Читать книгу: «Migraciones y seguridad: un reto para el siglo XXI», страница 6

CRIMEN ORGANIZADO, SECURITIZACIÓN Y MIGRACIONES

Tras el 11 de septiembre, las organizaciones mexicanas del crimen organizado, especialmente aquellas con mayor presencia a lo largo de la frontera como Los Zetas, la Federación de Sinaloa y el Cartel del Golfo, empezaron a ser consideradas como un factor serio de amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Esto, por tres razones.

Primero, el Gobierno federal mantiene serias preocupaciones sobre la posible vinculación del crimen mexicano con organizaciones terroristas internacionales. La idea general de los políticos de Washington es que el terrorismo internacional aprovecha la presencia del crimen organizado en la frontera caótica con México para ingresar a territorio estadounidense y atentar contra la seguridad de aquel país (Meneses 2012, p. 264). No obstante, cabe reseñar que los terroristas extranjeros responsables de los atentados del 11 de septiembre, así como del atentado en la maratón de Boston en 2013, no entraron a Estados Unidos a través de la frontera con México, sino que lo hicieron legalmente a través de puertos aéreos.

Segundo, por el flujo de drogas ilegales que ingresan al territorio estadounidense a través de la frontera con México. Según las estimaciones de Isacson y Meyer (2012), entre 2005 y 2010, las incautaciones hechas por las autoridades estadounidenses en la frontera suroeste aumentaron en un 297 % en el caso de la heroína, 49 % para la marihuana, 54 % para las metanfetaminas, y 839 % para el éxtasis. En el caso de la cocaína, por el contrario, se ha detectado un decrecimiento del 21 % en el número de incautaciones.

Finalmente, debido a la creciente preocupación por el derrame de la violencia mexicana hacia el territorio estadounidense. Esta violencia originada por el crimen organizado mexicano afecta cada vez más a ciudadanos estadounidenses en los estados fronterizos. John P. Walters, director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, afirmó durante el primer gobierno de Bush que “la matanza de traficantes rivales ya se está filtrando a través de la frontera. Se están asesinando a testigos. No creemos que la frontera sea una protección” (Harman, 2005).

La problemática afecta particularmente a ciudades tejanas como El Paso, Laredo, San Antonio, Houston y Dallas, así como otras en los estados de Nuevo México, Nevada y Arizona, donde los carteles mexicanos mantienen células activas. Según un informe presentado por el Center for a New American Society,

Las acciones criminales de los carteles [mexicanos] y las pandillas [centroamericanas] ya no son más un simple problema policial, sino que son una amenaza que está haciendo metástasis en una nueva forma de extensas redes criminales insurgentes. La escala y violencia de estas redes amenazan los gobiernos y las sociedades civiles del Hemisferio Occidental y, cada vez más, en los Estados Unidos […] Crimen, terrorismo e insurgencia están interrelacionados en nuevas y peligrosas formas que amenazan no solo el bienestar, sino también la seguridad de las sociedades en el Hemisferio Occidental […] Estados Unidos debe liderar los esfuerzos hemisféricos para enfrentar y derrotar la amenaza de los Carteles a la sociedad civil[…] El crimen transnacional amenaza la seguridad de EE. UU. en varias formas. Además de la amenaza directa de la violencia y la desestabilización de países vecinos, el crimen transnacional proporciona a los estados hostiles a los Estados Unidos la posibilidad de explotar las redes criminales para sus fines geopolíticos […] Ningún Estado en el hemisferio es mas importantes para la seguridad de Estados Unidos que México, que está luchando por su supervivencia contra una criminalidad. (Center for a New American Society, citado por Killebrew y Bernal, 2010, p. 17)

Ante esta realidad, en Estados Unidos se argumenta que México es incapaz de contener el accionar violento del crimen organizado, lo cual justifica la militarización de la frontera y la implementación de medidas restrictivas al tránsito de personas desde el sur. De hecho, algunos sectores conservadores de los estados fronterizos con México promueven un discurso que destaca la existencia de un vínculo directo entre inmigración ilegal y crimen organizado, además de señalar al indocumentado como posible miembro de carteles mexicanos o de las pandillas centroamericanas, o proclive a ser reclutado por estos.

Para Isacson y Meyer (2012, p. 7), sin embargo, los hechos de violencia que ocurren en el lado estadounidense de la frontera son casos aislados y no se evidencia un fenómeno real de expansión de la violencia desde México. Según citan los autores, aunque los municipios mexicanos fronterizos presentan algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo, las jurisdicciones fronterizas de Estados Unidos registran disminuciones consistentes de hasta 19 % en el número de homicidios entre 2005 y 2010.

