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INTRODUCCIÓN

La propuesta de esta investigación tuvo como objeto inicial el análisis de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), entendida como un organismo burocrático-militar que desarrolló funciones represivas, de control, información e inteligencia estratégica que la perfilaron como una policía política entre 1973 y 1977. El objetivo era situar a la DINA en el proceso de institucionalización de la dictadura permitiendo, a través de su accionar, dar cuenta de cómo las diversas disputas políticas, dentro de la Junta Militar de Gobierno como fuera de ella, fueron incidiendo en el desarrollo de la organización y el derrotero político del presidente de la Junta, general Augusto Pinochet Ugarte. El éxito y desarrollo de la DINA implicaban el desarrollo del personalismo de la dictadura militar en su proceso de institucionalización. Como el mismo Pinochet espetó a los miembros de la Junta Militar en 1974 en una conversación en la que se estaba cuestionando el accionar de la DINA y que grabó el exdirector de inteligencia del Ejército general Augusto Lutz: “¡Señores, la DINA soy yo!”. El desarrollo del personalismo del régimen era la cara política de la lógica represiva de la dictadura.

Bajo esta intuición investigativa, suponía que la DINA –como una burocracia de inteligencia política– efectuaba una ruptura con el desarrollo de la racionalidad represiva de los servicios de inteligencia al interior de las fuerzas armadas (FF. AA.) y policiales. Mi argumento para sostener aquello radicaba en que la DINA era un servicio de inteligencia de Gobierno y no una burocracia de inteligencia de una rama específica de las FF. AA. dependiente del alto mando1. Otro argumento que reforzaba mi hipótesis inicial era el hecho de que este servicio realizó labores de inteligencia política para la toma de decisiones en diversos ámbitos de las políticas de Estado, además de contrainteligencia y operaciones encubiertas. Finalmente, tomando como base la periodización de las comisiones de verdad y reconciliación, supuse que la emergencia de la DINA rompía con la racionalidad represiva de los primeros meses del golpe de Estado y que con ello marcaba una ruptura con la lógica contrasubversiva de las FF. AA.2.

Una serie de investigaciones han señalado la relevancia política de la DINA, posicionándola como un recurso de poder personalista de Augusto Pinochet, que le permitió consolidarse en el poder del Ejército y de la Junta Militar de Gobierno3, señalando que, al contribuir a dicho proceso, la DINA se constituyó en un organismo de carácter represivo que se creó para eliminar a los adversarios políticos del régimen, disuadiendo las críticas internas y, a la vez, disciplinando a la sociedad4.

Junto con ello, diversas investigaciones han remarcado el carácter represivo de la DINA, esbozando una serie de elementos que permiten identificar su funcionamiento y racionalidad burocrática5. De la misma manera, las investigaciones habían dado cuenta de ciertos elementos que marcaban rupturas con las tendencias de las dictaduras latinoamericanas desde el punto de vista de la represión y, por ende, de la caracterización política del régimen militar chileno6. No obstante, poco se conocía respecto a la manera en cómo se configuró históricamente la inflexión en las estrategias de seguridad e inteligencia dentro de las FF. AA. y policiales y cómo estas repercutieron en las características y dinámicas de la represión de los primeros años de la dictadura militar. Tampoco existía claridad en torno a cómo se fue articulando históricamente este proceso con el fortalecimiento del poder personal de Augusto Pinochet al interior de las filas del Ejército y cómo esto contribuyó a su consolidación en la Junta Militar de Gobierno o viceversa7. Finalmente, no existían investigaciones sobre la DINA que relevasen su accionar no represivo, orientado a la coordinación de las políticas de Estado, a la recopilación de información y a la producción de inteligencia para la implementación de planes, programas y estrategias de Gobierno.

