el sistema de retribución de los consejeros. Incluso aseguró que no leyó el correo en el que se decía que las tarjetas, «black a efectos fiscales», tenían la «bendición presidencial». Sin embargo, varios testimonios coincidieron en apuntar a su número dos, Ildefonso Sánchez Barcoj, como el encargado de emitir y gestionar los plásticos fraudulentos. En un alarde de ingenio, Blesa también trató de sortear su responsabilidad señalando a los organismos que visaban las cuentas de la entidad como los verdaderos responsables de no haber detectado las irregularidades. Apuntó como culpables del desfalco a los auditores de la entidad, a los técnicos del Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que habían certificado su funcionamiento. «Los auditores tenían suficientes pistas», llegó a soltar Blesa. «Teníamos empotrados analistas del Banco de España que tenían acceso online a todas las cuentas de la caja», apostilló Sánchez Barcoj.
Como muchos gastos consignados tenían difícil explicación, al tratarse de cargos en viajes, restaurantes, alcohol o tiendas de lencería, algunos de los acusados prefirieron defender que los pagos eran parte de su sueldo. «Cuando llega Blesa, queda claro que cada uno puede usar la tarjeta para lo que quiera», sintetizó el expresidente de Libertad Digital Alberto Recarte, quien también se había hecho con un sillón en el Consejo de Administración. «Era un instrumento de liquidez», definió Rato. Algunos tuvieron los arrestos de presentarse en la Audiencia Nacional como víctimas, «apestados» y tratados como si fueran «chorizos» o «atracadores», cabezas de turco que estaban pagando el peaje de una época en la que los excesos en la banca fueron generalizados. El exsecretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella acabó su declaración sollozando, mientras que Ignacio Navascués se quejó amargamente: «Se nos acusa hasta de la muerte de Manolete». Quienes optaron por una posición más humilde prefirieron hacerse perdonar por el tribunal, y defender que no tuvieron mala fe y que habían devuelto el dinero con la intención de reparar el daño causado. «Si me da la tarjeta la Caja, ¿por qué iba a pensar mal?», se excusó el exconsejero Ramón Ferraz. Rato fue uno de los primeros en devolver lo gastado, incluso antes de que el escándalo saltara a los medios de comunicación, porque, según declaró, «no quería líos con Bankia».
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