No obstante, las posturas alarmantes sobre la violencia en la frontera han predominado después del 11 de septiembre, logrando condicionar cualquier reforma en materia de migración a la aprobación previa de medidas para reforzar el control fronterizo. En agosto de 2005, por ejemplo, los gobernadores de Arizona y Nuevo México declararon sus áreas limítrofes con México como zona de emergencia debido al incremento de la violencia, por cuanto los alguaciles del estado de Texas conformaron una asociación cuyo objetivo era ejercer presión en Washington para que se adoptaran medidas de seguridad más fuertes que contrarrestaran la presencia del crimen organizado en la frontera tejana (Meneses, 2012, p. 262).

LA CRIMINALIZACIÓN DE LOS MIGRANTES IRREGULARES

Las políticas de inmigración de Estados Unidos se caracterizan por su fuerte regulación para el ingreso al país de individuos nacidos en el extranjero, y se fundamentan en un complejo sistema de cuotas para la asignación de visas de residencia y permisos de trabajo de acuerdo con el país de procedencia de los solicitantes. Pese a las varias reformas que ha sufrido la normatividad y las medidas tomadas para endurecer las sanciones y controles a la migración irregular, se mantiene este sistema de cuotas originado en la década de 1920.

La regulación actual de la inmigración en Estados Unidos se basa fundamentalmente en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationalization Act-INA), que ha sufrido varias enmiendas y reformas desde su promulgación en 1952. Aunque se trata de una ley federal, deja un margen de acción a los estados para regular las actividades de los no ciudadanos dentro de sus fronteras (Legomsky, 2004, p. 66).

La normatividad clasifica a las personas que se encuentran en territorio de Estados Unidos como ciudadanos y extranjeros. Para la administración de la inmigración se constituyen cuatro grandes programas (Legomsky, 2004, pp. 68-71):

• Un programa de reunificación familiar que permite que los extranjeros se reúnan con familiares que sean ciudadanos o residentes permanentes legales. Legomsky estima que cada año se expiden unas 500 000 visas de unificación familiar, las cuales no son cuantificadas dentro del límite global de visados.

• Un programa de inmigración de trabajo, que tiene un límite anual de 140 000 visas. Este programa beneficia a las personas con habilidades, capacidades y experiencias laborales especiales para la economía de Estados Unidos.

• Un programa de inmigración de diversidad que beneficia hasta a 50 000 extranjeros por año provenientes de países o regiones del mundo con una tasa relativamente baja de inmigrantes a Estados Unidos.

• Finalmente, el programa de refugiados, el cual observa en términos generales los criterios de la Convención de Refugiados de la ONU. No existe un límite para el otorgamiento de asilos, sin embargo, solo 10 000 asilados anuales pueden ser admitidos como residentes permanentes.

Al referirse al creciente fenómeno de los inmigrantes irregulares, Jeff Jacoby (2012) señala que el problema del régimen migratorio de Estados Unidos,

[…] no es que haya muchísima gente quebrantando las reglas. El problema es que las reglas son irracionales, intransigentes y contraproducentes. Nuestra política de inmigración aspira a controlar la cifra de inmigrantes que entran en el país, a estipular de qué zonas del planeta deben proceder los inmigrantes, a especificar cuán estrecha ha de ser la relación entre los inmigrantes y el resto de la población y a decidir qué puestos de trabajo han de desempeñar los recién llegados. Así, cada año se facilitan exactamente 226 000 green cards [tarjeta verde] a los inmigrantes beneficiarios de la denominada reunificación familiar. De esas 226 000, 23 400 son para hijos de ciudadanos estadounidenses que contraen matrimonio con extranjeros, y 65 000 están reservadas a hermanos de ciudadanos estadounidenses. Los permisos de trabajo son aún más difíciles de conseguir. Solo se expiden 140 000 cada año, y aquí también hay subcuotas, como en el caso anterior; una de ellas especifica que la cifra de inmigrantes procedentes de un mismo país no puede superar el 7 % del total. […] Hay inmigrantes en potencia que han de esperar durante décadas para poder hacerse con una tarjeta verde. Para otros, en cambio, no hay lista de espera en la que apuntarse. Como consecuencia de todo ello, el incentivo para penetrar ilegalmente en el país es muy poderoso. (Jeff Jacoby, 2012)

Ahora, en consonancia con los discursos conservadores antiinmigración, algunos estados de la Unión han adoptado legislaciones que criminalizan al inmigrante irregular, retomando iniciativas federales como la Ley Sensenbrenner de 2005, que pretendía penalizar a más de 10 millones de indocumentados y convertir en delito su transporte o resguardo. En varios estados, como Arizona, Alabama y Carolina del Norte, se han promovido legislaciones estatales que estipulan como delito el ofrecer protección o trabajo al inmigrante irregular y obligan a las empresas a registrarse a E-Verify y comprobar la situación migratoria del solicitante a un trabajo a través de dicho sistema federal.