A medida que comencé a desarrollar la investigación, me di cuenta de que el énfasis era distinto. Si solo se miraban los datos oficiales de víctimas detenidas por prisión política, ejecutadas y detenidas desaparecidas, parecía razonable sostener que la DINA era el punto de ruptura en el cambio de la dinámica represiva, marcada por un período de represión masiva (de septiembre a diciembre de 1973), de ejecuciones sumarias, pasando a un período de detención clandestina y de desaparición forzosa que marcarían el sello del período de represión selectiva (de enero de 1974 a agosto de 1977). Algunos investigadores habían avanzado en esa dirección, indicando que desde la puesta en marcha de la DINA los objetivos de la política represiva pasaron a estar más definidos, modificando el repertorio represivo de un modus operandi masivo y abierto hacia uno más secreto y clandestino, propio de una orientación contrasubversiva8. Las propias organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, desde mediados de la década de 1970, también apuntaban en esa dirección y esta interpretación finalmente se institucionalizó en las comisiones de verdad y reconciliación9. Si bien es cierto que la emergencia de la DINA marcaba una inflexión desde el punto de vista de la modalidad de la represión del régimen, la explicación por ruptura no entrega suficientes argumentos para dar cuenta de la coherencia interna de la DINA con el desarrollo doctrinario, institucional y estratégico de las propias FF. AA. ¿No era acaso el cambio de la dinámica un ajuste coyuntural dado por las FF. AA. y policiales a una necesidad política desarrollada a partir de las mismas premisas de la lógica represiva que las llevó a dar el golpe de Estado e iniciar una guerra contra su propio pueblo? ¿Qué pasaba con el accionar clandestino del Comando Conjunto surgido al alero del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA)? Con ello se me abrió la interrogante respecto a si la DINA era la causa del cambio de la dinámica contrasubversiva o bien era la expresión de un proceso más complejo de la que constituía una adaptación coyuntural de las FF. AA. y policiales.

La investigación, a través del análisis de documentos de diversa índole, me llevó a constatar que la propia lógica contrasubversiva de las FF. AA. y policiales, concebía la necesidad de llevar la guerra interna hacia otros repertorios, mucho más secretos, encubiertos, selectivos y con fuertes componentes de operaciones psicológicas capaces de confundir a la opinión pública sobre la envergadura de las acciones desarrolladas. El objetivo para ello era construir, tras el período de guerra interna inicial declarado como fundamento del golpe de Estado, una fachada de legalidad que permitiese encubrir la guerra sucia de exterminio llevada a cabo contra la “subversión”. Con ello, la construcción del terror de Estado, como desde inicios de la modernidad, se ha denominado al ejercicio represivo de parte de los Estados nacionales en contra de la población civil, desarrollado por la dictadura chilena no parecía radicalmente distinto al caso de otras dictaduras latinoamericanas10.

En el viraje de mi objeto de investigación, el aporte de los trabajos de las investigadoras e investigadores Gabriela Águila, Mariana Joffily, Esteban Pontoriero, Claudia Field y Pablo Scatizza y, en general, los aportes historiográficos de la Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política, me permitieron cambiar el foco, avanzando, desde esta perspectiva, hacia una investigación de las FF. AA. que escrutase la relación histórica entre los dispositivos, organizaciones e instituciones represivas, de control e inteligencia con el desarrollo y consolidación del proceso político chileno entre 1970 y 1975.

Un análisis historiográfico centrado en la organización, los dispositivos y las instituciones represivas de las FF. AA., nos permite tomar a una organización burocrática determinada como un punto de articulación en una coyuntura histórica, cruzada de tensiones, intereses y necesidades que le dan sentido. Al relacionar las estructuras de poder del régimen con el desarrollo de sus organizaciones burocráticas de defensa y orden policial, podemos situar históricamente el sentido de las prácticas y racionalidades desarrolladas por las mismas para legitimar el golpe de Estado y poner en marcha la dinámica contrasubversiva a lo largo de la dictadura militar, al mismo tiempo que nos da indicios de su propio funcionamiento y trayectoria, dado su lugar privilegiado como las agencias estatales en materia de inteligencia y seguridad.

