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Introducción

Javier Delgado Campos

puec, unam

En Ciudad de México, el sismo del 19S de 2017 afectó edificaciones, infraestructuras y servicios nodales de toda la ciudad y pusieron en movimiento procesos sociales que captaron el interés de la academia por una percepción de su potencial para lograr una mayor transformación.

En cuanto al entorno construido, la idea de que los daños y derrumbes de casas, unidades habitacionales, oficinas, hospitales y escuelas se debían principalmente a una reglamentación desactualizada perdió sentido cuando se supo que la mayoría de esos inmuebles se construyeron con lineamientos de un reglamento revisado y una supervisión más estricta, a raíz de los sismos del 85, por tanto, los señalamientos de discrecionalidad, negligencia o corrupción como causa del colapso de las edificaciones fueron más creíbles.¹ El caos vial desencadenado durante varias horas, el cierre obligado de estaciones del metro y metrobús, así como el corte del suministro de agua y energía eléctrica revelaron aspectos ya conocidos, pero poco atendidos, como en el caso de la población flotante y la interconexión entre los distintos servicios. El problema fue más evidente en aquellas zonas de la ciudad en donde cayeron algunos edificios, colapsó el tránsito, faltó agua y luz y quienes trabajábamos en las inmediaciones queríamos –todos al mismo tiempo–, regresar a casa.² Se produjo una suerte de “efecto dominó”, que dejó ver la fragilidad de nuestro entorno construido y dio lugar a casos que, dos años y medio después del desastre, permanecen sin resolverse.³

En el campo de lo social, el mismo desastre puso de manifiesto la capacidad de los ciudadanos capitalinos para recuperarse en un tiempo y forma efectivos. Fuimos testigos de prácticas, procesos y enseñanzas que debemos atesorar para futuros eventos. Es el caso de las movilizaciones sociales emergentes, compuestas principalmente por jóvenes que, de forma espontánea y sin más incentivo que el derivado de una fortaleza ética sorprendente, desde el primer momento organizaron el tránsito, encabezaron el rescate de víctimas y recrearon las cadenas humanas y un lenguaje de señas para la remoción de escombros, imágenes que dieron la vuelta al mundo ante la mirada atónita de las autoridades; después, en una suma de acciones solidarias, se abocaron a solicitar, recolectar, repartir y entregar comida a damnificados y brigadistas, lo mismo que agua, vestido, herramientas o insumos médicos, todo ello sin o con pocos recursos, pero con una camaradería que todavía se extraña (Colaboración, 2017; Romero, 2017).

Con este despliegue de autogestión, algunos colectivos de ciclistas y motociclistas llevaron la ayuda a los edificios derrumbados (Montaño, 2018). A diferencia del sismo de 1985, los jóvenes millennials, dueños de una destreza inédita sobre las nuevas tecnologías y, en particular, las redes sociales, fueron un factor clave para la conexión y organización de las brigadas y grupos de rescate.⁴ Además, en varios casos en los que asomaba la sospecha de corrupción, el contar con una figura legal de Derechos humanos ha facilitado su seguimiento, aunque aún falta camino por recorrer.

En ese contexto y en cumplimiento de las directrices dadas por las autoridades universitarias, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad organizó una serie de conversatorios sobre temas clave de ese conjunto, que permanece todavía agitado. Los expertos expusieron su opinión, reflexiones y recomendaciones pertinentes, al calor de lo ocurrido antes de que se olvidara.⁵ Los resultados se exponen en el siguiente orden.

En el primer artículo “Derechos Humanos: espacio social contra la corrupción”, Laila Estefan discute la falta de medidas de transparencia y rendición de cuentas, visibles durante la reconstrucción organizada por las autoridades.⁶ A diferencia de los sismos del 85, ahora contamos con una sociedad civil madura, mejor informada y con experiencia, lo que posibilita crear un espacio de seguimiento encargado de hacer un balance de los fondos aplicados para la recuperación y de apoyo a la fiscalización de esos recursos. Esto es porque casi 20 años después de contar con mecanismos como la participación ciudadana, en donde población y servidores públicos pueden acordar los proyectos necesarios a escala local, ante el sismo, se vieron desbordados.⁷

En el segundo trabajo, “La juventud millennial que encabezó el rescate”, Mariana Sánchez resalta la participación de los jóvenes como actores protagónicos en la organización y desarrollo de las actividades de ayuda en el sismo del 19 de septiembre de 2017. En particular, describe las características de los jóvenes cuya generación corresponde a la denominada Millennial, así como varias de las acciones que realizaron en respuesta al sismo.

Por su parte, Margarita Marroquín en su trabajo “Ciudadanía digital, forjada con acciones solidarias”, encara el papel de las nuevas tecnologías de la comunicación en la acción solidaria en casos como el del sismo. En su perspectiva, la utilización de herramientas propias de la actual ola tecnológica, los hashtags que más se utilizaron, que fueron trending topic durante y después del sismo, prefiguran una ciudadanía digital, un tema cada vez más aludido y necesario de elaborar.

