Читать книгу: «Terremoto en la Iglesia católica»
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
RECTORA
Tania Hogla Rodríguez Mora
COORDINADORA DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Marissa Reyes Godínez
RESPONSABLE DE PUBLICACIONES
José Ángel Leyva
COLECCIÓN: LA CIUDAD
Terremoto en la iglesia católica. El arzobispado de México y el sismo del 85 en la Ciudad de México.
Primera edición 2021
D.R. © Andrea Mutolo
D.R. © Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Dr. García Diego, 168,
Colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06720, Ciudad de México
Imagen de portada: José Luis Ramírez, Todos a bailar, 2018.
ISBN (impreso) 978-607-8692-04-0
ISBN (ePub) 978-607-8692-41-5
publicaciones.uacm.edu.mx
Esta obra se sometió al sistema de evaluación por pares doble ciego y su publicación fue aprobada por el Consejo Editorial de la UACM.
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Para Giudi
Índice
INTRODUCCIÓN
LA IGLESIA CATÓLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LOS OCHENTA
EL SURGIMIENTO DE LA FUNDACIÓN PARA EL APOYO A LA COMUNIDAD
El papel de FAC en la reconstrucción de la Ciudad de México
Vínculos con el gobierno
Hacia el cierre de FAC
HACIA UNA CONCILIACIÓN ENTRE LA IGLESIA CATÓLICA Y EL ESTADO: el Arzobispado de México y el Departamento del Distrito Federal después del sismo de 1985
El papel de FAC en la construcción de viviendas
Cercanía con el gobierno
A manera de conclusión de este capítulo
EL PAPEL DE LOS JESUITAS DE LOS ÁNGELES EN LA COLONIA GUERRERO
Los jesuitas en la colonia Guerrero
El sismo de 1985
La división de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús
Hacia un balance final
«NADA DE RELIGIÓN, PERO ATRASITO EL PADRE LAS DIRIGÍA».
La reconstrucción de la colonia Magdalena Mixhuca
La parroquia
Ucotyl
El sismo
Las viviendas
Recapitulación
EL PAPEL DE LA IGLESIA CATÓLICA EN LA RECONSTRUCCIÓN DE TEPITO
Tepito y el sismo
Las viviendas
Comunidad Participativa Tepìto
Balance final sobre el papel del catolicismo en Tepito
CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
Relación Estado-Iglesia católica
Cambio interno en el Arzobispado de México
En las áreas populares
In natura veritas
FUENTES
Libros
Revistas
Archivos consultados
Consultas
Personas entrevistadas (biografía)
Agradecimientos
NOTAS AL PIE
Introducción
El terremoto del 19 de septiembre de 1985 dejó una huella indeleble en la historia de la Ciudad de México. Sus resultados fueron devastadores: destruyó total o parcialmente extensas áreas céntricas de la capital y produjo una enorme cantidad de muertos, heridos y damnificados. Sin embargo, aunque fue un episodio trágico, ayudó a que la población capitalina se activara y desempeñara un papel protagónico tanto en la emergencia inmediata como en el necesario y largo trabajo de reconstrucción.
Según diversas fuentes, el gobierno mexicano —caracterizado por su ineficiencia y corrupción— no tenía la capacidad de coordinar las ayudas que llegaban del extranjero. Muchas organizaciones de cooperación internacional se dieron cuenta de que las instituciones gubernamentales no eran suficientemente eficaces para canalizar y distribuir los apoyos humanitarios que llegaban desde el exterior. En este contexto, el presente trabajo indaga el papel que desempeñó en las tareas de reconstrucción la Iglesia católica, en particular el arzobispado de México.