Desde ese punto de vista, esta investigación entrega evidencia histórica respecto al proceso de elaboración intelectual de los institutos militares y del desarrollo del profesionalismo militar en materia específica de subversión y contrasubversión entre los años 1970 y 1975. Ese proceso de deliberación interno en el contexto de la Guerra Fría interamericana11, en la coyuntura política del momento, favorecerá que un sector de la oficialidad desarrolle una concepción de la seguridad nacional vista bajo el prisma de la doctrina de guerra contrasubversiva y de los intereses geoestratégicos norteamericanos que cristalizarán en una concepción sui géneris de la seguridad nacional y la contrasubversión, basada en un arraigado imaginario anticomunista12. De modo paralelo, el propio proceso de modernización del Estado en materia represiva y la profesionalización de los cuerpos militares y policiales desde la década de 1940 favorecerá el desarrollo de adaptaciones en una serie de dispositivos burocráticos específicos en materia de orden público y contrasubversión del Estado y de las propias FF. AA., que inserta sus raíces históricas en un proceso de mediana duración de desarrollo de la militarización de la función del orden policial, como una manera de contener los despuntes de violencia política del movimiento popular chileno en sus demandas13. Este marco permite entender cómo en la coyuntura del Gobierno del presidente Salvador Allende dicho proceso se acentuó a medida que la crisis política se transformó en una crisis institucional y diversos actores políticos –por izquierda y derecha– presionaron a la institucionalidad para desbordarla. Ese escenario generó un callejón sin salida, ya que por una parte el Gobierno de Allende buscó controlar el orden público y contener la movilización radical de la derecha rupturista a través de la utilización de la Ley de Seguridad Interior del Estado y la decretación de estado de emergencia –previa sesión y recomendación del Consejo Superior de Seguridad Nacional (Consusena), entregando el poder a las FF. AA. y policiales en los territorios de las respectivas jurisdicciones–. Mientras que, por izquierda, se vio ante la presión política de no criminalizar la protesta social y los procesos de radicalización política de sectores populares, apoyados por partidos con definiciones programáticas revolucionarias que presionaban por desbordar la institucionalidad. Esta tensión entre la búsqueda por reprimir la movilización rupturista de derecha y no criminalizar la movilización popular, generó un espacio político que fue utilizado por los sectores de la oposición política –fundamentalmente, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), que impulsó la Ley de Control de Armas y explosivos como un nuevo dispositivo de represión y contrasubversión para contener la supuesta insurgencia armada de izquierda, que sacó a las FF. AA. de la tutela del poder ejecutivo, facultándolas para generar operativos de contrasubversión y allanamientos por decisión de las propias fiscalías militares–. La constante necesidad política de contener los brotes de violencia rupturista de derecha, expresada con fuerza en la paralización de octubre de 1972 llevó a que Allende integrase a los militares en labores de estabilización institucional que los posicionó como actores políticos relevantes y como un recurso para la oposición golpista para contener a las fuerzas de la UP tras la incapacidad de la oposición de derrotarla electoral y organizacionalmente en el mundo popular. En ese contexto, la progresiva utilización de las FF. AA. y policiales en materia de seguridad y orden interno favoreció el crecimiento de los sectores políticos de oposición que leían el problema de la crisis en desarrollo como un problema de subversión y contrasubversión originada por la amenaza marxista.

La intensidad de dicha crisis no ha sido sopesada por la historiografía y las ciencias sociales desde el enfoque de la formación de los dispositivos de represión y control civil sobre los mismos, ya que se ha privilegiado un enfoque sociopolítico para analizar el problema de la inestabilidad y crisis institucional del Estado o, en su defecto, un enfoque centrado en los imaginarios y orientaciones ideológicas de los diversos actores del sistema político como de poder fáctico. Todo ello ha llevado a un vacío analítico desde el punto de vista de la seguridad interior y de la manera en cómo el Estado de Compromiso construido entre 1938 y 1973, por los diversos actores del sistema político, lejos de desplazar a las FF. AA. de su participación estatal en materias de seguridad interior, les fue progresivamente dando más atribuciones y perfeccionando los dispositivos de represión estatal que, al momento del golpe de Estado, se radicalizaron en su utilización. Desde la llegada del Frente Popular al Gobierno en 1938, que inauguró el período de los gobiernos radicales (1938-1952), pasando por el retorno de Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958), siguiendo por los gobiernos de Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964) y Eduardo Frei Montalva (1964-1970), se observa un proceso de institucionalización de los dispositivos de represión estatal y de militarización de la función policial, mediante la integración y modificaciones sucesivas de diversos cuerpos legales y facultades de excepción que se le fueron confiriendo al poder ejecutivo, que se institucionalizó como una práctica estatal de represión y como un recurso político, utilizado por los diversas gobiernos para contener y reprimir la movilización popular14. Esta tendencia institucional durante el Gobierno de la Unidad Popular (UP) se acentuó, pero en contra de la movilización social rupturista impulsada por las fuerzas de oposición. El presidente Allende se vio forzado a recurrir, en los tres años de su Gobierno, en más de veinte oportunidades a decretar estado de excepción constitucional bajo estado de emergencia, forzando la ficción jurídica de la “calamidad pública” para interpretar la problemática de orden interno policial. Esto llevó a que las FF. AA. no solo se constituyeran como un factor de estabilización del sistema político, en un escenario de equilibrio inestable, sino que desarrollasen ajustes en sus planificaciones de seguridad interior a través de la figura de las Comandancias de Áreas Jurisdiccionales de Seguridad Interior (CAJSI), creadas con anterioridad y reformadas en 1972 por la misma UP a través de un decreto del Ministerio de Defensa Nacional.

