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El papel “regulador” del Estado en el combate a la obesidad

Cuando hablamos de problemas de salud pública, en particular de problemas relacionados con la alimentación (obesidad, desnutrición, hambre), no podemos ignorar la participación activa y pasiva del Estado. La función pasiva de este radica en el apoyo a la población por medio de programas dirigidos principalmente a los sectores vulnerables. Por su parte, la función activa se presenta porque al considerar el sector productivo y empresarial como una rama que va de la mano con los procesos gubernamentales, se permite el desarrollo de empresas mexicanas y la entrada de empresas extranjeras al territorio mexicano, que pueden impactar positiva o negativamente en estos fenómenos.

Desafortunadamente, el papel jugado por el Estado en el combate a la obesidad se ha concentrado en su función pasiva, mientras que la activa ha sido benéfica solo para unos cuantos actores, y altamente perjudicial para el resto de la sociedad. Barquera, Rivera y Gasca (2001) refieren que desde 1910 el Estado se encuentra en crisis frente a las problemáticas sociales, económicas, ambientales y políticas que sufre México. Desde los problemas agrarios y el interés del Estado por mantener su legitimidad dentro del territorio, se optó por desarrollar programas que subsanaran, por un lado, la transformación que se pensaba hacer a gran escala en el sector agrícola y, por otro, paliar los ánimos de campesinos y productores que comenzarían a ver pérdidas ante la irremediable transformación de los mercados locales. Por tal razón se comenzaron a otorgar pequeños subsidios a campesinos y apoyos alimentarios a las comunidades que sentían los efectos de las transformaciones económicas.

Fue así que el Estado comenzó a probar diferentes programas que intentaron subsanar el gran hoyo negro que se abría en el sector productivo y alimentario. Se inició con el sistemas de subsidio a los consumidores (programas de desayuno escolar, Compañía Nacional de Subsistencias Populares [Conasupo]), para después continuar con subsidios a los productores; el problema fue que los mismos, en su mayoría, eran aprovechados por los grandes productores (Hewitt, 1999).

No obstante, las transformaciones más evidentes se dan a partir de la década de 1980, cuando la apertura económica y comercial permite la llegada al territorio nacional de un mayor número de empresas extranjeras, además de que el Estado vio necesario apoyar con grandes subsidios a las principales empresas nacionales para que respondieran a la competencia en el mercado interno y fueran capaces de incursionar en los mercados de exportación. Tal como se mencionó previamente, ello impactó considerablemente en los aspectos alimentarios de México, pues mientras no se lograba erradicar la hambruna y desnutrición en algunas partes del país, la obesidad aparecía cada vez más como un problema nacional.

Función pasiva del Estado: diversidad y poca efectividad de los programas públicos de apoyo a la alimentación

En casi cien años de historia reciente de México (1922-2014), varios han sido los programas asistenciales relacionados con la alimentación que el gobierno federal ha impulsado (véase cuadro 1). Sin embargo, existen suficientes elementos para cuestionar si estos realmente han respondido a un interés del Estado por subsanar verdaderamente los problemas de alimentación de la población o solo han sido paliativos impulsados más desde una visión política. De hecho, una característica de muchos de estos programas ha sido la de canalizar transferencias de recursos a grupos de población con determinadas características socioeconómicas relacionadas con la pobreza, de manera que los beneficiarios deben mantener esas características para seguir siendo sujetos de apoyo, lo que en muchos casos ocasiona estancamiento social y clientelismo político.