Sobre el terremoto de 1985 existe una amplia bibliografía que va de las memorias a los documentales y artículos de prensa, pero realmente son pocos los estudios que analizan críticamente el suceso y muchos menos los que indagan el papel de la ciudadanía. Mientras la prensa crítica con el gobierno habló de una acción sobresaliente de la sociedad civil, los periódicos más cercanos al poder destacaron el papel del presidente Miguel de la Madrid y del regente del Departamento del Distrito Federal (DDF), Ramón Aguirre Velázquez.1 En mi opinión, hacen falta investigaciones históricas que reconstruyan en forma objetiva este proceso y, por tal razón, al carecer de un análisis puntual, el tema se ha politizado.
Algunos movimientos sociales que surgieron o se desarrollaron después del sismo ya han sido investigados.2 Varios textos han abordado el importante papel de los capitalinos ante el sismo de 1985, quienes reaccionaron y se organizaron para enfrentar la emergencia y para iniciar la etapa de reconstrucción. Carlos Monsiváis3 y Elena Poniatowska,4 por ejemplo, enfatizan este despertar de la sociedad civil. Recientes estudios, sin embargo, han cuestionado la idea; sobre todo, han discutido el significado del término «sociedad civil», que reemplazó al de «pueblo». La connotación de pueblo implica una referencia a la clase baja que, a partir del terremoto, empezó a desaparecer al privilegiarse el concepto de sociedad civil.5 Esta tendencia puede rastrearse en la prensa. La crítica señala que se hizo un gran énfasis en el papel de la sociedad civil después del terremoto6 con el objetivo de presentar este hecho como un evento histórico de rechazo al gobierno opresor representado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Así, la reacción ciudadana ante el sismo estaría emparentada con lo sucedido en Tlatelolco en 19687 o con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994,8 por ejemplo. Historiográficamente, la movilización de la sociedad civil en 1985 se ha convertido en un antecedente directo del nacimiento del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 19899 y de la democratización de la Ciudad de México en 1997.10
Sin embargo, aún falta el estudio de un actor importante de este proceso: la Iglesia católica, en particular el arzobispado de México. Desde mi punto de vista, el arzobispado fue el agente más activo dentro del catolicismo, pero, como podrá observarse a lo largo del presente trabajo, no fue el único.
Actualmente no existen investigaciones sobre la participación específica del catolicismo, de modo que el presente trabajo representa un primer acercamiento al desempeño del arzobispado de México y de otras organizaciones relacionadas con la jerarquía durante la coyuntura. Esta investigación surgió a raíz de un trabajo previo sobre la administración del cardenal Ernesto Corripio Ahumada11 como arzobispo de México en la década de los ochenta.12 En dicho estudio encontré que muchas fuentes orales subrayaban la importante labor de la Iglesia local en las tareas de reconstrucción. Lleno de dudas, intenté investigar el punto más a fondo y pronto descubrí que no existían estudios sobre el tema. Solo encontré un libro editado por la Pontificia Universidad de México titulado «El Terremoto de México. 19 de Septiembre 1985».13 Este pequeño texto editado en 1986 es una reflexión teológica y filosófica sobre el mal. Realmente en el libro no se desarrolla el tema del sismo de 1985 y el papel que desempeña la Iglesia católica. Aprovechando un año sabático, me dediqué plenamente al proyecto, que tenía como base una pregunta sencilla: ¿cuál fue el papel de la Iglesia católica en el sismo de 1985?
Mi hipótesis inicial fue que el sismo habría generado una fuerte cercanía entre el arzobispado de México y el gobierno federal y local, y que todo esto, posterior e indirectamente, habría dado pie a la reforma constitucional de 1992.14 Conforme avancé en la investigación, se confirmó el hecho de que el trabajo de la Iglesia católica había sido en verdad relevante, pero la formulación de la hipótesis resultó simplista y, en cierto modo, excesivamente institucional. Mi error fue considerar a la Iglesia católica como una entidad monolítica, pues poco a poco fui descubriendo la existencia de numerosos y diversos actores involucrados en el proceso. No era suficiente, como planeé en un principio, investigar solo a la alta jerarquía de la Ciudad de México, encabezada por Corripio, para tener una idea más nítida de este proceso era indispensable considerar a algunas parroquias que realmente sobresalieron en la reconstrucción de la ciudad. Pronto reconsideré mi hipótesis inicial bajo una perspectiva diferente: la Iglesia católica habría generado una multiplicidad de actores que perseguían objetivos distintos, desde la vinculación con el gobierno hasta la oposición política al mismo.