Arizona ha sido uno de los estados abanderados en lo que respecta a legislación antiinmigración. Así, por ejemplo, la Ley 200 de 2005 restringió los servicios asistenciales para los indocumentados, incluyendo los servicios de guardería y bonos alimenticios. La Ley 300 de 2006 negó el derecho de estudiar inglés a los migrantes irregulares y plantea que sus hijos, incluso los nacidos en territorio estadounidense, paguen como extranjeros la matrícula de la universidad. Luego, en septiembre de 2007, entró en vigor un paquete de medidas que criminalizaba la migración indocumentada: entre otras, la posibilidad de que quienes fueran detectados como residentes ilegales pudieran ser detenidos sin derecho a fianza por una semana, aun sin ser acusados formalmente por delito alguno (Laborde, 2010).

Sin embargo, fue la aparición de la Ley SB 1070 de 2010 la que mayor controversia y rechazo generó entre la comunidad latina de Estados Unidos y en México, por lo que se calificaba como una ley del odio, racista, “una abierta invitación a la persecución, el acoso y la discriminación de todos aquellos que parezcan mexicanos” (Escobar, 2010). La norma precisa a las policías locales revisar los antecedentes de una persona cuando tengan sospecha de que se trata de un inmigrante ilegal, lo cual puede llevar a que –si bien la ley no lo hace específico– se justifique la detención preventiva de personas por su perfil étnico-racial, es decir, por su apariencia física. Esto implica que todo inmigrante, especialmente aquel con aspecto mexicano, se vea obligado a portar sus documentos de residencia en todo momento bajo el riesgo de ser detenido si no lo hace –algo inimaginable para cualquier ciudadano estadounidense, tan reacio a los controles estatales de su vida personal– (Migration Police Institute, citado por OIM, 2011, p. 74).

Aunque en julio de 2010 el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos suspendió temporalmente muchas de las provisiones de la ley, en 2012 la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos permitió la entrada en vigor de la Sección 2B –conocida como la provisión muéstreme sus papeles–, que permite a las policías locales indagar el estatus migratorio de un individuo que haya sido detenido, si el oficial tiene una sospecha razonable de que la persona puede ser indocumentada. Sin embargo, aún bajo la ley SB 1070, es ilegal que la policía detenga a una persona a causa de su raza, grupo étnico o idioma, o que lo detenga por mucho tiempo solo para investigar su estatus migratorio (Univisión, 6 de junio de 2013). El espíritu de la SB 1070 alentó a otros 23 estados a introducir disposiciones semejantes contra la inmigración irregular (Migration Police Institute, citado por OIM, 2011) e inspira el más reciente proyecto de seguridad fronteriza presentado por el Partido Republicano en la Cámara de Representantes.

En realidad, este tipo de legislación estatal no dista mucho de lo consignado en la normatividad federal. De hecho, los legisladores estatales proponentes justifican la necesidad de este tipo de medidas por la incapacidad del Gobierno federal para aplicar y hacer cumplir la ley. Lo único novedoso en la legislación de Arizona es la detención preventiva basada en un perfil étnico-racial. Realmente el debate está en la jurisdicción para aplicar dichas legislaciones, pues mientras que la normatividad federal concede dicha facultad solo a agencias federales como la Patrulla Fronteriza, la legislación estatal amplía dicha facultad a todas las autoridades locales, con lo que las policías locales se convierten en autoridades de inmigración.

Así, por ejemplo, las medidas sancionatorias a los empleadores que contraten a migrantes indocumentados existen en la legislación federal desde la reforma de 1986. Ocasionalmente, y como respuesta a la presión de aquellos sectores antiinmigración, se han desplegado acciones de forma espectacular, como la operación contra la empresa de alimentos Tyson Foods en 2001 (en los corolarios del 11 de septiembre) y la operación Wagon Train contra la empresa procesadora de cárnicos Swift y Co. en 2006 (Hernández, 2008, p. 197). Sin embargo, en términos generales, la aplicación de dicha regulación ha sido laxa, si se tiene en cuenta más los requerimientos de las empresas de mano de obra latina –más barata que la estadounidense– que la legislación contra la inmigración irregular. Es en este sentido que las legislaciones estatales retoman las normas federales y otorgan facultades extraordinarias a las autoridades locales para velar por su efectivo cumplimiento en la jurisdicción respectiva.