Cuadro 1. Evolución de los principales programas y políticas alimentarias y de nutrición en México, 1922-1994
Año*	Política o programa	Objetivo	Población meta	Estrategia o acción
1922-1924	Diversos programas asistenciales.**	Apoyo a los consumidores.	Niños en edad escolar de zonas urbanas.	Implementación de desayunos escolares.
1925	Subsidio a la producción.	Aumentar la producción agrícola y mejorar la producción ganadera.	Productores agrícolas y de ganado.	Organización de cooperativas populares, préstamo a los productores, combate a plagas de la agricultura y ganadería, exposición nacional ganadera, control de la producción lechera.
1936-1937	Almacenes Nacionales de Depósito.***Comité Regulador del Mercado de Trigo.Comité Regulador del Mercado de Subsistencias Populares.	Controlar el precio de granos en el mercado.Mejorar el acceso a los artículos de consumo de primera necesidad.	Población de bajos recursos.	Almacenamiento de grano para regulación de precios en el mercado.Regulación del mercado de subsistencia, adaptación de la economía a las necesidades sociales, importación de maíz y trigo.
1940	Mecanización de la agricultura.Técnica de la alimentación.Segundo Plan Sexenal.	Mejorar la producción.Mejorar el estado de nutrición.Educar a la población.	Población económicamente débil, grupos menesterosos.	Adquisición de maquinaria agrícola, crédito a la producción.Creación de comedores populares, cadena de expendios populares de leche, sale al mercado la primera leche rehidratada.Fundación del Instituto Nacional de Nutriología.
1942	Primer programa de iodación de la sal.	Disminuir enfermedades por deficiencia de iodo.	Toda la población, principalmente la de comunidades con bocio endémico.	Iodación y distribución de la sal.
1946-1950	Abasto popular.Subsidio a la producción de alimentos.	Abaratar el costo de artículos alimentarios en el mercado.Mejorar la producción.	Población de bajos recursos.	Importación de artículos escasos en el país, control de precios de artículos de primera necesidad, tecnificación del campo, ganadería, creación de la Comisión Nacional de Leche, desayunos escolares. Revolución verde (semilla mejorada).
1958	Abasto y subsistencias populares.Plan de acción inmediata.Procuraduría Federal de Defensa al Consumidor.	Regular precios de los artículos básicos Apoyo a la producción.Protección a la economía popular.	Población de bajos recursos	Control de precios de los artículos básicos Precios de garantía a la producción, mejorar el almacenaje y distribución de productos agrícolas Vigilancia y dirección de la economía nacional.
1961-1965	Subsidio al consumo de productos del campo.	Incrementar el ingreso con precios de garantía para productos del campo.	Población rural y de bajos recursos.	Creación de Conasuposa y la Compañía Rehidratadora de Leche.Mantener reservas de productos de primera necesidad.Regular precios de productos de primera necesidad en el mercado.
1972	Subsidio al consumo.	Proteger la economía y mejorar el poder adquisitivo, regular precios en el mercado.	Población de bajos recursos.	Compras reguladoras de maíz y frijol, transformación de Conasuposa a Leche Industrializada Conasupo (Liconsa).
1975-1980	Sistema Nacional para el Programa de Apoyo al Comercio Ejidal (PACE).Desarrollo Integral de la Familia (DIF).Sistema Alimentario Mexicano (SAM).	Educar a la población en hábitos de alimentación y distribución de complementos dietéticos.Ampliación de la red comercial.Subsidiar a la producción y mejorar el estado nutricional de la población.	Población infantil.Madres gestantes.	Desayunos escolares, fabricación de leche para lactantes y madres gestantes, creación de cocinas populares, distribución de semillas y hortalizas.Crédito para la producción de semillas, producción y comercialización de fertilizantes, subsidio a la producción y distribución de alimentos.Regulación de los precios de los productos de consumo.
1982	Programa Nacional de Alimentación (Pronal).Pacto de Solidaridad Económica.	Apoyar la producción, distribución y consumo de alimentos, cambiar condiciones de alimentación y nutrición.	Población con alto índice de marginación, menores de cinco años, mujeres embarazadas y lactantes.	Incremento de salarios mínimos sobre la canasta básica, fomento a la producción de alimentos, programas de vigilancia del estado nutricional, orientación alimentaria.
1990	Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa).	Mejorar los niveles de salud y nutrición.	Población de bajos ingresos, niños menores de cinco años y mujeres embarazadas.	Vigilancia del estado de salud y nutrición, distribución de suplemento alimentario, educación en salud y nutrición.
1994	Programa de suplementación con megadosis de vitamina A.	Proteger contra deficiencia de vitamina A.	Niños menores de cinco años.	Dar suplementación a los niños durante las campañas de vacunación.

* Periodo aproximado en que surgieron los programas.

** Antecedente de lo que posteriormente sería el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

*** Antecedente de lo que posteriormente sería la Conasupo, creada en 1994.

Fuente: Barquera et al. (2001: 465).

Por otro lado, la noción que tiene el Estado sobre la canasta básica está lejana a las intenciones de disminuir los problemas alimentarios (obesidad, desnutrición, hambre). ¿Cómo puede considerarse que abona a la nutrición y al combate a la obesidad una cantidad impresionante de harina refinada en todas sus presentaciones (galletas o leche en polvo de baja calidad, por señalar algunos productos)? Lo anterior sin mencionar el problema que representa para la población el hecho de que debe apegarse a una de alimentación balanceada que no toma en cuenta las características socioculturales y ambientales del lugar en que se pretende aplicar.