Así, por un lado actuó una estructura creada por el arzobispado, cercana al gobierno, que desarrolló una política de construcción de viviendas a gran escala, mientras por otra parte surgieron actores, muchas veces encabezados por parroquias, que en términos generales fueron críticos con el gobierno e implementaron políticas solidarías de autoconstrucción de viviendas. Así, la hipótesis inicial de que este proceso representó un antecedente de la reforma constitucional de 1992 se desmiente y se confirma al mismo tiempo. Se desmiente porque algunas parroquias criticaron fuertemente al gobierno y desarrollaron una actividad política que los llevó a participar en la fundación del PRD; pero, al mismo tiempo, se confirma la hipótesis en tanto que la Iglesia, con su participación en el proceso de reconstrucción, inauguró un modelo formal de relaciones con el gobierno que sentó las bases para la reforma.
Así pues, el presente trabajo siguió dos líneas paralelas de investigación que de vez en cuando se cruzaron: por un lado, el papel de la Iglesia institucional y, por otro, la actividad de algunas parroquias y comunidades eclesiales de base que desarrollaron una acción distinta a la de la alta jerarquía. Las fuentes consultadas fueron de diversa índole. Arranqué con más de treinta entrevistas a los principales actores católicos que desempeñaron un papel preponderante en la coyuntura del sismo, sobre todo sacerdotes diocesanos y jesuitas. Revisé diversos periódicos y revistas laicos como La Jornada y Proceso, pero también católicos, como la Gaceta del Arzobispado de México y la revista Christus. Consulté el Archivo Histórico del Arzobispado de México (AHAM), donde me permitieron estudiar el Fondo Cancelería; también revisé el Fondo Presidente del Archivo General de la Nación (AGN). Finalmente, muchos sacerdotes o ex sacerdotes entrevistados me facilitaron copias u originales de documentos internos, revistas parroquiales y libros autoeditados.
La Iglesia católica en la Ciudad de México en los ochenta
El cardenal Corripio administró la arquidiócesis primada de México entre 1977 y 1994. Fue un periodo largo y complejo, durante el cual la institución se trasformó radicalmente. Una vez que Corripio tomó el cargo, emprendió una intensa política de transformación y dio personalidad jurídica a zonas pastorales que hasta entonces no tenían un obispo encargado, sino delegados.1 El problema, efectivamente, tenía una dimensión jurídica, pues había que reglamentar, por ejemplo, el funcionamiento de los obispos auxiliares, pero la situación trascendía lo legal: había que entender el fenómeno de la gran ciudad, de la megalópolis, y los problemas pastorales que ella planteaba.
El análisis del sacerdote encargado de desarrollar tales cambios, Manuel Zubillaga,2 se basó principalmente en las ciencias sociales. Zubillaga retomó la idea sociológica de las megalópolis de los años ochenta. Con más de ocho millones de habitantes, solo había en todo el mundo veinticuatro o veinticinco ciudades como la de México. De acuerdo con el sacerdote, las megalópolis son un fenómeno del siglo XX, pues a finales del siglo XIX Londres apenas tenía un millón de habitantes. Se trataba de algo reciente en la historia de la humanidad y, por eso mismo, era un asunto nuevo también para la Iglesia. Entonces la concepción canónica de diócesis empezó a tener un sustrato sociológico diferente y por este motivo se requirió inventar una solución de gobierno pastoral adecuada a las dimensiones de la urbe.3 Gracias al trabajo realizado por el cardenal Miguel Darío Miranda y Gómez (Arzobispo de México de 1956 a 1977), en la arquidiócesis existían ya las llamadas zonas de pastoral, conocidas después como delegaciones de pastoral. Una vez que llegó Corripio, en 1977, se quiso dar un paso más y se otorgó personalidad jurídica a estas zonas.4 La arquidiócesis, desde los ochenta, revolucionó su estructura canónico-administrativa y se dividió en ochos vicarías que, a su vez, se fraccionaron en decanatos y después en parroquias. Según Zubillaga, el cardenal Corripio seguramente abordó con Juan Pablo II, durante la visita de éste a México en 1979, el tema de la posible reestructuración del gobierno pastoral.