Para González Reyes (2009, p. 53), la idea de criminalizar al migrante indocumentado tiene un trasfondo de xenofobia, en el que el abuso de autoridad por parte de la Patrulla Fronteriza, el empleo de fuerza innecesaria y la violación de los derechos humanos del migrante en general, están estrechamente asociados a otros fenómenos de naturaleza sociopolítica en donde intervienen elementos de carácter racial, étnico, de prepotencia, corrupción e impunidad por parte de las autoridades migratorias. Para el autor, inmigrante irregular y delincuente son condiciones con diferentes implicaciones y que deberían dar como resultado sanciones totalmente distintas:

En principio, habría que distinguir entre el estatus legal del indocumentado y el del delincuente. En el primero, se trata de la transgresión a las disposiciones normativas en materia migratoria, que contemplan que, para ingresar a Estados Unidos, todo extranjero requiere de una identificación o pasaporte como documento oficial. En el segundo, se refiere a la comisión de conductas delictivas en virtud de la violación de normas sancionadas por el código penal estadounidense. El problema surge cuando al indocumentado se le quiere tratar como delincuente, sin haber violado ninguna norma penal. (González Reyes, 2009, p. 53)

Estas posiciones antiinmigración encuentran, incluso, un respaldo académico importante. En su libro ¿Quiénes somos?, Samuel Huntington señaló que la creciente afluencia de latinos representa un desafío cultural mayor para la identidad nacional estadounidense, por cuanto se corre el riesgo de la hispanización de Estados Unidos, esto es, un Estado con dos naciones: la anglosajona y la hispana. En una visión más caótica del asunto, señala que la gran población mexicana-americana se siente como en casa en aquellos estados que antes formaron parte del territorio mexicano (California, Nuevo México, Arizona y Texas). Huntington concluye:

La historia muestra que existe un grave potencial de conflicto cuando la población de un país empieza a referirse al territorio de un país vecino como si se tratara de su propiedad, a hacer una reivindicación histórica y a formular derechos especiales y reivindicaciones sobre dicho territorio. (Huntington, 2004, pp. 268-269)

Pero cabe señalar que el 11 de septiembre fue aprovechado por grupos extremistas para explotar el miedo y la ira que los ataques produjeron en los Estados Unidos y extender los sentimientos xenófobos en las poblaciones blancas locales y rurales de los Estados sureños. Más allá de la percepción de inseguridad generada por la inmigración irregular, las posiciones nativistas sostienen que las poblaciones no estadounidenses representan una amenaza para la cultura anglosajona americana, fundada en una identidad racial –blanca–, una identidad religiosa –protestante– y una identidad lingüística –inglés–. A esto, se suma el hecho de que, en tiempos de crisis económicas, como las sucedidas en 1929 y en 2007, las poblaciones de origen extranjero sirven como chivo expiatorio de los males cotidianos, y se percibe en ellas saqueadores de puestos de trabajo y aprovechadores de la seguridad social brindada por el Estado. Son estas algunas de las bases sociales que presionan a los actores políticos (representantes legislativos y autoridades) para imponer un férreo control de las fronteras y al tránsito de personas no nacionales por el territorio estadounidense, con énfasis en los grupos étnicos que se perciben como amenazas; sobre todo las poblaciones de medio oriente y las latinas. Los grupos de presión más notorios de este tipo han sido la Federación para la Reforma de la Inmigración Americana (Federation for American Immigration Reform-FAIR) y los autodenominados minutemen (Hernández, 2008, p. 196).

En este sentido, el tema de la criminalización del migrante irregular fue un asunto central en la reciente contienda electoral por la presidencia (2016). Buena parte de la campaña del candidato por el Partido Republicano, Donald Trump, estuvo centrada en propuestas contra la inmigración ilegal que, en muchas ocasiones, comportó un discurso xenófobo y populista. Algunas de las propuestas del proyecto migratorio de Trump fueron la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México (ya existen barreras a lo largo de ciertos sectores), la deportación de todos los inmigrantes indocumentados y la abrogación o supresión del derecho a la ciudadanía por nacimiento a los hijos de indocumentados (Univisión, 2015).

A lo anterior, se suma la tendencia de algunos rancheros de estados como Texas y Arizona a organizar grupos armados de seguridad privada para protegerse de los inmigrantes ilegales. Algunas de estas organizaciones tienen a su disposición armamento de alto alcance y dispositivos tecnológicos (sensores de movimiento, radares, GPS, equipos de visión nocturna, etc.) para rastrear y detectar cualquier movimiento que se presente en los ranchos ubicados en las cercanías a los límites con México. Una de las organizaciones más importantes de este tipo es la American Border Patrol, basada en Arizona, cuya misión es “ayudar a garantizar la seguridad de la frontera sudoeste del país y frenar la invasión del territorio estadounidense” (American Border Patrol, s.f.). Otros grupos como el Ku Klux Klan y Ranch Rescue en Texas, así como Civil Homeland Defense en Arizona, se han organizado en milicias armadas para patrullar y vigilar la frontera, igual que cazar a los inmigrantes irregulares.