Las CAJSI fueron espacios de coordinación operativos de las FF. AA. en el territorio de sus respectivas jurisdicciones, en las cuales se ponía en marcha una serie de facultades especiales desde la declaración de los estados de excepción constitucional, en específico la declaración de Zona de Estado de Emergencia creada en 1942 y, posteriormente, reformada por la Ley de Seguridad Interior del Estado de 195815. En el marco de la Ley de Seguridad Interior del Estado y al alero de las CAJSI con las reformas introducidas por el Gobierno de Allende en 1972, se establecían los jefes de plaza y se subordinaban las diversas fuerzas en el territorio bajo Comandancia de las FF. AA., de ahí el nombre de este dispositivo burocrático. Tras la promulgación de la Ley de Control de Armas en octubre de 1972 y su reglamento en el verano de 1973, las FF. AA. estuvieron facultadas legalmente para emprender operativos de allanamientos en búsqueda de armamento por la iniciativa de la autoridad de cada fiscalía militar en las CAJSI respectivas. Como han apuntado diversos estudios, tras el fallido golpe de Estado del 29 de junio de 1973, conocido como el Tanquetazo (o Tancazo), las FF. AA. y policiales comenzaron a desarrollar de manera sistemática hasta el 11 de septiembre de 1973 un proceso de copamiento militar del territorio en el que el control de la población y la suspensión de ciertas libertades y derechos constitucionales, como la de desplazamiento y tránsito, opinión e información, les permitió desarrollar de manera sistemática una serie de allanamientos en los diversos focos considerados por los militares como “subversivos”16. La utilización discrecional de este dispositivo por las FF. AA. en contra del movimiento popular se expresó en que no condujeron ningún allanamiento en contra de las fuerzas rupturistas de extrema derecha que desde el Tanquetazo en adelante asolaron al país con atentados terroristas, volando puentes, destruyendo caminos y atemorizando a la población. Estos mismos allanamientos en contra del movimiento popular posibilitaron el desarrollo de un trabajo de inteligencia primordial al interior de los servicios de inteligencia de las FF. AA., que permitió que las acciones represivas del golpe de Estado se desarrollaran en base a las planificaciones de seguridad interior que se ajustaron para el año 1973 para las principales CAJSI.

Por esos motivos, al comenzar el golpe de Estado y ponerse en marcha la maquinaria represiva, la lógica que guio las acciones militares en las primeras semanas fue en base a las planificaciones de seguridad interior y a una estrategia de copamiento militar del territorio que posibilitaron las CAJSI. Este diseño de la seguridad interior se basó en una planificación centralizada de la misma en base a la zonificación y subdivisión del territorio nacional en diversas provincias y una ejecución descentralizada de la represión en cada área jurisdiccional, como una facultad de cada jefe de CAJSI. Para ello, algunas CAJSI implementaron Centros de Inteligencia Regionales (CIRE) que coordinaron en el territorio a las secciones II (conocidas como S-2) de los estados mayores de las guarniciones militares dedicadas a inteligencia y contrainteligencia. En otras, en las que no existía una presencia militar de todas las ramas, solo operaron las secciones de inteligencia del Estado Mayor de la CAJSI, sin constituirse en CIRE.