Mons. Francisco Aguilera y el futuro cardenal Javier Lozano Barragán fueron los primeros obispos elegidos como administradores de vicaría. Una vez nombrados los obispos auxiliares en junio de 1979, había que empezar un cambio concreto en la pastoral y por esta razón, de acuerdo con Zubillaga, se realizó la Misión Guadalupana, cuyo objetivo era pasar «de la especulación y de la discusión teórica a hacer un proyecto que movilizara las comunidades cristianas».
La diócesis de México durante la administración de Corripio cambió sustancialmente su estructura: pasó de 279 parroquias a 380 en 1994; el número de sacerdotes diocesanos aumentó de 593 a casi 700; el clero regular se estabilizó en mil religiosos, mientras el número de religiosas bajó de 5 983 a 4 750. El porcentaje de católicos en la diócesis descendió del 96.5% al 85 por ciento.5
De forma paralela a su trabajo pastoral en los años ochenta, Corripio abonó también a la creación de un vínculo con el gobierno mexicano. Ciertamente, el cardenal en esta década fue uno de los protagonistas de las relaciones entre Estado e Iglesia católica. El objetivo primero que tenía el arzobispado de México, según Horacio Aguilar,6 ex apoderado legal, era definir formalmente las relaciones entre gobierno y jerarquía. Los sacerdotes cercanos a Corripio nunca estuvieron de acuerdo en llamarlas «relaciones Iglesia-Estado», pues, en su opinión, cuando éstas realmente existen, se dan de manera natural, mientras que en los ochenta la situación estaba muy deteriorada. Según el propio Aguilar: «No era únicamente un problema jerarquía-gobierno, sino que el gobierno no aplicaba la ley, éste era el problema; era un gobierno que flexibilizaba y rompía la ley y el pueblo estaba muy al margen de las diatribas entre gobierno y jerarquía. Estamos hablando en presencia de un país en el cual hay una ciudadanía que rebasa al gobierno y un pueblo que rebasa a la jerarquía».7
Para entender esta afirmación basta recordar la primera visita de Juan Pablo II a México en 1979, durante la cual se violaron muchas leyes: actos de culto públicos, hábitos talares en las calles y en las plazas, procesiones. Todo ello estaba prohibido, pero el Estado lo permitió. El pueblo desbordó la normativa y tanto el gobierno como la jerarquía, en un determinado momento, se vieron obligados a encontrar la manera de legalizar un hecho consumado.
De acuerdo con el análisis de Roberto Blancarte sobre la presidencia de Corripio en la Conferencia del Episcopado Mexicano (1980-1982), el cardenal apostó por una apertura eclesial en las cuestiones sociopolíticas.8 Dentro de su arquidiócesis, esta apertura se manifestó tanto en la construcción de las relaciones con el Estado como en la reconfiguración de su estructura territorial.
En este proceso sobresalieron algunos sacerdotes, como el jesuita Enrique González Torres9 y el diocesano Antonio Roqueñí Ornelas.10 González Torres fue el coordinador diocesano de la emergencia del sismo. Dado que la estructura que tenía Cáritas11 en México, fundada en 1960, era exclusivamente parroquial, resultaba imposible coordinar la ayuda sin un organismo centralizado. Para tal fin creó la Fundación para el Apoyo a la Comunidad (FAC), que tomó el papel de Cáritas. La FAC creó una oficina en cada una de las ocho vicarías, contrató personal y ayudó en la construcción de viviendas, refugios y comedores.