En el artículo “Población flotante y congestionamiento durante el sismo. Una movilidad paralizada”, Tzatzilha Torres sugiere que las particularidades de la población flotante en zonas determinadas inciden en la movilidad y constituyen un factor adicional para la operación eficaz del sistema público de transporte y la movilidad cotidiana. Alude brevemente a las zonas sismogénicas a nivel nacional, para bosquejar el contexto geográfico de ciertas áreas de la zona lacustre en donde se concentró el mayor daño estructural en columnas y pivotes en la infraestructura del metro y metrobús que, a su vez, agravaron el congestionamiento en sus inmediaciones, tema que fue cubierto por los medios de comunicación.

En el quinto artículo titulado “Replantear la extracción de recursos hídricos. Una decisión ineludible”, los autores coinciden en la vulnerabilidad hídrica que se deriva de la extracción sin control del agua, a través de pozos y sistemas, algunos localizados en la zona metropolitana de la ciudad y otros provenientes de diferentes estados. Recuperan varios reportes publicados sobre las repercusiones ambientales y económicas de esta importación de agua y enlistan aquellas colonias de la ciudad que más resintieron la falta de agua, debido al daño que sufrió la infraestructura de distribución local. El artículo termina con el reconocimiento de las medidas de mitigación aplicadas para distribuir el líquido, una vez pasado el evento.

En el artículo “Gestión del riesgo en equipamientos para la salud”, Jessica Bautista cuestiona la importancia de esos equipamientos, durante y después de un evento, como lo fue el sismo. Con base en lo publicado sobre los efectos en el sector salud que tuvo el sismo de 1985, analiza la calidad de los servicios prestados en los hospitales públicos, algunos de los cuales tienen más de cincuenta años de haber sido construidos y que llevó a revisar su estructura organizativa, lo que después se vio reflejado en la firma de acuerdos en materia de mitigación de desastres para las instalaciones del sector. Concluye con la propuesta de acciones para mitigar el deterioro y la falta de mantenimiento de sus instalaciones.

Por último, Alejandra Garrido en su trabajo “La economía de los barrios: vulnerabilidad y precarización en la reactivación económica” parte del consenso de que los desastres no son naturales, sino el resultado de una construcción social del riesgo y que ese supuesto es una condición necesaria para generar estrategias realistas para prevenir o reducir la vulnerabilidad. Con base en ese armazón teórico, muestra cómo se desestimaron los impactos locales en el programa de reactivación económica adoptado y su incapacidad para atender las zonas económicas de la ciudad que fueron más afectadas.

En síntesis, los conversatorios concitaron las reflexiones de varios expertos, que fueron reelaboradas por los autores de estos ensayos, y sistematizados por sus coordinadores. Con base en ello, se condensaron las 10 recomendaciones más importantes de esas discusiones. El resultado puede dar lugar a lineamientos de política pública, en donde el más urgente de ellos es la elaboración de un protocolo ante una contingencia sísmica, que sea capaz de recuperar estos y otros esfuerzos que, desde entonces, ciudadanos, academia y gobierno hemos hecho por separado. Sirvan estos ensayos como una modesta contribución a conjugarlos.

Referencias

Colaboración (2017). “Comunicado Asamblea vecinos Multifamiliar Tlalpan”. Revista Consideraciones. Disponible en https://revistaconsideraciones.com/2017/10/16/comunicado-asamblea-vecinos-multifamiliar-tlalpan/. Consultado el 10 diciembre de 2019.

Montaño, E. (2018). “Memorias imbricadas: terremoto en México, 1985 y 2017”. Revista Mexicana de Sociología 80 (número especial sismos. Septiembre). Disponible en http://mexicanadesociologia.unam.mx/index.php/v80numesp/293-v80nea1. Consultado el 2 noviembre de 2017.

Romero, M. (2017). “¿Y ahora quién reconstruye la cdmx? Movilizaciones e iniciativas de la sociedad civil en torno a la reconstrucción”. Cuaderno de trabajo. Estudios Urbanos. Los Efectos múltiples de los sismos de septiembre 2017. Disponible en https://libros.colmex.mx/wp-content/plugins/documentos/descargas/los_efectos_multiples_de_los_sismos.pdf. Consultado el 5 noviembre de 2019.

1 Con excepción de los inmuebles históricos, pero ese tema aún está a debate.

2 Ver Cruceros críticos: Cerro del Agua y Eje 10, puec (manuscrito presentado para publicación).

3 No discutimos entonces, la necesidad de contar con un Mapa de riesgos geológicos, actualizado y con base en información verificada y sistemática que explicase el por qué las construcciones dañadas se concentraron en determinadas áreas de la ciudad. Es todavía un tema pendiente.

4 El puec elaboró un proyecto incubadora del tema, titulado Generación 19S, el cual se puede consultar en http://generacion19s.puec.unam.mx

5 En la nota metodológica se explica el proceso a detalle.

6 Un ejemplo emblemático es el del Colegio Rebsamen, que ameritó una recomendación por parte de la cndh (2019), dadas las violaciones a los derechos humanos de trabajadores y estudiantes, encontradas en la construcción, autorización y funcionamiento de la escuela, tras los peritajes.

7 El Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial (puec, 2012) es el antecedente del actual Programa de Mejoramiento Barrial Tequio-Barrio 2020, que pertenece a la nueva administración y opera a través del mecanismo de Presupuesto Participativo, con base en la Ley de Participación Ciudadana del entonces Distrito Federal, aprobada en 1998 y reformada en 2011.