El resultado de ello es que a pesar de la evolución presentada por las políticas y programas de alimentación y nutrición en México, la desnutrición y las enfermedades asociadas con deficiencias de ciertos nutrimentos persisten, en tanto que toman fuerza nuevas enfermedades relacionadas con la alimentación que antes no representaban problema alguno en nuestro país, tales como la obesidad (Barquera et al., 2001).

¿Y la función activa del Estado?

En el combate a la obesidad, la función activa del Estado ha sido totalmente errática, actuando en favor de las empresas productoras de comida con alto contenido calórico y bajo contenido nutricional y en contra del consumidor. Así, en estos años de apertura comercial, la industria de alimentos procesados ha crecido de manera importante. En 2012 su producción ascendió a 87 mil 790 millones de dólares, con una tasa promedio anual (TMCA) de 7.8% entre 2007 y 2012, contribuyendo con 22% del producto interno bruto (PIB) manufacturero y 7% del PIB nacional (Inegi, 2014). Se estima que su producción crecerá a una TMCA de 6.3% en el periodo 2011-2020 (ProMéxico, 2012).

En lo que respecta al consumo, este fue de 121 mil 712 millones de dólares en 2011 y se espera crezca a una TMCA de 6.1% (ProMéxico, 2012), que aunque es inferior a la proyección del consumo mundial (TMCA de 8.1%), sigue siendo dinámico, sobre todo si se considera que el crecimiento del PIB en México no ha superado el 4% anual en los años más recientes (1.06% en 2013).

Por otro lado, la inversión extranjera directa en esta industria ascendió a 21 mil 722 millones de dólares entre 2002 y 2011; 99% de esta provino de Holanda, Estados Unidos y Suiza, con Danone, Nutreco, Kraft, Unilever, Coca-Cola, Nestlé, Pepsico, Tyson y Mars como los principales inversionistas extranjetos. Los principales inversionistas mexicanos son Bimbo, Embotelladora Arca, Lala, Bachoco, Femsa, Gruma y Sigma. Cabe señalar que existe un constante proceso de concentración industrial en cada vez menos empresas, muchas de ellas de capital extranjero.

Uno de los factores que mayor influencia han tenido en el crecimiento económico en México de varias de las más grandes empresas alimentarias, los intermediarios minoristas y las cadenas de comida rápida, ha sido la política económica favorable a sus intereses, pues durante varios años fueron considerables las transferencias económicas y los privilegios fiscales a embotelladoras, fábricas de jugos y empresas cuyo giro era la elaboración de alimentos poco nutritivos.

En contraparte, estos subsidios tuvieron un efecto distorsionante en la alimentación de los mexicanos (en particular, aquellos de menores ingresos) y un impacto negativo en su nutrición, pues el incremento en el consumo se orientó principalmente a las llamadas comidas chatarra.⁶ Según Carla García (2011: 172), haciendo uso de estadísticas de la Secretaría de Salud, en México se gastan alrededor de 240 mil millones de pesos al año en la compra de este tipo de comida, por apenas 10 mil millones para comprar alimentos básicos. De igual forma, se estima que en 2012 los mexicanos adquirían 29.3% menos frutas y verduras que en 1988, 26.7% menos leche y 18.8% menos carne, mientras que aumentaron en 6.3% la compra de hidratos de carbono refinados y en 37.2% la adquisición de bebidas azucaradas (Secretaría de Salud, 2013). Por ello, durante estos años los mexicanos se convirtieron en los mayores consumidores de refrescos azucarados en el mundo, con 163 litros anuales por persona (55 litros más que en los Estados Unidos [Oxfam México, 2012]), además de que el consumo de azúcar per cápita se incrementó a entre 42 y 50 kilogramos (García Chávez, 2011) más del doble del promedio mundial.

Se puede decir entonces que la política económica del gobierno desde la década de 1980, ha sido en beneficio de los grandes consorcios de la alimentación, mientras que el sobrepeso y la obesidad se disparan a niveles alarmantes, perjudicando a los consumidores (especialmente las familias de menores ingresos que ven una gran merma económica por la morbilidad o mortalidad asociadas a estos males), a las finanzas públicas y a la economía del país.