Así, el sismo de 1985 llevó a la diócesis a tomar una ruta de integración con la sociedad civil y de apertura política. Fue en este contexto, durante la etapa de reconstrucción, que la Iglesia comenzó a desempeñar un papel social más activo y, junto con diversas organizaciones, se mostró como una institución altamente confiable y capaz ante interlocutores nacionales e internacionales.
El surgimiento de la Fundación para el Apoyo a la Comunidad
Después del sismo, el arzobispado se enfocó inmediatamente en la recaudación de fondos para la reconstrucción: «El Señor Arzobispo determina que lo colectado este año (1985) por concepto de diezmo se destine a remediar las urgentes necesidades originadas por el reciente sismo, en la Arquidiócesis».1 Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes. Solo con la creación de la FAC en diciembre de 1985 se logró captar donativos del extranjero, por lo que la fundación se convirtió rápidamente en una de las instituciones más sobresalientes para la reconstrucción de la ciudad.
Quizá lo más novedoso de este proceso consistió en el hecho de que una institución abiertamente controlada por la jerarquía fue capaz de establecer un vínculo oficial con el gobierno. Como explicó muy bien Roderic Ai Camp, en muchos casos las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado habían sido excelentes, tal como sucedió en la década de los setenta, pero se realizaban a través de intermediarios y prestanombres.2 En pocas palabras, antes de la reforma constitucional de 1992 es muy difícil encontrar momentos históricos donde Estado e Iglesia católica hayan logrado colaborar en un proyecto común de forma abierta y trasparente.
Son muchos los elementos que prepararon el terreno para la formalización de dichas relaciones en la reforma constitucional. La FAC y el arzobispado fueron piezas clave. Otros actores (como Girolamo Prigione)3 y factores (como los cambios introducidos por el Concilio Vaticano II y por la II y III CELAM) también contribuyeron al proceso, pero no serán analizados en el presente trabajo porque no forman parte de la coyuntura del sismo.
La fundación y el desarrollo de la FAC, desde mi punto de vista, representan un importante cambio en las relaciones entre el arzobispado y el gobierno, pero es necesario ubicar a la organización en el marco del amplio proyecto de renovación que se desarrolló en la década de los ochentas en la Ciudad de México impulsado por Corripio. Su fundación fue parte de este esfuerzo para modernizar la diócesis mediante una estructura más incluyente y acorde con la nueva estructura política y social de la capital.
La FAC fue fruto de la reagrupación de las iniciativas de la acción social del arzobispado de México. En los años ochenta, como en nuestros días, el instrumento que las diócesis utilizaban para el desarrollo de la pastoral social era Cáritas,4 pero, en el caso de la Ciudad de México, la acción de esa oficina se circunscribía al contexto específico de cada parroquia, lo cual limitaba su capacidad para coordinar acciones a gran escala.
El surgimiento de la FAC en diciembre de 1985 como estructura diocesana desencadenó un conflicto con la Conferencia del Episcopado Mexicano, en particular con la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPS). Para el arzobispado, la burocracia y el funcionamiento colegiado de la CEPS podían mermar la fuerza y la eficacia de una institución que estaba actuando en un contexto de absoluta emergencia. Al crear una instancia ex novo como la FAC, el arzobispado de México obtuvo el control absoluto sobre la institución y los muchos donativos que recibía. Así, podía actuar en forma rápida y flexible.
El fundador y director de la FAC fue el sacerdote jesuita Enrique González Torres, que antes se había desempeñado como secretario ejecutivo de la Comisión de Pastoral Social, estructura vinculada a la CEM. Al respecto, González Torres afirma: «Yo no trabajaba a gusto en la Comisión [Episcopal] de Pastoral Social, porque los veía lentos […] Además, había gente que llegaba ofreciendo aportaciones en alimentos, en dinero o cobijas. Yo sugerí que hiciéramos un fondo de ayuda católico, para ir canalizando los recursos».5
La forma de actuar de González Torres, de acuerdo con algunas fuentes, era muy autónoma, por lo que empezó a tener problemas con el presidente de la CEPS, el obispo Carlos Talavera.6 Su salida de la comisión generó una enorme tensión entre ese organismo y el arzobispado de México, y la disputa por la gestión de los cuantiosos donativos que estaban llegando no ayudó a calmar los ánimos. La Gaceta Oficial del Arzobispado de México da cuenta indirecta de este conflicto cuando, en su número inmediatamente posterior al sismo, habla de un Fondo de Ayuda Católica (FAC) y de cómo la «CEPS, presidida por Mons. Carlos Talavera, Obispo de Coatzacoalcos, tiene a su cargo la coordinación del Fondo de Ayuda Católica».7 Este fondo, sin embargo, fue reemplazado por la organización creada por González Torres con el apoyo del cardenal Corripio. Se cambió el nombre del Fondo de Ayuda Católica de la CEM por el de Fundación para el Apoyo de la Comunidad; así se conservaron las siglas FAC, que coinciden con el imperativo latino del verbo «hacer». En 1985, el cardenal Corripio escribió a todos los organismos internacionales de la Iglesia católica para solicitar que las ayudas se enviaran directamente a la arquidiócesis de México. Como se mencionó, quizá la intención del cardenal fue evitar triangulaciones de dinero: era preferible que los donativos llegaran directamente al arzobispado, que era la entidad con más necesidades y más proyectos, pues la Comisión Episcopal de Pastoral Social, en virtud de su carácter nacional, estaba menos arraigada en territorio de la ciudad y tenía dificultades para generar vínculos formales con el gobierno. Sin embargo, Talavera tuvo que presentarse en varias ocasiones ante los organismos internacionales para informar sobre el avance de los proyectos. Esta situación generó un fuerte desencuentro entre ambos clérigos.
El Fondo de Ayuda Católica controlado por la CEPS prácticamente desapareció: la Gaceta Oficial del Arzobispado, en los números de 1986 y posteriores, omite totalmente al Fondo de Ayuda Católica y utiliza siempre las siglas FAC para referirse a la Fundación para el Apoyo de la Comunidad: «La Arquidiócesis de la Ciudad de México decidió crear la F.A.C. para que fungiera en una primera etapa, como el organismo ejecutor de las acciones emergentes de Pastoral Social en favor de nuestros hermanos que resultaron afectados por los fenómenos naturales de septiembre de 1985».8
Otro aspecto controvertido de la FAC, que generó conflictos desde su nacimiento y a lo largo de su historia, fue su relación con la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús. La FAC surgió en un momento muy complicado para los jesuitas mexicanos. Los setenta y los ochenta fueron para ellos años complejos, pues los religiosos bajo la supervisión del prepósito general de la Compañía, Pedro Arrupe, tomaron un camino diferente al recorrido por sus predecesores. Enrique González Torres no logró involucrar a su congregación en el proyecto de la FAC. El provincial, Carlos Vigil,9 y un sector de los jesuitas fueron escépticos y críticos de este proyecto diocesano. De hecho, los jesuitas vinculados a Acción Popular10 desconfiaron de la FAC, sobre todo por su apertura hacia un proyecto común con el gobierno. La visión de González Torres, en cambio, era más pragmática: él no consideraba al gobierno como intrínsecamente corrupto o malo, por lo que estaba dispuesto a colaborar con el Estado en proyectos específicos. Todo esto le generó numerosos conflictos, al grado de que momentáneamente dejó la comunidad jesuita y se trasladó con su familia, pues «sentía una agresión muy fuerte».11