Conclusiones

El título de este trabajo planteaba la pregunta de si tenemos los consumidores la culpa de los problemas de obesidad que hoy afecta a siete de cada diez mexicanos.

De acuerdo con los argumentos presentados en el texto, la respuesta parece obvia: No tenemos la culpa, pues la obesidad de ninguna manera puede verse ya como una consecuencia de decisiones individuales que la persona tiene que asumir; por el contrario, es resultado de un sistema alimentario fraguado en arenas muy distintas a su entorno, donde la obtención de utilidades monetarias está por encima de cualquier otra cosa. En este sistema, los grandes conglomerados transnacionales han explotado en contra de la nutrición humana, su genética que hoy lo predispone a la obesidad. Esto lo ha hecho con la complacencia de Estados permisivos, que lejos de obligar a las empresas a que asuman sus responsabilidades, se conforman con programas superficiales que no atacan de fondo el problema.

La complicación actual es que el sobrepeso y la obesidad se han convertido en pandemia mundial que amenaza la estabilidad económica de los países, de los gobiernos y de las mismas empresas que lo han provocado. Desgraciadamente, la mayoría de los gobiernos, en particular el de México, han respondido de manera restringida para combatir la enfermedad, limitándose a medidas paliativas que no tocan los intereses de las empresas. Estas por su parte, intentan realizar acciones de empresa social, más como estrategia mercadotécnica, que intentando combatir de fondo el problema; de hecho sus acciones van encaminadas en delegar en el consumidor y en la sociedad la responsabilidad de las acciones.

Pero analizando bien la problemática, debemos reconocer que sí somos de alguna forma culpables de nuestra obesidad; en primer lugar, porque permitimos como sociedad que alguien externo a nuestro entorno sea el que decida qué, cuándo y cómo comemos; segundo, porque no exigimos con nuestro poder como consumidores, que las empresas asuman una visión distinta respecto a la prioridad entre nutrición y lucro, y que nuestros gobiernos protejan ante todo a su ciudadanía; y, tercero, porque habiendo alternativas de alimentación tradicionales y mucho más sanas, las hemos despreciado en aras de lo fácil y que está de moda.

Por eso, claro que somos corresponsables de lo que nos pasa, de manera que si seguimos sin alzar la voz para exigir nuestros derechos, el problema de la obesidad no será solucionado de fondo, sino que al contrario, se convertirá en una enfermedad cada vez más grave, donde los principales perjudicados seremos nosotros y nuestras familias.

Notas

1 El IMC se calcula dividiendo el peso de una persona en kilogramos entre el cuadrado de su talla en metros; por ejemplo, si pesa 55 kg y mide 1.60, se hace la siguiente operación: 55/(1.60 x 1.60), lo que da como resultado 21.48, que equivale a un peso normal.

2 Su poder es tal, que existe una creciente participación de funcionarios de estos consorcios agroalimentarios entre los representantes de gobierno de las potencias económicas para las negociaciones multilaterales del comercio agroalimentario internacional (Duch y Fernández, 2010: 13-14).

3 Por ejemplo, en este programa se promueve una receta de palitos de verduras, para fomentar su consumo, pero se sugiere incorporar un dip elaborado a base de yogurth o crema sin azúcar, donde la empresa es líder proveedora (http://www.nestle-sentirsebien.com/articulo.php?idnutricion=125&t=Tips-para-que-los-ninos-coman-mas-verduras-y-frutas).

4 Soledad Barruti (2013: 215) señala que los detractores de la ractopamina denuncian que esta puede generar hipertensión y pr acos en el ser humano. En el caso del clembuterol son varios los casos de intoxicación humana por comer hígado con esa sustancia, que han sido denunciados en México durante los años más recientes.

5 Por poner algunos de los más destacados ejemplos, la cadena Waltmart, líder mundial en comercio minorista, llegó al país en 1991. En cuanto a las principales empresas de comida rápida, McDonald´s lo hace en 1985; pocos años después lo hace Kentucky Fried Chicken, mientras que Burger King llega en 1991.

6 Se llama comida chatarra a aquella que tiene de bajo valor nutritivo, pero altos contenidos de azúcares, harinas o grasas. Entre ellas se encuentran las botanas, refrescos, pastelillos, dulces o cereales (García, 2011: 172).

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